El Centro Prodh en los Medios

Imprimir
PDF
Sep
01

Los secretos de Michapa: privatización y violencia carcelaria

Autor // comunicacion

jornada logo

AUTOR: R. Aída Hernández-Castillo
FUENTE: La Jornada
FECHA: 1 de septiembre de 2016


A finales del año pasado se abrió en el municipio morelense de Coatlán del Río un nuevo penal femenil, oficialmente llamado Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 16, coloquialmente conocido como Michapa, por el nombre del poblado en que está ubicado. Este penal, que reúne las características de uno de alta seguridad, fue construido por el Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, bajo el nuevo esquema de asociación público-privada (APP). Se trata del primer Cefereso exclusivamente femenil del país, y se han internado en él mil 339 mujeres privadas de su libertad por delitos del fuero federal procedentes de todo el país. Tanto la construcción como el traslado y el funcionamiento de este nuevo centro han estado caracterizados por la falta de transparencia, las irregularidades y las violaciones a los derechos humanos.

A los pocos días de entrar en funcionamiento dicho penal, las denuncias de los familiares de las internas no se hicieron esperar. Según estos testimonios, varias fueron abusadas sexualmente durante el traslado, torturadas y una de ellas falleció por un coma diabético producto de esta violencia. A raíz de las denuncias, organismos de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para las reclusas. En un informe presentado en marzo pasado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) junto con otras organizaciones de la sociedad civil, se documentó el uso de la violencia policial y se demandó el alto a los traslados hasta que se aclararan los hechos denunciados. Esta situación motivó que el Comité Evaluador del Sistema Penitenciario hiciera una visita a Michapa y presentara un informe a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual aún no se ha hecho público.

A nivel personal he podido escuchar varios de los testimonios de los familiares de las internas y de sus compañeras que quedaron en el Cereso de Atlacholoaya, de donde fueron trasladadas con violencia varias de las mujeres. Durante los ocho años de trabajo en un taller de escritura creativa en dicho penal, tuve el privilegio de conocer a varias de las mujeres trasladadas, de ver cómo se apropiaban de la escritura creativa como herramienta de reflexión y reconstrucción identitaria. El espacio de construcción de comunidad en reclusión que hemos venido acompañando fue fuertemente impactado por el traslado de las compañeras, que ahora se encuentran en aislamiento casi total, pasando 23 horas encerradas en su celda, sin derecho a tener lápiz ni papel para escribir. Los proyectos culturales a los que tenían acceso en Atlacholoaya les han sido negados, ya que no se ha dado permiso a ningún grupo de la sociedad civil para entrar a dicho penal. Jorge Correa, conocido como el padre del teatro penitenciario, fue expulsado después de su segunda sesión de teatro. El dramaturgo, que ha recorrido los penales del país por más de 30 años, me comentó que nunca había visto un lugar tan desolado como Michapa, donde las internas están "muertas en vida". La concentración misma de estas mujeres en un solo penal, lejos de sus familias y redes de apoyo, es de por sí violatorio al artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a estar encarceladas en el lugar más cercano a su domicilio. El argumento de que se trata de presas de "peligrosidad" no puede ser enarbolado, ya que según datos oficiales, 70 por ciento de las mujeres trasladadas se hayan aún en proceso, y varias de ellas tenían un papel de liderazgo en proyectos culturales y educativos antes de ser "enterradas en vida en Michapa".

Lo paradójico de esta situación es que el Cefereso No.16 ha sido promovido como parte de los proyectos de "modernización" del sistema penitenciario mediante los contratos por prestación de servicios (CPS), que ponen en manos de la iniciativa privada no sólo la construcción de los penales, sino muchos de los servicios que permiten su funcionamiento. En el caso de Michapa, el Grupo Carso obtuvo el contrato por adjudicación directa, sin que se llevara a cabo la licitación correspondiente, lo cual nos habla ya de las redes de corrupción que se tejen detrás de su construcción. La perversión del nuevo modelo de "sociedades público-privadas" ha sido denunciada por especialistas, quienes han señalado que con la inversión privada se crea la oferta de espacios carcelarios que genera una demanda artificial. En el caso de Michapa, las empresas cobran una cuota de mantenimiento al Estado por cada lugar disponible, se paga por la capacidad completa y no el número de personas privadas de la libertad internas. Esto significa que el gobierno mexicano tiene mayor interés en llenar este Cefereso, ya que tendrá que asegurar el pago completo de todas formas. Si a esto aunamos el impulso de la maquila en espacios de reclusión, en nombre de la "laborterapia", nos encontramos con un panorama de trabajo esclavo en condiciones que nos remiten al medioevo. Michapa es sólo un ejemplo de un proceso de violencia y privatización que se está imponiendo en todo el país ante la complicidad del silencio ciudadano.

Imprimir
PDF
Ago
08

Ciudad Posible / Libertad inmediata a Ildefonso Zamora Baldomero

Autor // comunicacion

eluniversallogo 0

 

AUTOR: José Luis Luege 
FUENTE: El Universal 
FECHA: 8 de agosto de 2016


Conocí a Ildefonso Zamora Baldomero en 2007 en un evento al que acudí con la comitiva del presidente Felipe Calderón, como parte de la campaña nacional de reforestación. En dicho evento, el presidente Calderón otorgó a Ildefonso Zamora un reconocimiento al Mérito Ecológico por su labor en el cuidado de los bosques. Don Ildefonso organizó a toda la comunidad y junto a su familia, combatió la tala ilegal durante muchos años.

Me impactó fuertemente durante su discurso la narración de la complicada lucha contra los talamontes en la región y cómo, después de amenazas constantes contra él y su familia, sicarios a sueldo, probablemente pertenecientes a bandas criminales de la tala ilegal en el Estado de México, asesinaron a su hijo Aldo el 15 de mayo de 2007.

Don Ildefonso Zamora es un indígena Tlahuica de la comunidad de San Juan Atzingo en el Estado de México, quien desde muy joven trabajó en la protección de los bosques de su comunidad. Primero, durante largo tiempo luchó por la titulación de las tierras comunales de San Juan Atzingo y después, apoyado por toda la comunidad, se dedicó de lleno a combatir la tala ilegal.

El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso fue golpeado y detenido arbitrariamente por la policía ministerial, sin que ninguna autoridad del estado le hubiera informado que desde 2012 existía una averiguación en su contra por robo agravado. Su hijo Misael también había sido detenido ese mismo año por militares sin motivo alguno, en un acto evidente de intimidación y abuso de autoridad.

La acusación por robo agravado se trataba de un delito "fabricado" por el Ministerio Público de Tenancingo, en un proceso plagado de irregularidades, con faltas al "debido proceso" y violaciones graves a los derechos humanos. En el juicio de amparo promovido por Ildefonso Zamora y apoyado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), el Juzgado Federal 5 en materia de amparo, declaró como "inverosímil" el proceso por robo agravado. La defensa ha sido apoyada también por Amnistía Internacional y Greenpeace.

En las investigaciones quedó demostrado que Ildefonso Zamora el día de los hechos que se le imputaban se encontraba en otro lugar. A pesar de la sentencia de un juez federal en materia de amparo y las evidencias de inocencia revisadas por Amnistía Internacional y Prodh, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado mantiene en prisión a una persona inocente.

Todas las organizaciones en defensa de los derechos humanos que se han involucrado y más de 8 mil ciudadanos que hemos firmado esta solicitud, exigimos que el gobierno de Eruviel Ávila Villegas no recurra la sentencia federal favorable a Ildefonso Zamora y lo ponga Inmediatamente en libertad.

Otro hecho muy grave, además de esta injusticia inconcebible, es la falta de compromiso del gobierno del estado en el cuidado de sus bosques. El daño irreversible que la tala ilegal le ocasiona a los bosques en esta región del Estado de México y Michoacán, ponen en riesgo el futuro de las fuentes de agua. Recordemos que los bosques son "fábricas de agua" y si se destruyen también acabamos con el agua.

Las declaratorias de varios parques nacionales en el Estado de México vienen desde la administración del presidente Lázaro Cárdenas; al revisar los motivos de dichas declaratorias, vemos precisamente la definición de los bosques como las fábricas de agua que garantizan el futuro de nuestra sociedad.

Este concepto tan simple y obvio se ha olvidado. La actual administración de Eruviel Ávila se ha encargado de acabar con los parques nacionales en el estado, como es el caso del Nevado de Toluca; pero además, lo verdaderamente imperdonable es la tolerancia y complicidad con el crimen organizado y la tala ilegal.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades federales y del Estado de México para que liberen inmediatamente a Ildefonso Zamora y que en lugar de "fabricar delitos" a inocentes, se refuerce la vigilancia en todas las zonas boscosas de la entidad.