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 “La Reforma al sistema de justicia penal y seguridad pública”
Primera parte
| Diagnóstico de Derechos
Humanos |
| “La Reforma
al sistema de justicia penal y seguridad pública”
Primera parte |
El presente artículo analiza
la propuesta de reformas al sistema de justicia penal
y seguridad pública presentada por el Ejecutivo Federal
el pasado mes de marzo ante el poder Legislativo.
El objeto de esta reforma es abandonar el sistema
inquisitorio, herencia de la colonia y que otorga
a la figura del Ministerio Público un papel activo
y central y deja a las partes en desigualdad el proceso
penal. Dado que la propuesta y sus contenidos son
extensos y complejos, el artículo se dividirá en tres
partes. Siendo esta primera parte la que aborda la
traducción de los principios de presunción de inocencia
e igualdad procesal esenciales de un sistema acusatorio
y que nos permitirán observar algunas inconsistencias
en la iniciativa al tratar de implementar un sistema
acusatorio.
I.
Bondades y posibles riesgos de adoptar un sistema
acusatorio en el actual proceso penal mexicano
El
proyecto del Ejecutivo Federal de reformar al sistema
de justicia penal tiene como punto central la transformación
del actual sistema penal inquisitorial predominantemente
escrito a uno acusatorio auténticamente oral, he aquí
una característica esencial de este sistema. Es decir,
actualmente el propósito de casi todas las diligencias
es producir un documento escrito (expediente) que
contenga la evidencia que el Ministerio Publico (MP)
usará como prueba que determine la culpabilidad del
indiciado sin que se de una real confrontación entre
las partes y que será la base conforme a la cual resolverá
el juez que conocerá del caso.
Por
el contrario el sistema acusatorio se contrapone al
procedimiento anterior por lo que con este: 1) La
información obtenida por una policía investigadora
en la etapa de investigación o preparatoria al juicio
es usada solamente para permitir a la autoridad persecutoria
(fiscal o MP) decidir sobre la procedencia de presentar
cargos contra el sospechoso y en algunos casos como
en Francia se envía el caso a un juez investigador
para un mayor cuestionamiento del sospechoso quien
finalmente decidirá enviar o no el asunto a juicio,1 por lo tanto carece
de valor probatorio durante el juicio; 2) El juez
competente para resolver es diferente de aquella autoridad
que presenta los cargos y, 3) el juicio es llevado
a cabo ante la presencia continua del juez cuyo papel
es pasivo y se limita a decidir cuestiones de hecho
y derecho que le plantean las partes,2 otro aspecto del juicio es ser de
naturaleza contradictoria o adversaria.3
En
razón de lo antes expuesto en el proceso penal mexicano
actual existe un desbalance en la relación y derechos
entre el acusado y su defensa frente al Ministerio
Publico. La evidencia que este último recaba constituye
el centro del expediente integrado contra el acusado
y la intervención que puede tener el defensa es prácticamente
nula al igual que la del juzgador. Esto transgrede
las garantías de la parte acusada a un debido proceso
y viola los estándares internacionales, ocasionando
además, un sin numero de violaciones a derechos humanos
ampliamente documentadas y denunciadas por organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos.4 Los grupos de derechos humanos hemos insistido
en la importancia de reformar el sistema judicial
enfatizando la necesidad de la obediencia de la ley
para la protección de los derechos civiles básicos.
Pero la reforma para ser efectiva debe ser integral,
es decir, buscar la independencia judicial, la transparencia
o mecanismo de rendición de cuentas, efectividad,
acceso y trato igualitario ante la justicia.
II.
Principio de presunción de inocencia.-
Es importante destacar que el sistema acusatorio es
visto como un sistema de justicia más accesible y
efectivo en la protección de los derechos civiles
básicos de los ciudadanos. Por ejemplo, uno de los
principios esenciales que lo rigen es el de presunción
de inocencia, mismo que además es reconocido por el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
del cual México es parte. Conforme a este principio
el acusado debe ser considerado inocente hasta que
el fiscal pruebe los elementos del crimen razonablemente,
es decir, más allá de cualquier duda y que el juez
competente lo declare culpable.5
Consecuentemente ninguna persona podrá ser privada
de su libertad hasta que un juez competente dicte
sentencia, declarándolo culpable de la comisión de
un delito establecido previamente en la ley.
En
la iniciativa de reformas del presidente Vicente Fox,
el artículo 20 propuesto reconoce este principio de
inocencia. No obstante, este reconocimiento trae aparejada
excepciones que desvirtúan el fin esencial del mismo
y sobre las que vale la pena reflexionar.
Excepciones al principio de inocencia reconocido por
el artículo 20 de la propuesta:
a)
La primera excepción es cuando el delito
cometido sea considerado grave por la ley penal. Actualmente
lo son, ente otros: el homicidio, sabotaje, tráfico
de enervantes, etc. A los ya existentes deben agregarse
aquellos delitos que conforme a las nuevas modificaciones
a varios tipos penales se pretenden sean hechas en
el mismo paquete de las reformas propuestas por Fox,
aumentando considerablemente el núumero de posibilidades
de ser condenado por delito grave y por lo tanto no
tener derecho a gozar del principio de presunción
de inocencia. Por ejemplo, se propone derogar el articulo
1956 del Código
Penal, lo que significa que toda persona que sea sorprendida
con alguna droga para su consumo personal será acusado
de un delito grave, por lo tanto no podrá gozar de
los beneficios del principio de presunción inocencia
y será sometido a prisión preventiva durante el proceso
en su contra.
b) La segunda excepción, se actualiza cuando
tratándose de delitos no graves, el inculpado no pueda
garantizar la reparación del daño y por lo tanto será
sujeto de prevención preventiva (negando acceso a
la justicia a grupos minoritarios o marginados como
los pobres, indígenas, pobladores rurales, mujeres,
niños, etc.) y,
c) la tercera está sujeta a la discreción
del juez quien podrá decretar la privación de la libertad
del acusado, dando lugar a un trato desigual de los
individuos frente a la ley.
Retomando
el principio de la presunción de inocencia, éste significa
que toda persona acusada debe ser tratada desde el
momento de su arresto como inocente hasta en tanto
no exista la declaración respectiva de culpabilidad.
Por el contrario las excepciones mencionadas connotan
que en realidad se trata de un sistema inquisitorio
matizado puesto que aun prevalece el principio de
culpabilidad característico del mismo.
Aquí
cabe mencionar que el principio de inocencia es fundamental
para proteger a aquellas personas acusadas de una
condena errónea. La razón por la cual este principio
es considerado fundamental, es que generalmente es
mejor visto que un culpable sea liberado antes que
condenar a un inocente.7
Así pues, un sistema ideal de justicia penal es aquel
que, basado en normas jurídicas y no en conveniencias
u oportunidades políticas, sanciona a las y los responsables
de delitos al mismo tiempo que garantiza que las personas
inocentes no serán condenadas injustamente.8
III.
Igualdad Procesal
Otra situación que se observa en la propuesta de reformas
del ejecutivo federal y que es contraria al sistema
acusatorio el cual supuestamente se está implementando
es el principio de igualdad de las partes ante la
ley, la corte o tribunales. También reconocido por
el PIDCyP. Esto es en un sistema penal de corte acusatorio
tanto el inculpado como la victima de un delito, están
en equidad procesal frente al juez, así ambas partes
durante el juicio presentan sus pruebas que son valoradas
de igual manera.
Estamos
hablando de un sistema en que todos los ciudadanos
gocen de igualdad en caso de que se vean sometidos
a un proceso penal, esta principio básico de igualdad
se desvanece en la propuesta de reforma al sistema
de justicia penal presentado por Vicente Fox, ya que
propone en el artículo 16 constitucional, en lo que
respecta a delincuencia organizada, “el derecho de
establecer los términos y modalidad en que será investigada
y perseguida” esto nos llevaría, peligrosamente, a
la consagración constitucional de una tercera vía
para el enjuiciamiento: uno de garantías plenas en
los delitos comunes, otra para aquellos que son considerados
graves o en las excepciones mencionadas anteriormente
y una tercera para aquellos de delincuencia organizada.
En ninguno de los casos se puede aceptar dejar de
lado algunos derechos o reducirlos, para crear sistemas
paralelos de justicia penal.
Las
situaciones descritas nos llevan a observar que en
al menos tres diferentes aspectos de la propuesta
de reformas se violan los derechos humanos y las garantías
del debido proceso lo grave es que se les pretende
dar jerarquía constitucional. Así tenemos que como
se mencionó en el caso de los delitos considerados
como graves o en los casos de delincuencia organizada
el trato que recibe el presunto acusado es en realidad
el de verdadero responsable del delito sin haber los
elementos que se requieren para que así sea tratado.
En
ningún caso es aceptable un trato desigual de los
sujetos a proceso cualquiera que sea la calidad con
que actué dentro del mismo hasta en tanto se demuestre
lo contrario, en todo estado de derecho garantista
los derechos humanos no pueden ser regresivos, es
decir, reducirse el grado de su cumplimiento o dejarlos
sin efectos.
Otro
aspecto importante dentro del sistema acusatorio es
la separación de la autoridad investigadora de la
acusadora. Hasta ahora en nuestro país el MP indebidamente
hace uso de dos facultades incompatibles entre si
que hacen que existan desventajas para la parte acusada.
Así pues debe decretarse la separación de la autoridad
que acusa de la que juzga.
IV. Conclusiones.
La
propuesta de reforma presentada por el Ejecutivo Federal
en parte busca respetar los garantías procesales de
los sujetos, no obstante se observan ciertas reticencias
a abandonar por completo el sistema inquisitorial
que hasta ahora ha caracterizado el proceso penal
mexicano. Ello indudablemente repercute en la adopción
de un verdadero proceso de corte acusatorio corriéndose
el riesgo de que no funcione y dando lugar a que los
abusos en el proceso penal se incrementen. Por otro
lado es de esperarse que con este el sistema propuesto
México cumpla con los estándares internacionales a
los cuales esta obligado a sujetarse.
Así pues, el supuesto sistema acusatorio que se pretende
implementar en nuestro proceso penal en realidad no
es tal, si no se respetan los principios esenciales
que lo componen como son: , la imparcialidad del juez,
la presunción de inocencia y el esclarecimiento judicial
de los hechos; la oralidad, la inmediación, la publicidad,
la contradicción, la concentración y la economía procesal,
y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Dulce Ma. Gpe. Sotelo
Galeana
Programa de Incidencia.
Eduardo Reyes Lara
Programa de Monitoreo y Análisis
(1)
WESLEY Simon. A glimpse of French Criminal Justice.
New Law Journal. March, 6, 1998, p. 326
(2) LANGER Máximo. La Dicotomía acusatorio-inquisitivo
y la importación de mecanismos procesales de la tradición
jurídica anglosajona. Algunas reflexiones a partir
del procedimiento abreviado en HENDLER Edmundo S.
Comp, p. 241
(3)FERRAJOLI Luigi. Derecho y Razón. Teoría del Garantismo
Penal. (1995).p. 93…..
(4)Ver, INJUSTICIA LEGALIZADA, Procedimiento Penal
Mexicano y Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos
“Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. y Lawyers Committee
For Human Rights. Entre otros.
(5) TADROS Victor and TIERNEY Sthephen. The Modern
Law Review, 2004 (67) 3, pp. 402, 403
(6) TÍTULO SÉPTIMO, DELITOS CONTRA LA SALUD. Capítulo
I De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo
y otros actos en materia de narcóticos. Artículo 195.…
Se deroga.
(7) Ibid. p. 402
Capitulo 2. Derechos civiles del Diagnóstico Sobre
la situación de los derechos humanos en México de
la oficina del Alto Comisionado para los (8) Derechos
Humanos de Naciones Unidas, 2003. Pág. 11
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| de memoria... |
| 1 JULIO
• 44 por ciento de los latinoamericanos es pobre pese a
que hubo un ''notable'' incremento del gasto social,
dijo el secretario ejecutivo de la Cepal, José Luis
Machinea.
2 JULIO
• México y Guatemala firmaron un acuerdo de repatriación
ordenada de indocumentados.
Son guatemaltecos entre 45 y 49 por ciento de los migrantes
que cada año deporta México.
• Por
acuerdo del Consejo Técnico de Seguridad Pública de
la Región Centro comenzaron a funcionar en nueve entidades
los llamados "puntos de revisión y control móviles"
que no son otra cosa más que retenes carreteros.
3 JULIO
• Anders Kompass, representante en México de la OACNUDH,
anunció que las reformas y adiciones al Código Penal
chiapaneco en materia de delitos contra el honor serán
analizadas por organismos internacionales competentes
y podrían ocasionar recomendaciones.
4 JULIO
• Ante la parcialidad de las autoridades laborales de México,
los trabajadores de Uniroyal, anunciaron que llevarán
su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
5 JULIO
• Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron
que una ley de punto final y obediencia debida para
exculpar a los militares que participaron en la llamada
guerra sucia, es contraria a las normas internacionales
que protegen las garantías básicas.
• Las denuncias ciudadanas contra policías municipales
ocupan el tercer lugar en la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de México, donde tan sólo en seis
meses se han presentado 380 quejas contra uniformados
de este nivel por delitos que van desde el abuso de
autoridad, la extorsión y hasta la privación ilegal
de la libertad.
• Luis de la Barreda Moreno, ex titular de la desaparecida
DFS, consiguió un amparo que deja sin efectos la orden
de aprehensión por el delito de privación ilegal de
la
libertad cometido en agravio de Jesús Piedra Ibarra.
• La implementación de un gran operativo de seguridad en
el que participarán unos 25 mil elementos policiacos
de nueve entidades del centro del país, así como la
creación de un Comando Regional contra la Delincuencia,
son los
acuerdos más importantes de la LVIII Reunión del Consejo
Técnico de Seguridad Pública de la Región Centro.
7 JULIO
• En violación a una suspensión definitiva, el juez segundo
de distrito en materia penal, César Flores Rodríguez,
consideró procedente la extradición de seis ciudadanos
vascos detenidos en julio de 2003.
8 JULIO
• Las enfermedades provocadas por la contaminación
se han incrementado en niños y adolescentes de la ciudad
de México, advierten la Red por los Derechos de la Infancia
en México y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF).
• La Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó
la facultad de atracción de la investigación del asesinato
de Francisco J. Ortiz Franco, el editor del semanario
Zeta.
• Los
seis vascos empezaron ayer una huelga de hambre, revelaron
ayer funcionarios de la Dirección General de Reclusorios.
10 JULIO
· La Secretaría de la Defensa Nacional dijo no tener
información ni archivos acerca de la cadena de mando
que entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre
de 1971 integró la Sección Segunda del Ejército mexicano.
11 JULIO
• El ex presidente Luis Echeverría Alvarez y dos de sus
ex colaboradores solicitaron amparo contra la Femospp,
con el propósito de evitar que esa dependencia, los
consigne penalmente por su participación en la masacre
del 10 de junio de 1971.
• El secretario general de la ONU, Kofi Annan, llamó a
los líderes mundiales a no hacer promesas vacías sobre
el SIDA, tras advertir que la pandemia amenaza la prosperidad
del mundo.
• El
secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental
solicitó al gobierno mexicano dar explicación sobre
posibles omisiones en la aplicación efectiva de la legislación
ambiental.
12 JULIO
• El gobierno de Estados Unidos ha creado un "clima de
terror" con el programa de repatriación voluntaria,
ya que incrementó el número de redadas contra mexicanos
en Los Angeles y otras ciudades, denunciaron activistas
por los derechos de los migrantes.
• Cientos de presos de origen indígena empezaron una huelga
de hambre en el penal El Amate. Los reclusos piden regresar
al ex centro de readaptación social de Cerro Hueco,
o ser trasladados a cárceles cerca de sus lugares de
origen.
13 JULIO
• El juez federal notificó a la Secretaría de Relaciones
Exteriores que los seis ciudadanos vascos quedaron a
disposición de la autoridad judicial, de manera temporal,
la cual podría decretar su libertad en cualquier momento,
si lo considera jurídicamente necesario.
• Más de 25 mil efectivos policiacos desplazados en nueve
entidades participaron en el operativo denominado Comando
regional contra la delincuencia en la zona centro del
país. La medida provocó una cadena de críticas y advertencias
de legisladores y organizaciones civiles por la violación
a las garantías individuales.
14 JULIO
• La regional Oaxaca del Congreso Nacional Indígena solicitará
que se incluyan en el Informe alternativo sobre DESCA,
que diversas organizaciones no gubernamentales enviarán
al Comité de Derechos Humanos de la ONU, las violaciones
a las garantías individuales y colectivas de los pueblos
indios de Oaxaca y Chiapas.
• Un grupo de 23 ejidatarios de Zapotlán de Juárez y Villa
Tezontepec, Hidalgo, que se negaron a vender sus parcelas
al gobierno del estado para la construcción del aeropuerto
de carga en Tizayuca, demandaron a las autoridades agrarias
que actúen para proteger sus derechos.
• La CNDH anunció que en breve emitirá una recomendación
general sobre la libertad de expresión, en virtud de
que este organismo ha abierto entre 1999 y hasta el
martes pasado 153 expedientes de agresiones a periodistas.
15 JULIO
• Human Rights Watch exhortó al gobernador de Jalisco a
investigar de manera exhaustiva e imparcial, y sancionar
a los responsables de las detenciones arbitrarias, "graves
casos de brutalidad policial, tratos crueles, inhumanos
y degradantes, e inclusive evidencias de tortura" realizados
en contra de los altermundistas el pasado 28 de mayo
en la ciudad de Guadalajara.
16 JULIO
• El comisario ejidal de Xochistlahuaca, Guerrero, Genaro
Cruz Apóstol, fue detenido por la policía judicial de
modo ilegal, en el interior de su casa, se le mantuvo
incomunicado por más de un día y fue amenazado con ser
desaparecido.
18 JULIO
• México y Cuba acordaron reinstalar a los embajadores
Roberta Lajous y Jorge Bolaños para el próximo 26 de
julio.
• Las autoridades tradicionales del municipio autónomo
de Xochistlahuaca y del comisariado ejidal de ese lugar
afirmaron que el gobierno de Guerrero "ha desatado una
agresiva campaña represiva". Indicaron que ya fue liberado
bajo fianza el presidente del comisariado, Genaro Cruz
Apóstol, pero sigue sujeto a proceso y se mantienen
otras 12 órdenes de aprehensión contra personas que
forman parte de la resistencia amuzga.
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó
un periodo extraordinario de sesiones en el país. Los
integrantes de la CIDH se entrevistaron con diversas
autoridades mexicanas, legisladores y representantes
de organismos públicos de derechos humanos.
19 JULIO
• El fiscal especial para delitos del pasado, Ignacio Carrillo
Prieto, revisa en la ciudad de Washington documentos
desclasificados de diversas instancias federales como
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento
de Justicia en torno a los hechos del 10 de junio de
1971 y la posible conexión de altos funcionarios mexicanos
con agentes norteamericanos.
• En
lo que tiene visos de ser un crimen homofóbico, el guatemalteco
Josué Mauricio Bercián Quiroga fue asesinado a golpes;
además, sus victimarios le cercenaron los genitales.
En los últimos dos meses se han registrado 3 asesinatos
por homofobia en la entidad.
20 JULIO
• Para juristas mexicanos, el hecho de que los seis ciudadanos
vascos enfrenten un juicio de extradición por sus presuntos
vínculos con la ETA, representa un "retroceso" para
el estado de derecho en el país y demuestra que cualquier
persona puede ser víctima de "actos extrajudiciales".
• El juez de primera instancia del ramo penal de Ometepec,
Guerrero, dictó auto de formal prisión al comisariado
ejidal de Xochistlahuaca, Genaro Cruz Apóstol, por el
supuesto delito de privación ilegal de la libertad.
• A un año de que la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal concluyera que la defensora de derechos
humanos, Digna Ochoa y Plácido, se suicidó, un informe
de la Comisión de Derechos Humanos del DF pone en duda
la validez de la investigación al detallar las omisiones,
contradicciones, insuficiencias y errores que fueron
cometidos por el personal responsable del caso.
20 JULIO
• El PAN en el Senado presentó una iniciativa de decreto
para convocar a un periodo extraordinario de sesiones
a fin de aprobar las reformas al IMSS.
21 JULIO
• El fiscal especial para la llamada guerra sucia, consignó
personalmente ante un juez federal con sede en el Reclusorio
Norte la averiguación previa por la matanza de estudiantes
del 10 de junio de 1971.
• En un mitin frente a la Secretaría de Gobernación, organizaciones
de campesinas e indígenas denunciaron una campaña permanente
de hostigamiento y represión emprendida por autoridades
estatales y locales contra comunidades de los estados
de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán,
particularmente de los municipios autónomos.
25 JULIO
• El juez segundo de distrito César Flores Rodríguez determinó
que en los hechos del 10 de junio de 1971 no hubo genocidio,
sino homicidios calificados, lesiones, obstrucción de
la justicia y abuso de autoridad, pero que esos ilícitos
han prescrito y, por tanto, negó las 12 órdenes de aprehensión
solicitadas por la Femospp.
• El poder judicial negó a los familiares de Digna Ochoa
y Plácido la protección con la que buscaban que la Procuraduría
del DF reabriera las investigaciones sobre la muerte
de la defensora.
• Durante los pasados 12 meses se han cometido 13 homicidios
de mujeres en Ciudad Juárez, con los cuales suman 334
los asesinatos registrados oficialmente desde 1993,
informó el Instituto Chihuahuense de la Mujer.
27 JULIO
• Un saldo de un muerto y siete lesionados dejó el enfrentamiento
a balazos, pedradas y machetazos entre militantes del
PRI y simpatizantes de la coalición Todos Somos Oaxaca
(integrada por PAN y PRD), en Huautla, Oaxaca. Los hechos
se registraron a 5 días de que se realicen en la entidad
comicios para elegir gobernador y diputados locales.
• El fiscal especial para delitos del pasado, apeló ante
el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal la negativa
del juez César Flores Rodríguez de obsequiar las órdenes
de aprehensión en contra del ex presidente Luis Echeverría
y algunos de sus colaboradores.
28 JULIO
• Un grupo de 50 integrantes del Movimiento Libertario
y del Consejo General de Huelga de la UNAM se instalaron
en plantón a un costado de la Plaza de Armas de Guadalajara,
Jalisco, en protesta contra la represión de que fueron
objeto grupos altermundistas, durante la celebración
de la Cumbre. La Comisión Estatal de Derechos Humanos
concluyó que sí hubo irregularidades pero no tortura
contra los globalifóbicos.
29 JULIO
• La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
prepara una investigación sobre la política de seguridad
del gobierno capitalino, toda vez que los operativos
policiacos que ha puesto en marcha para combatir a la
delincuencia son sólo acciones mediáticas y de dudosa
legalidad.
• Habitantes de La Parota, Guerrero denunciaron la detención
"arbitraria" de los comuneros Marco Antonio Suástegui
Muñoz y Francisco Hernández Valeriano, y la expedición
de otras nueve órdenes de aprehensión en contra de opositores
a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota,
a unos kilómetros de Acapulco,
y adivirtieron que queda clara la decisión del gobierno
de Vicente Fox de imponer "por la ley del cartucho"
los proyectos del Plan Puebla-Panamá,
• La PGR estableció que la información relacionada con
los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez se encuentra
"parcialmente reservada" y estableció que en dichos
casos no existen "violaciones graves a los derechos
fundamentales o delitos de lesa humanidad”.
30 JULIO
• La reforma a la Ley del Seguro Social fue aprobada por
la mayoría de diputados de PRI, PAN, Partido Verde y
Convergencia.
• El
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez,
acordó conceder la extradición de los seis vascos.
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