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Llega a la Comisión Interamericana otro caso de ejecución extrajudicial en Guerrero

Autor // comunicacion

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AUTOR: José Antonio Román 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 13 de enero de 2017

Un nuevo caso de ejecución extrajudicial perpetrado por militares en Guerrero llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En junio de 2009 Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua de 29 años, murió en un ataque de elementos del Ejército a un autobús con civiles en un retén militar en la carretera en Tlapa de Comonfort.

Hace unos meses, con la confirmación de la sentencia absolutoria del único militar procesado por los hechos, y la imposibilidad de tener justicia en México, los familiares de la víctima y representantes de los centros de Derechos Humanos Tlachinollan, José María Morelos y Pavón, Miguel Agustín Pro Juárez y para la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy decidieron presentar el caso ante la CIDH, lo que hicieron el 2 de enero en Washington.

En conferencia de prensa, familiares de la víctima y representantes de dichas organizaciones denunciaron que Guerrero se sigue caracterizando por sus altos índices de violencia y militarización, sobre todo después del lanzamiento de la llamada "guerra contra el narcotráfico".

De acuerdo con información del caso, tras la revisión ilegal en el retén, y cuando el chofer del autobús reinició su marcha sin haber sido plenamente autorizado por los integrantes del Ejército que estaban en el lugar, éstos abrieron fuego indiscriminadamente, de manera innecesaria y desproporcional. Dos proyectiles atravesaron la parte posterior del autobús, a la altura del medallón, e impactaron en cuello y cráneo de Bonfilio Rubio, causándole la muerte.

Según la acusación, los militares tomaron control de la escena del crimen y eso facilitó que manipularan la evidencia, llegando incluso al extremo de que sembraron enervantes para tratar de inculpar al chofer del autobús y justificar lo ocurrido.

La intervención inicial del Ejército en las primeras diligencias propició la impunidad posterior del caso. Las primeras indagatorias recayeron en el Ministerio Público Militar, y la familia Rubio Villegas tuvo que emprender una larga lucha que los llevó incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sacar del fuero militar el expediente, lo cual se logró en 2012.

Sin embargo, no fue posible remontar las enormes deficiencias que ya tenía el expediente por la actuación imparcial y tendenciosa de los órganos del fuero militar, y el juzgado de distrito del orden civil emitió una sentencia que exoneró al único integrante de las fuerzas armadas que fue procesado por los hechos, con lo cual se confirmó la impunidad, señaló Santiago Aguirre, del Centro Pro de Derechos Humanos.

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Ene
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Caso de indígena muerto por militares irá a CIDH

Autor // comunicacion

CapitalDeMexico

AUTOR: Noemí Gutiérrez 
FUENTE: Capital México
FECHA: 13 de enero de 2017


  • Exigen defensores que el Kjército mexicano regrese a los cuarteles

Hace casi ocho años quedó impune la ej ecución extrajudicial del indígena Nua Bonfilio Rubio Villegas a manos de militares, por lo que su familia y un colectivo de organizaciones de derechos humanos presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

José Rubio, hermano de Bonfilio Rubio, confió en que el organismo internacional tome el caso para que se realice una investigación independiente e imparcial que lleve al Estado Mexicano a garantizar el debido proceso en los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de elementos del Ejército.

Rubio recordó que, el 20 de junio de 2009, militares en un retén en Huamuxtitlán, Guerrero, dispararon contra el autobús en donde viajaba su hermano, quien falleció tras recibir dos impactos de bala.

La investigación, que llevó a cabo el Ejército, estuvo plagada de irregularidades, pues acusaron al operador de la unidad de transportar droga, la cual le "sembraron".

De un grupo de militares, sólo uno fue detenido, pero después resultó absuelto.

El hermano de Bonfilio Rubio Villegas lamentó el largo camino para obtener justicia, y que este es sólo un caso de los muchos que se registran en Guerrero, donde la incursión de las Fuerzas Armadas es una constante.

Es por ello que pidió que el Estado regrese al Ejército a los cuarteles, ya que no les compete estar en las calles realizando labores de seguridad.

 

Sin competencia

Para organizaciones que acompañan el caso -como los centros de derechos humanos De la Montaña "Tlachinollan", Agustín Pro Juárez, José María Morelos y Pavón y Robert F. Kennedy Human Rights- el Ejército mexicano no está capacitado para participar en labores de seguridad, como se propone en las iniciativas de ley de seguridad interior.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan", indico que con esa legislación sólo se abordan temas de seguridad, dejando de lado "el clamor de las víctimas de quienes han sido, las que han sufrido los estragos de la militarización en materia de seguridad pública y en el combate al narcotráfico".

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dijo que se abre el paso a la militarización y la impunidad de las Fuerzas Armadas.

"El caso de Bonfilio Rubio Villegas nos muestra a un Ejército que usa de manera desproporcionada e innecesaria la fuerza letal, hablamos de tropa que dispara indiscriminadamente contra un autobús lleno de pasajeros, nos muestra a un ejército que, después, altera la evidencia y manipula el lugar de los hechos para encubrir lo ocurrido", explicó.

Los activistas pidieron que primero se atienda a las víctimas en las que están involucrados elementos castrenses y se les lleve ante la justicia antes de aprobar la ley de seguridad interior.