El Centro Prodh en los Medios

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Feb
03

Los 6 cambios que las OSC exigen a senadores que incluyan en la propuesta de EPN contra la tortura

Autor // comunicacion

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MEDIO: Animal Político

TIPO: Noticias En Línea

AUTORÍA: Manu Ureste

FECHA: 3 de febrero de 2016


Organizaciones de la sociedad civil critican que la iniciativa de Ley presentada el 10 de diciembre por el presidente Peña Nieto para combatir la tortura incluye una serie de normas jurídicas que, lejos de buscar erradicarla, la promueven y generan impunidad.

Cómo funcionaría la unidad que investiga a policías que torturan como método de investigación

La propuesta de Ley que el pasado 10 de diciembre presentó el presidente Enrique Peña Nieto para combatir la tortura en México, no cumple con los estándares internacionales, no fue elaborada de manera conjunta con la sociedad civil ni las víctimas, y además, lejos de erradicar el problema, incluye una serie de normas jurídicas que promueven la tortura y la impunidad.

Estas son las tres principales conclusiones que expusieron este miércoles 3 de febrero diversas organizaciones de la sociedad civil en una rueda de prensa realizada en el Centro Pro Derechos Humanos (Centro Prodh), en la Ciudad de México, en la que también participaron tres testimonios que denunciaron casos de tortura a manos de elementos de seguridad del Estado.

“La propuesta presentada por el presidente no refleja lo necesario para una verdadera erradicación de esta práctica”, criticó Mario Patrón, director del Centro Prodh, quien recalcó que, a pesar del llamado de advertencia de la ONU a México –cuando el relator especial contra la tortura dijo que ésta era una práctica generalizada en todo el país-, la tortura continúa siendo utilizada por el Estado mexicano “para obtener información, confesiones, castigar, violentar sexualmente y reducir la personalidad de miles de personas”.

Por ello, tras la reanudación del periodo legislativo en el Senado, donde en las próximas semanas se discutirá la propuesta del Ejecutivo para, si procede, aprobarla antes de que termine el mes de marzo, los activistas exigieron a los senadores que incluyan una serie de modificaciones al proyecto.

Estos son los cinco cambios que plantea las organizaciones, entre las que se encuentran el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), entre otras:

1.- Que se excluya de las investigaciones aquellas pruebas ilícitas, es decir, las que hayan sido obtenidas bajo tortura y tratos o penas crueles. En este sentido, las organizaciones criticaron que, aunque la Suprema Corte ya emitió parámetros jurisprudenciales para eliminar estas pruebas de todo el proceso penal, la iniciativa del Gobierno Federal “sí permita la admisión de estas pruebas”.

2.- Que los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tengan las mismas consecuencias procesales que la tortura.

3.- Que se establezca el Protocolo de Estambul –que consiste en un manual para la investigación y documentación de casos de tortura- como un estándar de prueba no exclusivo para detectar casos de tortura, y que éste sea realizado por peritos independientes.

En este apartado, Javier Enríquez, del Colectivo contra la Impunidad, criticó que la iniciativa de Peña Nieto “se sigue promoviendo el uso de una herramienta que no incorpora adecuadamente el Protocolo de Estambul, y que es realizado por peritos oficiales”.

Asimismo, Enríquez señaló que en la propuesta se ponen “requerimientos excesivos” para que peritos independientes puedan valorar un caso de tortura, a pesar de que éstos son los que se laboran “con mayor rigor y calidad, y están más apegados a los estándares internacionales”.

4.- Que la iniciativa excluya las amnistías, inmunidades, perdón y cualquier otra forma de eximente de responsabilidad, tanto para las personas sentenciadas por casos de tortura, como también las imputadas y procesadas.

5.- Que la iniciativa incluya un agravante de castigo en los casos de tortura en los que se haya producido una agresión sexual.

6.- Que la nueva ley establezca los lineamientos para un monitoreo efectivo de las condiciones en las que se produce una detención con el fin de erradicar la tortura.

Además de estos puntos, Mario Patrón subrayó que es necesario que la Ley Nacional de Ejecución Penal –la cual se encuentra también en la fase de discusión en el Senado de la República- “dote de amplias facultades a los jueces para garantizar condiciones adecuadas de reclusión, a la vez que favorezca el acceso a recursos legales eficaces para toda persona detenida, sus visitantes y defensores”.

Incluso, Patrón pidió que la Ley de Ejecución Penal también permita el ingreso a las cárceles de organizaciones independientes y de periodistas, para corroborar que se da un trato digno a los presos.

Los 10 puntos de la iniciativa de Peña Nieto

Cabe recordar que la iniciativa enviada por el presidente Peña Nieto al Senado el 10 de diciembre de 2015, incluye varios aspectos a tener en cuenta.

Por ejemplo, establece que los delitos de tortura y el de trato o penas crueles, inhumanas o degradantes, serán investigados de oficio y sin necesidad de una denuncia por parte de las víctimas, y además serán imprescriptibles; es decir, no perderán vigencia ni validez.

Otros puntos: la ley prevé penas de 10 a 20 años de cárcel, la creación de unidades especializadas, dependientes de las instituciones de procuración de justicia, y la creación de un Registro Nacional de los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

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Feb
03

Exigen aprobación de una legislación de estándares internacionales contra tortura

Autor // comunicacion

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MEDIO: alcalorpolitico.com

TIPO: Noticias En Línea

AUTORÍA: Ignacio Arellano Mora

FECHA: 3 de febrero de 2016

  • Organismos internacionales calificaron la práctica de la tortura en México como sistemática o generalizada

Numerosos organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura y el Relator Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ambos de Naciones Unidas, calificaron la práctica de la tortura en México como sistemática o generalizada.

En el contexto de la iniciativa de la Ley General contra la Tortura enviada al Senado, por el presidente, Enrique Peña Nieto, y ante el inminente arranque de labores legislativas, organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes de tortura alertaron que dicha iniciativa descartó diversos elementos mínimos necesarios para desincentivar y erradicar la práctica de la tortura en México, acordados en la consulta realizada en 2015.

Afirmaron organizaciones de la sociedad civil, “la tortura ha sido utilizada por el estado mexicano por un largo periodo para obtener información, confesiones, castigar, violentar sexualmente y reducir la personalidad de miles de personas que habitan o transitan por México”.

Asimismo, alertaron sobre la necesidad de que la Ley Nacional del Ejecutivo Penal (actualmente en discusión en el Senado) “dote de amplias facultades a las y los jueces de ejecución para garantizar condiciones adecuadas de reclusión, a la vez que favorezca el acceso a recursos legales eficaces para toda persona detenida, sus visitantes y defensores”.

Agregaron, “el ingreso de organismos independientes y de periodistas a las prisiones, de lo contrario, dicha ley socavará cualquier disposición de la Ley General contra la Tortura sobre prevención, investigación y sanción de la tortura y malos tratos en lugares de detención”.

Ante el inminente inicio de labores legislativas en este período de sesiones, las organizaciones firmantes exigieron al Poder Legislativo que, “en sus diferentes etapas, tome en cuenta las observaciones e insumos elaborados por las organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos y expertos en estos temas”.

Continuaron “aprueben una legislación que esté a la altura de los más altos estándares internacionales en materia de prohibición de la tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que nos permita revertir la práctica generalizada de tortura e impunidad que prevalece en el país”.

Por ello, la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro apuntó, “el Senado de la República tiene la oportunidad de demostrar su autonomía para contar con una ley que marque la diferencia”.

Por otro lado, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón comentó, “es importante señalar que la Comisión de Derechos Humanos tiene más de 40 quejas por tortura en la investigación del caso Ayotzinapa”.

La directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Premio Nacional de Derechos Humanos 2015, Consuelo Morales manifestó, “la práctica de la tortura demuestra: 1) la incompetencia para investigarla y 2) funciona para las autoridades”

Está fuera de control:

Mientras tanto, la sobreviviente de tortura, Claudia Medina Tamariz, compartió su testimonio. “Pedimos que la Ley Tortura cumpla con los estándares internacionales, porque la tortura está fuera de control”.

La veracruzana Claudia Medina resaltó que “no hay límites para quienes la cometen”.

“En este momento hay miles de mujeres que han sido torturadas a quienes no se les ha dado voz a sus casos”, expresó.