El Centro Prodh en los Medios

Imprimir
PDF
Feb
10

En Cocula no fueron incinerados, determinan forenses argentinos

Autor // comunicacion

Cronica

MEDIO: La Crónica de Hoy

TIPO: Periódico

AUTORÍA: Manuel Espino Bucio

FECHA: 10 de febrero de 2016

** Los 43 no fueron incinerados en Cocula: peritos
El equipo argentino halló restos óseos de 19 personas, pero ninguno de los jóvenes
Tampoco se pudieron vincular las partes halladas en el basurero con los de las bolsas recuperadas en el río San Juan, revisadas en Innsbruck.

** En Cocula no fueron incinerados, determinan forenses argentinos
** El dictamen contradice la tesis de la PGR que sostiene que fue el basurero donde por horas fueron calcinados los normalistas

Las evidencias recolectadas en el basurero de Cocula no permiten establecer que los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Guerrero, fueron incinerados en esa zona, concluyó el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Con este dictamen, los expertos contravienen la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR) que sostiene que los cuerpos fueron llevados a dicho lugar y después calcinados en fuego que se extendió por horas.

"El examen multidisciplinario de la evidencia recuperada en el basurero de Cocula y la información adicional reunida, no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 2 7 de septiembre de 2014 que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes", señala el informe dado a conocer en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Acompañados de los padres de los jóvenes desaparecidos y de sus abogados, los peritos Mercedes Doretti y Miguel Nieva aseguraron que fotografías satelitales muestran que desde 2012 se registran incendios en el basurero, por lo que la evidencia encontrada por la PGR puede pertenecer a múltiples eventos de fuego.

"En el sitio no fueron halladas señales de daño o alteración por la acción del fuego compatible con la exposición a altas temperaturas necesarias para un proceso de quema de 43 cuerpos en la fecha del 26 y 27 de septiembre de 2014", recalcó Mercedes Doretti.

Doretti reveló que ahí se localizaron restos de por lo menos 19 personas, pero no se puedo establecer si pertenecen a las normalistas, ya los fragmentos estaban mezclados entre restos de animales.

Sin embargo, reconoció que este lugar, el basurero de Cocula, ha sido utilizado como centro para cometer delitos.

"Es importante que cuando tomamos esta información de 19 individuos como número mínimo,"tengamos en cuenta'' el contexto del basurero y la zona alrededor en el que se encuentra donde a partir de la desaparición de los 43 normalistas se presentaron denuncias de casi 300 personas desaparecidas en Iguala en los últimos años", indicó.

Asimismo, dijo que en el sitio encontraron también dos prótesis dentales que tampoco corresponden a los jóvenes de Ayotzinapa.

"La única identificación que tenemos hasta el momento es la de Alexander Mora Venancio que proviene de una bolsa que en su momento la PGR encontró en el Río San Juan", agregó.

No obstante, el experto Miguel Nieva afirmó que el equipo argentino no estuvo presente cuando se encontró dicha bolsa y no pudo platicar con personal de la Marina.

"En opinión del EAAF no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados, según la PGR, en la bolsa del Río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva a la fecha", expresó.

Nieva denunció irregularidades en el proceso de investigación, ya que peritos y ministerios públicos de la PGR trabajaron en el basurero sin notificar al Equipo Argentino de Antropología Forense.

El dictamen fue entregado ayer mismo a la Procuraduría General de la República.

Imprimir
PDF
Feb
04

EPN no tomó en cuenta a las ONG para iniciativa de ley sobre tortura

Autor // comunicacion

eleconomista 

MEDIO: El Economista

TIPO: Periódico

AUTORÍA: Ana Langner

FECHA: 4 de febrero de 2016

ORGANIZACIONES DEFENSORAS de derechos humanos instan al Poder Legislativo a aprobar una legislación contra la tortura a la altura de los estándares internacionales.

En conferencia de prensa, cerca de 30 organismos de la sociedad civil, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), exhibieron que el 10 de diciembre del 2015, el presidente de la República, sin aviso a las organizaciones, envió al Senado su iniciativa, la cual, además de desconocer varios de los contenidos mínimos que esta ley debe tener, incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz.

En voz del director del Centro Prodh, Mario Patrón, el contingente de organizaciones señalan la necesidad de que esta norma refleje el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la tortura, asícomoeliminar la impunidad endémica sobre la práctica en México.

Asimismo opinan que la Ley Nacional de Ejecución Penal debe incluir contenidos mínimos para la prevención de la tortura.

La tortura ha sido utilizada por el Estado mexicano por un largo periodo para obtener información, confesiones, castigar, violentar sexualmente y reducir la personalidad de miles de personas que habitan o transitan por México.

El coordinador de la CMDPDH, José Antonio Guevara, recordó que entre el 2006 y el 2014, la CNDH recibió alrededor de 100 quejas por tortura y cerca de 4,000 por tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que en comisiones estatales existen otros 4,500 expedientes.

Las organizaciones consideraron que dicha norma debe excluir la prueba ilícita, es decir, la prueba obtenida bajo tortura y tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes.

A su vez, recomiendan estable cer el Protocolo de Estambul como un estándar de prueba no exclusivo para identificar si se tienen signos de esta mala práctica.

Finalmente, las ONG sugieren que la ley deberá excluir las amnistías, inmunidades, perdón y cualquier otra forma de eximente de responsabilidades para las per sonas sentenciadas, imputadas y procesadas.