Hugo Sánchez Ramírez

111020_1Hugo Sánchez es un joven indígena mazahua acusado por los delitos de secuestro por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y portación de armas por la Procuraduría General de la República (PGR).
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Apr
03

El caso de Hugo Sánchez y los pueblos indígenas frente al derecho penal diferenciado

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Revista: dfensor

Colaboración: Leopoldo Maldonado y Simón Hernández de León

Febrero 2013

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Apr
03

El caso de Hugo Sánchez Ramírez en Justicia en Pleno

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Programa: Justicia en Pleno

Proyecto 40, 2013

Lunes, 18 de marzo de 2013

JusticiaenPlenoHugo

 

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Jan
21

Mazahua espera justicia en la Corte

Author // comunicacion

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Periódico: El Universal

Reportera: Silvia Otero

Lunes, 21 de enero de 2013.

Hugo Sánchez Ramírez espera limpiar su nombre por completo, después de cinco años de prisión injusta acusado falsamente de secuestro, y luego de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretaron la libertad de este joven mazahua; el mismo tribunal decidirá el miércoles si procede la anulación del proceso en su contra por portación de arma, lo que sentará un precedente, ya que se pronunciará por la legalidad de las detenciones realizadas bajo el argumento de "actitud sospechosa".

En octubre de 2012 los ministros del máximo tribunal del país ordenáronla liberación de Hugo —quien fue detenido en 2007 y había sido sentenciado a más de 37 años de cárcel por plagio—, lo que cambió la vida de este indígena que desde el primer momento alegó suinocencia,yquealsalírdelacárcel anunció su decisión de estudiar derecho para defender a personas como él, acusadas con falsedad.

Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), que tiene a su cargo la defensa, señala que ésta es la última batalla que se emprende en el sistema judicial del país, en la que existe la confianza de que la SCJN también emita una resolución a favor, ya que la detención de su cuente fue violatoria de derechos al basarse en el argumento de los policías de que existía "actitud sospechosa", lo que derivó en la acusación de portación de arma de fuego.

Hugo fue detenido en el Estado de México el 21 de julio de 2007, cuando conducía un taxi colectivo; los policías que realizaron la aprehensión aseguran que conducía de forma "sospechosa" y al acercarse a la unidad un pasajero comenzó a dispararles.
Alo largodel juicio, explica Hernández León, se demostró pericialmente que los disparos que tiene el taxi que conducía Hugo, todos fueron realizados hacia el vehículo y ninguno desde el interior, y que pasajeros detenidos y el acusado resultaron negativos de la prueba de radisonato, es decir, no dispararon.

En este caso, expuso el litigante, además de las periciales, lo que se espera es que la SCJN fije un criterio sobre la ilicitud de que las corporaciones policiacas justifiquen de ahora en adelante las detenciones que realizan, con el argumento de que procedieron por la actitud sospechosa de las personas, ya que es violatorio de derechos.

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Feb
07

After 5 years of struggle, Mazahua youth’s name is cleared after Supreme Court decision

Author // comunicacion

  • Supreme Court reviews case after 50 years of dispossession
  • Tila “ejidatarios” (communal land-holders) have expressed their rejection of the possibility of substituting money for their land

Today, Mexico’s Supreme Court decided to postpone the discussion of the Tila case (incidente de inejecución 1302/2010). Justice Olga Sánchez Cordero withdrew the Tila case from the list of cases that were to be discussed, at the request of the rest of the members of the Plenary, who considered that the case is extremely “complex and sensitive” and requires further analysis.  

The Tila peasants, who belong to the indigenous ch’ol community, have resisted for over 50 years the attempts to strip them of 130 hectares of land. Over the years they have struggled to defend their rights through the courts and through peaceful resistance.

In 2008 the First District Judge in the state of Chiapas granted “amparo”, or legal relief, to the Tila indigenous peasants and ordered the cancellation of the parceling of land that would have resulted from the execution of state Congress Decree no. 72. Additionally, the Federal Judge ordered the restitution of the 130 hectares to the Tila “ejidatarios”. The scope of this decision was originally going to be discussed today by the Supreme Court.

In relation to what was expressed by the Justices, it is important to highlight that stating that “the ‘ejido’ was not affected by Decree no. 72, which sought to regulate a pre-existing situation” is incorrect. On the contrary, the Decree has served to protect illegal acts of dispossession. If the “ejido” lands’ situation has changed since then, this is due to the subsequent granting of illegal ownership titles, for which the courts are responsible in light of their delay in the delivery of justice.

It is also important to note that the case reached the Supreme Court due to the authorities’ failure to comply with the amparo judgment, and not for any decision on monetary compensation. The Constitution states that the highest court must ensure the fulfillment of amparo judgments, including through criminal and administrative liability proceedings. The Supreme Court can only order an indemnization as a substitute for compliance if a formal declaration of non-compliance is issued, which has not happened.

The Tila indigenous peasants have expressed their rejection of a monetary payment, as it would translate into the non-fulfillment of the judgment, the legalization of the acts of dispossession carried out by multiple state authorities and an attempt to solve economically (through compensation) a situation that is illegal and unfair. Far from strengthening the Rule of Law, the decision to pay the community for having its lands taken illegally would only encourage authorities’ illegal and arbitrary acts.

The lands corresponding to the Tila “ejido” have been historically and traditionally inhabited by the ch’ol indigenous people, who cannot conceive that their land will be transformed into a commodity for which they will receive a certain amount of money.

Today, before the discussion of the case was postponed, some of the Justices expressed that it was necessary to define whether the case has to do with indigenous or with agrarian matters. However, it is important to highlight that being indigenous and being an “ejidatario” peasant is not self-excluding. Both identities can coexist. Far from being self-excluding, the “ejido” social property regime is broadened by the rights that have been recognized to indigenous peoples.

The Tila case is unprecedented in Mexico. It is the first time that the Supreme Court of Justice will define the content of indigenous peoples’ right to land. We will be awaiting the final decision with high expectation.

 

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Oct
24

Me robaron 5 años de vida, dice mazahua encarcelado injustamente por secuestro

Author // comunicacion

 

jornada_logo Periódico: La Jornada

Reportero: Alfredo Méndez

Miércoles, 24 de octubre de 2012.

Demanda que se castigue a fiscales y jueces que lo sentenciaron a 37 años de prisión Me robaron 5 años de vida, dice mazahua encarcelado injustamente por secuestro I AlfREDO MÉNDEZ Estuve cinco años con dos meses preso y nunca dejé de preguntarme por qué a mí me pasaba esto", comenta el joven Hugo Sánchez Ramírez, apenas unas horas después de haber abandonado una cárcel en el estado de México en la que permaneció bajo una acusación fabricada que lo señalaba como supuesto secuestrador.

Lo acompañan sus padres, don Antonio Sánchez y doña Rosalba Ramírez, "quienes siempre creyeron en mi inocencia", dice el indígena mazahua con la voz entrecortada y sin ocultar su indignación e impotencia.
Hugo está tan indignado que apenas recuerda que el pasado lunes, cuando fue excarcelado, cumplió 24 años de edad. "Fue un gran regalo, mi libertad", refiere.

Lo que no olvida es exigir justicia frente a los medios de comunicación, porque "me robaron cinco años que nadie podrá pagarme".

Su padre también está molesto. Exige que las autoridades no repitan casos de injusticia como el de su hijo. Pero también sabe ser agradecido con los cinco ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ampararon a Hugo la semana pasada.

"Con su sentencia flos ministros) exhibieron la fabricación de pruebas de parte de las autoridades mexiquenses contra mi hijo, porque hasta los testigos (las víctimas del secuestro que le imputaban) se desdijeron", sostiene el padre de Hugo en tono enérgico.

Don Antonio sugiere que a los fiscales y jueces que inculparon y sentenciaron a Hugo a 37 años de cárcel "se les retire de sus cargos y se les meta a prisión, pero sólo cinco meses, con eso me conformo, para que vean lo que se siente".

Han pasado 14 horas luego de que salió del penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, estado de México. Sus abogados del Centro de Derechos Humanos Pro lo reciben con aplausos.

"Gracias a Dios, a mis papas, a mis abogados, a toda la gente que confió en mí. En verdad nunca cometí un delito, me acusaron injustamente, me pasé 5 años y 2 meses en la cárcel por un delito que nunca cometí. Gracias a Dios, pues ya ahorita me encuentro con mi familia", dice en conferencia de prensa.

"Hay mucha gente como yo injustamente en las cárceles pagando delitos que no han cometido, y pues quisiera que no fuese yo el único al que apoyaran, sino también a la demás gente, pero que también salgan libres y pues me siento contento, volví a nacer", añade.
Sánchez Ramírez fue sentenciado a 37 años de prisión por secuestro y a 5 años por portación de arma de fuego.

De la primera acusación fue exonerado la semana pasada por la Corte; el segundo cargo está pendiente en tribunales, pero sostiene que con el apoyo del Centro Pro también saldrá absuelto de ese delito. "¿Que cómo sobreviví en prisión? Fue muy difícil, pero siempre confié en mi conciencia limpia", refiere Sánchez.