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“Rendidos, de rodilla y sin armas, los ejecutan”

Autor // comunicacion

eltelegrafo

MEDIO: El Telégrafo (Ecuador)

TIPO: Periódico

AUTORÍA: Paula Mónaco Felipe

FECHA: 21 de abril de 2015

 

  • La prensa mexicana revela presunto caso de ejecuciones perpetradas por Policías Federales, en enero, en Michoacán.

Las cámaras de seguridad marcan las 2.34 am del martes 6 de enero cuando se ve a personas corriendo, tratando de huir de la plaza de Apatzingán, en el estado mexicano de Michoacán. Son civiles desarmados, ex integrantes de las Fuerzas Rurales de seguridad y personas que los respaldan en un campamento de protesta, quienes en ese momento se transforman en blanco de un ataque armado perpetrado por la Policía Federal, según testimonios recabados por la reportera Laura Castellanos para el portal Aristegui Noticias.

“Nos están tirando los federales”, dice la grabación de los radiotransmisores de los ex-Fuerzas Rurales. “Al grito de ‘maten a esos perros’ comienzan a disparar”, relata otro de los 39 testimonios que obtuvo el sitio informativo.

En la plaza había cerca de 100 personas entre hombres, mujeres y niños. Participaban de una protesta encabezada por los ex integrantes del grupo “G 250” de la Fuerza Rural. Los disparos en contra de ellos se extendieron por 15 minutos, con ametralladoras M-60 y armas con balas expansivas, indican testimonios. Varias personas cayeron muertas durante ese periodo de tiempo algunas “rendidos, de rodilla y sin armas. Lo ejecutan”, según los relatos de sobrevivientes.

Agregan que decenas de civiles –entre ellos heridos- fueron arrestados y eran trasladados por camionetas policiales cuando los sobrevivientes intentaron rescatarlos, siguiendo a las patrullas y sin más armas que palos. A las 7.20, cuando avanzaban por Avenida Constitución, hubo un segundo ataque por parte de los Policías Federales.

En un video aficionado, tomado con un teléfono por una joven, se observan corretizas mientras se escuchan disparos de armas de fuego. Al menos doce personas fueron asesinadas en esos instantes y prueba de ello son otras dos fotografías: una muestra a una familia que yace debajo de una camioneta negra y otra a cinco jóvenes ultimados debajo de otro vehículo blanco.

Los de la camioneta negra eran integrantes de la familia Madrigal. Según relatos de un testigo, el padre, Miguel Madrigal, a quienes algunos señalan como presunto operador del cártel Los Viagra, había descendido con el torso desnudo y las manos en alto para mostrar que estaba desarmado. Igualmente le dispararon. Él y su esposa trataban de hacer un escudo humano para proteger a sus dos hijos para protegerlos pero todos fueron muertos. Los cuatro yacen en el piso abrazados. “Gritaban ‘no tiren, no tiren, estamos desarmados’ (..) Los masacraron. Los hicieron pedazos”, relata el testigo.

A pocos metros se observa el cuerpo de otro hombre y en la camioneta blanca son siete los jóvenes tirados. Eran campesinos dedicados a la cosecha del limón, uno de ellos de 17 años y los restantes de entre 18 y 19 años de edad. Una imagen de video difundida por Youtube muestra que uno de ellos, con camiseta rayada, sigue vivo y mueve un brazo cuando la zona ya está acordonada y bajo resguardo de agentes que no pidieron asistencia médica.

Responsables del hospital Ramón Ponce, que se encuentra a unas pocas cuadras, recibieron a los heridos que los propios civiles lograron trasladar. Dijeron al portal Aristegui Noticias que los impactos de bala en algunos casos habían sido recibidos a una distancia de 10 a 20 centímetros. Además, relataron que las autoridades les impidieron trasladar a los heridos de mayor gravedad hacia otras instituciones de la región.

El reportaje de la periodista Laura Castellanos ha puesto en entredicho a las autoridades mexicanas, quienes en su momento reportaron hechos absolutamente diferentes. Horas después de los ataques, el entonces comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo, informó que sólo hubo 8 personas fallecidas, un atropellado y otros 7 muertos por “fuego cruzado”.

Fuerzas de seguridad y violaciones a derechos humanos

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, alerta que la llamada Masacre de Apatzingán no es un hecho aislado.

“El endurecimiento de las políticas de seguridad, sobre todo a partir de la militarización de la policía justificada bajo la idea de una guerra entre el Estado y el narcotráfico, se ha traducido en el aumento de graves violaciones a derechos humanos. En ese contexto, una de las graves violaciones que ha aumentado son las ejecuciones arbitrarias; el uso innecesario, desproporcionado y habitual de la fuerza letal”.

Como las ejecuciones, también siguen al alza otros delitos graves, explica Aguirre: “hemos documentado desde el aumento de la tortura y en específico de la tortura sexual como en el caso de Claudia Medina Tamariz, hasta la práctica de la desaparición forzada tal y como vemos en el caso de Ayotzinapa”.

“Lo que hoy se hace público a partir de la Masacre de Apatzingán confirma que muchas de las muertes que la policía hace públicas como producto de enfrentamientos o como legítimo ejercicio de la fuerza letal, más bien esconden una realidad de privaciones arbitrarias a la vida y ejecuciones”.

Un problema adicional, explica el sub director del centro especializado, es “que este tipo de violaciones a derechos humanos con frecuencia quedan en la impunidad, la regla sigue siendo la impunidad” porque el trabajo pericial está viciado por corrupción al igual que los procesos legales subsecuentes.

Además, resalta que las autoridades frecuentemente optan por “catalogar a estos homicidios como si fueran imprudenciales, culposos o accidentales de manera que se pretendan hechos donde la voluntad de los agentes estatales no era privar de la vida. De esa manera los autores materiales enfrentan penas menores” y más grave aún, “nunca se agota la cadena de mando, nunca se juzga a los autores intelectuales ni a los responsables jerárquicos de las unidades que se ven involucradas en violaciones a los derechos humanos”. En este caso, por ejemplo, el entonces comisionado especial para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, fue reemplazado en su cargo días después de la masacre pero sigue dentro de la administración pública y la semana pasada fue designado al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En menos de un año, en México se han registrado al menos tres grandes ataques contra civiles perpetrados por las fuerzas de seguridad: la ejecución de 22 personas por el ejército, el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya (Estado de México); el asesinato de 3 estudiantes y secuestro masivo de otros 43 por la policía en Iguala (Guerrero), el 26 de septiembre pasado; y ahora el asesinato de al menos 16 civiles por la policía federal en Apatzingán (Michoacán).

“México enfrenta una crisis grave en materia de derechos humanos. Hay que ver los señalamientos que recientemente hicieron el Relator de Tortura y los integrantes del Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas son de una severidad que difícilmente resulta comparable con lo que le han dicho a otros países. No ubicamos a otros países a los que les hayan señalado que en el presente tienen desapariciones forzadas generalizadas en algunas regiones del país. Y en ese contexto el tema de las ejecuciones arbitrarias confirma la gravedad de la crisis y ponen en entredicho la política de seguridad”.

Para expertos en derechos humanos como Santiago Aguirre, México vive “una espiral de violencia y violaciones a derechos humanos”. Una situación impensable en un régimen democrático pero cada vez más real.

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Abr
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El de los 43 es un acto de “lesa humanidad”, determina grupo de expertos de la CIDH

Autor // comunicacion

SinEmbargo

MEDIO: Sin Embargo

TIPO: Portal de Noticias en-línea

AUTORÍA: Shaila Rosagel

FECHA: 21 de abril de 2015

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– En el informe de actividades de hace un mes, el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado enérgico a las autoridades mexicanas a reclasificar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa como desaparición forzada, ayer en su segundo informe, no se hizo hincapié en ese punto, a pesar de que reconocieron están ante un caso de lesa humanidad.

El grupo compuesto por cinco expertos omitió en esta ocasión dar cuenta en el resumen del informe escrito que presentaron a los medios de comunicación, sobre qué sucedió con la solicitud que hizo el mes pasado a los jueces mexicanos para reclasificar el caso como un delito de desaparición forzada.

“Respetando la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales, con base a los estándares internacionales y en la doctrina del control de constitucionalidad respaldada por la Suprema Corte de Justicia, exhortamos a los jueces a que la investigación de los hechos de Ayotzinapa sea realizada bajo la modalidad de desaparición forzada”, pidieron hace un mes.

Pero en el segundo informe, simplemente el avance sobre esa solicitud se omitió y sobre el tema, sólo se incluyeron acciones en torno a la aprobación de una reforma constitucional sobre la desaparición de personas en México.

Fue hasta la sesión de preguntas y respuestas, cuando se les preguntó su opinión sobre la negativa del Estado mexicano a reclasificar el caso, a pesar de las recomendaciones realizadas el 19 de marzo pasado, cuando hablaron del punto.

“Eso de que es todo el Estado mexicano no lo comparto. La PGR [Procuraduría General de la República] solicitó la calificación de desaparición forzada y un juez de Tamaulipas la rechazó. Nosotros reiteramos que estamos ante un caso de 43 desapariciones forzadas”, contestó Francisco Cox, uno de los cinco expertos que analizan el expediente y las pesquisas alrededor del caso de Iguala, Guerrero.

Sin embargo, las autoridades mexicanas sí han negado reclasificar el caso. El 22 de marzo el diario La Jornada publicó que la PGR, a cargo de la nueva Procuradora General de la República, Arely Gómez González, descartó en respuesta a una solicitud de información, que el crimen pueda ser tipificado de esa forma, debido a que los hechos “por más aberrantes que resulten”, no pueden ser delitos de lesa humanidad, publicó el rotativo.

El diario indicó que la PGR expuso que en la desaparición de los normalistas no “se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados”.

Tres días antes, los expertos consideraron que estaban ante un delito de lesa humanidad. La ex Fiscal colombiana Ángela Buitrago, quien no participó ayer en la conferencia de prensa, dijo: “Vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada”.

Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, desaparecido en Iguala y vocero de los familiares, dijo en entrevista con SinEmbargo que la exigencia de la reclasificación del caso de los jóvenes como un crimen de lesa humanidad, es prioridad para los papás.

“Sigue siendo una de las principales exigencias lo de la desaparición forzada, esto no nos queda duda. Además de nuestras demandas de la presentación con vida de los estudiantes, el esclarecimiento de los hechos y que se habrán nuevas líneas de investigación”, dijo.

La llegada a México del Grupo Interdisciplinario generó grandes expectativas en los padres de los 43 normalistas y en las organizaciones de derechos humanos mexicanas que han seguido el caso.

El víspera de su llegada el 1 de marzo de este año, Stephanie Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dijo que los cinco expertos podrían cambiar la “verdad histórica” del gobierno federal en torno a los normalistas: que fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas echadas al Río San Juan.

“La PGR anunció su ‘verdad histórica’ y mostró su pretensión por cerrar y dar por esclarecido el caso. Pero la investigación se mantiene abierta de momento y, estamos a tiempo para que el grupo aporte e incida en la investigación”, dijo un par de días antes de la llegada de los expertos.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aseguró que para los papás de los normalistas, la llegada de los expertos significó la esperanza de por fin encontrar una respuesta que pudieran creer.

Ayer Rafael López Catarino, padre de uno de los jóvenes, narró que hace un mes conversó con miembros del Grupo Interdisciplinario.

“Hace un mes que los vi, dijeron que se iban a ir y que regresarían hasta mayo. La verdad yo no sé cómo estén trabajando. Yo la verdad ya no creo en los abogados, licenciados, ni en nadie. Cada quien trae sus intereses. Yo mejor ya me vine a mi pueblo a sembrar mis tierras, aquí voy a esperar a mi hijo”, dijo.

López Catarino se dijo decepcionado y cansado, pues a la fecha no hay resultados que lo lleven a la verdad y al paradero de su hijo desaparecido en Iguala.

 

RECOMENDACIONES DEL SEGUNDO INFORME

El grupo de expertos añadió en su segundo informe que recomendó a las PGR abrir nuevas líneas de investigación y realizar búsquedas en dos nuevos sitios, con tecnología láser para identificar las perturbaciones en los lugares cercanos a los parajes La Parota, Pueblo Viejo y sus alrededores.

“El grupo solicitó abrir nuevas líneas de investigación, ampliar las ya existentes, tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales de video”dijo Carlos Beristain.

Aunque los expertos omitieron dar detalles sobre las líneas de investigación, argumentando que podría afectar al proceso de investigación; Melitón Ortega dijo que los padres de los normalistas insisten en que se investigue la participación de las fuerzas castrenses en los hechos de Iguala.

“Está el asunto de los militares y otra línea: queremos que se investigue al ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero, porque él tiene responsabilidades”, indicó Ortega.

Los expertos propusieron a las autoridades mexicanas realizar nuevas búsquedas con la participación de los padres, utilizar los recursos técnicos apropiados y contar con personal calificado; asegurar los lugares hasta tener las garantías legales para su allanamiento y brindar información a los padres de los jóvenes.

En cuanto a las fotografías satelitales que el grupo solicitó el mes pasado, indicó que requiere imágenes de mejor calidad.

En el informe se aclara que la PGR entregó un mapa de fosas, por lo que el grupo de expertos solicitó a la PGR un análisis para evaluar la relación de algunas fosas donde se sospecha hubo intervención de agentes de la policía municipal, con un patrón similar al de los hechos del 26 de septiembre.

El grupo informó además que realizaron 16 entrevistas con detenidos por el caso en el penal de alta seguridad de Nayarit, sin detallar las conclusiones sobre esas visitas.

También que realizaron una visita a Iguala donde realizaron una reconstrucción de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre, con la ayuda de normalistas sobrevivientes.

“Dicha reconstrucción fue muy importante para tener una referencia concreta sobre los hechos, modus operandi y los escenarios en que se dieron”, dice el informe de prensa.

En cuanto a las víctimas, Carlos Beristain indicó que identificaron formas de victimización secundaria y coacción hacia los familiares, que obedecen a intereses personas y hasta políticos.

Los expertos indicaron que a la fecha se analizó 30 por ciento del expediente, pero que aún no cuentan con evidencias para conocer con exactitud lo ocurrido el 26 de septiembre del año pasado con los normalistas.

Aseguraron que la “verdad histórica” de la PGR es una probabilidad y que será hasta septiembre, tentativamente, cuando ofrezcan una opinión definitiva.

“Queremos tener una versión de esa historia lo más clara posible. Sí les puedo decir que tenemos una versión mucho más clara de lo que pasó. Sí hemos avanzado en tener más datos de la primera parte de lo que pasó esa noche, aunque no tengamos las pruebas de lo que pasó después”, dijo Beristain.