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Gobierno niega espionaje; pide indagar acusaciones

Autor // comunicacion

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AUTOR: Redacción 
FUENTE: Milenio Diario 
FECHA: 20 de junio de 2017

  • ACTIVISTAS DE DERECHOS Y PERIODISTAS INTERPONEN DENUNCIA ANTE PGR Y CNDH

Gobierno niega espionaje; pide indagar acusaciones "Como su propio texto señala, no hay pruebas de que agencias del Estado sean responsables de la supuesta vigilancia descrita en su artículo", responde vocero de la Presidencia a NYT Redacción/México En un reportaje publicado ayer, el diario estadunidense The New York Times acusó al gobierno mexicano de espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas con un sistema empleado en Israel para investigar a posibles terroristas.

De acuerdo con la publicación, el sistema Pegasus únicamente ofrece este servicio a gobiernos, con la condición de que la herramienta sea utilizada para combatir a grupos criminales. 

El reportaje "Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México" señala que entre tos "objetivos del gobierno" están el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardiñas, y su esposa; los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena, así como Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárezydos abogados de su equipo, quienes ayudan a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Para estas acciones, el gobierno federal habría gastado desde 2011 alrededor de 80 millones de dólares.

"El software se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios, incluso puede utilizar el micrófono y la cámara para realizar vigilancia", detalla la investigación.

Aunque más adelante indica: "Ya se sospechaba del uso de programas espías por parte del gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y activistas, cuyo trabajo ha afectado intereses corporativos en México.

"Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos del hackeo".

En ese sentido, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, difundió a través de Twitter la postura que el gobierno envió a 7he New York Times respecto a esta publicación.

"Como su propio texto lo señala, no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo.

Para el gobierno de la República, el respeto a la privacidad y la protección de datos personales de todos los individuos son valores inherentes a nuestra libertad, democracia y estado de derecho. Por lo tanto, condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona".

En el texto, firmado por Daniel Millán Valencia, director general de Medios Internacionales de la Presidencia, se hace un llamado "a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas en su artículo a que presenten su denuncia ante la procuraduría, a fin de que se puedan hacer las investigaciones correspondientes".

Los presuntos afectados presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y solicitaron una investigación "exhaustiva, seria, imparcial y transparente "No me parece un asunto menor.

Por el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos: la intimidación, el acoso, la censura, los despidos, las golpizas, los levantones, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, la impunidad que favorece que nada de esto se investigue y nada de esto se castigue, todo va en la misma dirección.

"Es claro que quieren que sepamos que nos están espiando, quieren hacernos sentir vulnerables, que sepamos que ellos saben de nuestros hijos, de nuestras vidas privadas y también de nuestras vidas laborales; que ellos saben qué temas estamos trabajando, con qué fuentes estamos hablando y con quiénes nos estamos reuniendo", señaló Loret de Mola.

En entrevista con MILENIO, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, respaldó la postura del gobierno federal y reiteró el rechazo de aplicar cualquier tipo de espionaje.

"(El gobierno) rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o cualquier otra persona sin previa autorización judicial".

La PGR sostuvo que por el momento, no tendría ningún pronunciamiento al respecto.

En tanto, la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados exigió un informe sobre estas actividades a la Secretaría de Gobernación, elCisen, laPGRyla Secretaría de la Defensa Nacional.

Legisladores de PAN y PRD lamentaron que los recursos aprobados para contar con los mejores equipos tecnológicos para enfrentar a la delincuencia organizada sean utilizados para espiar a quienes le resultan incómodos al gobierno y su partido.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que "no son los periodistas y los activistas a quienes el gobierno debe tener bajo la lupa; ellos no son los enemigos de México, como sí lo son aquellos que ponen en riesgo la paz, a las familias, su integridad y su patrimonio". M "El software se infiltra en los celulares para monitorear detalles de la vida de las personas" MHHW "En esas acciones se han gastado alrededor de 80 millones de dólares", asegura Con información de: María Eugenia Jiménez, Ornar Brito, Fernando Damián y Jannet López Ponce

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20

Juegos de Poder / Espionaje ilegal también es corrupción

Autor // comunicacion

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AUTOR: Leo Zuckermann 
FUENTE: Excélsior 
FECHA: 20 de junio de 2017


Mientras en el país ocurren un promedio de cuatro secuestros por día, nuestras autoridades están espiando a mi querido colaborador de La Hora de Opinar, Juan Pardinas, y su esposa. Increíble. El gobierno gastando recursos para enterarse de la vida privada e íntima de un ciudadano comprometido con el combate contra la corrupción. Fontaneros políticos que se vomitan en la democracia liberal pensando que el Estado tiene el derecho de obtener información de manera ilegal para luego chantajear y proteger, así, a sus colegas ¿corruptos?

De acuerdo al artículo publicado ayer en el New York Times, firmado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth, "no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable" de este espionaje. Pero sólo el gobierno -en particular la Secretaría de la Defensa, la PGR y el Cisen- tiene los recursos financieros y humanos para adquirir y operar el llamado software "Pegasus" que permite hackear teléfonos celulares, extraer toda la información que se encuentra en ellos y convertirlos, incluso, en micrófonos para espiar en tiempo real.

Mientras el crimen organizado ejecuta a 28 personas en promedio por día en México, las autoridades están ocupadas espiando a mi estimado colega Carlos Loret. No les satisface ver lo que piensa el periodista en su noticiero matutino en Las Estrellas o en su columna de El Universal. No. Quieren más información por si en una de esas hay que desprestigiarlo aventándole todo el poder del Estado.

Nada nuevo para el Grupo Atlacomulco que hoy nos gobierna. Están acostumbrados a poner "pajaritos en los alambres". En 2001, un artículo de El Universal (http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/6865.html) daba cuenta cómo el gobierno mexiquense tenía "una red de inteligencia conformada por 200 empleados dedicada a la vigilancia e investigación de políticos, empresarios y líderes sociales, cuya principal característica es su oposición o crítica a la administración de Arturo Montiel Rojas".

La operaban el entonces secretario de Gobierno, Manuel Cadena, y Alfonso Navarrete Prida, subsecretario de Seguridad Pública, hoy secretario del Trabajo del gobierno federal, viejo operador del presidente Peña. Siendo Peña gobernador, sucesor de Montiel, en 2008 se descubrió otro centro de espionaje que operaba en esa entidad al mando de un ex delegado del Cisen, Luis Miguel Dena. No sólo espiaban a los panistas, que estaban en el gobierno federal, sino a todo tipo de personajes involucrados en la sucesión presidencial de 2012 incluyendo a priístas como Manlio Fabio Beltrones.

Mientras 24 millones de mexicanos ganan cinco mil pesos al mes, el gobierno de este país gastó un millón 170 mil pesos para pagar la licencia de espionaje al iPhone del hijo de Carmen Aristegui (según NYT, "para espiar a diez usuarios de iPhone, el fabricante cobra 650 mil dólares"). Es el colmo que la respetada periodista, que dio a conocer la historia de la infame casa blanca de Peña, financiada por un amigo contratista, no sólo siga fuera del aire sino que además la espíen a ella y su hijo adolescente.

El PRI regresó al poder y el espionaje político retornó a la vida pública. Es una vergüenza que las instituciones no puedan combatir a los enemigos reales del Estado (organizaciones criminales, políticos y empresarios corruptos) pero se dedican a escuchar y ver, sin autorización de un juez, a defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas sociales. Mentes cochambrosas que piensan que estos ciudadanos son a los que hay que espiar y combatir. Quizá tengan razón porque todos los espiados quieren algo muy ajeno para los cavernarios de la política mexicana: un país abierto, plural, democrático, de libertades, donde no haya corrupción y se respeten los derechos humanos.

Mientras los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguen desaparecidos, el gobierno espía a su abogado defensor, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un tipazo que ha dedicado su vida profesional a desenmascarar abusos de poder. "Tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos", dice el buen Mario. Sin embargo, estoy seguro que no los van a arredrar.

Otra vez el gobierno de Peña está bajo la sospecha de una operación corrupta porque el espionaje ilegal también es corrupción. ¡Cómo le engordan el caldo a López Obrador! Los priístas, que se dicen indignados por la corrupción, son los que la propician y así le van pavimentando el camino al poder a Morena.