El Centro Prodh en los Medios

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Ene
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Pegasus, "Sin" responsable por espinoaje, seis meses después

Autor // comunicacion

ZocaloPeriodico

 

AUTOR: Perla Blas 
FUENTE: Zócalo 
FECHA: 16 de enero de 2018


Seis meses transcurrieron desde que se denunció el espionaje que el gobierno de Enrique Peña Nieto ejerció sobre defensores de derechos humanos y periodistas, utilizando el software Pegasus, según reveló una investigación de The Citizen Lab, R3D en Defensa por los Derechos Digitales y Artículo 19, y no obstante ello, no hay ni detenidos, menos sentenciados.

La investigación, publicada en The New York Times1, llevó a los 22 afectados a interponer una denuncia ante la PGR, sin embargo, a varios meses de distancia el gobierno mexicano no ha dado explicación alguna sobre el caso, donde se contabilizaron al menos el envío de cien mensajes maliciosos, cada uno con un costo de 70 mil dólares.

Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, es el funcionario identificado por adquirir Pegasus, sin embargo no se tiene claridad de dónde provino el ataque del malware: CISEN, Sedeña o PGR.

La periodista Carmen Aristegui; Salvador Camarena director de investigación periodística en Mexicanos Contra la Corrupción (MCC); Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh; y Luis Fernando García, director de R3D Red por los Derechos Digitales, conversaron durante la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el foro "México espía: la inteligencia del Estado al servicio del espionaje", sobre el peligro que ésta práctica representa para la democracia.

Para Mario Patrón, director del centro Prodh, aunque el Estado deba investigarse así mismo lo importante es documentar su falta de capacidad o voluntad: "Con esa intencionalidad de diluirla investigación hoy tenemos que decir que está comprobado que hay un contrato, que ese contrato es de la PGR, de la Agencia de Investigación Criminal, imagínense a la PGR investigándose a sí misma, no verdad; y que ese contrato lo firmó Tomás Zerón. Él salió de la PGR, pero no para ser investigado sino para otro cargo en el Consejo de Seguridad Nacional", recordó.

Pegasus, eslabón de temas sin resolver El espionaje a los periodistas es un ataque a la sociedad y una violación a sus derechos, ya que no quieren que no haya una discusión pública de los problemas del país, refirió Salvador Camarena de MCC. Y explicó que hasta la fecha se desconoce el costo total del software Pegasus y quién es el responsable de ejecutar el espionaje.

"Este es un Estado que acosa y que permite que acosen a sus ciudadanos.

¿Hoy se espía más en México que antes? ¿Tenemos un Estado más autoritario que antes?, lo que tenemos hoy es evidencia de que es más sofisticado", advirtió Camarena.

En su intervención, Carmen Aristegui dijo que la sociedad no puede dejar solos a sus periodistas, no sólo ante los actos de espionaje, sino por los asesinatos y distintos ataques contra el gremio que han ocurrido en el país. Expresó que Pegasus es un eslabón más de un sexenio que deja un legado de temas sin resolver como Tlatlaya, Ayotzinpa y actualmente será necesario poner toda la atención en la Ley de Seguridad Interior.

Con respecto a las investigaciones, dijo: "nos pueden tachar de ingenuos, sí y qué, cómo van a la PGR para que se investigue a sí misma, y qué hacemos, a qué ventanilla vamos. Por lo pronto queda comprobado y ahí está la investigación abierta y una obligación del Estado a hacer una investigación (...)".

El director del Centro Prodh compartió que tanto él como el subdirector y la coordinadora del área internacional de la organización, fueron los objetivos del espionaje y que un asunto preocupante es el uso que se le dé a la información que les robaron y que ésta se quiera utilizar en campañas de desprestigio.

Mario Patrón, del Centro Prodh, institución que ha acompañado a los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y a las víctimas sobrevivientes de la masacre de Tlatlaya y de Ateneo, Destacó que el hecho de haber documentado todos los casos y denunciar, fue un logro pues el gobierno se supo descubierto, pero ahora viene la pregunta ¿cómo hacer contrainteligencia? R3D Luis Femando García, director de R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales, expreso que antes de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión1 (2014, que incorporó medidas de vigilancia) detectaron que cerca de 14 autoridades hacían solicitudes de intervención de conversaciones privadas y después de la ley, se detectó casi 50.

"Encontramos que el 99 por ciento de las veces que una autoridad va a una empresa de telecomunicaciones como Telcel, Movistar o AT&T, sin una autorización judicial, mientras que, por ejemplo, a una empresa como AT&T le piden revelar cosas de ustedes, el 49 por ciento dice ''no te las voy a dar'' porque es incompetente o no hay una orden judicial. Pero el primer semestre de 2016 Telcel recibió cerca de más de 26 mil solicitudes y se las dio, sin importar quien fuera, si la PGR, la Policía estatal".

Ante este caso, R3D considera que no existe voluntad política para atender las denuncias de espionaje contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México.

¿Se puede considerar que el espionaje es la nueva forma de ejercer violencia contra periodistas?, ante este cuestionamiento, José Flores Sosa, director de comunicación de R3D considera que, "la vigilancia sin controles representa un peligro no sólo para las y los periodistas, sino para defensores de derechos humanos, activistas e integrantes de la sociedad civil que ven transgredido su derecho a la privacidad. En el caso de las y los periodistas, es especialmente grave porque también atenta con la protección de las fuentes y, en última instancia, representa un ataque contra el derecho a la información por parte de la sociedad".

Recordó que como señalaron los Relatores de Libertad de Expresión de la CIDH y la ONU en su visita reciente a México, la FEADLE está en una posición donde no puede garantizar la imparcialidad y la independencia de la investigación, puesto que depende de la PGR, una de las dependencias señaladas como posible responsable de los ataques. "Ante esto, refrendamos la necesidad de que el Estado mexicano garantice una investigación con un panel internacional de expertos independientes", apuntó.

Periodistas, parte central de la democracia El espionaje que se ejerce sobre periodistas y defensores de Derechos Humanos es un tema prioritario, consideraron David Kaye, Relator sobre la Libertad de Expresión para las Naciones Unidas (ONU) y Edison Lanza, Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al emitir recomendaciones para proteger a los periodistas mexicanos.

Los Relatores que estuvieron en México del 27 de noviembre al 4 de diciembre, entrevistaron a más de 250 periodistas de distintos estados y pudieron constatar la vulnerabilidad para el ejercicio periodístico en el contexto de inseguridad que se vive en el país.

David Kaye expresó que la situación generalizada para garantizar seguridad debe incluir a los propios medios, mejorar las condiciones laborales de los periodistas, involucrar a los distintos niveles de gobierno y revisar el tema del espionaje digital.

Sobre el uso de Pegasus, Kaye, dijo que los periodistas que habían sido víctimas cuentan con suficiente información, pero exhortaron al gobierno a que sea más abierto y a tener una investigación independiente para lograr transparencia en el caso.

"En México deberían estar hablando acerca de esta crisis y exhortar a la gente a que vea a los periodistas no sólo como individuos que tienen que ser protegidos como cualquier otra persona, sino como individuos que están proporcionando una base para una participación pública democrática en el país (...) el deber de los periodistas no solamente formEéraasts de la democracia, son parte central", m ! hurps://r3d.mx/wp-coiueni/upIoads/R3D-edovigilancia2016.pdf El espionaje a los periodistas es un ataque a la sociedad y una violación a sus derechos, ya que no quieren que no haya una discusión pública de los problemas del país.

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Nov
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Abusaron de ellas al ser trasladadas a Santiaguito

Autor // comunicacion

 

AUTOR: Fernando Camacho y Emir Olivares 
FUENTE: La Jornada 
FECHA 16 de noviembre de 2017

Las 11 mujeres que denunciaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por "tortura sexual" fueron agredidas a bordo de tres camiones en el que eran trasladadas al penal de Santiaguito, municipio de Almoloya de Juárez, estado de México.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez documentó que 28 policías custodiaban los tres vehículos, 19 de ellos están bajo proceso y los autos de formal prisión se emitieron entre 2012 y 2016. A dos agentes les concedieron un amparo y para el resto no se ha cumplido la orden de aprehensión.

En el primer camión, número económico 7054, de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), fueron agredidas sexualmente Ana María Velazco, Yolanda Muñoz y Cristina Sánchez. El autobús era resguardado por 10 agentes.

Acerca del segundo, número económico 7035, de la propia ASE, denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual Mariana Selvas y Georgina Rosales. En ese vehículo viajaban ocho uniformados.

El último, era un autobús de transporte de pasajeros, de la línea San Pedro-Santa Clara. En este vehículo fueron violadas Suhelen Gabriela Cuevas, Bárbara Italia Méndez, Claudia Hernández, Norma Aidé Jiménez y Angélica Patricia Torres.

Los detenidos eran custodiados por 10 policías.