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Informes y balances sobre los derechos humanos en México realizados de manera periódica.

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Criminalización de Mujeres Migrantes

PortadaMujMigEn diciembre de 2013, en el marco de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos que cada año ingresa a territorio mexicano, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Prami) tuvo conocimiento de la situación de un grupo de mujeres migrantes recluidas en el Centro de Reinserción Social Femenil no. 4, en Tapachula, Chiapas, acusadas de trata de personas y otros delitos afines.

En septiembre de 2014, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Prami elaboró el informe “Migrantes en prisión. La incriminación de migrantes en México. Otro destino trágico”, a raíz del cual se solicitó el apoyo del Centro Prodh para intervenir jurídicamente en los casos.

Luego de la integración del Programa de Derechos Humanos de la Ibero (pdh) en mayo de 2015, se realizaron diversas reuniones y comunicaciones para evaluar las capacidades para continuar y fortalecer la documentación de los casos.

Así, a principios de 2016 se acordó presentar al grupo de mujeres en cuestión la propuesta de realizar un informe que sirviera de plataforma para la denuncia e incidencia.

Cabe destacar que en el primer trimestre de 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova se unió formalmente a esta iniciativa para de esta forma fortalecer el análisis de los casos en un contexto de frontera y apoyar la documentación y denuncia como un actor local. Previo a ello, facilitó el espacio de sus instalaciones para tener reuniones con las mujeres que estaban en libertad.

El objetivo general de este proyecto ha sido documentar el conjunto identificado de casos de mujeres criminalizadas por delitos asociados a la trata de personas, recluidas en el Centro de Reinserción Social Femenil no. 4 en Tapachula, Chiapas.

Nuestros objetivos específicos fueron los siguientes:

1. Identificar las condiciones y los factores contextuales que facilitaron la criminalización y las violaciones a derechos humanos cometidas contra el grupo de mujeres. 
2. Identificar las diferentes formas de violencia que ellas han enfrentado antes, durante y después de la detención, así como los modos de afrontamiento que han puesto en marcha. 
3. Identificar y llevar a cabo acciones de documentación, denuncia y promoción de los derechos humanos de las mujeres, con énfasis en el derecho al debido proceso legal.
4. Formular recomendaciones dirigidas a la prevención de nuevas violaciones a derechos humanos tanto para este grupo de mujeres como para las migrantes en general, en especial aquellas que son procesadas penalmente.

A lo largo de los distintos apartados que integran este informe, se podrá tener un acercamiento a las experiencias de seis mujeres, la mayoría migrantes. Se parte del contexto que impera en la frontera sur de México para de ahí conocer la forma en que ellas han sido víctimas de numerosas formas de violencia a lo largo de sus vidas, agravadas por una serie de violaciones a derechos humanos producto de su criminalización. El informe retoma sus testimonios, así como la información técnico-legal sobre sus procesos penales; asimismo, permite conocer las historias de afrontamiento y valentía con que han sobrellevado y reivindicado su dignidad.

Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia

PortadaLas reformas constitucionales de 2008 (que dispusieron la transición a un sistema penal acusatorio y oral) y de 2011 (que reformaron la figura del juicio de amparo e incorporaron los principios y obligaciones de los derechos humanos a la Constitución) constituyen en su conjunto una de las transformaciones más trascendentales en la normatividad e institucionalidad mexicanas del último siglo. Entendidas de manera integral, las tres reformas se complementan la una a la otra para ampliar la protección y garantía de los derechos de todas las personas en el país.

En los últimos años se han realizado diversos proyectos de monitoreo de la implementación y aplicación de la reforma en materia de justicia penal en particular, midiendo aspectos como la entrada en vigor de nuevos procedimientos penales, la cobertura geográfica, los cambios en los tiempos procesales de los casos, uso de medidas cautelares y las prácticas en materia de ejecución de la pena, entre muchos otros aspectos.

Hoy, estimamos que estamos en posibilidades de compartir una primera mirada a seis años de la reforma en derechos humanos, a nueve años de la reforma penal y a un año de la entrada en vigor de la misma en todo el territorio nacional. Conscientes de las limitaciones que todavía existen para acceder a un número de resoluciones bastante para documentar la evolución en el tiempo de las prácticas judiciales, consideramos no obstante que es importante acercar este primer aporte a los sectores directamente implicados en la aplicación de las reformas y a la sociedad en general.

Lo hacemos con el ánimo de abrir espacios de reflexión, para resaltar ejemplos de criterios positivos que pueden servir de guía a los demás actores y para advertir e impulsar la corrección desde este momento de criterios no compatibles con el nuevo marco constitucional, buscando evitar los riesgos de una mala aplicación de las reformas, desenlace que sería especialmente lamentable dada la crisis de derechos humanos que enfrenta México hoy en día.

Perpetuar el fallido modelo de seguridad

PortadaInformeSeguridadPerpetuar el fallido modelo de seguridad: La Ley de Seguridad Interior y el legado de una década de políticas de seguridad en México contrarias a los derechos humanos.

A una década de la llamada "Guerra contra el narcotráfico" los resultados no han sido los esperados ni en el combate a la violencia, ni en la reducción de la criminalidad, ni en el fortalecimiento de nuestras instituciones policiales y de justicia.

El fracaso de las políticas de seguridad del Estado mexicano no ha pasado desapercibido para las instancias internacionales de derechos humanos quienes han recomendado a México transitar de un modelo militar a un modelo de seguridad civil. 

Llamar a debatir el modelo de seguridad simplemente es defender las bases constitucionales de nuestra democracia.

La lucha por la tierra y el territorio desde la voz de las mujeres

LuchaTYTMujeresEste documento nace del contacto de las y los defensores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez con cuatro luchas de los pueblos en Tila, Chiapas; Magdalena Teitipac, Oaxaca; Magdalena Contreras, Distrito Federal; y Cherán, Michoacán. Es el resultado principalmente de pláticas y talleres desarrollados en 2013 con grupos de mujeres, en los que ellas compartieron su experiencia en la defensa de la tierra y el territorio.

Así, el presente informe pretende compartir la voz de muchas mujeres, indígenas y no indígenas, campesinas y urbanas, que decidieron luchar para defender su territorio. Desde sus historias y contextos, se busca mostrar las diferentes maneras en que han experimentado el despojo y cómo, desde
sus miradas y saberes, han decidido actuar, articularse, tejer resistencia y modificar su realidad.
Queremos reivindicar la organización que se construye desde las mujeres y en los diversos espacios de lucha por la defensa del patrimonio y de la vida comunitaria.

Para las mujeres, defender la tierra y el territorio representa participar en una lucha antisistémica y antipatriarcal desde una visión comunitaria. El proceso se vincula con asegurar la permanencia
de su cultura y con garantizar una soberanía alimentaria, ya que su papel comunitario muchas veces
está vinculado profundamente con la conservación del medio ambiente y la sociedad, a través de la reproducción de prácticas culturales relacionadas con el cuidado de la salud, la educación y la
alimentación. Estas actividades combaten, a corto y largo plazo, la pobreza y el despojo.

Ellas siempre han estado presentes, permanecen y permanecerán en la lucha por la reivindicación de sus derechos, que en realidad no son sólo suyos, sino de todas y todos.

La magnitud de la crisis de derechos humanos en México

Portada3 01bLa desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, ha provocado una exigencia nacional e internacional no solamente de verdad y justicia, sino para que el caso sea un punto de inflexión en la situación de derechos humanos en México, al entenderlo como la expresión más cruenta de una crisis de graves violaciones, corrupción e impunidad que prevalece en el país.

De igual manera, la muerte de 22 civiles a manos de elementos militares en Tlatlaya, Estado de México –la mayoría, comprobadas como ejecuciones extrajudiciales–, da cuenta de prácticas denunciadas desde hace años en relación al modo de actuar de las Fuerzas Armadas, las cuales desempeñan funciones policiales en México.

Incluso cuando celebramos la liberación de un preso de conciencia –como fue el caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, nombrado así por Amnistía Internacional y quien recuperó su libertad en octubre de 2014 tras más de cinco años de injusto encarcelamiento– es imposible no recordar que lo excepcional de su caso fue su liberación, no el hecho de haber sido arbitrariamente detenido y torturado por las fuerzas de seguridad policiales y militares, que le fabricaron delitos.

Esperamos que compartir dicha información ayude a entender la situación que vive México en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana, incluyendo algunos de los problemas estructurales que dieron lugar a los casos que han conmovido a la población nacional e internacional en meses recientes.

Finalmente, recordamos que el presente informe no se debe entender como una mera denuncia, sino como un aporte en el marco de una serie de recomendaciones concretas que impulsamos actualmente, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, que buscan transformar la realidad descrita en estas páginas.

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