El Centro Prodh en los Medios

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Ago
08

Ahora se pretende facilitar el despojo de predios, advierten especialistas

Autor // comunicacion

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MEDIO: La Jornada

TIPO: Periódico

AUTORÍA: Fernando Camacho

FECHA: 08  de Agosto de 2014

Hay una iniciativa para modificar la Ley Agraria, sostienen Ahora se pretende facilitar el despojo de predios, advierten especialistas

Las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto y aprobadas por el Congreso, así como otras que están pendientes, son un riesgo para los campesinos al facilitar que sean despojados de sus tierras con sólo declarar que ahí se desarrollará un proyecto económico de "utilidad pública", aunque en realidad se trate de un negocio de empresas particulares. 

Así lo denunciaron los participantes en el Foro Nacional de Derecho Agrario para la Defensa de la Tierra y el Territorio, quienes lamentaron que de esta forma las instituciones del país se vuelven "agencias de colocación" para compañías trasnacionales. 

Francisco Cravioto, del Centro, de Análisis e Investigación Fundar, señaló que la reforma energética y las leyes secundarias aprobadas tienen como propósito permitir la entrada de grandes empresas petroleras a sectores fundamentales que antes estaban protegidos por la Constitución. 

Un tema particularmente riesgoso, enfatizó, es que se generalice en varias regiones del país la utilización de la fractura hidráulica o fracking para explotar los yacimientos de gas shale. 

En vez de detener las prácticas contaminantes de ese tipo, deploró el analista, el gobierno de Peña Nieto creó un cuerpo de leyes para facilitar a las grandes empresas del sector energético que accedan a estos recursos, aun contra la voluntad de las comunidades que serían afectadas. 

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, advirtió que existe una iniciativa para reformar la Ley Agraria, cuya finalidad es facilitar la expropiación de tierras por las autoridades. 

Según un documento presentado por el senador priísta Raúl Cervantes Andrade -que se encuentra en comisiones-, gran cantidad de obras para el campo incluidas qa el Proyecto de Egresos de la Federación, no pueden ejecutarse porque las comunidades las frenan mediante amparos y otros recursos legales. 

Por esa razón el legislador propone modificar las leyes de expropiación, de bienes generales y agraria, para que las tierras donde el gobierno declare proyectos de "utilidad pública" puedan pasar de inmediato al Estado y de éste a empresas particulares, lo cual deja a las instituciones en el papel de "agencias de colocación" para las trasnacionales, dijo Aguirre. 

Claudia Gómez, abogada especialista en derechos de les pueblos indígenas, alertó que aunque aún no se hace pública la propuesta del gobierno para reformar la Ley Agraria, se prefigura que su intención es seguir desmantelando la propiedad social de la tierra y privatizar este recurso. 

 

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Ago
07

Pide Prodh preparar policías para enfrentar marchas sin ‘venganzas’

Autor // comunicacion

Quadratin

 

MEDIO: Quadratin

TIPO: Blog de noticias

AUTORÍA: Laura Alanís Villafuerte

FECHA: 7 de agosto de 2014

MÉXICO, D.F., 7 de agosto del 2014.- El uso de la fuerza pública en contra de quienes realizan una protesta es una suerte de "venganza institucional" en la cual el policía cumple una orden.

"Desde luego la materializa mal pero la mayor responsabilidad es de quien toma las decisiones", alertó Mario Patrón, subdirector del Centro Prodh.

La intervención policial en el contexto de manifestaciones públicas, dijo, es "hacer justicia por propia mano" a los insultos o acciones que puedan expresar los manifestantes.

Así, "se expone a los policías por sus propias instituciones para hacer tareas para las que no están preparados", apuntó al participar en la mesa Uso De La Fuerza Contra La Protesta, durante el encuentro Sin Protesta No Hay Democracia, realizado hoy en la Casa Universitaria del Libro.

Destacó que no es la visión punitiva la que tiene que dialogar con la protesta social sino la concertación política y la prevención y ejemplificó con lo sucedido el 1 de diciembre de 2012 cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República.

"Si hacemos un análisis del 1DMX la operación del gobierno de la ciudad, desde las 6:00 horas sabían que había un grupo de manifestantes beligerante y no hubo concertación, no hubo prevención de la violencia y la violencia siguió; fue hasta después que pasaron los peores acontecimientos de violencia cuando se da la orden a la policía para hacer detenciones".

El debate, dijo, es la calidad de policía que tenemos, como institución, no los policías de a pie, toda vez que en ocasiones "es la propia presencia policial la que genera la violencia".

Durante la misma mesa, el subsecretario de Gobierno del DF, Juan José García Ochoa, reconoció que es necesario repensar los protocolos y que los elementos policíacos no los han interpretado correctamente.

Se pronunció porque el uso de la fuerza sea "mínimo" y por la creación de una política específica que promueva el derecho a la protesta en un marco de corresponsabilidad ciudadana.

Justificó que debido a que desde 2012 "entraron problemas y actores nuevos" -antes de esa fecha, dijo, había conflictos "muy establecidos", representados por ciertas agrupaciones con las que ya se tenía contacto- lo que ha derivado en nuevas desconfianzas de los actores sociales hacia las autoridades, lo que ha dificultado la concertación y la mediación.

Por su parte, Julio César Torres, consultor en temas de protección a periodistas, denunció que el año pasado en el DF se registraron 34 agresiones en la capital del país, de las cuales el 60 por ciento provinieron de servidores públicos.