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Feb
23

De Ginebra a Saltillo

Autor // comunicacion

ZocaloSaltillo

MEDIO: Zócalo 

TIPO: Periódico

AUTORÍA: Gerardo Hernández

Ni la “verdad histórica” de la PGR sobre el presunto asesinato de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa –desmentida por expertos, analistas y ONG– ni el aparato desplazado a Ginebra evitaron que el Gobierno del presidente Peña Nieto fuera reprobado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CDE) de Naciones Unidas. La cancillería no pudo acreditar el cumplimiento de México como uno de los 44 estados parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desa-pariciones forzadas.

El Gobierno tampoco se ha preocupado por exponer sus argumentos de defensa en nuestro país, acaso por endebles. En cambio, organizaciones cívicas difunden las observaciones de la ONU a nuestro país, donde, según el Comité, la desaparición forzada es un fenómeno generalizado. Con ese propósito, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México y los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro y Juan Gerardi, así como la Diócesis de Saltillo y la Casa del Migrante, invitan al Foro de Reflexión sobre las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas. La reunión será hoy en el auditorio de Jurisprudencia de la UAdeC, a partir de las 17:00 horas.

Sobre la comparecencia de nuestro país en Ginebra, “Espacio 4” publica en su nueva edición una nota de Gerardo Moyano, en la que observa:

“México finalmente aceptó que en el caso de Iguala hubo desapariciones forzadas, aunque le exigió al comité ‘ir más allá de la crítica’ y realizar ‘un análisis objetivo’. El CDE le respondió que sin cifras confiables, no se puede hacer ningún tipo de análisis. En referencia a la falta de estadísticas oficiales en la materia, los relatores coincidieron que si no se sabe cuál es el problema no se pueden crear legislaciones ni programas exitosos para disminuir los casos de las desapariciones forzadas.

“Incluso la Comisión Nacional nude celebrities de los Derechos Humanos (CNDH) criticó al Gobierno: ‘La impunidad ha generado condiciones para que delitos tan graves se sigan cometiendo y que no haya operado la garantía de no repetición, como se demuestra en el caso de los lamentables hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero’, señala en un informe presentado al CDE. (…)

“Tal como sucedió con la visita del presidente Peña a Washington, el fantasma de Ayotzinapa acompañó a la delegación de autoridades mexicanas (27 funcionarios, incluidas dos diputadas) hasta Suiza. Si bien la comparecencia de México en el octavo período de sesiones del CED (…) estaba pactada desde antes de los episodios de Iguala, el caso marcó su presencia en el banquillo.

“Sobre todo porque las ONG y las familias de los 43 normalistas desaparecidos que acudieron a Ginebra acusaron al Gobierno de intentar dar ‘carpetazo’ a la investigación, por lo que solicitaron designar a un relator especial para atender el caso. Esto, en referencia a la ‘verdad histórica’ de que los estudiantes están muertos, ofrecida días antes por el procurador Jesús Murillo Karam.

“El encargado de presentar el informe ante el CED (…) Juan Manuel Gómez Robledo (…) calificó el trabajo de las autoridades como ‘una investigación criminal sin precedentes en la historia reciente de México’. Resulta irónico que Gómez destacara incluso el ‘trabajo científico que se ha compartido con los peritos independientes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)’, cuando los mismos forenses argentinos pusieron en duda la ‘verdad histórica’ de la investigación federal”.

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Feb
22

Militares heridos en los hechos de Tlatlaya también serán indemnizados, dice la celebrity nude CEAV

Autor // comunicacion

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MEDIO: La Jornada

TIPO: Periódico

AUTORÍA: Sanjuana Martínez

FECHA: 22 porn cartoon de febrero de 2015

Versión
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hot lesbian porn (CEAV) solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que los militares que participaron en el caso Tlatlaya y fueron heridos sean atendidos como víctimas del delito.

El personal del Ejército herido en ese intercambio de disparos es víctima y, por tanto, se le otorgará una indemnización próximamente conforme a la ley, dijo en entrevista Adrián Franco, comisionado encargado de coordinar los apoyos y las asistencias a las víctimas y sus familiares de los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, estado de México, donde murieron 22 personas, algunas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por militares.

La semana pasada integrantes de la llamada Organización Humanista por el Progreso Social protestaron por las calles del Centro Histórico de la ciudad de México para exigir el debido proceso y respeto a los derechos humanos de los 25 soldados detenidos por ese caso.

La Procuraduría General de la República (PGR) acaba de negar información a la comisión especial de los diputados que indagan el caso Tlatlaya, argumentando que las investigaciones son de carácter no sólo confidencial, sino reservado.

La falta de transparencia institucional en torno al caso sorprende al comisionado Franco: "Estamos ante la posibilidad de hacer justicia y que la Sedena haga un reconocimiento de los delitos. Si hay personal del Ejército responsable de la ejecución a 'mansalva' de personas, como ocurrió en Tlatlaya, y eso queda acreditado, es una deshonra para el país, para el Ejército".

Apoyo a elementos castrenses

En los hechos de Tlatlaya registrados el pasado 30 de junio, organizaciones civiles y testigos han señalado a los militares como responsables de ejecuciones sumarias, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclasificó el expediente como investigación por violaciones graves a los derechos humanos.

En el expediente de la comisión no están incluidos los militares que ahora han empezado a presentarse ante la CEAV como víctimas, según reconoce el comisionado Adrián Franco: Hemos recibido solicitudes para inscripción de víctimas de la CNDH, de la Sedena, de la PGR y del gobierno del estado de México. Hay tres víctimas directas sobrevivientes, esto derivado de la recomendación 51 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero existe una víctima directa que no está incluida en dicha recomendación: se trata de un soldado lesionado por arma de fuego. En total son 43 solicitudes: 22 víctimas directas y 21 indirectas.


Impunidad militar

Organismos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro han criticado la forma institucional de llevar a cabo la investigación en el hentai videos caso Tlatlaya, particularmente porque el Estado permitió a la Sedena abrir su propia investigación, lo cual significa impunidad, con base en experiencias anteriores de delitos cometidos por militares.

Nos preocupa que la PGR haya abierto una investigación y al mismo tiempo la Sedena también, porque esto se aparta de los estándares internacionales en materia de violaciones de black porn videos derechos humanos cometidos por militares. Cuando militares violan derechos humanos deben ser sometidos a la jurisdicción civil ordinaria únicamente, dice en entrevista el abogado del Centro Pro, Luis Eliud Tapia Olivares.

Define los hechos de Tlatlaya como ejecuciones extrajudiciales, por tanto la gravedad del caso es ahora investigada por la justicia militar, misma que, dice, generalmente protege a los soldados involucrados: No conocemos cuál es el sistema de nombramiento de este juez militar, no conocemos la parcialidad con la que se conduce, y justamente por esto organismos internacionales como la ONU han expresado su preocupación frente a la labor de la jurisdicción militar.

Uno de los aspectos que critica de la justicia militar es que, cuando hay delitos cometidos por elementos castrenses, la responsabilidad recae en la tropa y no en los mandos superiores: Siempre pasa lo mismo, la responsabilidad se le imputa a integrantes del Ejército de bajo rango y nunca se investigan cadenas efectivas de mando. La obligación es buscar responsables hacia arriba. Queremos que no se proteja a militares de alto rango que participaron en Tlatlaya.

Sobre el nuevo fenómeno donde están apareciendo víctimas militares, apunta: Si hay soldados denunciando que lesbian porno son víctimas, tendrá que investigar el Estado si se están fabricando culpables, lo que se está haciendo en México regularmente con cualquier civil. Si ellos dicen que son víctimas, entonces, ¿quienes son los verdaderos responsables de la comisión de estos graves delitos.

Ante la posibilidad de que el caso Tlatlaya quede en la impunidad, Tapia Olivares advierte: Sería un precedente de lo más grave. México está en un examen ante los ojos del mundo.