Defondho Servicio de información y divulgación desde la inegralidad de los DH del Centro Prodh

A un mes antes de ser presentado públicamente, a punto del cierre de su fase de preparación, envuelto en el aparato gubernamental, el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) merece una revisión puntual, por lo que ha significado para las organizaciones, por sus implicaciones para el movimiento de los derechos humanos, pero sobre todo, por su historia y su presente contradictorios.

Primero: ¿de dónde viene?
Desde el año 2000, algunas organizaciones trabajaron para que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), establecida en México, firmara el Acuerdo de Cooperación Técnica (ACT) con el gobierno mexicano y formulara un diagnóstico que recogiera las deficiencias u obstáculos que impiden la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.
Como resultado del compromiso, se obtuvo el Diagnóstico Nacional de la Situación de los Derechos Humanos en México, publicado hace casi un año, en diciembre del año 2003. Independientemente de sus limitaciones o carencias, el diagnóstico fue considerado como el primer esfuerzo entre actores diversos —expertos, académicos y organizaciones no gubernamentales—, para plantear la problemática los derechos humanos en algunos temas, y orientar la implementación de medidas que atendieran la problemática de violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
En el marco del ACT, la tercera etapa implicaba la elaboración del Programa Nacional de Derecho Humanos (PNDH), en el cual estarían inscritos los actores que estuvieron presentes en la elaboración del diagnóstico. Sin embargo, la operación y el diseño estructural quedaron a cargo de la Secretaría de Gobernación. A partir del momento en que las instancias responsables del PNDH sientan las bases del diálogo, las organizaciones integrantes del Comité de Enlace les hicimos llegar propuestas tanto de cuestiones metodológicas, como sustantivas e inclusive operativas.
Algunas de las propuestas formuladas por los participantes, en su calidad de socios del ACT, fueron tomadas en los trabajos del PNDH pero no hubo una explicación del por qué se habían tomado en cuenta sólo algunas propuestas, es decir, sin explicar los criterios para aceptar algunas y otras no. En consecuencia, la forma de participación ofrecida por Gobernación a los organismos civiles fue puesta en duda, dada la escasa calidad de la interlocución y la eficacia del diálogo.

¿En dónde está?
Ciertamente, no se puede afirmar que en este momento el proceso carezca absolutamente de legitimidad, por el contrario, el Ejecutivo Federal, ha repetido viejos esquemas de participación que, independientemente de su anacronismo, siguen dando resultados.
Sin embargo, algunos de los interlocutores que participaron del proceso mediante la presentación de propuestas serias e inclusive, llevadas bajo el consenso de algunos colectivos —como el Comité de Enlace—, hoy han marcado una distancia del PNDH.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Por Juárez, después de analizar su participación en las subcomisiones, llegó a concluir que bajo las condiciones existentes, no continuaría en el PNDH.

Algunos de las siguientes conclusiones fueron elaboradas:
La participación en el PNDH fue, desde un inicio, limitada. Argumentamos que precisamente la metodología que proponíamos contemplaba una participación en todo el proceso de elaboración, desde la definición misma de los principios que lo guiarían hasta las pautas de evaluación del mismo. Se planteó así desde un principio precisamente para evitar empantanarnos en discutir de forma aislada partes de éste, como sería la elección de temas o algunas propuestas de redacción que si bien, fueron retomadas, no contribuían a la discusión y participación en todo el proceso.
Lo anterior trajo como consecuencia, entre otras cosas, que no se abordaran temas sustanciales y de esa manera, la construcción de una propuesta integral en materia de derechos humanos, desde un inicio no abordó temas como Seguridad Pública e Impunidad, ni derechos como los indígenas y los laborales.
La elaboración de las propuestas de políticas públicas se realiza en un marco metodológico que no contempló las necesidades de las organizaciones, en la medida en que la consulta a los participantes no se respetó, de tal manera que la metodología resultaba inadecuada desde un principio y la participación de la sociedad civil se dio de manera poco articulada.
La intervención de la sociedad en general, interesada en el proceso, ha quedado reducida a la consulta por la vía del Internet, o mediante foros promovidos por la misma sociedad civil, lo cual no basta para garantizar el diseño consensuado de las propuestas ni para establecer los mecanismos suficientes de exigibilidad y cumplimiento por parte de la sociedad.
El problema del flujo de la información es un problema reflejado tanto en la ausencia de información acerca de las subcomisiones, como en la participación de los servidores públicos que asisten en representación de las dependencias del gobierno federal, y cuya desinformación sobre los acuerdos es constante. Este hecho acarreó una serie de problemas como la incapacidad de los servidores públicos para tomar decisiones y asumir compromisos, lo que va en contra de cualquier proceso de diálogo y construcción eficiente de propuestas.
¿Hacia dónde va? Un Programa a como de lugar.

Los antecedentes son suficientes. Las palabras obtenidas de parte de Ricardo Sepúlveda lo confirman, el mismo proceso así se planteó desde un inicio, hoy se sabe: una de las grandes necesidades del ejecutivo federal es que el 10 de diciembre el PNDH debe salir a la luz.

A pesar de las críticas severas al proceso -no obstante que algunas organizaciones, con trabajo y propuestas serias, no vieron reflejadas sus aportaciones en la construcción del PNDH- en estos días se plantea un mecanismo de implementación, sin haber resuelto los antecedentes críticos, los quiebres entre las organizaciones y sin haber obtenido una respuesta a los planteamientos iniciales.

Aún están pendientes temas como el de la participación ciudadana; el cumplimiento de los compromisos y acuerdos tomados por el gobierno; interlocución efectiva; y mecanismos que garanticen el respeto a los acuerdos. Pero sobre todo, que garanticen un verdadero PNDH y no un mero programa gubernamental de corto plazo.

Javier Torres
Rodolfo Aguirre
Programa de Políticas Públicas

Para avanzar en la Defensa de los Derechos Humanos
en los Procesos de Integración Económica

Hablar de la vigencia de los derechos humanos de la población es, para aquellos agentes que le apuestan a las fuerzas del mercado, simplemente irrelevante. Es en este punto precisamente donde se encuentra un campo de trabajo impostergable para los y las defensoras de derechos humanos, en tanto que en nombre del libre mercado se cometen las más crudas y severas violaciones a los derechos humanos, y por el tipo de Estado que se está imponiendo en los procesos de integración económica concebidos desde esta lógica, donde el papel del Estado como garante de los derechos humanos de sus pueblos se desdibuja estructuralmente para dar paso al Estado como facilitador de las acciones y transacciones que ofrece el mercado “libre”, con las consecuencias que se están observando en la vida de las personas, los colectivos y los pueblos.

Las empresas y los dueños de los capitales que dominan los procesos de apertura comercial y que se favorecen con ella -principalmente las potentes empresas trasnacionales-, se conducen y reproducen al amparo de un marco, fraguado por ellos mismos, de instituciones, leyes y prácticas que fortalece la reproducción y ampliación de sus intereses en detrimento de los derechos humanos. Por su parte, a la hora de convenir los acuerdos comerciales -sean multilaterales, regionales, bilaterales- los Estados han privilegiado una serie de canonjías para dichas empresas y capitales trasnacionales, con argumentaciones que tratan de justificar estas prebendas como el costo o augurio de un caudal de beneficios para la población que, por supuesto, nunca llegan. En estos acuerdos, los Estados han sido omisos para procurar en ellos la prevalencia de los derechos humanos. Y es sólo el inicio de una serie de violaciones que se cometen en nombre del libre mercado.

Dentro del ámbito de responsabilidad de cada uno de estos actores, en modo alguno se ha manifestado la intención de procurar la observancia de los derechos humanos en los procesos de integración económica a los que nos han obligado a asistir. Las trasnacionales han implementado de facto un imperio del derecho comercial por encima de las personas y sus derechos humanos. Los Estados han aceptado e implementado su propio desmantelamiento como garante de los derechos humanos de sus pueblos. En esa lógica se inserta el que los Estados hayan acordado la instauración de instituciones como la OMC, como el TLCAN, el TLCUEM, y todo el sistema de protección hacia la Inversión Extranjera Directa, cuya forma general de operar violenta de manera estructural los derechos humanos.

Como ejemplos, citamos:
i) la tendencia a las privatizaciones sobre áreas estratégicas como la energética, y la prestación de servicios fundamentales para la satisfacción de derechos: agua potable, salud, y educación, cuya justificación es una supuesta política de competencia para evitar los monopolios privados, pero que mordazmente se enfoca en estas áreas;
ii) las patentes que realizan las grandes empresas trasnacionales sobre los métodos de producción o de explotación de la riqueza biológica creados por los pueblos indígenas, lo que ha desatado una batalla incisiva sobre los pueblos indios que violan sus derechos a la tierra, territorio y recursos naturales, a la participación y consulta, entre otros; en este mismo rubro de las patentes, las violaciones al derecho a la salud, a la vida, a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico por el impedimento de la producción de medicinas genéricas para combatir enfermedades como el VIH/Sida;
iii) los principios que protegen a la inversión extranjera directa: a) el Principio de trato nacional, que impide regular las actividades empresariales aún cuando estas empresas violen derechos humanos laborales, medioambientales, a la salud, etc; b) la expropiación indirecta, que permite a las trasnacionales demandar a los gobiernos en instancias comerciales en caso de que las empresas consideren que las acciones, leyes o políticas gubernamentales les impiden -o les podrían impedir- obtener ganancias, lo que claramente condiciona a los gobiernos sobre acciones en favor del cumplimiento de sus obligaciones de protección de los derechos humanos.

México no es ajeno a estos fenómenos. El Estado se ha debilitado como garante de los derechos humanos de la población. Mientras continúa firmando protocolos, pactos, tratados internacionales de derechos humanos que le han redituado un buen bono político ante la comunidad internacional, hoy se construyen Wall-Marts en recintos sagrados que son patrimonio de la humanidad, violando nuestros derechos a preservar y desarrollar nuestra propia cultura, a nuestras riquezas artísticas, históricas y culturales, a la no imposición de una cultura extranjera, al respeto de nuestro patrimonio cultural. Y a la par se trata de impulsar desde el gobierno federal la reducción de presupuestos para educación y cultura. Hoy se cocinan leyes en procesos velados y particularistas que de concretarse, agravarían todavía más derechos humanos como el de la alimentación y la salud con la ley sobre bioseguridad que tal como está favorecería a los monopolios trasnacionales que imponen los organismos genéticamente modificados en la agricultura y en el consumo, o en otro caso los derechos humanos laborales, con propuestas que legalizarían las pésimas condiciones de trabajo, los bajos salarios, la coacción a la libertad sindical, los despidos injustificados y una serie de violaciones en las que ya incurren muchas empresas de capitales extranjeros que, al no ser llamadas a cuentas por autoridad alguna –nacional o internacional- perpetúan su impunidad y su papel como violadoras de derechos humanos.

También se pueden fraguar proyectos económicos sin que la sociedad esté informada de manera transparente, suficiente y veraz, y mucho menos que se le consulte y participe en proyectos que afectarán sus vidas, sus derechos, como en el caso de la hidroeléctrica de La Parota o en el proceso del Acuerdo de Libre Comercio en las Américas. Y sólo por citar algunos ejemplos, porque es poco el espacio.

Para el derecho internacional de los derechos humanos, la responsabilidad primera y esencial sobre la observancia de los derechos humanos recae en el Estado, en función del cumplimiento de sus obligaciones básicas: respetar, proteger, garantizar y no discriminar. No obstante, sobre las empresas trasnacionales recaen responsabilidades directas sobre la vigencia y respeto de los derechos humanos, en tanto que este mundo globalizado está atestiguando casos graves de violaciones a derechos humanos donde el papel de las trasnacionales ha sido de perpetradoras directas de violaciones a derechos humanos, sin la posibilidad de que sean llamadas a cuentas por todo el cobijo institucional e ideológico que les escuda.

Precisamente por esta situación cada vez más grave en el globo, es que los y las defensoras de derechos humanos, de manera colectiva y comunitaria, estamos buscando las herramientas o los mecanismos que obliguen tanto a los Estados como a las corporaciones trasnacionales a respetar los derechos humanos. Mencionemos como ejemplos el proceso que llevó a la conformación de las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos y su actual búsqueda de aprobación en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. También está el ejemplo del reciente logro de la primera audiencia ante el Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos, en octubre pasado, respecto del impacto en los derechos humanos a partir de los procesos de integración económica en la región, para favorecer la adopción de medidas que aseguren la vigencia de los derechos humanos. Ambos procesos de trabajo han implicado vinculación, articulación y colectividad.

Este tipo de concreciones bosquejan las tareas que se requieren para hacer frente a las violaciones perpetradas por este modelo de globalización. El trabajo futuro que pueda impulsarse y desarrollarse desde las organizaciones defensoras de derechos humanos en el sentido de enfatizar y visibilizar las responsabilidades de las trasnacionales en la vigencia de los derechos humanos, así como los esfuerzos para que los Estados den cumplimiento a sus obligaciones primordiales en estos procesos, será fundamental para contrarrestar y revertir los impactos que en los derechos humanos están manifestándose en la actualidad. De ninguna manera es una tarea sencilla. Los retos que impone son titánicos, pero no imposibles.

Mireya Del Pino-Pacheco
Programa de Monitoreo y Análisis

Retos en la formulación del Programa Nacional
para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Estas semanas el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED) ha hecho pública la convocatoria pública para hacer aportes en la elaboración del Programa Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (PRONADIS), he aquí algunas reflexiones del Centro Prodh en esta materia.

Primero reconocer que en la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Ley) existen deficiencias estructurales que son difíciles de remontar en el PRONADIS, tales como:

1. La falta de reglamentación en la ley, de los estándares internacionales en materia de nodiscriminación;
2. la duplicidad de funciones y la competencia de presupuesto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH);
3. el supuesto de que la conciliación es un mecanismo útil para atender violaciones al Derecho a la No Discriminación;
4. la ausencia de sanciones, más allá de las meramente administrativas;
5. la carente propuesta de coordinación interinstitucional para sancionar actos discriminatorios, incluyendo la falta de definición de las responsabilidades de los tres niveles de gobierno en la prevención y combate de la Discriminación, y
6. la definición de discriminación considera sólo la participación de individuos y no de colectivos o grupos.

A continuación algunas ideas breves que el Centro Prodh considera centrales para el PRONADIS:

1. Que el PRONADIS, debe proponerse desde la lógica de que es un esfuerzo interinstitucional de los Organismos Públicos Federales, y que no implica solamente el marco de la competencia del CONAPRED;
2. elaborar un diagnóstico nacional sobre los grupos en situación de discriminación, retomando el de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (diciembre de 2003) y proponiendo prioridades estratégicas para el PRONADIS;
3. que el CONAPRED ejerza su facultad de hacer propuesta legislativa para modificar normatividades o reglamentaciones federales discriminatorias;
4. congruente al carácter normativo del CONAPRED, se promueva la elaboración y ejecución de políticas internas de las instituciones públicas y privadas (reglamentos, estatutos, etc.);
5. presentar denuncias por actos que puedan dar lugar a responsabilidades previstas en ordenamientos legales (Artículo 20, párrafo XI), sobre todo las de carácter penal;
6. que realice campañas permanentes contra la discriminación, tanto de carácter general como focalizado en sectores y temáticas específicas;
7. elaborar materiales tanto generales como específicos para sectores o temáticas vinculadas con la discriminación;
8. que los convenios de colaboración no sean la única vía de articulación con las instituciones públicas y privadas;
9. promover proyectos de mediano y largo plazo para prevenir y erradicar la discriminación;
10. garantizar la participación plena de las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración, ejecución y monitoreo del PRONADIS.
11. que la composición del Consejo, involucre organizaciones de derechos humanos, temáticas y sectoriales;
12. realizar un trabajo de cabildeo para obtener un presupuesto más elevado que permita la mejor ejecución de actividades de promoción y defensa del derecho a la no discriminación;
13. que el PRONADIS incorpore específicamente la participación y responsabilidades (administrativas y operativas, desde su función) de las instituciones públicas federales especializadas: Centro Nacional para la Prevención y Atención del VIH/SIDA (CENSIDA), Instituto Nacional para la Atención de las Personas Mayores (INAPAM), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), entre otras, y
14. que las estrategias de descentralización utilizadas para el trabajo a nivel federal, retomen los diagnósticos y la experiencia acumulada que organizaciones civiles locales han desarrollado de manera exitosa, proponiendo esquemas de colaboración tripartita entre la federación, el nivel estatal y el municipal, tanto en lo correspondiente al presupuesto y a las responsabilidades.

Sirvan estas reflexiones para alimentar las propuestas de trabajo para prevenir, atender y eliminar la Discriminación en nuestro país.

Programa de Procesos Educativos
del Centro Prodh

Diagnóstico de Derechos Humanos

Recomendaciones de alcance general contenidos en el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en nuestro país.

RECOMENDACIÓN INSTRUMENTAL

Con el objetivo de atender las recomendaciones anteriores, se formula la siguiente recomendación instrumental:

32. Apoyar y promover la creación de un grupo de expertos de diversos centros de educación superior, organizaciones sociales y civiles y sector privado, que con el apoyo del sistema de Naciones Unidas en México elabore anualmente un informe independiente sobre el estado de la nación. El informe debería contener una evaluación de la situación de los temas incluidos en este Diagnóstico, así como una revisión de las tendencias de largo plazo en cada uno de dichos temas. El grupo será responsable, asimismo, de elaborar el Índice Nacional de Cumplimiento de los Derechos Humanos en México, a niveles federal y estatal.

Documento completo http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2003/dh_2003/index.htm

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	*03 de noviembre de 2004*		Número 9