El Centro Prodh en los Medios

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Marcha atrás a la Ley Bala

Autor // comunicacion

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MEDIO: Uno más Uno

TIPO: Periódico en línea

AUTORÍA: Adriana Amezcua

FECHA: 22 de julio de 2014

  • El gobernador Rafael Moreno Valle envió ayer una iniciativa para derogar esta legislación. Expertos y activistas habían condenado el desalojo violento de una manifestación, bajo el amparo de esta ley

 

Muerto el niño… 

La “Ley Bala” arrojó su primera víctima mortal el 18 de julio, cuando el menor José Luis Tehuatlie Tamayo -quien resultó herido durante el operativo policiaco contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan- murió.

En el centro de la polémica, varios juristas cuestionaron la legislación que permitía usar fuerzas letales en contextos de manifestación. Pero también señalaron a las autoridades que, por acción y por omisión, son responsables.

Ayer, en medio de esta controversia, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, líder de la LIX Legislatura, precisó que el gobernador Rafael Moreno Valle envió la iniciativa para derogar dicha ley.

Durante la manifestación del miércoles 9 de julio, Tehuatlie cruzó por donde se desarrollaba un operativo policiaco y un artefacto lo alcanzó y le perforó el cráneo. Primero sufrió de muerte cerebral y días después, un paro cardiorrespiratorio acabó con su vida.

Las autoridades negaron que la policía local hubiera utilizado balas de goma para desalojar a manifestantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan. Incluso la madre del occiso declaró que un funcionario estatal la presionó para que dijera que la herida fue producida por un cohetón.

Sin embargo, el neurólogo Luis Felipe Loria Rosa, concluyó que la lesión expuesta de tres centímetros la provocó un objeto contuso y fuerte que no pudo ser un cohetón pues no había huellas de quemada entorno a la herida que terminó ocasionando la muerte al menor de edad.

Antes de la petición de Moreno Valle, el abogado Simón Hernández León afirmó que tratar de reducir todo a si se utilizaron o no balas de goma durante el operativo policiaco no servía para abordar un tema “mucho más estructural”.

Habló de la responsabilidad por acción y por omisión de distintas autoridades involucradas.

Por acción, apuntó al gobernador Rafael Moreno Valle y al Congreso. El primero por proponer la llamada Ley Bala y el segundo por aprobarla.

Luego, por omisión, señaló a las comisiones de derechos humanos, tanto la estatal como la nacional. Ellas con antelación diversos activistas y organizaciones les hicieron un llamado para que interpusieran una acción de inconstitucionalidad de este tipo de legislaciones que criminalizan la protesta.

“Más grave aún es que la propia CNDH envío al Congreso del estado un análisis, una evaluación técnica donde dicen no hay ningún problema de inconstitucionalidad o de afectación a tratados internacionales”, refirió Hernández.

Destacó lo paradójico que resultaba que, en vez de promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte con oportunidad, la CNDH se encargara de investigar el operativo donde un menor perdió la vida y cuatro personas más resultaron heridas sin responsabilizarse por la omisión. 

Abrogar la ley, un avance

“Vemos con mucha preocupación lo que acontece en Puebla”, sostiene el asesor del Área de defensa integral del Centro Prodh.

Simón Hernández insiste en que la abrogación de la llamada Ley Bala es un paso fundamental para restaurar las libertades democráticas en Puebla.

Pero que también es importante  investigar y sancionar a los responsables de toda la cadena de mando en el operativo de San Bernardino.

Espera que la Procuraduría de Justicia de Puebla tenga alguna capacidad de ser imparcial e independiente o si no afirma se requiere intervenga la Procuraduría General de la República.

Por otra parte, la CNDH deberá iniciar una investigación por violación grave de derechos humanos que es una facultad con la que cuenta desde 2011. Dicha facultad solo la ha utilizado una vez en el caso de los normalistas de Ayotzinapan que fueron asesinados por la Policía Federal, también en un contexto de manifestación en la carretera Sedesol, en Acapulco, Guerrero.

Y donde, añade el jurista, “curiosamente –y no es un dato menor– quien fue responsabilizado de ese operativo fue Facundo Rosas, que hoy es el Secretario de Seguridad Pública en Puebla”.

Por eso, se insiste, es un tema de responsabilidad de Estado. No solo por el actual marco normativo de una polémica ley sino porque quien se encarga de implementarla son personas que tienen en su historial responsabilidades por violaciones graves a derechos humanos.

Ahí hay una responsabilidad clara del gobierno de Moreno Valle, de su titular de la SSP y de las personas que participaron en ese operativo policiaco.

En un gesto “de mínima autocrítica” tendrían que aceptar que esas legislaciones violan derechos humanos, que no se trata de falta de capacitación profesional a los cuerpos policiacos, como se ha dicho.

“Esta legislación permite la utilización de la fuerza letal como una forma directa de enfrentar la manifestación pública, el disenso, la crítica política e intimidar a todo aquel ciudadano que ejerza sus derechos de manera pública”, remata.

Víctimas de la Ley Bala

> José Luis Alberto Tlautle Tamayo, 13 años, fallecido

> Gilberto Varela Tecalero, de 16 años; perdió el dedo índice y el anular

> Martín Romero Montes, de 65 años, presenta una perforación en el pómulo izquierdo

> Hugo Jiménez Varela, de 26 años, fue sometido a una reconstrucción del ojo izquierdo

> Vicente Tecalero Jiménez de 21 años, padece un traumatismo cráneo-encefálico

 

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22

"Ley bala"... ¡Crimen de estado!

Autor // comunicacion

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MEDIO: Uno más Uno

TIPO: Periódico 

AUTORÍA: Alejandro González Pérez

FECHA: 22 de julio de 2014

Grupos civiles responsabilizaron al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, así como al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, de la muerte de José Luis Tehuatle Tamayo, hecho que calificaron también como un crimen de estado, pues el deceso del menor ocurrió luego de recibir un impacto en la cabeza de un artefacto que dispararon elementos de la Policía estatal al dispersar una manifestación el pasado 9 de julio en la Junta Auxiliar de San Bernardina Chalchihuapan. 

A pesar de que Facundo Rosas, emitió sus "conclusiones" de que no se utilizaron este tipo de proyectiles y empeñándose en hacer creer que al menor José Luis fue lesionado con un cohetón por los pobladores, nadie quedó conforme, y están pidiendo sanciones para los responsables, así como las medidas de no repetición para evitar que se vuelvan a presentar abusos por parte de las policías que operan en la entidad. 

En conferencia de prensa, en el exterior de la Oficina de Representación del gobierno del estado de Puebla, en el Distrito Federal, Misraim Hernández Fernández, activista de la entidad, leyó un comunicado donde exigen a Rosas Rosas un informe público sobre los hechos ocurridos y que dejó a cinco personas lesionadas de gravedad, entre ellas a José Luis y otro menor de 16 años. 

Denunció que el gobierno del estado de Puebla "se ha fm^añaAn en decir que no se utilizaron balas de gorna, pero aquí está la prueba de que sí hay balas de goma. Estas son sólo algunas de las que la población de San Bemardino Chalchihuapan me prestaron, ellos tienen una mayor cantidad de balas, de artefactos". 

También acusó que "el sistema policial de Puebla no cuenta con la capacitación para el uso de armamento. Hay varias latas de gas lacrimógeno que están cerradas, están selladas, ni siquiera les quitaron el sello, las arrojaron directamente a las personas". 

Por su parte, Simón Hernández León, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que la muerte de José Luis Alberto es un "crimen de estado donde hay responsabilidad directa del gobierno de Puebla, del gobernador Moreno Vale, que fue quien propuso esta legislación, de Facundo Rosas, secretario de Seguridad del estado, quien participó en la implementación y en el desarrollo del operativo". 

Hernández León, quien participa en el área de defensa integral en el Centro Prodh, además responsabilizó al Congreso estatal, a los principales partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Revolución Democrática (PRD) porque "autorizaron esta ley hace unos meses y a las comisiones de la Estatal de Derechos Humanos en Puebla como de la CNDH que incluso avaló públicamente que esta legislación no violaba derechos humanos". 

También recordó que Facundo Rosas Rosas es un personaje que tiene antecedentes claros de violaciones graves a derechos humanos como la muerte de dos normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, que ocurrió en un contexto de manifestación pública. 

Dyo que la denominada "Ley Bala" y sus similares, son legislaciones "altamente regresivas, ya que no sólo se limitan a la restricción de derecho a la manifestación y la utilización de espacio público, sino que habilitan la utilización de fuerza letal. 

Desnaturalizan totalmente las figuras jurídicas y permiten, como en este caso, que la policía intervenga de manera directa contra grupos de manifestantes utilizando armas letales o aquellas que no son calificadas por la legislación internacional como letales pero que son para apuntar directamente al cuerpo y a la cabeza de las personas en una dará manifestación de «na gobernabilidad autoritaria que se está consolidando en Puebla". 

Por su parte, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial adjunto del programa legal de la organización Artículo 19, dijo que "nominalmente, la ley busca proteger los derechos humanos, pero en los hechos lo que busca es habilitar el uso de la fuerza en contra de los manifestantes. No estamos exagerando cuando decimos que la Ley Bala fue creada para permitir disolver las manifestaciones en el estado de Puebla". 

Dijo que es preocupante el discurso oficial de las autoridades del estado, pues pretenden criminalizar a las víctimas, pretenden imputar a los grupos de manifestantes la conductas delictivas y violatorias de derechos humanos desplegadas por los propios elementos de la Policía Estatal". 

Peticianes de orgamzadaoes civiles Una de las peticiones que están pidiendo los grupos civiles es que se abrogue la "Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado", mejor conocida como "Ley Bala", "cuya motivación sea el control y límite del uso de la fuerza por parte del Estado, no la generación de un ambiente intimidatorio que disuada la realización de manifestaciones". 

También solicitan a la Comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la del estado de Puebla que inicien una investigación sobre las violaciones a las garantías individuales. 

"Es urgente suprimir de todo acto, protocolo e instrumento legal de todos los ámbitos y órdenes de gobierno, el uso de las granadas, proyectiles, de gas, balas de goma o de cualquier otro artefacto que pueda poner en riesgo la integridad de las personas, toda vez que atentan contra la integridad y además está probada su ineficacia", indican. 

También establecen que "es necesario se implementen protocólos de actuación policial para evitar que la contención de grupos de manifestantes se conviertan en batallas campales que en nada contribuyen al fortalecimiento de las relaciones de confianza entre autoridades y ciudadanos". 

Así mismo, pidieron la instauración de un mecanismo extremo de supervisión que coadyuve con la institución policial a que ésta guarde un equilibrio entre sus responsabilidades y el oso electivo de sus poderes, garantizando  de sus acciones discrecionales y una mejora en su desempeño. 

Y aseguran que "es impostergable la profesionalización de la policía, mediante el establecimiento de estándares de actuación y el iortaiecimiento de mecanismos de supervisión interna y civil. AiImi^ de capacitación sobre el uso racional de la fuerza y el respeto a los derechos humanos". 

Finalizan indicando que si la ley prosigue como tal, sólo se "genera un ambiente intimidatorio e inhibitorio del ejercicio de derechos".