El Centro Prodh en los Medios

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Jul
22

Culpan a Poderes de Puebla por muerte

Autor // comunicacion

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MEDIO: a.m.

TIPO: Periódico 

AUTORÍA: Arcelia Maya / Jesús Lima

FECHA: 21 de julio de 2014

Organizaciones sociales calificaron como un crimen de Estado el fallecimiento del niño José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo a causa de una herida en la cabeza presuntamente provocada por una bala de goma disparada durante una manifestación en Puebla.

"Lo que sucedió con la muerte de José Luis Alberto Tlehuatle es un crimen de Estado donde hay responsabilidad directa del Gobierno de Puebla, Moreno Valle, quien fue quien propuso al Congreso esta legislación (la llamada Ley Bala)", afirmó en conferencia Simón Hernández León, abogado del Centro Prodh de derechos humanos.

También responsabilizaron a Facundo Rosas, Secretario de Seguridad Pública de Puebla, quien participó en la implementación y desarrollo del operativo.

Los activistas culparon al Congreso local y a los principales partidos; PRI, PAN y PRD, por aprobar la "Ley Bala".

También criticaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos en Puebla.

"La CNDH incluso avaló públicamente diciendo que esta legislación no violaba derechos humanos. Hay una responsabilidad de distintos entes públicos en estos hechos", agregó el abogado.

En la conferencia participaron representantes del Centro Prodh de Derechos Humanos, Causa en Común, Artículo 19, el Colectivo Contingente Mx y la fundación Y Quién Habla por Mí.

Los activistas mostraron latas de balas de goma, partes de penetra barricadas y proyectiles de caucho que pobladores de San Bernardino Chalchihuapan recogieron el 9 de julio después del enfrentamiento entre policías y pobladores en la carretera Puebla-Atlixco.

Francisco Montiel, representante de la organización Causa en Común, expuso que en un monitoreo de policías en todo el País, en Puebla no cuentan con protocolos de actuación y desarrollo policial.

"El uso de estos artefactos (balas de goma) significa que no existen las condiciones para que esta ley opere y este vigente. Nos sumamos a la campaña para que esta ley sea abrogada", expuso.

Según los activistas para mañana se prevé el sepelio del menor fallecido.

Y expanden las protestas

Pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan muestran su repudio en contra del Gobernador del Puebla, Rafael Moreno Valle, colocando varias mantas donde lo llaman asesino.

En ellas, los pobladores de la localidad responsabilizan al Gobierno del Estado por la muerte del menor José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo.

Los automovilistas y personas que transitan por la Autopista Puebla-Atlixco, lugar donde hace 12 días se dio la trifulca entre policías estatales y pobladores, pueden observar varias mantas con la imagen de José Luis con el rostro cubierto de sangre por la herida que sufrió.

"Moreno Valle asesino. Mataste a un niño con tus balas de goma", se lee en uno de los mensajes.

Los pobladores consultados aseguran que la colocación de dichas lonas es una forma de dar a conocer a la gente que pasa por la comunidad, la clase de persona que es el Gobernador del Estado.

"Muchos no saben de lo que es capaz ese señor y es una forma de que lo sepan, es capaz de matar a un niño", asegura un colono.

En el puente que conduce a la comunidad también se realizaron pintas con leyendas que califican de asesino al funcionario panista.

En el interior de la junta auxiliar también se aprecian lonas donde los pobladores piden frenar la represión del Gobernador y no permitir que existan más atropellos como los que sufrió el niño de 13 años.

Con información de Jesús Lima

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Jul
22

Marcha atrás a la Ley Bala

Autor // comunicacion

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MEDIO: Uno más Uno

TIPO: Periódico en línea

AUTORÍA: Adriana Amezcua

FECHA: 22 de julio de 2014

  • El gobernador Rafael Moreno Valle envió ayer una iniciativa para derogar esta legislación. Expertos y activistas habían condenado el desalojo violento de una manifestación, bajo el amparo de esta ley

 

Muerto el niño… 

La “Ley Bala” arrojó su primera víctima mortal el 18 de julio, cuando el menor José Luis Tehuatlie Tamayo -quien resultó herido durante el operativo policiaco contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan- murió.

En el centro de la polémica, varios juristas cuestionaron la legislación que permitía usar fuerzas letales en contextos de manifestación. Pero también señalaron a las autoridades que, por acción y por omisión, son responsables.

Ayer, en medio de esta controversia, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, líder de la LIX Legislatura, precisó que el gobernador Rafael Moreno Valle envió la iniciativa para derogar dicha ley.

Durante la manifestación del miércoles 9 de julio, Tehuatlie cruzó por donde se desarrollaba un operativo policiaco y un artefacto lo alcanzó y le perforó el cráneo. Primero sufrió de muerte cerebral y días después, un paro cardiorrespiratorio acabó con su vida.

Las autoridades negaron que la policía local hubiera utilizado balas de goma para desalojar a manifestantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan. Incluso la madre del occiso declaró que un funcionario estatal la presionó para que dijera que la herida fue producida por un cohetón.

Sin embargo, el neurólogo Luis Felipe Loria Rosa, concluyó que la lesión expuesta de tres centímetros la provocó un objeto contuso y fuerte que no pudo ser un cohetón pues no había huellas de quemada entorno a la herida que terminó ocasionando la muerte al menor de edad.

Antes de la petición de Moreno Valle, el abogado Simón Hernández León afirmó que tratar de reducir todo a si se utilizaron o no balas de goma durante el operativo policiaco no servía para abordar un tema “mucho más estructural”.

Habló de la responsabilidad por acción y por omisión de distintas autoridades involucradas.

Por acción, apuntó al gobernador Rafael Moreno Valle y al Congreso. El primero por proponer la llamada Ley Bala y el segundo por aprobarla.

Luego, por omisión, señaló a las comisiones de derechos humanos, tanto la estatal como la nacional. Ellas con antelación diversos activistas y organizaciones les hicieron un llamado para que interpusieran una acción de inconstitucionalidad de este tipo de legislaciones que criminalizan la protesta.

“Más grave aún es que la propia CNDH envío al Congreso del estado un análisis, una evaluación técnica donde dicen no hay ningún problema de inconstitucionalidad o de afectación a tratados internacionales”, refirió Hernández.

Destacó lo paradójico que resultaba que, en vez de promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte con oportunidad, la CNDH se encargara de investigar el operativo donde un menor perdió la vida y cuatro personas más resultaron heridas sin responsabilizarse por la omisión. 

Abrogar la ley, un avance

“Vemos con mucha preocupación lo que acontece en Puebla”, sostiene el asesor del Área de defensa integral del Centro Prodh.

Simón Hernández insiste en que la abrogación de la llamada Ley Bala es un paso fundamental para restaurar las libertades democráticas en Puebla.

Pero que también es importante  investigar y sancionar a los responsables de toda la cadena de mando en el operativo de San Bernardino.

Espera que la Procuraduría de Justicia de Puebla tenga alguna capacidad de ser imparcial e independiente o si no afirma se requiere intervenga la Procuraduría General de la República.

Por otra parte, la CNDH deberá iniciar una investigación por violación grave de derechos humanos que es una facultad con la que cuenta desde 2011. Dicha facultad solo la ha utilizado una vez en el caso de los normalistas de Ayotzinapan que fueron asesinados por la Policía Federal, también en un contexto de manifestación en la carretera Sedesol, en Acapulco, Guerrero.

Y donde, añade el jurista, “curiosamente –y no es un dato menor– quien fue responsabilizado de ese operativo fue Facundo Rosas, que hoy es el Secretario de Seguridad Pública en Puebla”.

Por eso, se insiste, es un tema de responsabilidad de Estado. No solo por el actual marco normativo de una polémica ley sino porque quien se encarga de implementarla son personas que tienen en su historial responsabilidades por violaciones graves a derechos humanos.

Ahí hay una responsabilidad clara del gobierno de Moreno Valle, de su titular de la SSP y de las personas que participaron en ese operativo policiaco.

En un gesto “de mínima autocrítica” tendrían que aceptar que esas legislaciones violan derechos humanos, que no se trata de falta de capacitación profesional a los cuerpos policiacos, como se ha dicho.

“Esta legislación permite la utilización de la fuerza letal como una forma directa de enfrentar la manifestación pública, el disenso, la crítica política e intimidar a todo aquel ciudadano que ejerza sus derechos de manera pública”, remata.

Víctimas de la Ley Bala

> José Luis Alberto Tlautle Tamayo, 13 años, fallecido

> Gilberto Varela Tecalero, de 16 años; perdió el dedo índice y el anular

> Martín Romero Montes, de 65 años, presenta una perforación en el pómulo izquierdo

> Hugo Jiménez Varela, de 26 años, fue sometido a una reconstrucción del ojo izquierdo

> Vicente Tecalero Jiménez de 21 años, padece un traumatismo cráneo-encefálico