El Centro Prodh en los Medios

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Ago
07

Pide Prodh preparar policías para enfrentar marchas sin ‘venganzas’

Autor // comunicacion

Quadratin

 

MEDIO: Quadratin

TIPO: Blog de noticias

AUTORÍA: Laura Alanís Villafuerte

FECHA: 7 de agosto de 2014

MÉXICO, D.F., 7 de agosto del 2014.- El uso de la fuerza pública en contra de quienes realizan una protesta es una suerte de "venganza institucional" en la cual el policía cumple una orden.

"Desde luego la materializa mal pero la mayor responsabilidad es de quien toma las decisiones", alertó Mario Patrón, subdirector del Centro Prodh.

La intervención policial en el contexto de manifestaciones públicas, dijo, es "hacer justicia por propia mano" a los insultos o acciones que puedan expresar los manifestantes.

Así, "se expone a los policías por sus propias instituciones para hacer tareas para las que no están preparados", apuntó al participar en la mesa Uso De La Fuerza Contra La Protesta, durante el encuentro Sin Protesta No Hay Democracia, realizado hoy en la Casa Universitaria del Libro.

Destacó que no es la visión punitiva la que tiene que dialogar con la protesta social sino la concertación política y la prevención y ejemplificó con lo sucedido el 1 de diciembre de 2012 cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República.

"Si hacemos un análisis del 1DMX la operación del gobierno de la ciudad, desde las 6:00 horas sabían que había un grupo de manifestantes beligerante y no hubo concertación, no hubo prevención de la violencia y la violencia siguió; fue hasta después que pasaron los peores acontecimientos de violencia cuando se da la orden a la policía para hacer detenciones".

El debate, dijo, es la calidad de policía que tenemos, como institución, no los policías de a pie, toda vez que en ocasiones "es la propia presencia policial la que genera la violencia".

Durante la misma mesa, el subsecretario de Gobierno del DF, Juan José García Ochoa, reconoció que es necesario repensar los protocolos y que los elementos policíacos no los han interpretado correctamente.

Se pronunció porque el uso de la fuerza sea "mínimo" y por la creación de una política específica que promueva el derecho a la protesta en un marco de corresponsabilidad ciudadana.

Justificó que debido a que desde 2012 "entraron problemas y actores nuevos" -antes de esa fecha, dijo, había conflictos "muy establecidos", representados por ciertas agrupaciones con las que ya se tenía contacto- lo que ha derivado en nuevas desconfianzas de los actores sociales hacia las autoridades, lo que ha dificultado la concertación y la mediación.

Por su parte, Julio César Torres, consultor en temas de protección a periodistas, denunció que el año pasado en el DF se registraron 34 agresiones en la capital del país, de las cuales el 60 por ciento provinieron de servidores públicos.

 

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Jul
30

Documenta Centro ProDH tres usos de bala de goma este sexenio antes de Chalchihuapan

Autor // comunicacion

lajornadadeoriente

MEDIO: La Jornada de Oriente

TIPO: Periódico

AUTORÍA: Martín Hernández Alcántara

FECHA: 30 de julio de 2014

 

Además de la represión del 9 de julio a vecinos de San Bernardino Chalchihuapan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) ha documentado desde 2008 al menos cinco ocasiones en las que la Policía Estatal de Puebla usó balas de goma para dispersar movilizaciones de protesta social, tres de ellas durante el sexenio que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas.

El abogado del organismo, Simón Hernández, refirió que el primero de los casos enlistados sucedió por una protesta del 10 de junio de 2009 –durante la administración que encabezó el priista, Mario Marín Torres–, en la cual policías metropolitanos, estatales, ministeriales (entonces judiciales), empleados de la Secretaría de Educación Pública y afiliados a las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación golpearon y persiguieron a profesores de la CNTE y del Consejo Democrático Magisterial Poblano que exigían la cancelación del Acuerdo por la Calidad Educativa. El saldo fue de 17 profesores detenidos y más de 20 maestros y activistas de derechos humanos heridos.

Los hechos generaron la queja 57774/2009 CEDH y la posterior recomendación, registrada en el folio 29/2010 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

El segundo, abundó el litigante en una entrevista que le hizo esta casa editorial ayer por la tarde, sucedió ya en la gestión que a finales de junio de 2011, cuando la fuerza pública a cargo entonces de Ardelio Vargas Fosado –hoy titular del Instituto Nacional de Migración– reprimió a comerciantes del mercado Jorge Murad Macluf, en una operación de decomiso de materiales apócrifos.

El tercer caso de uso de balas de goma por parte de uniformados estatales sucedió el 23 de agosto de 2011, durante el desalojo injustificado de campesinos de La Ciénega Lara, quienes se habían posesionado de un predio de la hacienda Atlamahac en Chignahuapan, que reclamaban como suyo, y fueron reprimidos y encarcelados, sin que mediara una orden judicial para realizar el desalojo, lo cual motivó la recomendación 60/2011 de la CEDH.

El último caso de uso de balas de goma, antes del perpetrado el 9 de julio pasado, aconteció en febrero del presente año, aseguró el letrado, cuando los policías estatales reprimieron una movilización de transportistas.

Simón Hernández advirtió que estos casos, registrados a través de revisiones hemerográficas o de documentos oficiales, refutan la versión expresada por el actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas Rosas, quien ha declarado y mostrado documentos en los que la Secretaría de la Defensa Nacional informa que no ha vendido balas de goma al gobierno de Moreno Valle.

Sin embargo, el litigante advirtió que el armamento no letal pudo haber sido adquirido por la administración de Mario Marín Torres, haberse almacenado y usado durante este sexenio.

Atyozinapa

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acompaña seis juicios de amparo contra la llamada #LeyBala, que están radicados en sendos juzgados federales con sede en Puebla y de los cuales podría haber sentencias el próximo mes, según cálculos de Simón Hernández.

El abogado expresó su desconfianza en la abrogación de la norma y advirtió que existe el riesgo de que sigan vigentes las atribuciones y facultades que se brindan a los cuerpos policiacos para usar armamento letal contra movilizaciones sociales.

Asimismo, resaltó la importancia de que Facundo Rosas Rosas sea destituido como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, porque es responsable directo de la represión a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.

De hecho, Simón Hernández recordó que Rosas Rosas estuvo a cargo del operativo que resultó en la muerte de dos jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en un desalojo en la autopista del Sol en diciembre de 2011, lo cual prueba que es un hombre que opta por la violencia.

De hecho, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) emitió esta semana un comunicado en el cual  se refiere a Facundo Rosas y a Ofelia Flores Ramos, subsecretaría de Coordinación y Operación Policial en Puebla, “con una trayectoria que se ha caracterizado por montajes mediáticos para justificar excesos político–policiacos”.

“Llama la atención que ambos fueron impuestos por el gobernador de Puebla, asimismo que son funcionarios gubernamentales cercanos al policía político Genaro García Luna, ligado a corrupción, violaciones a derechos humanos y operador comercial beneficiando a empresas afines en el sexenio de Felipe Calderón, mismo que mantuvo una alianza fiel con la hoy procesada por delitos federales Elba Esther Gordillo, protectora y promotora política del actual gobernador Rafael Moreno Valle”, se expresa en el comunicado.

“Como magisterio en lucha consideramos que ya existe un acuerdo de impunidad entre el gobierno federal y el de Puebla respecto a este caso, por ello la urgencia del ejecutivo estatal por solicitar la intervención de la PGR y la CNDH para que ‘coadyuven’ en las investigaciones que por cierto no son de carácter federal, cuyo resultado serán nuevamente chivos expiatorios, es decir, policías mandados a dicho operativo en Chalchihuapan”, advirtió la organización.

“¿Cómo entender que la CNDH se haya convertido en cómplice avalando la aprobación de la pomposamente intitulada ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, o mejor conocida como #LeyBala?”, cuestiona la CNTE.