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Jun
20

Juegos de Poder / Espionaje ilegal también es corrupción

Autor // comunicacion

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AUTOR: Leo Zuckermann 
FUENTE: Excélsior 
FECHA: 20 de junio de 2017


Mientras en el país ocurren un promedio de cuatro secuestros por día, nuestras autoridades están espiando a mi querido colaborador de La Hora de Opinar, Juan Pardinas, y su esposa. Increíble. El gobierno gastando recursos para enterarse de la vida privada e íntima de un ciudadano comprometido con el combate contra la corrupción. Fontaneros políticos que se vomitan en la democracia liberal pensando que el Estado tiene el derecho de obtener información de manera ilegal para luego chantajear y proteger, así, a sus colegas ¿corruptos?

De acuerdo al artículo publicado ayer en el New York Times, firmado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth, "no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable" de este espionaje. Pero sólo el gobierno -en particular la Secretaría de la Defensa, la PGR y el Cisen- tiene los recursos financieros y humanos para adquirir y operar el llamado software "Pegasus" que permite hackear teléfonos celulares, extraer toda la información que se encuentra en ellos y convertirlos, incluso, en micrófonos para espiar en tiempo real.

Mientras el crimen organizado ejecuta a 28 personas en promedio por día en México, las autoridades están ocupadas espiando a mi estimado colega Carlos Loret. No les satisface ver lo que piensa el periodista en su noticiero matutino en Las Estrellas o en su columna de El Universal. No. Quieren más información por si en una de esas hay que desprestigiarlo aventándole todo el poder del Estado.

Nada nuevo para el Grupo Atlacomulco que hoy nos gobierna. Están acostumbrados a poner "pajaritos en los alambres". En 2001, un artículo de El Universal (http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/6865.html) daba cuenta cómo el gobierno mexiquense tenía "una red de inteligencia conformada por 200 empleados dedicada a la vigilancia e investigación de políticos, empresarios y líderes sociales, cuya principal característica es su oposición o crítica a la administración de Arturo Montiel Rojas".

La operaban el entonces secretario de Gobierno, Manuel Cadena, y Alfonso Navarrete Prida, subsecretario de Seguridad Pública, hoy secretario del Trabajo del gobierno federal, viejo operador del presidente Peña. Siendo Peña gobernador, sucesor de Montiel, en 2008 se descubrió otro centro de espionaje que operaba en esa entidad al mando de un ex delegado del Cisen, Luis Miguel Dena. No sólo espiaban a los panistas, que estaban en el gobierno federal, sino a todo tipo de personajes involucrados en la sucesión presidencial de 2012 incluyendo a priístas como Manlio Fabio Beltrones.

Mientras 24 millones de mexicanos ganan cinco mil pesos al mes, el gobierno de este país gastó un millón 170 mil pesos para pagar la licencia de espionaje al iPhone del hijo de Carmen Aristegui (según NYT, "para espiar a diez usuarios de iPhone, el fabricante cobra 650 mil dólares"). Es el colmo que la respetada periodista, que dio a conocer la historia de la infame casa blanca de Peña, financiada por un amigo contratista, no sólo siga fuera del aire sino que además la espíen a ella y su hijo adolescente.

El PRI regresó al poder y el espionaje político retornó a la vida pública. Es una vergüenza que las instituciones no puedan combatir a los enemigos reales del Estado (organizaciones criminales, políticos y empresarios corruptos) pero se dedican a escuchar y ver, sin autorización de un juez, a defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas sociales. Mentes cochambrosas que piensan que estos ciudadanos son a los que hay que espiar y combatir. Quizá tengan razón porque todos los espiados quieren algo muy ajeno para los cavernarios de la política mexicana: un país abierto, plural, democrático, de libertades, donde no haya corrupción y se respeten los derechos humanos.

Mientras los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguen desaparecidos, el gobierno espía a su abogado defensor, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un tipazo que ha dedicado su vida profesional a desenmascarar abusos de poder. "Tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos", dice el buen Mario. Sin embargo, estoy seguro que no los van a arredrar.

Otra vez el gobierno de Peña está bajo la sospecha de una operación corrupta porque el espionaje ilegal también es corrupción. ¡Cómo le engordan el caldo a López Obrador! Los priístas, que se dicen indignados por la corrupción, son los que la propician y así le van pavimentando el camino al poder a Morena.

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Jun
20

Estrictamente Personal / Espían a los críticos

Autor // comunicacion

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AUTOR: Raymundo Riva Palacio 
FUENTE: El Financiero 
FECHA: 20 de junio de 2017


Un amplio reportaje en The New York Times este lunes da cuenta del espionaje político en México. "Los más prominentes abogados de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción han sido objetivo de un spyware sofisticado que se vendió al gobierno de México con la condición de que sólo se utilizara para investigar criminales y terroristas", comienza el texto. "Los objetivos incluyen abogados involucrados con la desaparición masiva de 43 estudiantes, un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y un estadounidense que representa víctimas de abuso sexual por parte de la policía".

El Times llegó a esta historia del México contemporáneo muy tarde, pero al ser el diario de mayor influencia en el mundo y que suele asustar a los funcionarios mexicanos con bastante facilidad, su interés por el tema debe ser agradecido por la posibilidad de que finalmente provoque una reacción en el presidente Enrique Peña Nieto, que al soslayar lo que durante su gobierno se ha publicado sobre el espionaje político, no sólo avaló lo que sus servicios de inteligencia hacían, sino que, en la negligencia de no obligarlos a que se mantuvieran dentro de los márgenes de la ley, llevará la penitencia de que ahora la responsabilidad de las ilegalidades se le carguen a su gestión.

En octubre de 2015 se dio a conocer en este espacio la existencia del programa mediante el cual el CISEN -el reportaje del Times no identifica a las instituciones que utilizaron el spyware- realizaba espionaje político. En la segunda de tres entregas sobre "¿Para qué sirve el CISEN?", se mencionó directamente dos listas de teléfonos que habían sido infectadas por el programa. "No se sabe cuántos teléfonos de actores políticos y sociales, de agentes económicos o periodistas, tiene interceptado el CISEN, pero la sábana con los números, que corresponde a un periodo específico este verano, muestra un enorme abanico de intervenciones", se apuntó en ese entonces.

"De acuerdo con el documento, hubo 729 intervenciones telefónicas, aunque una decena de personas espiadas aparece con números adicionales. Hay una serie de nombres de personas que no son públicas o empresas de seguridad, comercializadoras, de asistencia pública e inclusive de una televisora. Pero también, sin saberse el nombre pero sí en dónde se contrató la línea, un teléfono registrado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cuestión de nombres, hay varias líneas intervenidas que fueron contratadas por Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, y los teléfonos celulares de la afamada conductora de radio Carmen Aristegui, y de quien esto escribe.

"La forma como buscaron entrar en esos teléfonos, de acuerdo con expertos consultados, es a través de un software malware, que es un código maligno que se infiltra en los dispositivos mediante el cual se pueden emitir mensajes de texto. Un modelo clásico de estos mensajes puede decir, con un lenguaje que parecería el de una persona con quien se tiene amistad, que "unas personas extrañas se presentaron en su casa", por lo que le envían un enlace para ver la fotografía. Lo que permite ese enlace, que nunca abre, es que el virus se meta al teléfono y permita dos objetivos: la escucha y el análisis de la red de vínculos que se encuentra en el aparato, a fin de poder determinar su abanico de amigos y conocidos que permita construir sus relaciones".

El Times reiteró que el programa se llama "Pegaso", del Grupo NSO, un fabricante israelí de armas cibernéticas al cual, desde 2011, cuando menos tres dependencias federales mexicanas le han comprado software por 80 millones de dólares. La existencia de estos programas surgió en noviembre de 2011 durante una entrevista con David Vincenzetti, socio fundador de Hacking Team, una empresa italiana fundada en 2003, con el periódico inglés The Guardian, quien reveló que habían vendido sus dispositivos en 30 países en cinco continentes. Su principal producto era un programa llamado Da Vinci, dentro de su Sistema de Control Remoto, bautizado como Galileo.

En este espacio, bajo el título de "Espionaje a Mexicanos", publicado a mediados de 2015, se señaló: "El Ejército, la Marina, la Policía Federal, el CISEN y 11 gobiernos estatales, han espiado masivamente a mexicanos, a través de un sistema que interviene a control remoto dispositivos móviles, copia mensajes de texto, conversaciones de Google, Yahoo, MSN y Skype, y extrae todos los datos y el historial de las computadoras, sus audios e imágenes de la webcam, que les permiten, además, grabarlos mientras trabajan. Esta es la más grande revelación que se haya dado de cómo en México los gobiernos espían a sus gobernados, y el mayor descubrimiento de cómo la vida privada en este país es inexistente". A la fecha, varios de esos contratos ya expiraron.

Cuando todo esto emergió a la opinión pública en 2015, nada pasó. Cuando se revelaron detalles del spyware contra personas que tenían discrepancias con las políticas del gobierno, tampoco. Desde hace 15 años, el espionaje político como herramienta de la política, es el mejor vehículo para alcanzar objetivos políticos. El reportaje del Times, aunque tardío, es vital por la colonización de ese periódico sobre la vida pública mexicana. Si ahora que ventila estas violaciones ayuda a que se ponga fin a las ilegalidades, habrá que celebrarlo. Lo más importante es llegar al fin de estos abusos y que quienes los cometieron, paguen por sus delitos.