El Centro Prodh en los Medios

Imprimir
PDF
May
27

Preaudiencia sobre desaparición forzada y ejecución extrajudicial

Autor // comunicacion

jornada logo

MEDIO: La Jornada

TIPO: Periódico

FECHA: 27 de Mayo de 2013

El Eje de Guerra Sucia como Violencia, Impunidad y Falta de Acceso a la Justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, invita a presenciar la preaudiencia Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en México; una política permanente del Estado, los días 28 y 29 de mayo, de 9 a 15 horas en el auditorio del plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en San Lorenzo 290, colonia Del Valle.

Inaugura el rector de ia UACM, Enrique Dussel, y actuarán como dictaminadores Santiago Corcuera, Pilar Calveiro, Beatriz Torres, Clemencia Correa, Carlos Fazio, José Rosario Marroquí, Miguel Concha, Francisco Cerezo y David Bermúdez; Jorge Fernández Souza y Gilberto López y Rivas, garantes del TPP. Héctor Patishtán, Blanche Petrich, Alejandro Cerezo, Orfe Castillo Osorio y Gisela Martínez serán testigos de honor.

Entrada libre.

Informes: tpp.guerrasucia.mx @gmail.com

 

 

Imprimir
PDF
May
27

Puertas abiertas

Autor // comunicacion

LogoCambio

MEDIO: Cambio

TIPO: Revista

AUTORÍA: Maurilio Soto

FECHA: 27 de Mayo de 2013

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el sudafricano Christof Heyns, culminó el pasado 2 de mayo una visita de 10 días por México, con la finalidad de evaluar los desafíos y oportunidades existentes en la defensa de los derechos humanos. Heyns arribó al país a invitación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Se trató de la primera visita de un experto de la ONU en la materia desde 1999. Durante la administración anterior, Felipe Calderón Hinojosa negó el acceso de la ONU para ese objetivo, impidió que se revelara un informe sobre la tortura en México realizado en 2008, y no atendió las recomendaciones del organismo.

LA NEGATIVA

El relator que antecedió a Heyns en el cargo, Philip Alston, expresó su deseo de visitar México —desde 2008— y evaluar la situación de la violencia en territorio nacional, pero el entonces presidente Felipe Calderón dio “largas” al relator para que cumpliera su tarea de inspección. Quizá Calderón tenía suficientes razones para no permitir la entrada al país del entonces relator de la ONU y retardar su visita hasta 2011, año en que éste ya habría dejado de ser funcionario del organismo. Incluso, desde 2009, Alston logró viajar a países con mayores índices de violencia, entre ellos, Colombia, Guatemala, Kenia, la República del Congo, Filipinas y Sri Lanka. Según el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, durante el sexenio de Calderón, el número de personas asesinadas sumó 101 mil 109, cifra superior a la que dejó la Guerra de los Balcanes (1992-1995).

La directora de México Evalúa, Edna Jaime, reveló —en noviembre de 2012— que 50 por ciento de los fallecimientos están asociados al crimen organizado y que la cifra ubicaba al país como el de mayor incremento de la violencia letal registrada en el mundo, superando a Kirgustán, Haití o Pakistán. En la presentación de su informe sobre Indicadores de Víctimas visibles e invisibles de homicidio, elaborado por México Evalúa, resaltó que los homicidios reportados desde diciembre de 2006 hasta octubre de 2012 tuvieron un incremento de 35 por ciento frente a los 74 mil 586 que se produjeron durante la administración de Vicente Fox. Refirió que los homicidios generan más víctimas colaterales que los propios fallecidos, ya que los deudos sufren las consecuencias sociales y económicas de las pérdidas de sus seres queridos y a pesar de ello no habían sido tomadas en cuenta por las autoridades. “La crisis de seguridad provocada por el grave incremento en el homicidio durante el sexenio de Felipe Calderón habría dejado, de acuerdo con estimaciones propias, 344 mil 230 víctimas invisibles o indirectas de este delito”, señaló.

Además de pretextar que su gobierno debía entregar varios informes a la ONU en distintas materias, Calderón Hinojosa “simplemente ha dicho que están muy ocupados en este momento” para una visita de la relatoría especial, precisó en su oportunidad, Philip Alston en entrevista con una revista de circulación nacional.

CENSURA E INACCIÓN

Pero ello no le bastó al gobierno de Felipe Calderón, sino que también impidió que se conociera un informe sobre la tortura en México elaborado por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas tras una visita de esa instancia al país en septiembre de 2008, y entregado al gobierno mexicano al siguiente año. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), solicitó el informe de la ONU a través de la Ley de Transparencia, pero la SRE —vía la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia— no sólo rechazó la petición, sino que reservó la información por 12 años. Su argumento fue que con su difusión se “menoscabarían las relaciones internacionales” porque la ONU entregó el reporte con carácter confidencial. Así, la pasada administración federal no sólo determinó que el informe se conociera en México hasta 2021, sino que al mismo tiempo maniató a la ONU, ya que el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece que el Subcomité sólo puede dar a conocer el informe junto con las observaciones del Estado involucrado.

En diciembre de 2011, motivado por las cada vez más frecuentes agresiones a activistas sociales, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, exhortó al gobierno de Calderón a poner en operación el mecanismo de protección para defensores, anunciado en julio de ese mismo año. El 28 de noviembre de 2011 fue asesinado Nepomuceno Moreno, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; días después, fue atacada a balazos la señora Norma Ledezma, dirigente de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”. Moreno exigía que se localizara a su hijo Jorge Mario Moreno, desaparecido desde julio de 2010, en Sonora. Ledezma es madre de Lilia Alejandra García, víctima de feminicidio en 2001. Mediante un comunicado, fechado en diciembre de 2011, la OACNUDH recordó que hasta ese momento el gobierno de Calderón había incumplido su compromiso de aplicar los protocolos de protección a los defensores.

RETÓRICA Y OMISIÓN

A mediados de ese mismo año, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, recomendó al presidente Felipe Calderón acabar con la retórica y aplicar los tratados y convenios internacionales firmados por México, y “hacer realidad” la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En conferencia de prensa, y luego de concluir una visita a México en julio de 2011, Pillay manifestó su consternación por la violencia que ha provocado el crimen organizado, así como por las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas y policiales.

Un mes antes, en junio 12, el relator para la Libertad de Expresión de la Organización de la ONU, Frank La Rue, presentó el informe que integró durante una visita que realizó a México en 2010. Su conclusión fue que Felipe Calderón era un presidente “omiso” en el país más letal del mundo para la libertad de prensa. A dos semanas de terminar aquel año, Jorge A. Bustamante, ex relator de la ONU para migrantes, advirtió que México era “el campeón mundial en violaciones de derechos humanos” a extranjeros que cruzan su territorio. “Ese triste campeonato se ha logrado en este sexenio”, aseguró después de rendir protesta en el Senado como integrante del consejo consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

APERTURA Y COLABORACIÓN

Ahora, en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, subprocuradores, fiscales y titulares de Unidades especializadas de la Procuraduría General de la República (PGR), se reunieron con el relator especial. En la versión preliminar del informe sobre la visita del relator a México se presentan 31 recomendaciones para la protección del derecho a la vida, dirigido a grupos vulnerables. Christof Heyns resolvió que la impunidad es un problema central, ya que, a quien delinque, “nunca” se le llama a la justicia por lo que no se castigan sus delitos. Señaló que en el caso de los crímenes por el abuso de la fuerza por parte de quien debería cuidar la integridad y seguridad de las personas, no existe ley que tipifique, acote y mucho menos, castigue a quienes, bajo la óptica de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), atentan desde una posición ventajosa contra la integridad de otros. Añadió que cuando la integridad física no puede ser protegida porque hay impunidad para quienes atentan contra ella, resulta fácil hacer extensivo este estado de impunidad-indefensión hacia los derechos sociales, culturales ambientales y económicos de las personas.

Igualmente, subrayó la necesidad de mejorar la investigación en casos de asesinato, fortalecer las bases de datos forenses, transferir casos militares a juzgados civiles y reforzar la independencia institucional. El relator de la ONU aplaudió el compromiso de Peña Nieto de que la futura estrategia de seguridad y justicia permitirá el retorno “gradual” de los militares a los cuarteles. Aseguró que desde la última visita de la Relatoría al país, en 1999, la situación con respecto al derecho a la vida se deterioró significativamente a consecuencia de los niveles alarmantes de violencia y la lucha contra el narcotráfico. Además, indicó que México debe trabajar junto con los países de Centroamérica en el establecimiento de una base de datos compartida de huellas digitales, ADN, muestras genéticas y sobre personas cuyo paradero se desconoce, así como garantizar que el feminicidio sea tipificado a nivel nacional.

En cuanto a los migrantes, sostuvo que es necesario crear un corredor seguro para los que transitan en el país, proveer asistencia humanitaria y reparación a las víctimas de la violencia, además de adoptar una política en la que los indocumentados puedan denunciar y, así, evitar que el crimen organizado atente en contra de ellos. En su periplo por el país, Heyns recorrió estados como Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y el Distrito Federal, en los que tuvo reuniones con más de 120 funcionarios federales, estatales, así como con decenas de miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y familiares de víctimas. El funcionario de la ONU visitó México 14 años después de que lo hiciera la primera relatora especial, Asma Jahangir, y cinco después de que el relator Philip Alston solicitara entrar al país. Este encuentro se enmarca dentro de la política de plena apertura y colaboración del Gobierno de México con los mecanismos internacionales de Derechos Humanos. El informe final se presentará en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014.