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May
09

Aun si hubo tortura, la indagación, firme: PGR

Autor // comunicacion

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AUTOR: Astrid Sánchez y Jorge Ramos 
FUENTE: El Universal 
FECHA: 9 de mayo de 2017


El hecho de que al menos dos de los detenidos por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa fueron torturados para obtener su declaración no afecta la validez de la investigación, sólo anula esas declaraciones, afirmó Alfredo Higuera, fiscal especial del caso Iguala.

"Lo natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad, no necesariamente que se deje sin efecto el conjunto de elementos de prueba", sostuvo el funcionario.

El Universal publicó que un informe de la Visitaduría de la PGR pone en peligro el caso, al documentarse violaciones al debido proceso, tortura y falsedad en declaraciones.

El fiscal dijo que ocho de los detenidos por su probable relación con los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 acusaron ser víctimas de tortura, por lo que la PGR solicitó que se les aplicara el Protocolo de Estambul (manual para documentar tortura); dos resultaron positivos.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la PGR "diluyó" el documento de trabajo de su Visitaduría para dejar impunes a los responsables de esas irregularidades. "Esto pudiera ser parte de una estrategia de encubrimiento que vulnere el derecho a la verdad y se esté escondiendo el verdadero paradero de los estudiantes y lo que sucedió".

** Informe no afecta resultados: Higuera

El hecho de que al menos dos de los detenidos por la desaparición de 43 estudiantes normalistas hayan sido torturados para obtener su declaración no influye directamente sobre la validez de la investigación, únicamente anula esas declaraciones, informó Alfredo Higuera Bernal, fiscal especial del caso Iguala.

"De ocho resultados en concreto de esos protocolos, seis resultaron negativos, dos fueron positivos. Todo eso tendrá las implicaciones que en cada caso concreto correspondan, la consecuencia. Lo natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad, no necesariamente que se deje sin efecto el conjunto de actuaciones o elementos de prueba que haya en un caso", explicó.

EL UNIVERSAL publicó ayer que un informe de la Visitaduría de la PGR podría poner en peligro el caso debido a que se documentaron una serie de violaciones al debido proceso, como tortura y falsedad en declaraciones.

En conferencia, Higuera Bernal aceptó al respecto que ocho de los detenidos por su probable relación con los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 acusaron ser víctimas de tortura, por lo que la PGR solicitó a Servicios Periciales que se les aplicara el Protocolo de Estambul (manual para documentar la tortura), de los cuales dos resultaron positivos.

Se trata de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, quien presentó algunas lesiones que pudieran corresponder con maniobras o acciones de tortura, pero se negó a que se le realizara la evaluación sicológica obligatoria, tal como establece el Protocolo de Estambul.

Édgar Vieyra Pereyda, El Taxco, presentó en su análisis lesiones que corresponden a tortura física, pero no reacciones sicológicas.

** "La tortura pone en duda la verdad de las víctimas"

La Procuraduría General de la República (PGR) "diluyó" el documento de trabajo de su Visitaduría General que describía anomalías en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, con el objetivo de dejar impunes a los responsables de esas irregularidades, en detrimento de la verdad que demandan los padres de los jóvenes, asegura Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Afirmó que el informe que señala anomalías de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas, elaborado por el ex visitador de la PGR, César Chávez, fue confirmado como parte de su entrega-recepción.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Patrón indicó que está en litigio un juicio de amparo en donde el juez ha admitido la existencia del documento; sin embargo, precisa ,será hasta que concluya cuando se determine su valor.

"Después de que los padres se levantan de la mesa en agosto de 2016, con Arely Gómez, por la falta de seriedad, a los 15 días sale César Chávez como visitador de la PGR. Ahora bien, tan existe el proyecto que el propio Chávez habla de su existencia y de lo que hizo en su contenido, y formaliza en su acta de entrega-recepción el proyecto de resolución", explica.

"A los padres y a nosotros como representantes nos interesa la verdad de los sucedido y nos preocupa mucho que en el caso, la investigación que debiera ser la mejor hecha, porque estamos hablando de la violación de derechos más importante del México contemporáneo, pues es una indagatoria que reproduce los vicios estructurales que en otros momentos se han denunciado: métodos ilegales, fabricación de culpables y de hechos", indica.

Hay señalamientos de tortura en contra de presuntos responsables, como es el caso de Agustín García Reyes alias El Chereje…

-La tortura es un hecho muy delicado porque pone en duda la verdad de las víctimas. Una institución eficiente, que investiga, no tendría que recurrir a ello. Eso pone en duda si de verdad lo que está establecido es realmente lo sucedido. No nos referimos a si los hasta ahora detenidos son culpables o no sino más bien al derecho a la verdad de las víctimas. El proyecto de César Chávez hace reflexiones contundentes como detenciones arbitrarias. Ese argumento no fue retomado en la investigación final de Adriana Campos. También se señaló violación al derecho a la defensa adecuada o asistencia de un abogado de Agustín García Reyes, que es otro elemento que no es retomado. Es muy relevante que se establece que se violó el derecho a la verdad de los padres de familia, porque se trató de actos de investigación ejercidos de manera ilegal con personas sin atribuciones y eso puede generar consecuencias jurídicas sobre el lugar de los hechos y vestigios ahí recogidos.

Añade que Chávez no concluye un efecto corruptor, pero "sí establece que se viola el derecho a la verdad y a la legalidad de todo lo sucedido en esa escena relevante para el caso".

También se habla de peritos que ingresaron a la escena en el basurero de Cocula…

-Manipularon sin que ellos formaran parte de una actuación ministerial.

El documento, añade Patrón, establece violaciones administrativas graves en la investigación, por lo que propone la destitución de varios funcionarios y en el caso de Tomás Zerón, un procedimiento legal administrativo.

Incluso se presume que pudieron haberse cometido delitos contra la administración de la justicia, por eso se pedía instrumentar investigaciones de orden penal para proceder a lo correspondiente, pero todo esto es diluido en el siguiente proyecto de investigación y se habla de consecuencias administrativas y ya no de penales, y administrativas leves, por eso en el informe de la nueva visitadora no se habla de destituciones sino procedimientos por sus superiores jerárquicos.

¿Qué interpretación dan ustedes a esto y al hecho de que Zerón sea llevado a seguridad nacional?

-Y a la Presidencia de la República, como su jefe superior jerárquico, preveíamos que era una crónica de una absolución o encubrimiento anunciado. La historia nos da la razón con la resolución de Adriana Campos, que si se contrasta con el proyecto, no se pueden tener criterios jurídicos tan disímiles sobre la interpretación de un mismo hecho. La consecuencia que vemos es que hay una dimensión de encubrimiento en el caso y se quiere impedir que se devele toda una serie de irregularidades para el caso.

Patrón recuerda que se recurrió ante la justicia por las anomalías, "porque esto pudiera ser parte de una estrategia de encubrimiento que de alguna manera vulnere el derecho a la verdad y se esté escondiendo el verdadero paradero de los estudiantes y lo que verdaderamente sucedió".

La PGR prácticamente dice que es como un acto de fe, que el documento es inexistente, ¿hasta ahora, en el juicio de amparo, el juez ya determinó la existencia del documento y su implicación jurídica?

-Hay dos pruebas irrefutables de la existencia. El dicho de Chávez de que la investigación existe. La otra es que en el acta entrega-recepción hay dos anexos y uno es ese proyecto, y eso ya lo requirió el juez y ya fue turnado por la PGR en el juicio. La existencia del documento no está en tela de juicio. Sobre si es vinculatorio, es un proyecto de resolución, pero ese proyecto es frontalmente adverso a la resolución notificada a los padres de familia y que unos hechos sometidos a análisis jurídico tengan posiciones tan disímiles y por eso la de Adriana Campos carece de exhaustividad y de alguna manera falta a la verdad con relación a los hechos. A nuestro juicio hay un acto de corrupción y de encubrimiento.

El caso de Florence Cassez que defendió Felipe Calderón en su sexenio, pero que al dejar el gobierno ella fue devuelta a su país por falla en el debido proceso, ¿puede pasar lo mismo en esta situación?

-En este tema no haría un diagnóstico, pero diría que México incurrió en responsabilidad internacional en el caso Ayotzinapa.

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May
06

Los de Abajo / Tortura sexual

Autor // comunicacion

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AUTOR: Gloria Muñoz Ramírez 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 6 de mayo de 2017


La tortura sexual ejercida por agentes del Estado para arrancar confesiones a mujeres detenidas es una práctica tan abominable como común en México. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) denuncia esta práctica sistemática desde hace más de 10 años. "No es producto del impulso sexual de un policía, es parte de la estrategia de control, intimidación, discriminación y violencia en razón del género. Es la manera que ellos utilizan para quebrantar la dignidad de las mujeres a las que detienen", advierte a Eliana Gilet, la abogada Araceli Olivos, del equipo del Prodh.

La denuncia en algunos casos ha rendido frutos. Es el caso de Yecenia Armenta Graciano, liberada recientemente luego de haber pasado cuatro años tras las rejas acusada de ser la autora intelectual del asesinato a balazos de su esposo, Jesús Alfredo Cuen Ojeda, el 2 de julio de 2012. El asesinato del hermano de un político sinaloense ocurrió justo un día después del proceso electoral local. Pero Yecenia no lo mató ni fue la autora intelectual, como se le incriminó. Una confesión arrancada bajo tortura sexual la dejó en injusta prisión. El de ella es uno de los más de 100 casos de tortura que tiene registrados la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa en los últimos cinco años. Su reciente liberación se debe a que el juez quinto de primera instancia del ramo penal en Culiacán, Sinaloa, le otorgó la sentencia absolutoria. Esto es, el Estado reconoció que Yecenia no sólo es inocente, sino víctima y sobreviviente de más de 15 horas de tortura física, sexual y sicológica ejercida por los efectivos del grupo Águila 1, de la Unidad Modelo de Investigación Policial de Culiacán. Pero esta historia podría haber ocurrido en cualquier ciudad de cualquier estado de este México que camina bajo la impunidad.

Se tardaron cuatro años en reconocer su inocencia, aun teniendo a su disposición todas las pruebas que marca el Protocolo de Estambul. Yecenia tuvo que demostrarla, mientras la procuraduría del estado no pudo asentar su culpabilidad.

Hoy, la campaña Rompiendo el silencio, impulsada por el Centro Prodh, tiene más sentido que nunca. Yecenia es parte de ella y por eso se pudo visibilizar el patrón sistemático de la tortura sexual que enfrentan las mujeres mexicanas que son detenidas por agentes policiales, militares o marinos. Pero aún hay muchas Yecenias en prisión por una confesión arrancada con todo tipo de vejaciones sexuales y sicológicas. El homicidio de su marido también permanece impune. Ahora son dos, y no uno, los delitos sin castigo a los culpables. No hay justicia sin reparación de daño.