El Centro Prodh en los Medios

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Jun
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Indigna espionaje

Autor // comunicacion

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AUTOR: Staff 
FUENTE: Reforma
FECHA: 20 de junio de 2017

Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción expresaron ayer su indignación tras revelarse una investigación sobre espionaje. 

The New York Times informó que agencias de Gobierno mexicanas usaron un avanzado programa de espionaje contra líderes y activistas cuando, en teoría, sólo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

Ayer, 11 de los involucrados en la lista de personajes espiados exigieron al Gobierno una investigación independiente y presentaron una denuncia ante la PGR.

"Estos nuevos casos no son aislados, sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento", señaló Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, al dar lectura a un posicionamiento conjunto.

Entre las víctimas están los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola; el defensor de los derechos humanos Mario Patrón, y promotores de leyes anticorrupción, como Juan Pardinas y Alexandra Zapata.

"No hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo", respondió el Gobierno mexicano al NYT a través de su director de medios internacionales, Daniel Millán.

Infiltran teléfonos celulares de periodistas y activistas Revelan espionaje Cobra empresa 650 mil dólares por vigilar a 10 usuarios de iPhone AZAM AHMED Y NICOLE PERLROTH / NYTMEWSSERVICE Defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano que, en teoría, sólo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupcion, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han justado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.

El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cama ra de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.

Según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software envía a los dispositivos un mensaje con información falsa que los invita a abrir una liga, la cual vulnera su privacidad "Somos los nuevos enemigos del Estado", señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, incluyendo uno en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.

Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas. Es muy poco probable que el Gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas, comentaron ex funcionarios mexicanos.

"I¿is agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían", dijo Eduardo Guerrero, un exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México.

Los intentos para realizar hackeos fueron muy personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares. En el caso de la periodista Carmen Aristegui, un operador se hizo pasar por la Embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa.

compañía cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a 10 usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.

GAJES DEL OFICIO En abril de 2016, Mario Patrón, director del Centro Prodh, cayó en la trampa.

Un panel internacional que investigó la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa divulgaría su informe final Patrón sabía que los hallazgos iban a ser brutales para las autoridades y se preguntaba cómo respondería el Gobierno.

Sono su telefono y vio la pantalla la noticia que había estado esperando: "El Gobierno de México sale al fiente del GIEI", decía el texto.

Parecía ser la noticia que estaba esperando, así que dio clic al enlace que lo redirigió a una página en blanco.
Además de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron atacados con el software: Santiago Aguirre, el abogado principal de las familias de los estudiantes desaparecidos, y Stephanie Brewer, una abogada estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007.

"Es parte de defender los derechos humanos en México", aseguró Brewer. "Son los gajes del oficio".

Presidencia lo niega REFORMA/STAFF

El Gobierno de la República negó haber espiado a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos, como publicó The New York Times.

En una carta dirigida al diario, la Administración federal condenó el intento de vulnerar el derecho a la privacidad de las personas.

"No hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje.

"Para el Gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protecdón de datos personales son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de Derecho", indicó la carta firmada por Daniel Millán, director de medios internacionales.

Asimismo, el Gobierno federal llamó a las víctimas de espionaje a presentar su denuncia ante la PGR.

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Denuncian espionaje; gobierno lo niega

Autor // comunicacion

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AUTOR: Teresa Moreno
FUENTE: El Universal 
FECHA: 20 de junio de 2017


Diez personas, entre abogados, defensores de derechos humanos y periodistas, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, por el presunto acceso ilícito a sistemas e intervención ilegal de comunicaciones privadas.

Acusan que entre 2015 y 2016 el gobierno mexicano en 76 ocasiones intentó instalar un programa en los smartphones de 15 personas para espiarlas, como publicó The New York Times.

Señalan que la Sedeña, la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional habrían adquirido licencias de NSO Group, una empresa israelí, para espiar a quienes trabajaban los temas de Ayotzinapa, Atenco, Tlatlaya, Tanhuato, la casa blanca o la ley 3de3.

La Presidencia de la República les pidió que presenten denuncias y dijo que no hay pruebas del espionaje a activistas y periodistas.

** Diez periodistas y abogados acusan espionaje en PGR

Un total de 10 personas, entre ellos abogados, defensores de derechos humanos y periodistas presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por acceso ilícito a sistemas e intervención ilegal de comunicaciones privadas, que tienen como penas entre 6 y 12 años de prisión.

La denuncia es por las 76 ocasiones que entre 2015 y 2016, el gobierno mexicano supuestamente intentó instalar el virus de espionaje Pegasus en los teléfonos de 15 personas: periodistas, activistas defensores de derechos humanos y un adolescente. Mediante este malware, los smartphones de las víctimas se habrían convertido automáticamente en espías de bolsillo.

En conferencia de prensa, seis de los demandantes presentaron la denuncia que en parte publicó ayer el diario The New York Times. Se trata de una análisis que realizó Citizen Lab, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3d) y Social TIC, en la que se acusa que supuestamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) habrían adquirido licencias para utilizar el malware comercializado por NSO Group.

Desarrollado por la empresa israelí, el malware Pegasus se vende únicamente a entes gubernamentales de los países. Cada licencia de infección tendría un costo de 77 mil dólares, plantearon al presentar el documento Gobierno Espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México.

Según la explicación que se ofreció de cómo funciona, cuando una persona recibe un mensaje SMS en su teléfono, es atacada con Pegasus, porque contiene un texto que busca persuadirlo de hacer clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo.

Si la persona hace clic en el enlace, el virus Pegasus infecta su dispositivo, con lo cual el atacante adquiere acceso a toda la información almacenada en él: mensajes de texto, correos electrónicos, contactos, registro de cada tecla oprimida, monitoreo remoto de datos de localización e, incluso, la activación inadvertida del micrófono y cámara, revela el informe, para cuya presentación se elaboró un hashtag: #GobiernoEspía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México.

"El mensaje SMS está diseñado a la medida de la persona que está siendo atacada. Muchas veces contiene su nombre, aspectos relacionados con un familiar, la localidad donde vive o cosas que se relacionan con ella. Una vez que se le da clic a ese enlace se descarga el malware Pegasus y si la infección es exitosa, el atacante toma control del dispositivo", señaló Luis Fernando García, director de la R3D.

El reporte agrega que fueron atacados en total 12 personas relacionadas con temas como Ayotzinapa, Ateneo, Tlatlaya, Tanhuato, la casa blanca o la Ley 3de3, entre otros, y que todos los objetivos fueron atacados usando una infraestructura común, además de existir coincidencias entre los mensajes recibidos por diferentes personas.

Las ONG destacaron su preocupación de que el uso reiterado de estos ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos se dio durante coyunturas críticas de su labor y con el hecho de que "todas tuvieron un actor en común que fue el gobierno federal.

"No me parece un asunto menor, ni siquiera en un contexto tan violento, porque por el espionaje se abre la puerta para que [se] llegue más lejos (...) Todo va en la misma dirección. Quieren que sepamos que nos están espiando, quieren hacernos sentir vulnerables y que sepamos que ellos saben de nuestros hijos, nuestras vidas privadas y laborales", afirmó el periodista Carlos Loret de Mola en un mensaje grabado que envió a la conferencia.

"Hay que preguntarle varias cosas al gobierno mexicano, ¿dónde está esa información? ¿qué hicieron con ella? Tenemos derecho a saberlo. Estamos aquí para sumarnos a una denuncia formal, porque en este país tan querido, sabemos que no pasa nada; es como la marca de la casa", dijo Carmen Aristegui durante la conferencia de prensa.

Recibieron estos mensajes de texto con links para infectar con Pegasus: Mario Patrón, Stephanie Brewer, y Santiago Aguirre, colaboradores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); los periodistas Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Carmen Aristegui, de Aristegui Noticias, así como el hijo adolescente de ella, Emilio Aristegui.

El periodista Carlos Loret de Mola, colaborador de El Universal, Televisa y Radio Fórmula,- Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Patrón demandó al gobierno federal transparentar los contratos que tienen las diversas instancias de donde supuestamente saliéronlos mensajes que espiaron a la docena de personas.

Pidió que se integre una comisión independiente de expertos que investiguen el caso y hagan un monitoreo de los sucesos, porque "el gobierno no tiene la capacidad de investigarse".

Se recordó que el 23 de mayo, en una denuncia similar por espionaje de los investigadores Simón Barquera, Luis Encarnación y Alejandro Calvillo, 10 organizaciones abandonaron la Alianza para el Gobierno Abierto.