I. Introducción.

El objetivo de esta última parte de una serie de tres artículos pretende analizar si las reformas al sistema de Seguridad Pública propuestas por el Presidente Vicente Fox cumplen con las recomendaciones emitidas por organismos y organizaciones internacionales.

La reforma busca recuperar la confianza de la ciudadanía en las autoridades encargadas de la Seguridad Pública en el país, lograr una mejor coordinación de la policía en los tres niveles de gobierno y reducir los índices delictivos.

La inseguridad es uno de los fenómenos más sentidos y más preocupante para la población de ahí que ocupe actualmente un lugar muy importante en la agenda y el debate público. Según el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, entre otras causas y orígenes, la inseguridad se debe al “…incremento de una delincuencia cada vez mas violenta y organizada que crea un clima de incertidumbre y de desconfianza entre la población, y da lugar a un proceso de descomposición de las instituciones públicas y de la convivencia social.” [1]

El primer inconveniente que puede observarse en esta propuesta de reforma es que se da mayor énfasis a reformar el sistema de justicia penal y se coloca en un segundo plano al sistema de seguridad pública. Al igual que otros países de la región, en México se piensa que la reforma “...será capaz de sancionar a mas delincuentes en forma más rápida incrementando así el costo del delito y disminuyendo las tasas de la delincuencia.” [2]

II. Algunas Críticas de la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).-

II.1 Ley Orgánica de la Policía Federal

Esta Ley pretende crear una Policía Federal que consiste en la unificación de las policías -AFI y PFP [3] - en un solo cuerpo. Sus funciones serán de prevención e investigación del delito bajo la supervisión y dirección funcional del Ministerio Público (MP) aunque con autonomía operativa. Estará integrada a una nueva Secretaría del Interior que sustituirá a la actual de Seguridad Pública.

Debido a una larga historia de abusos de la policía judicial, hasta ahora las reformas habían limitado la autoridad de la policía en el proceso de investigación. No obstante, con esta nueva Secretaría la tendencia es que la policía tenga estructura y mando paralelo al Ministerio Público impidiendo que éste controle su actuación. [4] Situación preocupante si consideramos que la policía es uno de los agentes del Estado mayormente acusados de tortura al ejercer funciones de investigación. [5]

Dada la anterior situación se requerirá de un mecanismo externo de control de su actuación. De hecho esta fue una de las recomendaciones que Human Right Watch (HRW) [6] realizara al gobierno mexicano desde 1999 en el sentido de que debería desarrollar mecanismos que permitieran un monitoreo fuerte e independiente de la policía y de los lugares de detención. Así, debería facilitar el establecimiento de un cuerpo administrativo con participación de la comunidad que permitiera observar el trabajo de la policía y canalizar las quejas a las autoridades competentes.

HWR sugirió además que antes de la creación de la PFP el gobierno debía hacer pública una estrategia clara para asegurar que las violaciones a los derechos humanos cometidas por estos oficiales fueran investigadas y las autoridades agresoras procesadas. Así también desarrollar una base de datos con las quejas en materia de derechos humanos e investigaciones relacionadas con ellos. [7] No obstante ninguna de estas recomendaciones ha sido considerada.

Aún cuando en teoría la policía recibe órdenes del MP en la práctica, tal como ya lo había señalado HRW, frecuentemente la policía realiza su trabajo por cuenta propia. Como se mencionó esta nueva reforma va en contra de la tendencia que buscaba disminuir sus facultades pues pretende darle autonomía de gestión al realizar investigaciones, lo que incrementará las detenciones e investigaciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos cometidos con frecuencia por la policía. Por ello es necesario hacer hincapié en la necesidad de que estas reformas contemplen el establecimiento de un Código Ético de Conducta basado en el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley así como en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley ambos de las Naciones Unidas. [8]

Una policía autónoma en las condiciones actuales de nuestra institución policial (alto grado de corrupción, falta de profesionalización, militarizada, etc.) presenta diversos riesgos a considerar, específicamente en el campo de los derechos humanos.

En primer lugar debiera aclararse el significado de la dirección funcional que tendrá el MP sobre la policía. En segundo lugar, se abre la puerta a mayores abusos policiacos. En muchos de los casos en que la PFP está envuelta, las detenciones fueron ilegales y los detenidos fueron torturados antes de llegar al MP. Está comprobado que los peores abusos del Estado ocurren al nivel de la policía en un patrón predecible. [9] Por ejemplo, la tortura tiene lugar en estas situaciones y cuando las autoridades detienen a un sospechoso sin una orden de aprehensión o más allá del tiempo límite establecido en ley.

Una institución cuya reputación es indeseable con la falta de mandos externos que controlen su actuar, devendrá en una dependencia más del Ejecutivo Federal y falta de transparencia, por ello desde antes se insiste en que deben establecerse reglas claras de rendición de cuentas con la participación de la ciudadanía. El MP ahora menos que nunca podrá comprobar fehacientemente la legalidad de la actuación policial. Amnistía Internacional (AI) ha señalado que “… se corre el riesgo de crear una gran fuerza de policía, con amplios poderes, pero sin consolidar mecanismos internos o externos de supervisión con que vigilar y abordar los abusos y deficiencias. La corrupción, la incompetencia y los abusos están profundamente arraigados en muchas fuerzas de la policía…” [10]

Antes que dar mayor independencia a la actuación policial debe acabarse con la práctica sistemática de la tortura [11] hasta ahora utilizada como un medio de investigación criminal.

Entre otras causas la falta de supervisión judicial e impunidad de la policía contribuye al crecimiento de abusos como son tortura, detenciones ilegales, etc. Con tales referencias es de temerse que dar mayor autonomía a la policía traerá consecuentemente mayores violaciones a derechos humanos.

Si analizamos conjuntamente las reformas al sistema de justicia penal y la policial podremos ver que existe una contradicción: en tanto que en esta última se le asignan a la policía funciones preventivas en la primera se aumentan las penas, lo cual denota una actitud represiva e incongruente con la actitud preventiva y de reintegración social de los considerados imputados. Ante tal situación una alternativa es reducir la violencia en la comunidad por medio del diseño de estrategias policiales más efectivas. [12]

11.2 Militarización de la institución policial y Servicio Policial de Carrera.

Aún cuando se maneja que habrá un sistema civil de carrera la realidad es que en la propuesta de reforma no se atiende la problemática de fondo: la función policial no está claramente diferenciada de la militar.

La recomendación más recurrente de instancias internacionales de derechos humanos consiste en establecer una clara distinción entre las tareas militares y policiacas, así como sustituir a todo personal militar de las instituciones civiles [13] e instaurar un sistema de monitoreo de los procedimientos empleados por los oficiales, especialmente el de procesos internos. No obstante el gobierno ha hecho caso omiso a las mismas al grado de que el Procurador General de la República es un militar y la PFP continúa siendo militarizada. [14]

La omisión tiene enormes implicaciones considerando “el reforzamiento de las zonas militares en el norte de México -y en general en todo el país- en la última década, responde, más que a una política de defensa del territorio nacional, a un mayor involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, el “terrorismo” y el control del flujo migratorio, asumiendo así funciones de carácter más policiaco que militar y con una mayor vinculación a las Fuerzas Armadas estadounidenses en términos de capacitación, abastecimiento de armamento y adoctrimaniento” [15]

Si bien en la exposición de motivos del poder ejecutivo en varias ocasiones se refiere a recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos, en lo que tiene que ver con las reformas al sistema de seguridad pública y los cambios orgánicos a las instituciones del país nunca menciona ni atiende las recomendaciones de desmilitarizar estas tareas estrictamente civiles.

III. Conclusiones

Sin realizar un análisis total de las propuestas de reformar el SNSP es factible notar algunos desaciertos. Por ejemplo, aún cuando se reconoce que la inseguridad causada por el incremento en la incidencia delictiva tiene su origen en una precaria situación económica y que se requiere de elaborar un programa integral de seguridad pública este ha sido enfocado primordialmente hacia el combate directo del delito y a un esquema preventivo paralelo apostando a que ambos en un corto y largo plazo disminuyan los índices de criminalidad.

En el Centro Prodh creemos más importante considerar una política de seguridad pública que sea realmente integral, esto es, que contemple programas no sólo de prevención y protección sino además sociales, económicos, etc. para la seguridad de la población, y que además sea efectivamente democrático.

La inseguridad de los habitantes en nuestro país, y su percepción, es en parte real y en parte subjetiva. De ahí que una reforma al sistema de seguridad pública requiere de un análisis metajurídico y metapolítico. Es preciso reflexionar hasta qué punto esta violencia es institucional [16] de ahí que sea hacia dentro de los mismos cuerpos a donde la reforma se deba encaminar, eliminado la participación militar en tareas civiles.

En tanto no se cambie integralmente la legislación y la misma tenga vigencia real, la creación de una sola policía o ”una mejor coordinación de las autoridades” (sin que se establezcan verdaderamente los principios de un sistema adversarial tal como ha sido anunciado en la reforma al sistema de justicia penal) incrementará las posibilidades de empeorar la situación de violaciones a los derechos humanos.

Acabar con prácticas arraigadas en la policía, que son contrarias a la ley y bienestar de la población a fin de recuperar la confianza de los habitantes en dicha institución y cambiar las actitudes de sus propios integrantes, debiera ser la prioridad de toda reforma policial que busque efectivamente garantizar la seguridad física y patrimonial de los habitantes y en segundo plano contemplar los cambios estructurales.

Además, la problemática que pretende ser corregida a través de una reforma parcial no logrará tener éxito si no se consideran todas las dimensiones que la componen y que va más allá de una respuesta de ataque o represión frontal contra quienes en muchos casos de manera discrecional se supone conforman la delincuencia, ya que “…los problemas vinculados a la seguridad publica también son producto de un conjunto de variables sociales que exceden el limitado ámbito de la justicia criminal.” [17]

Evitar contribuir a la construcción de un miedo irreal favorecido por los medios de comunicación y disminuir efectivamente la percepción ciudadana de que la policía no tiene interés real en ayudar y proteger a la población que da lugar a la falta de confianza en la misma y provoca inseguridad.

Importante también es no dejar pasar esta oportunidad de reformar el SNSP para delimitar claramente la prevención del orden interno de la seguridad nacional.

Dulce Ma. Gpe. Sotelo Galeana
Programa de Políticas Públicas

Eduardo Reyes Lara
Programa de Monitoreo y Análisis

[2] DUCE M. y PEREZ R. Seguridad Ciudadana y Reforma de la Justicia Penal en America Latina.

[3] Agencia Federal de Investigaciones y Policía Federal Preventiva

[5] The Alarming Incidente of Torture in Mexico. Focus Human Rights in Mexico. Quarterly Bulletin, Issue 14, Spring 2003.

[6] “Injusticia Sistemática: Tortura, desapariciones y Ejecuciones Extrajudiciales en México” (1999) [6] http://www.hrw.org/reports/1999/mexico/

[10] [2] Memorándum al Congreso de la Unión sobre las reformas de la Constitución y del sistema de justicia penal. AI índice: AMR 41/032/2004, septiembre, 2004, p. 12 http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR410322004

[11] Conclusión del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Focus Human Rights in Mexico. Quarterly Bulletin, Issue 15, Summer 2003.

[12] Currie Elliot en DUCE M. PEREZ R. Op.cit.

[13] Informes de las visitas a México de: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.100 Doc.7 rev. 1, 24 de septiembre de 1998, paras. 738 y 739; la Relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, E/CN.4/2000/3/Add. 3, 25 de noviembre de 1999, para. 107-b; el Relator sobre Independencia de Jueces y Abogados, E/CN.4/2002/72/Add. 1, 24 de enero de 2002, para. 192-d; Relatora sobre Trabajadores Migrantes, E/CN.4/2003/85/Add. 2, 30 de octubre de 2002, para. 51; Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, E/CN.4/2003/8/Add.3, 17 de diciembre de 2002, para. 72-e; y en las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos en su revisión del cuarto informe periódico de México, CCPR/C/79/Add. 109, 27 de julio de 1999, para. 8.

[14] Reporto n Mexico from the Working Group on Arbitrary Detentions. Focus Human Rights in Mexico.Quarterly Bulletin Issue 13, Winter 2003.

[15] JUAN MANUEL SANDOVAL , ÁLCA y la nueva seguridad regional hemisférica.

[16] La violencia institucional es realizada por una institucion estatal y conforme a politicas, generalmente no expresadas, de los cuerpos policiacos y sus responsables politicos. DUCE M. y PEREZ R. Seguridad Ciudadana y Reforma de la Justicia Penal en America Latina.

[17] DUCE M. y PEREZ R. Op. Cit.

Tanto autoridades como empresarios aducen diversas razones para desplazar a comunidades o pueblos enteros: que se generarán más fuentes de trabajo o que los indígenas están devastando ambientalmente las zonas donde viven y se tienen que proteger; Lo que sucede es que se privilegia constantemente la inversión extranjera sobre el trabajo de campesinos y la soberanía de los países.

Quizá por este neocolonialsmo, en julio pasado, diversas organizaciones indígenas de Perú, México, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Colombia y Chile, firmaron un Manifiesto Indígena dirigido al grupo de trabajo de la ONU reunido en su sesión 22 con el lema: Pueblos Indígenas y Resolución de Conflictos. En este Manifiesto, las organizaciones indígenas mencionan: "Exigimos instrumentos de aplicación obligatorios para enfrentar colectivamente la presión y la arrogancia del poder económico internacional […] la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra".

El derecho a la tierra está estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si bien sustenta una visión occidentalizada de los derechos del hombre y de la mujer, apunta, en su artículo no. 17, que “toda persona tiene derecho a al propiedad, individual y colectivamente” y que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. Al negociar con las tierras de los pueblos indios, tanto los Estados como las empresas, están violando dicho artículo.

En Ecuador, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), que representa alrededor del 38% de la población, todos ellos amerindios, desde hace diez años ha protestado fuertemente contra las reformas que permiten que las petroleras internacionales devasten sus tierras en búsqueda del oro negro. Han logrado escaños en el Congreso para participar de manera activa en procesos de toma de decisiones. Aunque todavía tienen mucho camino por andar, ya que el 50% de las tierras ecuatorianas pertenecen a unas cuantas familias, descendientes de caciques y terratenientes.

En Colombia la Coca Cola, además del problema laboral con los trabajadores y la responsabilidad que ha tenido en muchas muertes de líderes sindicales, también es responsable por la compra indiscriminada de planta de coca, sin penalización, mientras que los indígenas que han cultivado y utilizado esta planta desde hace cientos de años, son detenidos, acusados de narcotráfico y reprimidos por la guerra contra las drogas.

En Chile los indígenas mapuches se dieron cuenta de que cada ve más tierras que habían sido de sus ancestros, y por ende suyas, ya no lo eran. Se vieron forzados a desalojar el área y vieron cercados lo que antes fueran sus territorios. En los últimos 10 años la empresa textil italiana Benetton ha comprado cerca de 900 mil hectáreas en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Durante este período también han expulsado a habitantes de la zona, principalmente mapuches, para dar paso a la crianza de ovinos satisfaciendo así la demanda de lana que necesita su empresa textil. Benetton compró la tierra a otra empresa con la que ya tenían disputa los mapuches: Tierras del Sud Argentino S.A., compañía fundada en 1891 por diez familias de origen inglés que se adjudicaron la propiedad de las tierras en disputa, después de la derrota en la Campaña del Desierto [1] al pueblo mapuche, compañía que ahora Benetton compró, con todo y sus tierras, por 50 millones de dólares.

Con esta compra de tierras no solamente se violan los artículos 14 y 17 de la Ley 24.071 Ratificatoria del Convenio 169 de la OIT, sino también disposiciones de los Códigos de Conducta de la Unión Europea sobre las operaciones de empresas europeas que invierten en los países en vías de desarrollo y el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional Argentina de 1853/1994 que “reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

En México, la lenta pero segura implementación del Plan Puebla Panamá (PPP), enmarcado en las nuevas tendencias de inversión económica, amenaza, entre otras, a la región de Montes Azules y a sus habitantes, principalmente indígenas choles, lacandones, tojolobales, tzeltales y tzotziles.

La zona está amenazada por la búsqueda de especies, dada la biodiversidad que se encuentra en el área – solamente ahí se concentra el 40% de la biodiversidad de México – se trata de un punto focal de búsqueda de semillas y fauna para patentar como propiedad por parte de las empresas; si bien ahí se ubica la Reserva de la Biosfera, parece que para los intereses del PPP no hay tal, sino dar entrada al desarrollo por medio de carreteras, represas hidroeléctricas y maquiladoras. A pesar de la renuencia de las comunidades ante los desalojos, a través de instancias gubernamentales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), éstos han sido sistemáticos, simplemente en enero del año en curso se quemaron las viviendas de 23 familias indígenas de la zona, todas pertenecientes, coincidentemente, a las bases de apoyo del EZLN; el gobierno, en mancuerna con diversas transnacionales de la biopiratería, como Monsanto y Novartis, además de llevar a cabo los desalojos ha sembrado la zona con grupos paramilitares, como Paz y Justicia, que generan conflictos en la zona y dan pretexto a las autoridades municipales para “relocalizar” a las familias que se niegan a irse de sus tierras. Como lo dijo el mismo titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) en 2001: "hasta que no se recuperen estas zonas de alta ingobernabilidad [refiriéndose a la zona de Montes Azules], no llegará la inversión privada y eso tiene consecuencias negativas en todo el país".

El PPP, así como el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), no solamente afectarían Chiapas sino los Estados de Quintana Roo, Campeche, Guerrero y Yucatán entre otros, siendo el Sur del país el que más concentración de pueblos indios tiene.

El caso de la ONG estadounidense Conservación Internacional (CI) [2] creada en 1987, cuya misión es dedicarse a la conservación de la naturaleza y al estudio de especies de flora y fauna, es interesante. La primera intervención de CI en la Selva Lacandona data de 1989. CI desarrolla mucho trabajo en la zona del CBM y algunas de sus principales financiadoras son: Mc Donald’s, Walt Disney Company, Ford Motor Company, Exxon Mobil Fundation, entre otras. Además del trabajo de conservación, también da asesoría y se ha asociado con empresas como Starbuck’s Company, para la producción de café en Colombia; algunas multinacionales petroleras que apoyan a CI están: British Petroleum, Cevron-Texaco, Shell, y Statoil.

Con estos pocos ejemplos podemos darnos cuenta de la injerencia de las multinacionales en los territorios de los pueblos indios; no sólo se trata de medidas gubernamentales, como la negación del derecho a la tierra y el territorio mediante medidas agrarias inconsecuentes con la realización de dicho derecho, sino de la presión que ejercen las empresas, en el marco del sistema neoliberal y de inversión económica, para lograr sus objetivos; así como la mancuerna de los Estados con las multinacionales en la violación sistemática de derechos humanos, convenios y tratados internacionales en beneficio de la inversión extranjera y la apertura económica.

Los principales afectados siempre son los que menos tienen y los que han sido relegados por cientos de años: los waunana, emberá, kuna, awá, choles, tseltales, aimara, wayúu, mismitos, mayas, mapuches, tzotziles, tojolabales, wixaricas, tarahumaras… cuyo derecho a la tierra, al territorio y a la vida está siendo sistemáticamente negado.

Gabriela Gorjón Salcedo
Área de Comunicación

[1] Campaña cuyo objetivo era terminar con la población Mapuche para apropiarse de sus tierras.

[2] www.conservation.org

La experiencia del Programa de Formación Jurídica
de Promotores Indígenas

Los pueblos indígenas y las luchas de reivindicación étnica que ellos se han propuesto desde hace al menos una década motivaron al Centro Prodh a plantearse una acción específica hacia los pueblos indígenas que contribuyera a la defensa de sus derechos.

Conscientes de que la vigencia de los derechos indígenas no es solo un reto relacionado con una deuda histórica sino un componente indispensable para una verdadera democracia, en el 2000 el Centro Prodh abrió 3 oficinas en los estados de mayor pobreza y violación a los derechos humanos: Oaxaca, Guerrero y Chiapas

Convencidos de que la presencia del Centro Prodh en los estados debía ser acotada en el tiempo, nos propusimos favorecer la no dependencia así como la organización local y regional para la defensa y la promoción de todos los derechos humanos, particularmente de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Desde entonces, los compañeros y compañeras del Centro Prodh en esas oficinas locales realizaron una labor de defensa jurídica de los derechos humanos a cargo de abogados indígenas. Alimentaron una reflexión al interior del equipo del Centro Prodh sobre la pertinencia de favorecer una acción pedagógica, no solo desde las actividades propias de promoción a través de talleres, sino además y sobretodo desde el acompañamiento personalizado de los promotores indígenas que se interesen en el programa de formación.

Así pues, en 2001 nos propusimos favorecer la promoción de los derechos humanos a través de una propuesta de formación jurídica para promotores indígenas que contribuyera a hacer una defensa de las luchas y reivindicaciones que ellos llevan a cabo desde sus organizaciones y/o comunidades.

El Programa de Formación Jurídica para Promotores Indígenas (PPJI) fue la primera experiencia de formación y capacitación a miembros de pueblos indígenas participantes en algún proceso organizativo de reivindicación cultural, no necesariamente de derechos humanos, con el encuadre de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas que el Centro Prodh abrió, a partir de su presencia con oficinas jurídicas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El PPJI fue un proceso que tuvo 5 etapas:

1) Diagnóstico. Se realizó entre septiembre de 2001 y primeros meses de 2002, lo hicimos a través de visitar a los estados, particularmente en entrevistas que tuvimos con nuestros grupos de referencia.

2) Preparación del PPJI. Durante el primer semestre del 2002, consistió en diseñar del programa: su justificación, sus objetivos, la definición de perfil de promotor que necesitábamos para lograr lo que nos proponíamos y del perfil que queríamos obtener al término del Programa; el diseño curricular del mismo, así como la metodología que requería y podíamos ofrecer; la duración, los espacios e intervalos entre una sesión de capacitación y otra. Paralelamente, se armó el cronograma y se identificaron los elementos organizativos que como institución debíamos asegurar para sacar adelante el reto.

3) Implementación del programa de capacitación. Consistió en un proceso de año y medio de formación que intercalaría 5 talleres con etapas de aplicación práctica entre uno y otro, empezó en septiembre del 2002 y terminó en noviembre de 2003. Esta etapa fue intensa y muy enriquecedora, ya que además de la preparación e impartición de talleres, implicó conocer mucho de los 20 promotores que ingresaron, acercarnos a conocer la historia de sus pueblos y explorar con ellos sus rasgos culturales.

4) Seguimiento. Consistió en acompañar, durante el primer semestre del 2004, a al menos 8 de los 17 promotores que concluyeron el Programa en la puesta en práctica de proyectos relacionados con la promoción, reflexión, fortalecimiento y defensa de los derechos indígenas que desarrollaron durante el Programa, ya sea animando, ya sea dando asesoría en el diseño y acompañando la implementación de las estrategias y actividades.

5) Sistematización. Durante los meses de julio a septiembre del año en curso, llevamos a cabo la sistematización del proceso con la finalidad de ubicar los aprendizajes logrados para el Centro Prodh, evaluar los impactos del PPJI, así como ordenar y ver más claramente los materiales y el conocimiento que habíamos generado durante el proceso, con la finalidad última de compartirlo con compañeros y compañeras interesadas en favorecer procesos de formación similares, así como devolverlo a promotores y organizaciones que participaron.

Como todo proceso educativo que no sólo busca la transmisión de información y capacitación técnica, sino el desarrollo de habilidades y actitudes, el PPJI fue lento, tomó el ritmo de la vida que viven los promotores, determinado por el tiempo de siembra, de cosecha, de imprevistos que ocurren cuando se vive en condiciones de extrema pobreza con pocas carreteras, con muy deficientes medios de comunicación, con malos e inseguros servicios de transporte, con urgencias vitales como la certeza de la tierra o la necesidad de cobros justos por servicios como la luz eléctrica que se topa con procedimientos burocráticos, ajenos, lejanos, desconocidos y propicia climas políticos locales tensos y de riesgo, y con presencias incómodas como la de los militares.

La experiencia del PPJI, por novedosa en el trabajo del Centro Prodh, particularmente como estrategia educativa y pedagógica para la promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas, fue muy rica en cuanto al enriquecimiento de la práctica educativa y de sus implicaciones en la forma de organización que se requirió y conseguimos construir para sacar adelante el proyecto, pudiendo construir algunos lineamientos para un trabajo integral e interdisciplinario. Así mismo, enriquecimos nuestro concepto de defensa jurídica, pues aprendimos que dentro de lo jurídico es necesario incluir elementos de justicia que en las comunidades se conciben como principios, normas y valores aunque no estén escritos como tradicionalmente pensamos una ley.

Como resultado del proceso, los promotores fortalecieron su identidad indígena y su servicio desde ahí al colectivo, comunidad y/u organización a la que pertenecen; adquirieron herramientas para plantearse estrategias de defensa de sus derechos con una perspectiva integral que recupera sus propios sistemas normativos; profundizaron en el contenidos de sus derechos de cara al proyecto autonómico que alimenta al movimiento indígena del país; ampliaron sus habilidades respecto a la lengua oral y escrita del español, así como la confianza en sí mismos para llevar a cabo su trabajo.

La experiencia invita a repetirse para mejorarla respecto a un sector o tema de derechos humanos específico.

Adelina González Marín
Coordinadora del Programa de Formación Jurídica para
Promotores Indígenas

Diagnóstico de Derechos Humanos

Recomendaciones de alcance general contenidos en el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en nuestro país.


	*06 de octubre de 2004*		Número 8