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Ene
27

En Senado, Ley de Seguridad divide opiniones

Autor // comunicacion

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AUTOR: Leticia Robles de la Rosa
FUENTE: Excélsior 
FECHA: 27 de enero de 2017

  • Representante de la ONU advierte posible efecto negativo en los derechos humanos; Segob afirma que la ley no validará excesos 
  • La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno mexicano discreparon sobre las ventajas de que México cuente con una Ley de Seguridad Interior.

Mientras Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, expresó que las iniciativas presentadas son una "fuente de preocupación", por los "efectos indeseables e impredecibles" que puede tener, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, insistieron en que esta Ley no será un instrumento que valide violaciones a derechos humanos ni ningún exceso de los militares, sino reglas para la forma en que las Fuerzas Militares pueden participar en tareas de seguridad pública.

Encabezados por los senadores Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, y Ernesto Gándara, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, diversos participantes en este tercer encuentro marcaron claramente su preocupación de que la aprobación de esta ley genere un incremento en la violación de los derechos humanos.

Santiago Aguirre Espinoza, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, aprovechó el foro para aclarar que esta organización no está en una dinámica de calumniar a militares; por el contrario, tiene un profundo respeto por la labor de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, pero no se puede negar que en los últimos 10 años en que han sido utilizados para labores de seguridad pública, el saldo no ha sido positivo.

Añadió que hay una preocupación de que al adoptarse una legislación que cree las reglas para esa participación, la permanencia de los Fuerzas Armadas sea sin límite; además, consideró que tiene serios problemas de constitucionalidad, porque el Congreso de la Unión no está facultado para emitir una legislación sobre la seguridad interior.

"Decirlo no es consigna ni descalificación a priori de las Fuerzas Armadas, es simplemente atender ala evidencia empírica, y reconocer que este aumento es una consecuencia natural y obvia cuando fuerzas son empleadas en tareas para las que no han sido formadas.

"Tomemos las cifras de la CNDH. Si entre el año 2000 y el 2006 se presentaron mil 135 quejas contra las Fuerzas Armadas y se emitieron 11 recomendaciones en esos seis años, en los últimos 10 años se han presentado más de 10 mil 751 quejas y se han emitido 146 recomendaciones. Es decir, antes de estos diez anos de despliegue intensivo, el promedio anual de quejas era de alrededor de 190, y de recomendaciones menos de dos al año.

Hoy, tras el despliegue Iniciado en 2006, el promedio anual de quejas ha sido de alrededor de mil 75 por año, y de recomendaciones más de 14", añadió.

Frente a estas posiciones, la representación del gobierno federal, Integrada por Roberto Campa y Miguel Rulz Cabañas, destacó que la actuación del Ejército mexicano es de las más leales y respetuosas de los derechos humanos; que ha avanzado mucho en esta cultura y expresaron que es necesario encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger los derechos humanos de los ciudadanos y otorgar la seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas.

Cabe recordar que el pasado 11 de enero Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, anunció que "a más tardar, para unos 30 días naturales", la Cámara habrá de finalizar con el marco regulatorio de las Fuerzas Armadas a través de la Ley de Seguridad Interna.

ACLARACIÓN El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro señaló que no está en una dinámica de calumniara militares. El decirlo no es consigna ni descalificación a priori de las Fuerzas Armadas, es simplemente atender a la evidencia empírica."

SANTIAGO AGUIRRE CENTRO AGUSTÍN PRO (Necesario) que haya un procedimiento que acote mandato, que acote duración y que acote objetivos claros de la presencia de las Fuerzas Armadas."

MIGUEL RUIZ SUBSECRETARIO DE LA SRE 1,135 QUEJAS se presentaron contra Fuerzas Armadas entre 2000 y 2006.

10 MIL 751 querellas se han levantado ante la CNDH en los últimos 10 años.

146 RECOMENDACIONES ha emitido la CNDH en lo que va de 2006 a 2016 a las Fuerzas Armadas.

M SOLICITUD Los titulares de la Sedeña, Salvador Cienfuegos, y de la Marina, Vidal Soberón, solicitaron a la Comisión Permanente Congreso mediar para que el Legislativo revi se la Ley de Seguridad Interior.

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Ene
13

Advierten ONG riesgo de "legalizar la impunidad" de las fuerzas armadas

Autor // comunicacion

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AUTOR: José Antonio Román
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 13 de enero de 2017

Organizaciones y centros de derechos humanos advirtieron que de aprobarse la ley de seguridad interior en los términos en que se discute en el Congreso de la Unión, la crisis de violaciones a los derechos humanos que vive el país se agravaría aún más, ya que se estaría prácticamente "legalizando la impunidad" con la que actúan las fuerzas armadas.

Ejecuciones extrajudiciales como la ocurrida en Tla-tlaya, estado de México, donde el Ejército presuntamente usó de manera desproporcionada su fuerza letal y manipuló el lugar de los hechos para encubrir lo ocurrido, se repetirán con mayor frecuencia en el resto del territorio nacional, consideraron.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, puso de ejemplo lo ocurrido también con el indígena Bonfilio Rubio Villegas, ejecutado extrajudicialmente por el Ejército Mexicano en junio de 2009 en Guerrero, y cuyo caso fue presentado hace unos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de agotarse todas las instancias nacionales para obtener justicia.

En los casos Tlatlaya -donde al menos 15 de los 22 civiles muertos fueron ejecutados por militares, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)- y de Bonfilio Rubio, el Ejército aplicó la fuerza en forma desproporcionada, manipuló la escena de los hechos y sembró evidencias para encubrir sus actos, además de que la justicia civil no los llama a cuentas.

Agregó que en México no hay sentencias en contra de militares que han violado derechos humanos. "Es por eso que prevemos que estos hechos nos alertan de lo que podría pasar si la ley de seguridad interior es aprobada en los términos en que se discute", expresó.

Por su parte, Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en Guerrero, señaló que esa actuación de los militares es ya un patrón de comportamiento, que en esa entidad lo han confirmado con el paso ya de varias décadas, donde tras la violación a los derechos humanos de la población, siembran evidencias para encubrir a los perpetradores.

Aseguró que la situación de impunidad se agravaría con la nueva legislación, pues desde ahora los militares no rinden cuentas a nadie de su actuación y en los hechos están por encima de la autoridad civil. Incluso, aseguró, "los jueces se supeditan a los militares. No hay ya manera de controlarlos".

En tanto, Manuel Olivares, del Centro José María Morelos y Pavón, en Chilapa, Guerrero, rechazó que el malestar de los militares sea porque realizan tareas de seguridad pública; "su enojo es porque no tienen un marco jurídico que les garantice que no serán llamados a cuentas y se garantice su impunidad".

Resaltó que durante el año que recién concluyó, en el estado se han documentado 146 asesinatos, 41 desapariciones y han sido localizados 56 cuerpos en fosas clandestinas.

"Es falso que con la presencia militar en la entidad se tenga mayor seguridad", lamentó.