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 El
Acceso a la Justicia: Un Derecho Impostergable
 Y
la Salud...Bien Gracias
 Resultados
de la XXXIV Asamblea General de la OEA
 Radios
Comunitarias, Agenda Pendiente
Diagnóstico
de Derechos Humanos |
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El Acceso
a la Justicia:
Un Derecho Impostergable |
La
lucha por el respeto de los derechos humanos y la justa
aplicación de los estándares internacionales de mayor
protección a los mismos, es hoy más que nunca una condición
para asegurar la real transición a la democracia.
El
gobierno mexicano tiene una larga lista de preguntas sin
responder respecto a los delitos cometidos en las décadas
que cubren el período llamado de la “guerra sucia”, en
la cual se evidencia claramente el uso de la represión,
como método de control político a los movimientos sociales
de esa época. Un sinnúmero de violaciones a los derechos
humanos, entre las que destacan la privación ilegal de
la libertad, acompañada generalmente del uso de la tortura
y en muchos casos de la desaparición forzada, constituyeron
un patrón de violaciones que fueron registradas por los
familiares de las víctimas y posteriormente por organizaciones
no gubernamentales. Aún más, la desaparición forzada
sigue siendo un problema actual en nuestro país y las
respuestas del gobierno mexicano insuficientes.
[1]
En
un intento de comenzar a dar respuesta a la situación
en comento, en junio del 2001 se anexó el delito de desaparición
forzada en el Código Penal Federal. Por otro lado solo
en los Estados de Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal
se cuenta con una tipificación de la desaparición forzada.
En este mismo sentido el 4 de mayo del 2001 el gobierno
mexicano firmó la Convención Interamericana de Desaparición
Forzada de Personas (CIDFP) y el 9 de abril, el senado
de la República ratificó. Posteriormente el 18 de enero
del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el decreto aprobatorio con una reserva al artículo IX
de la Convención sobre la jurisdicción militar y días
después el 27 de febrero, bajo la denominación de “Fe
de erratas”, la declaración interpretativa sobre la retroactividad
a la misma convención.
Dos
años después, el pasado 29 de junio del 2004 la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Controversia
Constitucional 3/2002 promovida por el jefe de Gobierno
del Distrito Federal en contra de la Cámara de Senadores
y de otras autoridades, en la cual se impugnaban tanto
la reserva al artículo IX, como la declaración interpretativa
de la Convención.
La
argumentación que da la SCJN debe analizarse en sus dos
aspectos y a la luz de las últimas declaraciones que en
el escenario político del país se han desarrollado respecto
a los delitos cometidos en las décadas de los años 60,
70 y 80’s en el país.
La
SCJN reconoce la validez de la Declaración Interpretativa
a la Convención pero desarrolla el criterio que establece
que la desaparición forzada es un delito permanente o
continuo: ”... ya que la consumación del mismo prosigue
momento a momento, hasta que la persona que se encuentra
desaparecida aparece viva o muerta, pero aparece, en ese
momento es cuando empieza a contar el plazo de la prescripción,
lo cual quiere decir también que en aquellos asuntos que
se iniciaron antes de la vigencia de la nueva ley, si
se prolongan hasta este momento, también le son aplicables
las normas correspondientes a este delito...” [2] .
Este
criterio es sin duda un avance para los familiares de
las víctimas que han denunciado ante la Fiscalía Especial
para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp)
el delito de desaparición forzada. Finalmente la SCJN
da la razón a las argumentaciones que las organizaciones
de defensa de los derechos humanos hemos venido dando
desde la conformación de la Femospp respecto a la obligación
de ésta de consignar las averiguaciones previas por el
delito de Desaparición Forzada y no por el de privación
ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, debido
a la imprescriptibilidad del delito y a los demás elementos
adjetivos que lo conforman [3] .
El
segundo aspecto sobre el que resolvió la SCJN es el sobreseimiento
del juicio en relación con la Reserva al artículo IX [4] de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual plantea
básicamente que en el supuesto de que existiera la participación
de elementos del Ejército Militar en el delito de desaparición
forzada, estos hechos no podrán ser sometidos a la jurisdicción
común. En este sentido la SCJN evitó entrar al fondo del
asunto, argumentando la falta de competencia del Jefe
de Gobierno del Distrito Federal y al resolver el sobreseimiento
del juicio respecto a este punto, y frena nuevamente la
posibilidad de que la justicia civil atraiga los casos
de desaparición forzada en donde se ha comprobado la participación
de elementos del Ejército Mexicano.
Lo
anteriormente expuesto resulta preocupante a la luz de
las declaraciones hechas por el Secretario de la Defensa
Nacional, Ricardo Clemente Vega, sobre la necesidad del
perdón y la conciliación. Cabe mencionar que ya hace un
mes el propio Clemente Vega señaló que impulsaría una
Ley de Amnistía que elimine las responsabilidades penales
de quienes participaron en la llamada guerra sucia, propuesta
que de manera irresponsable fue considerada en su momento
por el Fiscal Especial Ignacio Carrillo Prieto.
El
1 de julio del presente año, el Subprocurador de Delincuencia
Organizada de la Procuraduría General de la República,
José Luis Santiago Vasconcelos, hizo eco de esta propuesta
y se pronunció no solo a favor de la amnistía de militares
que hayan participado en crímenes cometidos durante la
“guerra sucia”, sino también a favor de exfuncionarios
que hayan participado en delitos del pasado.
Por
todo esto se hace necesario señalar que, como defensores
de derechos humanos, tenemos la claridad de que las respuestas
que el gobierno mexicano está obligado a dar tienen que
estar basadas fundamentalmente en la justicia para las
víctimas y sus familiares, así como el acceso al derecho
a la verdad, que implica necesariamente explicar ¿qué
fue lo que pasó con sus seres queridos?.
La
exigencia de la investigación, procesamiento y sanciones
a los responsables materiales e intelectuales de los delitos
cometidos en el pasado es una condición necesaria para
dar paso a lo que han denominado la reconciliación. Hablar
de una amnistía para los responsables de delitos de lesa
humanidad, como lo es la desaparición forzada, fomentaría
la impunidad de la represión que el Ejército Mexicano
y funcionarios estatales ejercieron en el pasado, así
como de violaciones a los derechos humanos más recientes,
como son las masacres de El Charco, en Guerrero; el Bosque,
en Chiapas y todos los casos de violaciones sexuales,
ejecuciones extrajudiciales y tortura, que organismos
públicos y no gubernamentales seguimos documentando y
en los que se encuentran involucrados miembros del Ejército
Mexicano y funcionarios estatales.
Una
verdadera transición a la democracia tendrá que atender
a los compromisos adquiridos por el señor Vicente Fox
Quesada al inicio de su administración con las víctimas
y sus familiares. Se hace necesario recordar que durante
su campaña se comprometió a crear una Comisión de la Verdad,
hecho que no sucedió y en su lugar creó la Femospp con
el argumento de asegurar la investigación y procesamiento
penal de los responsables por los delitos cometidos en
el pasado. El hecho de que ahora funcionarios del nivel
del Subprocurador Santiago Vasconcelos y el propio Fiscal
Especial Carrillo Prieto promuevan la iniciativa de amnistía
es una obvia contradicción en el gobierno mexicano.
Finalmente
es necesario reiterar que un verdadero Estado de derecho
jamás podrá construirse sobre la base de la impunidad.
Solo las víctimas y sus familiares tienen la legitimidad
de poner a discusión una posible reconciliación y perdón.
Sin embargo, antes se tendrá que asegurar un ejercicio
real al acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad.
Alejandra
Ancheita
Programa
de Defensa Integral
[3] la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha definido la desaparición forzada como una violación
compleja y múltiple: 155. La desaparición forzada de seres
humanos constituye una violación múltiple y continuada
de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que
los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar.
El secuestro de la persona es un caso de privación arbitraria
de libertad que conculca, además, el derecho del detenido
a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los
recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto,
que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce
el derecho a la libertad persona.
[4] Es importante señalar que el artículo IX de la
Convención expresamente establece: “Los presuntos responsables
de los hechos constitutivos del delito de desaparición
forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones
de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión
de toda jurisdicción especial, en particular la militar.
Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no
podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de
las funciones militares. No se admitirán privilegios,
inmunidades, ni dispensas especiales en tales procesos,
sin perjuicio de las disposiciones que figuran en la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
| "Y
la Salud...Bien Gracias." |
Toda
persona tiene el derecho al disfrute del nivel más alto
de salud física y mental. El contenido del derecho la
salud está relacionado con el disfrute pleno de las facilidades,
bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar
el nivel más alto posible de salud que garantice el desarrollo
integral de las personas en lo individual y en lo colectivo.
Las
condiciones necesarias para ejercer este derecho son aquellas
que garantizan, entre otras cosas, una atención médica
universal y de calidad, sin discriminación, con oportunidad
y continuidad tanto en la atención así como en los medicamentos
y tratamientos; aquellas que aseguren para los pacientes
el acceso a la información básica sobre su enfermedad;
el que los bienes y servicios médicos estén al alcance
geográfico de todos los sectores de la población y su
acceso económico con base en principios de equidad, el
mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo
y del medio ambiente; de la prevención y el tratamiento
de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales
y la lucha contra ellas; de la creación de condiciones
que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos
de calidad en caso de enfermedad, y a través del establecimiento
de políticas cuyo objetivo sea garantizar el ejercicio
de este derecho humano.
El
panorama del derecho a la salud en el país no denota que
represente una prioridad para el gobierno federal, de
acuerdo con los acontecimientos registrados en el 2003
y que indican claramente que el rumbo de la política en
la materia continúa distanciado del cumplimiento de las
obligaciones de respeto, protección y garantía que posibiliten
el ejercicio del derecho a la salud. Las acciones de mayor
resonancia en la definición política que el Ejecutivo
ha tomado en el ámbito de la salud tienden a negar, de
facto, a la salud como un derecho y más bien se orientan
en la perspectiva de favorecer su comercialización y,
en el mejor de los casos, la intervención por parte del
Estado, se reduce a lo asistencial y en su mínima expresión.
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| de
memoria... |
| 1
JUNIO
•
Organizaciones
defensoras de derechos humanos condenaron los abusos y vejaciones
a que fueron sometidos 44 jóvenes detenidos el pasado
28 de mayo
por elementos de la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Jalisco. La Secretaría de Gobernación
determinó expulsar a ocho extranjeros detenidos
durante las movilizaciones altermundistas.
3
JUNIO
•
La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes rechazó
las peticiones de
permiso que presentaron Radio Bemba, de Hermosillo, Sonora;
La Voladora Radio, de Amecameca, estado de México,
y Radio Calenda, de San Antonino, Oaxaca, para operar como
estaciones comunitarias.
•
La
fiscal especial para las muertes de Juárez presentó
el informe sobre 50 expedientes analizados. Indagarán
posible negligencia de 81 funcionarios en el caso Juárez.
7
JUNIO
•
Periodistas
de Chiapas solicitaron amparo ayer contra las reformas al
Código Penal que entraron en vigor el pasado 26 de
mayo -que establecen sanciones hasta de nueve años
de prisión por los delitos de difamación y calumnia.
•
Declara
juez de Guadalajara formal prisión a 45 jóvenes
altermundistas. Motín, pandillerismo, ataques a las
vías de comunicación y robo, entre los cargos.
•
Eduardo
Vázquez, uno de los principales líderes indígenas
de la zona norte de Chiapas fue asesinado la tarde del pasado
lunes en la cabecera municipal de Chilón, presuntamente
por terratenientes de la región.
9
JUNIO
•
De
discriminatorio e inconstitucional calificó el cuarto
tribunal colegiado en materia administrativa el trato dado
a un sargento con VIH/sida, expulsado de las filas del ejército
por ''inutilidad'' para el servicio de las armas.
10
JUNIO
•
Amnistía
Internacional expresó su preocupación por los
acontecimientos de Guadalajara, pues dijo que la respuesta
policial "desembocó en graves abusos de los derechos
humanos, incluyendo violaciones a la integridad física
y mental de los detenidos".
12
JUNIO
•
La
Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos
del Pasado informó que consignará, antes del
15 de julio, el expediente sobre los hechos del 10 junio de
1971, incorporando entre los delitos a sancionar el de genocidio.
La consignación se refiere a la masacre perpetrada
por el grupo paramilitar de los Halcones , que reprimió
una manifestación estudiantil con saldo de 40 muertos.
14
JUNIO
•
La
Procuraduría General de Justicia de Chihuahua dio a
conocer ayer el inicio de una investigación interna
a 54 de sus funcionarios y ex funcionarios que podrían
tener responsabilidades penales o administrativas en los asesinatos
de mujeres.
15
JUNIO
•
La
cúpula del Poder Judicial de la Federación recibió,
en una sesión solemne, el proyecto definitivo del Código
de Ética que mandaron a elaborar y que consta de 45
preceptos que regirán las actividades de los juzgadores
federales de nuestro país.
16
JUNIO
•
Las
redadas efectuadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos
durante la última semana, en más de 20 ciudades
del sur de California, han dejado 410 detenciones de indocumentados
mexicanos. Para los activistas en favor de los migrantes,
las incursiones policiacas son un ataque directo contra la
comunidad latina.
18
JUNIO
•
A
ocho años de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas,
ocho de 25 testigos que declararán ante la Fiscalía
Especial para Movimientos Sociales y Políticos del
Pasado exigieron ante el Ministerio Público Federal
castigo para el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer,
y para los autores intelectuales y materiales del genocidio.
También pidieron que se les garantice su seguridad
personal.
19
JUNIO
•
La
empresa de ropa Sara Lee Internacional cerrará cinco
de sus plantas, localizadas en el estado de Coahuila, dejará
sin empleo a 2 mil 429 personas.
•
Unos
500 integrantes de la comunidad lésbico-gay de Yucatán
marcharon para exigir al gobierno estatal que acabe con la
discriminación en su contra, propiciada por algunos
de sus funcionarios, quienes muestran una evidente hostilidad
hacia las personas que padecen sida.
20
JUNIO
•
La
CNDH informó que en el periodo del 6 de junio de 1990
al 31 de mayo de 2004 las autoridades más señaladas
por presunta violación a los derechos humanos son la
PGR y el IMSS.
•
La
SEP decidió eliminar de los planes de estudio de secundaria
la historia anterior al siglo XV y las culturas prehispánicas
para no repetir temas de primaria, "profundizar"
en otros como la situación actual de los indígenas.
21
JUNIO
•
Aunque
el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto
Cárdenas Jiménez, aseguró que el país
"no está a la sombra de los intereses de Estados
Unidos" en el tema de los transgénicos, rehusó
precisar cuál será la posición de México
ante la eventual negativa del vecino del norte a que se divulgue
el informe sobre la "contaminación" de los
cultivos criollos de Oaxaca con maíz modificado genéticamente.
22
JUNIO
•
Indígenas
chinantecas de Oaxaca denunciaron el clima de hostigamiento
que padecen por parte de las autoridades judiciales y sanitarias
de la entidad, luego de que participaron en una protesta para
exigir servicios médicos gratuitos y de calidad en
sus comunidades.
•
Francisco
J. Ortiz Franco, editor del semanario Zeta de Tijuana, fue
asesinado por dos desconocidos que le dispararon en cuatro
ocasiones. Ortiz Franco participaba desde abril pasado en
un grupo de trabajo acordado con los gobiernos federal y local,
para estudiar la posible reapertura del expediente del asesinato
de su compañero y codirector de Zeta , Héctor
Félix, ocurrido en 1988.
23
JUNIO
•
Indígenas
de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, que se dicen afectados por la
contaminación de sus cultivos de maíz criollo
con polen de variedades transgénicas, exigieron a los
gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos
que se den a conocer los resultados del informe de impactos
de los Organismos Genéticamente Modificados sobre ese
grano, y que se proteja a todo el país de los transgénicos.
24
JUNIO
•
Isidro
Baldenegro y Hermenegildo Rivas salieron en libertad para
continuar su lucha en defensa de sus bosques, y con ello,
su cultura. El Ministerio Público de la Federación
retiró los cargos en su contra, pero aún hay
pendientes en su caso y su seguridad personal.
•
La
Red de Derechos Humanos de Chiapas rechazó el proyecto
de ley para la conservación de la biodiversidad y la
protección ambiental del estado.
26
JUNIO
•
La
CFE reanudó en Chiapas los cortes masivos del suministro
de energía eléctrica a las comunidades en resistencia
de pago. La medida ha provocado enfrentamientos entre los
empleados de la paraestatal y los vecinos.
27
JUNIO
•
De
acuerdo con cifras de los organizadores, 350 mil personas
marcharon en el DF en demanda de "un México sin
violencia" y del fin a la impunidad de los delincuentes.
•
Las
comunidades afectadas por la construcción de la central
hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, denunciaron
que la CFE, con apoyo de elementos del Ejército, intentó
ingresar a las comunidades donde se pretende construir la
presa, sin consentimiento de ellas.
28
JUNIO
•
El
procurador general de la República, Rafael Macedo de
la Concha, planteó la necesidad de discutir el tema
de la pena de muerte y de los “compromisos internacionales
contraídos por México que la impiden”,
pues se trata de una "exigencia ciudadana que debe ser
oída".
•
Defensores de derechos humanos, legisladores, artistas, estudiantes
y compañeros de los detenidos, los visitaron en el
reclusorio, se reunieron con el gobernador de Jalisco y marcharon
por la tarde, para exigir la libertad de los jóvenes
altermundistas.
29
JUNIO
•
La
SCJN determinó que en el delito de desaparición
forzada de personas, la prescripción del ilícito
comienza a contar en el momento en que la víctima aparece
viva o muerta. Es decir, podrán ser juzgados quienes
cometan este crimen, sin importar la fecha de la desaparición
de la víctima.
30
JUNIO
•
La
CDHDF arrancó la segunda fase de la campaña
permanente por la no discriminación, en coordinación
con organismos civiles y académicos.
•
El
secretario de la Defensa Nacional, general Clemente Vega García,
dijo que en México es tiempo de conciliar y saber perdonar
y llamó a la sociedad y a la clase política
a no repetir los errores de división entre los mexicanos.
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|
En
este año, en un momento en donde las acciones gubernamentales
están apuntando más hacia las próximas elecciones presidenciales
que a resolver problemáticas específicas, las agendas
se están enfocando a responder a las temáticas de más
espectacularidad, dejando para mejor ocasión coyuntural
otros temas igualmente impostergables.
A
más de dos años de creado el seguro popular y a seis
meses de haber entrado en vigor oficialmente, este programa,
considerado como el más ambicioso de la administración
foxista en materia de salud, arranca con un recorte
presupuestal que hace inalcanzable la meta que para
este año se había propuesto en materia de filiación
a este esquema de 1.7 millones de familias.
De
acuerdo con la Secretaría de Salud, el seguro popular
consiste en “brindar protección” a la población no derechohabiente
a la seguridad social, mediante un seguro de salud “público
y voluntario”, orientado a reducir los gastos médicos
directos y fomentar la atención oportuna a la salud.
Es un esquema de aseguramiento, que promueve el pago
anticipado por servicios de salud, donde el Gobierno
Federal aporta un subsidio que se complementa con las
aportaciones de las familias. Está destinado a familias
de escasos recursos que residan en localidades urbanas
y semiurbanas. La cobertura contempla los medicamentos
y las intervenciones incluidas en el catálogo básico
que se realizan en los centros de salud y hospitales
generales de la red de servicios estatales de salud
pública. Tiene un costo promedio nacional de $1,751.00
por familia.
Dentro
de este esquema, que pretende extender la seguridad
social a más población, hay un aspecto que llaman la
atención: la exclusión de la población rural. Si
se considera que el derecho a la salud contempla, no
solo la calidad sino además la cobertura en los centros
de atención, en las zonas rurales continúan los serios
problemas de abastecimiento de medicamentos, insuficiencia
de equipo, uso deficiente de los expedientes clínicos
y problemas de apego a la normatividad de los programas
prioritarios. El propio secretario de salud reconoció
que “los problemas de rezago se concentran principalmente
en las comunidades rurales dispersas”
[1] .
Un
campesino o un indígena del país presenta un mayor riesgo
de morir en edad temprana, comparado con el resto de
la población, no solo por sufrir también las mismas
enfermedades que padecen grupos sociales de altos ingresos
como: cáncer, diabetes, hipertensión, obesidad y problemas
cardiovasculares sino además por enfermedades que se
pueden controlar. El riesgo de morir por diarrea en
el área rural para la población general es tres veces
mayor que en las zonas urbanas. Lo mismo sucede con
la mortalidad materna, que es 2.8 veces más alta que
en el medio urbano.
Por
otra parte, surge también la duda sobre cómo el gobierno
podrá llevar este plan al gran número de familias urbanas
que no cuentan con seguridad social, si para este primer
año inició con menos presupuesto del previsto.
El
gobierno federal, ha responsabilizado a los legisladores
por “el efecto que pueda tener en todo el país la reducción
presupuestal que aprobaron para la Secretaria de Salud.
El presidente señaló: “fuimos al congreso por lana y
salimos transquilados”
[2] . Señalar esta situación, no exenta al ejecutivo
de su parte de responsabilidad que en esta materia tiene
y donde nuevamente olvida los acuerdos y compromisos
que ha contraído. [3]
En
enero, el titular del ramo, Julio Frenk Mora, admitió
que por las limitaciones económicas, no se cumpliría
la meta del seguro popular en su primer año de implementación,
señalando que de los 3 mil 800 millones de pesos que
el Poder Ejecutivo solicitó al Legislativo para el seguro
popular, únicamente se dispondrá de 2 mil 300 millones.
Por
su parte, la Secretaría de Hacienda hizo público que
el presupuesto para salud de este año, aseguraría el
gasto en este rubro aprobado por los diputados aumentando
mil 500 millones de pesos respecto al monto ejercido
en 2003 -en contradicción a la afirmación del presidente
y del secretario de salud-; Hacienda confirmó que en
“el presupuesto final aprobado por el Congreso de la
Unión entre el 27 y 30 de diciembre de 2003, se asigna
mayor gasto a educación, campo, salud, infraestructura
y combate a la pobreza”.
Un
mes después, nuevamente el secretario de salud, insistía
en que en este año la meta de filiación del seguro popular
no se cumplirá, luego que los diputados “determinaron
quitarle mil 500 millones de pesos al programa”, por
lo que la meta inicial tendría que ajustarse, incorporando
a este nuevo esquema entre 1.25 y 1.5 millones de familias
para este 2004.
En
este mar de contradicciones y declaraciones encontradas,
el hecho real es que en México hay un solo médico por
cada mil habitantes [4] y que las zonas rurales continúan
con serios problemas de atención. Por otra parte ¿cómo
podrá subsidiar el estado aquellas familias que por
su situación económica deben estar exentas de pagar
por su filiación?...Recordemos que la propuesta del
seguro popular es atender a través de hospitales estatales
a sus afiliados, los cuales pagarán cada mes una cuota,
que variará dependiendo de la situación económica de
cada familia. ¿Cómo se cubrirá la atención para aquellos
hogares que no pueden pagar?...
El
gobierno mexicano podrá argumentar que con este programa,
está cumpliendo con su obligación de crear condiciones
que aseguren a los ciudadanos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad. Sin embargo, iniciar
con un déficit de presupuesto, repercutirá en la cobertura
que pretendían tener, sin responde cómo podrá revertir
este inicio para poder alcanzar la meta prevista de
garantizar los servicios de salud a todos los mexicanos [5] .
De
acuerdo con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), México ha logrado avances
mínimos en el mejoramiento de su sistema de salud, ya
que es uno de los países miembros de esta organización
que menos gasta en este rubro, destinando solo el 6.1%
del PIB. Cabe apuntar que entre 1997 y 2002 estas erogaciones
sólo se incrementaron en 0.8 puntos porcentuales.
[6]
Haciendo
un desglose de cómo fueron gastados los recursos disponibles
durante el 2003 para la operación del seguro popular,
la Secretaría de Salud informó que el 45% se destinó
a la compra de medicamentos, 23% pago de sueldos a médicos,
enfermeras y paramédicos, el 16% se ocupó en la adquisición
de equipo medico, 8% para mejorar la imagen de las unidades
médicas, 2% en compra de equipo de cómputo, 4% para
otros gastos de operación y solo el 2% en la capacitación
del personal.
En
el balance que la Secretaría de Salud hace sobre el
seguro popular y los desafíos para 2004 plantea entre
los pendientes: mejorar la oportunidad en las transferencias
económicas a los estados, administrar el fondo de protección
contra gastos catastróficos, así como la elaboración
de guías clínicas de atención y “montar plataforma tecnológica”
en clínicas y hospitales.
Hasta
diciembre de 2003, el programa funcionaba en 26 entidades
de la república dando servicio a 641 mil familias en
938 centros de salud y 111 hospitales generales “e integrales”.
Para 2004, luego del ajuste dispuesto por los legisladores
podrá ejercer 2 mil 300 millones de pesos. ¿Qué cuentas
entregará el Ejecutivo Federal respecto de los avances
del seguro popular para este año con 40% menos de presupuesto?...¿Tendrá
la capacidad de implementar políticas públicas en materia
de salud que atiendan al sector rural que es uno de
los más desprotegidos?...
Como
se observa, las políticas y acciones que el gobierno
federal está activando en modo alguno procuran la observancia
del derecho a la salud. Un amplio porcentaje de la población
se convierte así en potenciales víctimas de múltiples
violaciones a sus derechos humanos.
Patricia
Fernández
Programa de Monitoreo y Análisis
| Resultados
de la XXXIV
Asamblea General
de la OEA |
Del
6 al 8 de junio pasado se llevó a cabo la XXXIV
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) en Quito, Ecuador. El Centro Prodh participó
en los trabajos de la Coalición Internacional de
Organizaciones para los Derechos Humanos en las Américas
(la Coalición) alrededor de la Asamblea General.
En
esta Asamblea los Ministros de Relaciones Exteriores y
Jefes de Delegación de los Estados Miembros de
la OEA firmaron la “Declaración de Quito
sobre Desarrollo Social y Democracia frente a la Incidencia
de la Corrupción”, tema sobre el cual giró
parte de la Asamblea. Sin embargo, dicha declaración
fue cuestionada por la Coalición ya que la Declaración
quedó sólo como una lista de buenas intenciones
sin incluir elementos para el fortalecimiento de los mecanismos
existentes en la OEA para erradicar la corrupción.
La
Coalición había recomendado que “los
Estados Miembros, a través de la Declaración
de Quito y las resoluciones en materia de derechos humanos
y de combate a la corrupción, deben manifestar
enfáticamente que la impunidad es una forma de
corrupción y, en sí, una violación
de los derechos humanos” y “asegurar la adopción
de un concepto de corrupción que incluya el abuso
del poder como fuente de violación de derechos
humanos y generador de impunidad”. Lo anterior no
fue recogido en la Declaración de Quito.
Entre
las cosas destacables de la Declaración se encuentra
el reconocimiento de que “el acceso a la información
pública sustenta la transparencia gubernamental
y contribuye a impedir la impunidad al permitir la detección
de actos de corrupción” (Art. 16) y que “el
fortalecimiento y respeto del estado de derecho, la defensa
de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
el progreso económico, el bienestar y la justicia
social, la transparencia y la rendición de cuentas
en los asuntos públicos, la promoción de
diversas formas de participación ciudadana y la
generación de oportunidades para todos, son fundamentales
para promover y consolidar la democracia representativa”.
(Art. 17).
Cambio
de Secretario General
Después
de 10 años de fungir como Secretario General de
la OEA, César Gaviria dejará el puesto.
El 7 de junio, en el marco de la Asamblea, fue electo
como nuevo Secretario General de la OEA, Miguel Ángel
Rodríguez, ex presidente de Costa Rica, quien ocupará
ese cargo durante los próximos cinco años
a partir de septiembre de 2004.
Aunado
al cambio del Secretario General se iniciará un
proceso de reestructuración de la OEA. La resolución
AG 2060 aprobada en la Asamblea convocó a una reunión
privada del Consejo Permanente para reflexionar sobre
la reestructuración de la OEA el 21 y 22 de junio
de 2004. Hasta ahora no se conocen los resultados de dicha
reunión.
La
participación de la sociedad civil.
Durante
esta asamblea se realizó la primera reunión
de diálogo formal de la sociedad civil con los
cancilleres, organizado por la Secretaría de Cumbres
de la OEA, como parte del proceso de institucionalización
de la participación de la sociedad civil en las
asambleas de la OEA. Lo anterior es resultado del trabajo
de la Coalición de Organizaciones para los Derechos
Humanos en las Américas, durante varios años.
Uno de los retos importantes será lograr que este
espacio sea de verdadero diálogo, donde los Cancilleres
den respuesta a las preocupaciones de las organizaciones
de la sociedad civil.
Por
su parte la Coalición organizó una serie
de eventos que incluyeron reuniones de discusión
con Delegados, algunos embajadores, el nuevo Secretario
General, miembros de la Corte y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, así como organizaciones ecuatorianas.
Así mismo, la Coalición difundió
un pronunciamiento firmado por más de 58 organizaciones
y redes de la región.
Las
organizaciones de la Coalición estuvimos trabajando
desde febrero pasado en el impulso de diferentes resoluciones
relacionadas con los derechos humanos.
Defensores
de Derechos Humanos
Nuevamente
en esta Asamblea se aprobó una resolución
apoyando y reconociendo el trabajo de las personas, grupos
y organizaciones de la sociedad civil para la promoción
y protección de los derechos humanos en las Américas.
Se logró evitar que se introdujera un párrafo
en dicha resolución que desvirtuaba la resolución.
La
resolución adoptada incluye una recomendación
para que los países de la OEA desarrollen Planes
Nacionales de protección al trabajo de los defensores,
para lo cual pueden recurrir al asesoramiento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
El
Sistema Interamericano de Derechos Humanos
En
los años recientes los gobiernos de la región
se han comprometido con el fortalecimiento del sistema
interamericano de derechos humanos, lo cual es muy apreciado
por las organizaciones que promovemos dicho fortalecimiento.
Sin embargo, después de varios años de discusión,
la OEA no ha dado los pasos necesarios para asegurar que
los órganos de derechos humanos del sistema interamericano
cuenten con los recursos necesarios para realizar las
funciones que les corresponden, las cuales con la aprobación
de los nuevos reglamentos de la Corte y la Comisión,
y los mandatos adicionales que se les han asignado, se
han multiplicado.
Uno
de los principales retrocesos con relación al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos fue que en el Presupuesto
para 2005 aprobado en la Asamblea, se estableciera un
recorte presupuestal a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de aproximadamente el 10 %.
Esta
disminución de presupuesto no sólo incumplió
con diversas resoluciones de la propia OEA, sino que va
en contra de los compromisos adquiridos por los Jefes
de Estado de la región en la Tercera Cumbre de
las Américas y de la resolución AG/RES.
2030 aprobada en esta misma Asamblea, donde se reafirma
la voluntad de la OEA de “continuar implementando
acciones concretas tendientes al cumplimiento de los mandatos
de los Jefes de Estado y de Gobierno, contenidas en el
Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas,
a saber: ... d) El incremento sustancial de los presupuestos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a
fin de que en un plazo razonable puedan atender sus crecientes
actividades y responsabilidades...”.
Por
otro lado, durante la presentación de sus informes,
tanto la Comisión como la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, manifestaron su preocupación
en relación con el poco presupuesto con que cuentan
para cumplir con sus funciones y los mandatos que les
han sido encomendados.
En
este contexto la resolución aprobada en relación
al Fortalecimiento del Sistema Interamericano que instruye
al Consejo Permanente para que emprenda un amplio proceso
de reflexión sobre el sistema interamericano de
promoción y protección de los derechos humanos,
puede ser riesgoso.
Apenas
en 2001 se aprobaron los nuevos reglamentos tanto de la
Comisión como de la Corte Interamericanas de Derechos
Humanos y el principal obstáculo para que dichos
reglamentos se cumplan han sido los recursos económicos.
Existen además, varios países que buscan
disminuir las atribuciones de estos dos órganos.
La apertura de este proceso de reflexión por tanto
puede abrir la puerta a un retroceso.
Por
lo anterior, las organizaciones civiles de derechos humanos
deberemos jugar un papel fundamental-como el que jugaron
en 1997 cuando México y Perú querían
debilitar a la Corte y la Comisión - para evitar
retrocesos en el Sistema de Protección Interamericano.
Emma C. Maza
Área de Relaciones Internacionales
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Radios
Comunitarias,
Agenda Pendiente |
En
nuestro país, a fuerza de no ejercerlos, los derechos informativos
casi se nos olvida que existen. La información, que es un bien
público que determina las interrelaciones sociales y políticas,
ha pasado del derecho público al derecho privado, a un asunto
de rating, ganancias y empresas privadas. En la práctica la
información es manejada como una mercancía y no como un derecho
de los pueblos. Esto se constata cuando vemos que el 86% de
los medios electrónicos que usufructúan el espectro radioeléctrico,
que nos pertenece como mexicanos, está en una cuantas manos
privadas. Casi la totalidad de la televisión está controlada
por dos familias y la radio por 13 grupos, que responden a sus
propios intereses y cuyo fin es la ganancia a toda costa.
La
población se entera de lo que sucede a través de los medios
de comunicación, especialmente los electrónicos; con esta información
determinamos nuestras decisiones y nuestras opiniones, es por
ello que tienen tanta influencia en la agenda pública que hoy
por hoy es determinada por los medios. Por ello es que los monopolios
mediáticos resultan tan peligrosos para cualquier democracia,
pues facilita los favores mutuos entre el poder y unos cuantos.
Esta práctica histórica en nuestro país, es violatoria a todas
luces de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de derechos Humanos, que en su
principio 12 establece que “Los monopolios u oligopolios
en la propiedad y control de los medios de comunicación deben
estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra
la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura
el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos…”
Aún
cuando el contrapeso debieran tenerlo los medios públicos o
de Estado, éstos no cumplen con su función ya que en lugar de
ser espacios para la pluralidad informativa y la participación
de la mayor parte de los sectores de la sociedad, suelen ser
utilizados como vocerías de los gobiernos o el trampolín político
del funcionario en turno, tan es así que comúnmente se les llama
“medios oficiales”. A pesar de ser medios pagados con recursos
públicos que provienen de todos los ciudadanos, tenemos muy
poca o nula participación en ellos, no se diga en la definición
de sus políticas, ni siquiera para tener la oportunidad de tener
espacios para expresar nuestras demandas y aspiraciones.
La
exclusión de los grupos ciudadanos para el acceso a los medios
de comunicación electrónicos como instrumento para ejercer su
libertad de expresión es una realidad diaria en nuestro país
y tiene en una de sus expresiones más claras la situación en
la que se encuentra la radio comunitaria.
Derecho
a la libertad de expresión y la radio comunitaria en México.
La
libertad de expresión y el derecho a la comunicación es nuestro
derecho a expresar nuestras opiniones, lo que pensamos y lo
que queremos, sin que nadie nos lo impida, nos persiga, ni nos
castigue por ello. Cuando se restringe ilegalmente la libertad
de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo
el que está siendo violado, sino también el derecho de los demás
a recibir informaciones e ideas diversas y plurales.
Ahondando
más en este concepto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(organismo judicial creado por el propio Pacto) ha sentado antecedentes
cuando expresa en su Opinión Consultiva 05/85 del 13 de noviembre
de 1985 que:
“Cuando
se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo,
no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado,
sino también el derecho de todos a “recibir” informaciones e
ideas; de donde resulta que el derecho protegido por el artículo
13 tiene un alcance y un carácter especial.
Se
ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de
expresión. En efecto, ésta requiere, por un lado, que nadie
sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su
propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada
individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo
a recibir cualquier información y a conocer la expresión del
pensamiento ajeno.
En
su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota
en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir,
sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar
cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo
llegar al mayor número de destinatarios.
(...)
Así, si en principio la libertad de expresión requiere que los
medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a
todos sin discriminación o, más exactamente, que no haya individuos
o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios,
exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera
que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad
y no vehículos para restringirla…”
Sin
embargo, en nuestro país, este derecho es sólo posible para
unos cuantos. La importante conquista de reconocer la libertad
de expresión como un derecho humano de todas las personas,
¿en qué se convierte si no tenemos la misma libertad de editar
un periódico, fundar una radio o utilizar un canal de TV? Así
como ahora consideraríamos inadmisible el cierre de algún periódico
de algún grupo para reivindicar sus opiniones y agenda social,
por ser un atentado a la libertad de prensa, lo mismo sucede
con una radio comunitaria, ya que con este instrumento, los
grupos sociales están haciendo uso de su derecho a la libertad
de expresión, sólo que en lugar de la prensa están utilizando
un soporte técnico distinto que se llama radio.
La
sistemática persecución del Estado hacia estas emisoras, con
una política de negación de permisos, requisitos inalcanzables
y cierres impidió el crecimiento y permanencia de los proyectos
durante mucho tiempo en México. De muchas experiencias, sólo
Radio Teocelo, única emisora comunitaria que en 44 años de legislación
vigente tiene permiso para operar, y Radio Huayacocotla, que
hasta la fecha no tiene permiso para señal abierta, han logrado
sobrevivir 37 años consecutivos.
Ante
el ataque frontal del Estado y de los concesionarios a las emisoras
comunitarias que las han acusado de estar en la ilegalidad y
la piratería, emergió un debate público directamente relacionado
con el Derecho a la información y la Libertad de Expresión.
La
amplia facultad discrecional que da la Ley Federal de Radio
y Televisión para determinar quien puede acceder a un permiso,
la imposición de requisitos que rebasan la capacidad de los
grupos sociales por parte de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), como pedir 1 millón de pesos para la creación
de un fideicomiso, más 52 mil pesos como fondo de garantía para
obtener un permiso, y la inclusión del ejército en el cierre
de estas emisoras son una violación a los estándares internacionales
de Derechos Humanos en materia de Libertad de Expresión.
Por
toda esta situación, en la visita que hiciera el Relator Especial
de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), para verificar la situación en nuestro país
en agosto de 2003, pudo constatar la precaria situación legal
en la que se tiene a las emisoras, de ahí que en su informe
estableció : “Dada la importancia que pueden tener estos canales
de ejercicio de la libertad de expresión comunitaria, resulta
inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios
que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias.
... Por lo expresado, la Relatoría entiende que el Estado mexicano,
en su función de administrador de las ondas del espectro radioeléctrico
debería promover las reglamentaciones que permitan asignarlas
de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad
de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos.”
[1] (Resaltado no original).
También
en su diagnóstico sobre México, del Alto Comisionado de la Naciones
Unidas para los derechos humanos, estableció entre los puntos
prioritarios a atender que se faciliten los permisos para las
emisoras comunitarias.
Los
proyectos sociales que sustentan a las radios comunitarias,
además de tener que hacer la inversión inicial para obtener
un mínimo equipamiento para transmitir, deben además entrar
en un tortuoso laberinto de normas que para su cumplimiento
requieren de muchas más erogaciones económicas, y que tienen
mucho más peso que el proyecto de beneficio y servicio social
que se proporciona a las comunidades más vulnerables de nuestro
país.
Solo
quien tiene las posibilidades económicas para poner “los fierros”
es quien tiene la oportunidad de ejercer su libertad de expresión
legalmente en este país, porque tenemos una normatividad que
en la práctica legaliza la exclusión por motivos técnicos y
económicos, ¿eres pobre? Lo sentimos, tu acceso legítimo a las
frecuencias radioeléctricas esperará a que tengas mejores posibilidades
en un país donde la mayoría esta en la pobreza, si no es que
en la “pobreza extrema” eufemismo para llamar a la miseria.
De
acuerdo a los estándares internacionales de Libertad de Expresión,
en especial en la Convención Americana en su artículo 13, el
inciso 3 reza: “No se puede restringir el derecho de expresión
por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Tal
como están las reglas del juego los criterios democráticos y
la igualdad de oportunidades en nuestro país son una aspiración
que a veces se antoja ilusa, pues a pesar de ser firmantes de
la Convención como Estado ni de lejos se ven estas posibilidades.
Porque
es una realidad y porque es una demanda social emanada de un
legítimo derecho, la responsabilidad del Estado es dar un cauce
justo a la legalización de las radios comunitarias, los grupos
ciudadanos más castigados de nuestro país lo merecen.
Es
la agenda pendiente de los derechos humanos en materia de libertad
de expresión y derecho a la información, uno de los principales
pilares de la democracia.
Aleida
Calleja
Representante de AMARC-México
www.mexico.amarc.org
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Diagnóstico
de Derechos Humanos |
Recomendaciones
de alcance general contenidos en el Diagnóstico sobre la
situación de los derechos humanos en México, elaborado
por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, con sede en nuestro país.
RECOMENDACIONES
ACERCA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
17.
Fortalecer los mecanismos públicos responsables de promover
la equidad de género (institutos, coordinaciones, comisiones),
así como las unidades sectoriales responsables de incorporar
la perspectiva de género en las políticas sectoriales
de los poderes ejecutivos; promover la creación de comisiones
especializadas en los congresos locales y áreas de género
en los poderes judiciales y órganos autónomos
correspondientes. Desarrollar y apoyar mecanismos de articulación
entre todas esas instancias.
18.
Promover el establecimiento de programas, instituciones y servicios
para prevenir, atender y eliminar la violencia sistemática
de género en todo el territorio nacional (incluidas,
naturalmente, las áreas rurales).
19.
Adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación
contra la mujer en la esfera de sus derechos económicos,
sociales y culturales.
20.
Asegurar los programas y acciones para el acceso de las mujeres
a servicios de salud sexual y reproductiva, de calidad, con
calidez, sin discriminación y respetuosos de sus derechos
humanos, en todo el territorio nacional y bajo una coordinación
que integre la prevención y atención de la salud
en todo su ciclo de vida.
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El
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