El Centro Prodh en los Medios

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Nov
16

Nulo avance en el caso de los 43 normalistas

Autor // comunicacion

Soldemexico

AUTOR: Manrique Gandaria 
FUENTE: El Sol de México 
FECHA: 16 de noviembre de 2017

  • Gobierno debe alistar informe de recomendaciones

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que antes de que concluya este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C1DH); deberá informar cuánto ha cumplido el gobierno mexicano con las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes, (GIEI), en el caso de los 43 normalistas desaparecidos.de la normal rural Isidro Burgos, en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, hace más de tres años, ya que desde su punto de vista, la tasa de cumplimiento es raquítica.

El Centro Prodh refiere que la CIDH tendrá que presentar un primer informe de actividades de noviembre 2016 a 2017.

Están en ese procesó; ahí la CIDH fijará la postura de qué tanto1 ha cumplido o no el gobierno mexicano" aclaró.

Señala que la tasa de cumplimiento es raquítica, en las líneas de investigación que los familiares de los estudiantes insisten sean indagadas, como son la participación de policías, estatal y federal, y Ejército, la actividad de los celulares de los muchachos tras su detención y la ruta del trasiego de droga entre Iguala y Guerrero.

Enfatiza que todas las líneas de invéstigación que tienen que ver con autoridades estatales no ha habido, con autoridades federales tampoco, el tema de la telefonía no ha terminado, y apenas se va a implementar el plan de búsqueda; lo que desde su perspectiva es un esquema raquítico.

Respecto al Mecanismo de Seguimiento, el Centro Pro sostiene que tiene fecha de inicio pero no fecha de terminación y de acuerdo a la resolución de la CIDI I tendríamos que ponernos de acuerdo en los calendarios de visita cada primer periodo de sesiones.

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Nov
15

Abusos en Atenco, a Corte Internacional

Autor // comunicacion

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AUTOR: Fernando Camacho y Emir Olivares
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 15 de noviembre de 2017


La llegada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) del caso de las mujeres que fueron víctimas de "tortura sexual" en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, fue posible debido a que la justicia mexicana no llevó a cabo una investigación eficiente para esclarecer esas agresiones cometidas por policías, y por tanto los presuntos responsables de los hechos no han sido castigados.

Al no encontrar justicia en las instancias nacionales, 11 mujeres -aunque el número de agraviadas fue mayor- llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual sometió el asunto a la jurisdicción de la Coridh el 17 de septiembre de 2016, "por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas".

En víspera de que la corte analice el caso -este jueves y viernes-, en el contexto de su 120 periodo de sesiones, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), representante legal de las 11 denunciantes, enfatizó que hay 36 servidores públicos (policías, médicos del penal de Santiaguito y agentes del Ministerio Público) bajo investigación por estos hechos, pero hasta ahora no existe ninguna sentencia condenatoria firme y ningún funcionario federal o de alto nivel ha sido llamado a rendir cuentas.

Recordó que los hechos se denunciaron como "torturas sexual, física y sicológica", las cuales se documentaron por parte de expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

El Centro Prodh detalló que aunque inicialmente se consignó a 21 policías por abuso de autoridad, todos fueron absueltos por considerarse un delito no grave. Un agente estatal fue condenado por el delito de "actos libidinosos", pero también fue absuelto porque no se considera grave.

Un ejemplo de la forma en que se concretó la impunidad en favor de los servidores públicos supuestamente involucrados en el caso es el del policía Baltazar Nateras Nava, contra quien no se pudo emitir una orden de aprehensión por el hecho de que un juez consideró que había "defectos técnicos" en la solicitud. El juzgador dio un plazo de 90 días para corregir la falta, pero nuevos detalles legales hicieron que dicho periodo fuera rebasado, y el agente tramitó y obtuvo un recurso de amparo.

Diez médicos legistas que atendieron a las víctimas a su llegada al penal también fueron puestos en libertad. Los jueces estimaron que, por las características propias de su función, "no tenían obligación de denunciar los hechos de tortura". Consideraron que al dejar constancia de las lesiones en sus reportes médicos, "permitieron que los hechos pudieran ser investigados después".

Un agente del MP fue liberado luego de que un juez de distrito afirmó que su labor no era denunciar los delitos que hubiera podido notar en el transcurso de la indagatoria, sino únicamente investigar los que ya se le habían planteado en el expediente a su cargo.

Al analizar el caso, la CIDH recomendó al Estado mexicano realizar una investigación penal "efectiva, con debida diligencia, dentro de un plazo razonable"; esclarecer los hechos; sancionar a los responsables, y profundizar en la cadena de mando, lo cual no se ha cumplido. Consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y sicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual contra las 11 denunciantes, y violación sexual de siete de ellas. Por ello dio conocimiento a la Coridh.