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Sep
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Exige CoIDH justicia para dos campesinos agraviados

Autor // comunicacion

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AUTOR: Dennis A. García
FUENTE: El Universal 
FECHA: 3 de septiembre de 2016

 

  • Exige CoIDH justicia para dos campesinos agraviados
  • Organismo ha denunciado desde hace seis años las violaciones

 

La Corte Interamencana de Derechos Humane» (CoIDH) exigió el cumplimiento total y no parcial de las medidas en favor de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, campesinos ecologistas de Guerrero, quienes fueron víctimas de trates crueles, inhumanos y degradantes, respecto a los cuales se había pronunciado hace seis años al considerar que el Estado mexicano violó sus derechos humanos.

En sesión privada, la CoIDH escuchó los alegatos de los representantes del Estado mexicano, así como de familiares y la defensa de los campesinos integrada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

"Este caso ejemplifica las deudas del Estado en materia de derechos humanos. Son deudas históricas que siguen impactando en la sociedadylo vemos, por ejemplo, con las denuncias por tortura ante instancias internas que quedan impunes", dijo Marcia Aguiluz, responsable de CEJIL por el programa de Centroamérica y México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Pro, pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) acelerar la investigación y consignar a los soldados involucrados en les hechos.

"Los que participaron y están identificados por las víctimas son tres soldados y un superior; algunos no están localizados pero hay pruebas suficientes para consignar y ejercer acción penal; queremos que la PGR, a caigo de la investigación, presente un cronograma delasdiligenciasarealizaryelplanpara continuar el caso", enfalizó. Explicó que el Estado mexicano, los familiares de las víctimas y la CoIDH presentaron el análisis del nivel de cumplimiento de la recomendación durante la primera audiencia de supervisión.

"Los familiares de las víctimas y sus representantes expresamos que los victimarios están plenamente identificados; y después de casi seis años de la sentencia, no hay avances significativos en la investigación, están las condiciones para ejercitar acción penal y no se hace", acusó.

La representante de les familiares de las víctimas sostuvo que el Estado no toma las acciones adecuadas para cumplir con la sentencia.

Las organizaciones denunciaron que el sistema de registro de detenidos no controla la legalidad del procedimiento desde el momento de la detención. El registro actual opera desde que la persona es puesta a disposición del Ministerio Público, lo que deja brechas de tiempo en las que se generan vulneraciones a derechos humanos como retenciones prolongadas, torturas y tratos inhumanos.

Exigieron ante la CoIDH que el Estado mexicano cumpla su obligación de adecuar su Código de Justicia Militar a los estándares internacionales.

Este punto aún está pendiente para cumplir con la decisión de la Corte.

Actualmente, en la jurisdicción militar aún se puede investigar viciaciones de derechos humanos que se cometan por las Fuerzas Armadas, abriéndose dos procedimientos paralelos: uno en el filero militar y otro en el fuero civil, que aplican tipos penales distintos sobre los mismos hechos.

 

• "Este caso ejemplifica las deudas del Estado en materia de derecbos humanos. Son deudas históricas que aún impactan en la sociedad" "Lo vemos, por ejemplo, con las denuncias por tortura ante instancias internas que quedan impunes" MARCIA AGUILUZ Responsable del Centro por ta Justicia y el Derecho Internacional para el programa de Centroamérica y México /I

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Caso Montiel-Cabrera: faltan "avances significativos" para cumplir la sentencia

Autor // comunicacion

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AUTOR: Alma E. Muñoz
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 3 de septiembre de 2016


A seis años de que fue emitida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) sobre la detención arbitraria y tortura a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el Estado mexicano ha incumplido con tres medidas de reparación del daño.

Éstas son: la obligación de investigar y sancionar los actos de tortura de que fueron víctimas, implementar un registro de personas detenidas y adecuar los alcances del fuero militar a los estándares de la convención americana para que sólo investigue y juzgue delitos y faltas contra la disciplina castrense.

En audiencia privada, celebrada ayer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, jueces de la Coridh analizaron el caso, donde la defensa jurídica de las víctimas -representada por los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)- cuestionaron la falta de avances significativos del Estado mexicano para cumplir con la sentencia, emitida en 2010.

Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Prodh, resaltó en entrevista que si bien el Ejército detuvo arbitrariamente a los integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Peta­tlán y Coyuca de Catalán, Guerrero, en 1999, y fueron acusados mediante delitos fabricados, no es un caso complejo porque algunos de los victimarios están plenamente identificados por las víctimas.

Además, añadió en entrevista, hay pruebas tanto médicas como indiciarias que muestran la tortura. Entonces, la exigencia de las víctimas es la continuación del caso, que se ejercite acción penal.

Indicó que durante la audiencia explicaron a los jueces de la Coridh que en cuanto al fuero militar seguimos como antes, a pesar de que la instancia internacional pronunció que la reforma parcial al Código de Justicia Militar, de 2014, todavía no cumple plenamente con la Convención Americana, por lo cual las autoridades militares pueden seguir indagando casos que no les corresponden.

Expusimos por ejemplo, agre­gó Erin Brewer, el caso Tla­tlaya, en el que existen dos investigaciones paralelas, dos procesos penales paralelos sobre los mismos hechos, uno en el fuero militar y uno en el fuero civil.

Acerca del registro de personas detenidas señalamos como problema central que los registros existentes no son de detenciones, sino de puestas a disposición, aunque sabemos que justo el tiempo entre estas dos etapas es cuando se cometen más actos de tortura.

Por ello, agregó, señalamos la necesidad de avanzar en la presentación de un sistema de registro de personas detenidas en tiempo real.

La defensora resaltó que los criterios de la Coridh sobre este caso han sido retomados por el Poder Judicial de la Federación sobre cómo proceder ante una denuncia de tortura por parte de una persona procesada o cómo excluir una prueba obtenida bajo esa práctica. Los jueces de la Corte también escucharon durante a la audiencia, los alegatos del Estado mexicano.