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La tortura sexual, en estado crítico
Viernes,
10
Noviembre
2017

Autor // comunicacion

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AUTOR: Gabriela Rodríguez 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 10 de noviembre de 2017

"Una chica comenzó a relatar la tortura, y reconocí en la mirada de aquellas mujeres mi propio dolor y el agobio del silencio. La rabia nos empezó a hinchar el corazón, la fuerza comenzó a retornar a nuestros cuerpos, comprendimos entonces que estábamos vivas y, desde ese momento, juntas."

Son 11 las mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. Gracias a la búsqueda de justicia emprendida por estas luchadoras sociales, el tema no se ha tirado al olvido, ellas también han abierto la posibilidad de que la violación sexual logre tipificarse como tortura.

El 4 de mayo de 2006 Enrique Peña Nieto era gobernador del estado de México. El actual presidente de México reunió esa tarde al gabinete de seguridad, ocasión en que se decidió usar la fuerza pública para desalojar la carretera, el operativo era contra un grupo de personas solidarias que bloquearon la carretera federal Lechería-Texcoco con el fin de exigir la liberación de las personas detenidas (también habían retenido a algunos servidores públicos). El día anterior las fuerzas de seguridad habían detenido a los floricultores de Texcoco, cuando intentaban instalar puestos autorizados en el mercado, con lujo de violencia los habían desalojado y trasladado al Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya.

El operativo de la madrugada del 4 de mayo más que violento fue infernal. Para romper el bloqueo enviaron a mil 815 policías estatales y 700 policías federales. En total fueron detenidas más de 200 personas incluyendo a 50 mujeres. Un menor de edad y un joven fueron privados de la vida por elementos policiales que les disparon con arma de fuego y latas de gas lacrimógeno. La violencia se intensificó durante los traslados al Cepreso abarcando violencia física sicológica y sexual. A juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación más de 80 por ciento de las personas detenidas fueron certificadas con lesiones que requerían hospitalización, se recurrió a la violencia con quienes ya estaban sometidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que en el traslado apilaron un cuerpo sobre otro, sin importar el sexo, golpeando con los pies y toletes, amenazando con que los matarían y desaparecerían. Una vez dentro de dicho Centro, hombres de negro los pateaban y azotaban contra la pared, desde el momento de la detención y hasta después de ser ingresadas al penal, 31 de las cerca de 50 mujeres detenidas denunciaron agresiones sexuales que fueron corroboradas por testigos.

Mientras las mujeres tuvieron que lidiar por años con procesos penales por ultrajes a la autoridad, portación de arma y secuestro equiparado, las violaciones en su contra se mantuvieron impunes. Por la ineficacia de las investigaciones por los delitos cometidos, 11 de las denunciantes acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual admitió el caso en noviembre de 2011. En octubre de 2015 la Comisión resolvió en favor de las peticionarias declarando que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, sicológica y sexual, así como falta de acceso a la justicia. La Comisión recomendó al Estado investigar de manera efectiva y dentro de un plazo razonable, sancionar los distintos grados de responsabilidad e implementar medidas estructurales para prevenir la repetición de hechos similares. Nueve meses después, la CIDH valoró que el Estado no había avanzado sustantivamente y remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El próximo 16 y 17 de noviembre se realizará la audiencia pública en la CIDH. La resolución del caso es una oportunidad para contar con medidas para atacar las fallas estructurales del sistema de justicia en México, evidenciadas la tortura generalizada, especialmente la sexual. La Corte podrá ordenar al Estado implementar medidas estructurales para mejorar la investigación, garantizar la independencia de especialistas que documentan casos de tortura y fortalecer los controles sobre los cuerpos policiales para prevenir y sancionar los excesos en el uso de la fuerza. En el tema de género, la Corte podría desarrollar los tipos de violencia sexual que pueden constituir tortura, esta grave violación de derechos reconocida por la ONU como generalizada en México. El caso podría ordenar la eliminación de las disposiciones que hoy criminalizan la protesta, modificando la práctica de detenciones masivas.

De gravedad, el viacrucis que hay que recorrer para acceder a la justicia, y que siempre haya que recurrir a instancias internacionales. No sé si estas compañeras hubiesen llegado hasta donde van, sin el acompañamiento durante 11 años del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC.

Me parece obvio el interés por actuar con tanta saña en el caso. Los floricultores desalojados pertenecían al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el cual se conformó en 2001 para oponerse a la expropiación de tierras en el municipio de San Salvador Atenco, en las que la administración federal de Vicente Fox Quesada pretendía construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Enrique Peña Niego logró desalojar a los dueños de la tierra, hoy avanza la construcción de esta multimillonaria obra.

Nota: ¡Una buena noticia! Nashieli Ramírez, verdadera defensora de derechos humanos, presidirá la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.