El Centro Prodh en los Medios

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Ago
15

Desmienten Article 19 y Centro Prodh a la CNDH

Autor // comunicacion

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MEDIO: Intolerancia Diario

TIPO: Periódico

AUTORÍA: Jorge Castillo

FECHA: 15 de Agosto de 2014

El ombudsman Raúl Plascencia Villlanueva defiende la llamada ley Bala, asegura que es una copia de los protocolos de la ONU

Mientras el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, señaló que la llamada “ley Bala” de Puebla es una copia de los protocolos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), organismos no gubernamentales sentenciaron que es falso.

En entrevista, el ombudsman recordó que el organismo que preside aprobó dicha legislación al ser una copia de parámetros internacionales.

Sin embargo, representantes de los organismos Artículo 19 y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) —que estuvieron presentes durante el recorrido— señalaron que los amparos interpuestos contra la “ley Bala” siguen avanzando y podrían llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En tanto, en visita a San Bernardino Chalchihuapan, Plascencia Villanueva garantizó nuevamente la imparcialidad de las indagatorias, al tiempo de recordar que es la segunda ocasión que tiene por un caso similar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas Rosas.

El funcionario poblano fue acusado de violar los derechos humanos en 2011, durante una manifestación de estudiantes en el estado de Guerrero, cuando bloqueaban la Autopista del Sol, donde fallecieron dos personas por arma de fuego.

Ahora, el presidente de la CNDH acudió a la comunidad de Chalchihuapan para supervisar el avance de las investigaciones del operativo de elementos de la Policía Estatal contra manifestantes durante el bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco.

Durante este operativo resultaron lesionadas decenas de personas, incluyendo a elementos policiacos, además de la muerte del niño de 13 años de edad José Luis Tehuatlie Tamayo.

No a la impunidad
El presidente de la CNDH aseveró que el caso de las violaciones graves en el enfrentamiento ocurrido el 9 de julio contra habitantes de Chalchihuapan no quedará impune, sobre todo en el esclarecimiento de la muerte del menor.

“Hay un tema muy importante y ustedes lo escucharon aquí con la mamá, con la abuelita de José Luis Tehuatlie, el tema de que haya justicia”, sentenció.

“Lo que no puede haber es un caso de impunidad ante un hecho tan grave como lo es la muerte de un niño y también las lesiones de las demás personas que resultaron lesionadas, lo mismo policías que miembros de la comunidad”.

Durante entrevista de más de una docena de reporteros locales y nacionales, afirmó que si se demuestra que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas tuvo alguna intervención, también será llamado a comparecer.

“Yo no tengo cercanía ni con este gobernador ni con nadie. Hemos tenido una relación institucional exclusivamente, fuera de ello no tengo ningún compromiso”.

Recordó que este es el segundo caso en el que la CNDH ejerce su facultad constitucional de atracción, que le fue otorgada en las reformas constitucionales de 2012.

“Esto representa la segunda ocasión que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejerce la facultad constitucional de investigar violaciones graves a los derechos humanos, es un episodio muy lamentable.”, dijo.

“La primera ocasión que lo ejercí fue en los sucesos de la Normal Rural de Ayotzinapa… en aquella ocasión en donde también hubo un bloque en Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, y que lamentablemente dos estudiantes murieron”.

—¿En esa también estuvo inmiscuido Facundo Rosas?

—También, es la segunda ocasión que se llamó a comparecer a un mismo personaje, ahora con un cargo estatal, en aquella ocasión con un cargo federal, tratándose de Facundo Rosas, y esperemos que la justicia pueda actuar en los términos que resulte, si es que encontramos responsabilidades.

Por lo tanto, insistió en que la investigación tendrá una total y absoluta imparcialidad: “Como ustedes lo están observando, estamos viendo el lugar de los hechos, corroborándolo con lo que está en los videos y las fotografías. En ocasiones de las fotografías y el video a la realidad hay distancias”.

Al respecto, adelantó que el organismo a su cargo podría emitir un dictamen “altamente profesional”, con base en la experiencia de aproximadamente 40 peritos.

Señaló que ya se tiene cuenta de que se utilizaron lanzaderas de gas lacrimógeno contra la población de Chalchihuapan, lo que el mismo Facundo Rosas ha reconocido, pero aún así están verificando si se utilizó algún otro tipo de armamento.

—¿Es verosímil el cohetón?

—Pues miren, vamos a analizarlo con todas estas evidencias, por eso el recorrido, el análisis, los dictámenes. Estamos verificando qué tipo de lesiones produce un cohetón, qué otro tipo de lesiones pueden producirse con otro tipo de artefactos y son las conclusiones que los peritos van a dar…

—¿Ha tenido reuniones con Juan Pablo Piña?

—No, miren, él dejó de trabajar en la Comisión hace cerca de dos años. Y yo quiero que algo quede muy en claro: en la comisión trabajan mil 560 personas. Él estuvo en la comisión, tuvo su papel en la comisión. Hoy por hoy ni trabaja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni hay ningún compromiso con él ni nada por el estilo, de tal manera que el trabajo que llevaremos a cabo estará totalmente apegado a la realidad…

—¿Pero sí es su amigo, señor?

—No, mire, mi amigo no es. Trabajó en la comisión y hasta ahí. Fue un colaborador de la comisión nacional.

—En un tema paralelo, ¿está aspirando usted a la reelección y tiene que definirse en octubre, precisamente unos días después de su informe sobre este caso.

—Pues mire, yo estoy ahorita aspirando a resolver este caso de la manera más adecuada al interés de la sociedad mexicana y hasta ahí. De momento no estoy pensando en ninguna otra cosa. Cuando surja la convocatoria del Senado de la República habré de pronunciarme. De momento imagínese que estuviera yo pensando en eso, si estoy aquí más bien trabajando.

Ley Bala
Mientras tanto, Simón Hernández León, del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que en el caso de la “ley Bala”, aunque hay una restricción a las armas de fuego, hay una habilitación de las letales que pueden producir heridas o muerte.

Subrayó que además hay otras disposiciones que permiten la utilización de armas largas en operativos policiacos bajo medidas de excepción y discrecionales, lo que quiere decir que el mando puede utilizar a su libre criterio que los elementos las utilicen.

“Hay una disposición que establece que en los operativos cuando se utilice la fuerza, los elementos pueden presentar un reporte donde justifiquen el número de lesionados y hasta fallecidas.

”Todo esto representa para nosotros la habilitación de fuerza letal para las corporaciones policiacas, es incompatible con los estándares internacionales”, dijo

Resaltó que lo más preocupante en el caso de la CNDH es la incongruencia que se ha manejado en el tema de la “ley Bala”.

“Durante la comparecencia que hizo el ombudsman en el Senado, dijo que valoraban las acciones de inconstitucionalidad en el caso de Puebla Pero no lo hizo e incluso aquí han señalado en oficios que esta ley es constitucional y que no viola derechos humanos”.

“Sin embargo, ahora están haciendo una investigación por las violaciones graves a derechos humanos en el contexto del operativo que se dio aquí en Chalchihuapan, lo que representa una incongruencia”.

Señaló que además esta posición compromete la propia imparcialidad e independencia de la investigación y la propia credibilidad del ombudsman, que ha privilegiado una agenda más política que el mandato especifico.

—Dijo el presidente de la CNDH que la ley Bala era una copia de los protocolos de la ONU.

—Es lo que insistimos, no corresponde a los estándares internacionales, habilita la utilización de fuerza letal, no hace una discriminación gradual en el tema de hechos de violencia y evita la disolución de manifestaciones.

Por su parte, Leopoldo Maldonado, de Articulo 19, señaló que los estándares internacionales lo que realmente hacen es regular la actuación de los cuerpos policiacos.

“Y lo que estas legislaciones están haciendo es reglamentar los derechos civiles y ciudadanos restringirlos”.

—¿Hay confianza en esta investigación y la visita?

—Atiende a una agenda política, debemos de tener en claro que el operativo en San Bernardino Chalchihuapan ocurrió el 9 de julio, fue habilitado por la “ley Bala” que el mismo ombudsman avaló.

Recordó que nueve distintos organismos civiles de los derechos humanos pidieron que promoviera la acción de inconstitucionalidad de la “ley Bala”.

“Pero solamente hasta que lograron amparos particulares, fue como envío un documento de una cuartilla explicando que la legislación es legal.

”Es muy cuestionable la independencia e imparcialidad en estas investigaciones, tendrá que presentar dictámenes con metodologías muy claras, con protocolos de investigación plenamente definidos”, sentenció finalmente.

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Ago
14

Chalchihuapan confía en investigación de la CNDH; expertos dudan

Autor // comunicacion

eConsultalogo

MEDIO: e-Consulta

TIPO: Blog de noticias

AUTORÍA: Samantha Páez

FECHA: 14 de Agosto de 2014

El presidente junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, confió en que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, sancione el desalojo violento de sus paisanos el pasado 9 de julio y la muerte José Luis Tehuatlie Tamayo, después del recorrido del funcionario por la comunidad para recabar pruebas.

Sin embargo, Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), cuestionó la legitimidad de la investigación de Plascencia Villanueva, toda vez que tuvo oportunidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Bala previo a su aplicación y no lo hizo, así como no buscó frenar la Ley de Telecomunicaciones que viola el derecho a la privacidad.

No nos vamos a rendir, lo peor ya nos lo hicieron

Tras su participación en el Foro Pensar, Decir y Manifestarse: Los Derechos Humanos y la Vigilancia de las Comunicaciones, organizado por la Universidad Iberoamericana (UIA), Montes Bautista dijo que no le queda más que confiar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue y sancione el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, donde resultaron más de 100 personas lesionadas.

Para la visita de Raúl Plascencia recopilaron todas las municiones que encontraron en las calles después del enfrentamiento con los policías estatales, también hablarán por lo menos cinco heridos de gravedad: uno de ellos perdió un ojo y otro tiene seis fracturas en la mandíbula por el impacto de la bala de goma.

El edil auxiliar comentó que los hechos del 9 de julio unieron a los pobladores y aunque han sido hostigados por el gobierno del estado, no tienen miedo de seguir denunciando, porque "lo peor que les pudieron hacer" ya ocurrió durante el desalojo de la autopista. Por eso las supuestas órdenes de aprehensión contra otras 300 personas, incluyéndolo a él, no les asustan.

"La orden específica fue reprimir a Chalchihuapan, porque nosotros estábamos tranquilos. Hasta el día de hoy el gobierno no reconoce su culpa por eso hay mucho enojo y mucha indignación", sostuvo Javier Montes.

Mencionó que el acoso del gobierno ha seguido para que la mamá de José Luis, la señora Elia Tamayo, acusara a los pobladores por la muerte de su hijo, pero como no quiso "vender" a su hijo las autoridades no aportaron recursos para el sepelio del niño, ni para los lesionados. Mientras que están invirtiendo muchos recursos para "limpiar" su imagen ante los medios de comunicación.

"¿Qué clase de gobierno tenemos, que encima de que te agreden te van a meter a la cárcel? Yo no quiero negociar, quiero que se haga justicia, quiero que los culpables (de la muerte de José Luis) estén en la cárcel, por eso nos estamos uniendo contra el gobierno represor", finalizó el presidente auxiliar.

Villanueva no tiene autoridad moral

A pesar de que el edil confía en la autoridad de la CNDH, el representante del Centro Prodh consideró muy lamentable el tratamiento que han hecho las instituciones públicas de la Ley Bala, porque todos los partidos políticos la avalaron y las comisiones de Derechos Humanos no la frenaron a tiempo.

"Vendrá Raúl Plascencia a informar o no sé qué va a decir en Chalchihuapan, porque tiene la mínima legitimidad, él públicamente, a pesar de lo que dijo en el Senado, no interpuso la acción de inconstitucionalidad, después se supo que avaló en un oficio la constitucionalidad (de la normativa) y hoy encabeza una averiguación por lesiones graves a los derechos humanos cuando dijo que esa ley no violaba los derechos humanos", cuestionó el abogado del Centro Prodh.

Ante esta situación dudó de la imparcialidad de las indagatorias que haga la CNDH respecto a los hechos ocurridos en Chalchihuapan, porque al final también sería responsable por omisión, al igual que la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) pues no se ha manifestado al respecto.