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Abr
04

Cruzada antinarco impactó DH de veracruzanas: ONG

Autor // comunicacion

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MEDIO: Imagen del Golfo

TIPO: Periódico

AUTORÍA: Ariadna García

FECHA: 4 de abril de 2015

Las mujeres en Veracruz han sido víctimas no solamente de las desapariciones forzadas relacionadas con la trata de personas como consecuencia del narcotráfico sino de la violencia y tortura sexual incluso por elementos de las fuerzas armadas.

Veracruz no escapa de ello, de acuerdo con Aracely González Saavedra de la asociación civil Equifonía, el de Ernestina Ascencio, originaria de la sierra de Zongolica, fue uno de los primeros casos que ejemplifica los efectos del narcotráfico. Y es que su muerte a los 73 años causó conmoción en México al ser acusados de violación y asesinato varios militares del Ejército.

"En Veracruz tuvimos uno de los de los primeros casos que de muchas maneras ejemplifica cuáles son las consecuencias en la vida de las mujeres. Por un lado, este mayor riesgo a las mujeres por el crimen organizado en cuanto a las desapariciones vinculada por la trata de personas y el caso de Ernestina Ascencio donde hay una violación por parte de militares donde el gobierno mexicano prioriza lo que empezaba a llamar lucha contra el narcotráfico y un gobierno estatal que no garantiza la justicia que también le fue negada a la señora Ernestina en el ámbito federal".

Recordó que hay casos en otros estados del país donde hay abusos en contra de las mujeres por parte de las autoridades y de quienes están cumpliendo una supuesta función de salvaguardar la seguridad y garantizar una vida libre de violencia. 


"Por supuesto lo anterior está relacionado con una cultura machista, que valida la discriminación contra las mujeres y que en este caso, decía una teórica, es como si fueran cuerpos que son considerados territorios a ocupar por los otros".


Desapariciones

De acuerdo con Marcela Flores del Colectivo por La Paz, las desapariciones que empezaron a ubicar en el estado a raíz de la lucha contra el narcotráfico fueron en el 2011, en ese momento comenzaron a documentar los casos, en su mayoría de mujeres de 14 a 30 años. 

"Hay casos que el colectivo acompaña que son las desapariciones masivas de mujeres, por ejemplo 10 o 13 mujeres han desaparecido en el 2011 y 2012 las cuales tenían trabajo de edecanes, modelos, chicas muy guapas que desaparecieron cuando iban a trabajar a una fiesta, a un evento, las desaparecieron y no se sabe nada de ellas más que iban al trabajo".

Explicó que también hay casos no masivos, donde las mujeres son desaparecidas porque sus parejas están relacionadas directa o indirectamente con el crimen organizado.

"Y yo creo que más que el narcotráfico o el crimen organizado desaparezcan es una relación que tiene con el estado, el estado también es cómplice de esos delitos tan graves, de lesa humanidad y no sólo responsabilizar a un actor, son dos actores que están muy bien organizados y que no hace nada, principalmente el estado, en cuanto a las desapariciones de mujeres".

Refirió que la guerra contra el narcotráfico inició en el 2007, un año después de haber entrado al poder Felipe Calderon Hinojosa. Es entonces cuando las fuerzas armadas salen a las calles e inicia una guerra, no contra crimen el organizado sino contra la ciudadanía.

"En el norte es donde se agudiza la desaparición y la ejecución de mujeres y de hombres, en Veracruz la gente empieza a desaparecer y ser asesinada en el 2011, a finales del 2010 y 2011. Donde se dispara es a finales del 2011 y principios del 12, a la fecha, sigue habiendo desapariciones pero no como en esos años".

 

Violencia Sexual

De acuerdo con Aracely González, está documentado como con la guerra contra el narco, la violencia sexual se ejerce principalmente contra las mujeres en un contexto de violencia.

"Eso se ha documentados desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha y es un fenómeno que se reproduce en contexto de violencia y que es donde se manifiesta esa discriminación y naturalización de la violencia contra las mujeres, por eso planteábamos, cuando se asume que son territorios que ocupan los otros, esa es una de las manifestaciones podríamos decir más degradantes y que atentan contra la dignidad de la persona".

En ese tenor, sostuvo que aunque se han hecho modificaciones al marco jurídico desde hace 10 años para hacerle justicia a las mujeres, el gran pendiente sigue siendo la implementación de las leyes, dado que aún hay desconociendo por parte de quienes están en las instituciones o no cuentan con los recursos necesarios para aplicarla además de que puede existe corrupción y complicidad.

Marcela Flores insistió en que además de que una mujer puede ser desaparecida, o asesinada en el marco de la guerra contra el narcotráfico, también sufre tortura sexual.

"Hay un caso donde la Marina detiene arbitrariamente a una mujer, la acusa de pertenecer a un cartel y la tortura, entonces además de lo que ya mencionada, también existe la detención arbitraria y la tortura sexual a las mujeres".

Fue el caso de Claudia Medina Tamariz, vendedora de productos naturistas, quien el 7 de agosto del 2012, fue detenida en su casa en el puerto de Veracruz por efectivos de la Marina mexicana.

Ella fue torturada con descargas eléctricas y asfixias, le echaron baldes de agua y le introdujeron los dedos en la vagina. Cuando la amenazaron con dañar a sus hijos, ella confesó un delito que no cometió: pertenecer al cártel del narcotráfico Jalisco Nueva Generación.

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Abr
04

De forma súbita y sin explicaciones a afectados, la CNDH cierra investigación

Autor // comunicacion

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MEDIO: La Jornada

TIPO: Periódico

AUTORÍA: Fernando Camacho Servín

FECHA: 04 de abril de 2015

Pese a tener todos los elementos para comprobar que las garantías básicas de una familia habían sido vulneradas por una empresa inmobiliaria que les vendió una casa en pésimas condiciones en el municipio de Zempoala, Hidalgo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio por cerrada la investigación, sin explicar la razón, indicaron los afectados.

En entrevista con La Jornada, María Leticia Hernández, propietaria del inmueble, junto con su esposo, explicó que en 2007 firmaron un contrato de compra de la casa, en el Fraccionamiento Privadas de Santa Matilde, la cual les fue entregada en enero de 2008.

Muy pronto, señaló, se dieron cuenta de que la construcción tenía filtraciones de agua y otros defectos de construcción, y aunque lograron documentar estas fallas con un estudio de la dirección de Protección Civil de Zempoala -que en 2011 declaró el sitio inhabitable-, el dueño de la empresa Zeuqram SA de CV, Guillermo Alejandro Sánchez Camacho, se negó a reparar los daños.

Luego de interponer una queja en la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Procuraduría Federal del Consumidor y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Hidalgo, la familia acudió a la CNDH, organismo que asumió las investigaciones del caso en 2013 y las consignó en el expediente CNDH/6/2013/8836/Q.

Aunque al principio una visitadora afirmó que había elementos para comprobar que la inmobiliaria había violado los derechos de al menos 10 familias denunciantes, de forma súbita las indagatorias concluyeron en diciembre de 2014, sin que mediara explicación de este cambio, deploró Hernández.

No supimos ni por qué las cerró, y si no nos hacen caso, vamos a prepararnos para pedir que lo analice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, subrayó la afectada, quien ya pidió asesoría del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.