|  El
Estado mexicano recibe dos recomendaciones por instancias
internacionales
en materia indígena.
 Construyendo
alternativas para la seguridad pùblica
 La
cláusula democrática y los Derechos Humanos
en las relaciones con la Unión Europea
 Violaciones
a Derechos Humanos por empresas europeas en México
Diagnóstico
de Derechos Humanos |
El Estado mexicano recibe
dos recomendaciones por instancias internacionales
en materia indígena. |
En
este año, el Relator Especial sobre la situación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, de la
Organización de las Naciones Unidas, rindió
su informe sobre la situación de los pueblos
indígenas de México, después
de haber realizado en el país una vista durante
el 2003.
Por
otra parte, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), después de haber dado trámite
a las reclamaciones interpuestas por el incumplimiento
del convenio 169 de la OIT, igualmente ha emitido
las correspondientes recomendaciones.
Ambas
resoluciones, en las que se recomienda al Estado mexicano
la implementación de algunas medidas urgentes
tendientes a mejorar la situación de los pueblos
indígenas del país, ponen el énfasis
en tres aspectos importantes:
1.
La revisión de la reforma constitucional en
materia indígena, teniendo como marco de referencia
los tratados internacionales, en específico
el Convenio 169 de la OIT, el cual debe ser aplicado
por toda instancia de gobierno.
2.
La necesidad de consultar a los pueblos y comunidades
indígenas, considerando sus necesidades e intereses,
cada vez que pretenda implementar o diseñar
una medida administrativa o legislativa que pueda
afectarlos o simplemente los involucre.
3.
La protección de las tierras de los pueblos
indígenas, por encima de cualquier otro interés.
I.
Informe del Relator Especial sobre la situación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los indígenas.
En el informe (E/CN.4/2004/80/Add.2) que el Relator
Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas,
Rodolfo Stavenhagen, realizó a propósito
de su visita oficial a México, los días
1° al 18 de junio de 2003, señala una serie
de observaciones, conclusiones y recomendaciones emitidas
al Estado mexicano respecto a la situación
que guardan los derechos individuales y colectivos
de los pueblos indígenas.
Al respecto, es necesario retomar algunas de las recomendaciones
emitidas en su carácter de “medidas urgentes”
que el Gobierno mexicano debe adoptar, involucrando
a una serie de actores diversos. Igualmente resulta
importante destacar aquellos elementos subrayados
por el Relator Especial que caracterizan el estado
de la situación de los pueblos indígenas,
necesarios para entender el contexto de las recomendaciones:
1. A pesar de una larga historia de indigenismo por
parte del Estado mexicano a lo largo del sigo XX,
los rezagos acumulados entre la población indígena
la colocan en situación de “franca desventaja
frente al resto de la población nacional”,
víctima de discriminación y exclusión
social, con muy bajos índices de desarrollo
social y humano. Sin duda dicha afirmación
da cuenta del fracaso de la política indigenista
de este país y de una sistemática discriminación
promovida desde las instituciones de gobierno. Asimismo
se hace evidente que “la problemática
de los pueblos indígenas no es de alta prioridad
para el Estado mexicano”.
2. La reforma constitucional de 2001, producto tardío
y adulterado de los Acuerdos de San Andrés,
recogió algunos de los aspectos de la Ley Cocopa
pero se apartó significativamente de ella en
algunos otros, que son de importancia fundamental
para los pueblos indígenas, lo que dio lugar
al rechazo generalizado de la misma. Asimismo, el
Congreso no procedió a realizar una amplia
consulta sobre la reforma constitucional, como lo
debería de haber hecho, de acuerdo con el compromiso
adquirido al ratificar el Convenio 169 de la OIT.
3. La instalación de Juntas de Buen Gobierno
en las regiones donde hay comunidades que son bases
zapatistas para fortalecer el ejercicio de la autonomía
regional y crear instancias locales de administración
e interlocución con la sociedad nacional y
la administración pública, “sin
duda es un hecho que puede ser interpretado como una
señal de paz por parte del EZLN ya que abre
una ventana de oportunidad a la búsqueda de
una solución pacífica al conflicto,
en el marco del respeto a los derechos humanos de
los pueblos indígenas. Se trata de una aplicación
creativa del derecho de libre determinación
de los pueblos indígenas, garantizado en la
Constitución”. 55
4. Además de Chiapas, hay otras regiones conflictivas
en Oaxaca y Guerrero, donde fue incrementada la presencia
policial y militar. “En estos escenarios se
han dado numerosas violaciones a los derechos humanos
de los pueblos y comunidades indígenas”.
59
5. “En el funcionamiento del sistema judicial
los indígenas son las víctimas más
notorias y vulnerables de abusos a sus derechos humanos,
sufriendo violaciones al derecho a la vida y la integridad
física, la seguridad, el debido proceso y las
garantías individuales. Se ha advertido una
preocupante tendencia a la criminalización
de la protesta y la disidencia social en el marco
de los conflictos señalados, a lo cual debe
añadirse un elevado grado de impunidad y corrupción
en el sistema de justicia agraria, penal y civil,
todo lo cual conduce a la impresión que los
pueblos indígenas, pese a la retórica
oficial en sentido contrario, son prescindibles para
la sociedad mexicana mayoritaria.” 60
6. “La discriminación contra los indígenas
se manifiesta también en la distribución
de la riqueza y los bienes y servicios públicos,
siendo las principales víctimas las mujeres
y los niños (sobre todo las niñas) indígenas,
así como los migrantes indígenas en
áreas urbanas. Los recursos que destina el
gobierno a programas de desarrollo en regiones indígenas
han sido siempre insuficientes, lo que se traduce
en bajos índices de desarrollo económico,
social y humano...” 61
En el caso de las recomendaciones,
valdría la pena destacar las siguientes:
1. “El Relator Especial recomienda al Congreso
de la Unión reabrir el debate sobre la reforma
constitucional en materia indígena con el objeto
de establecer claramente todos los derechos fundamentales
de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación
internacional vigente y con apego a los principios
firmados en los Acuerdos de San Andrés.”
(64) También recomienda que se reglamente la
protección a la integridad de las tierras de
los grupos indígenas, y a “las legislaturas
de los estados que elaboren en consulta estrecha con
los pueblos indígenas la legislación
correspondiente...”
2. “La búsqueda de la paz negociada en
Chiapas deberá ser retomada como tema de alta
prioridad en la agenda política interna del
gobierno federal”. “El Relator Especial
recomienda al Estado respetar la existencia de los
“Caracoles y Juntas de Buen Gobierno...”
3. “El Convenio 169 deberá ser aplicado
en toda legislación e instancia que tenga relación
con los derechos de los pueblos indígenas”.
“Las legislaciones federal y estatal deberán
ajustarse a las disposiciones del Convenio 169 cuando
así proceda”.
4. “La preservación y protección
de las tierras, territorios y recursos de los pueblos
y comunidades indígenas, debe tener prioridad
por encima de cualquier otro interés en la
solución de los conflictos agrarios”.
En la solución de éstos, se deberá
crear un grupo de trabajo interdisciplinario y representativo
de pueblos, sociedad civil y gobierno.
5. “Los grupos y comunidades indígenas
deberán tener acceso prioritario a los recursos
naturales con fines de consumo directo y subsistencia
por encima de los intereses económicos comerciales
que puedan existir”. “Deberá elaborarse
cuanto antes un marco jurídico adecuado para
la bioprospección en territorios indígenas
que respete el patrimonio cultural y natural de los
pueblos indios”. Asimismo, en “el manejo,
administración y control de las áreas
naturales protegidas deberán participar las
comunidades indígenas. (79, 80, 76)
6. “Deberá revisarse a fondo, con criterios
amplios y flexibles, el sistema de procuración
y administración de justicia para los indígenas
a nivel nacional, con amplia participación
de estos”. “El derecho indígena
deberá ser reconocido y respetado en toda instancia
judicial que involucre a una persona o comunidad indígena
y deberá ser incorporado en una nueva concepción
de la justicia indígena”. En cuanto a
la justicia agraria, deberá revisarse en cuanto
a afectación “a los derechos colectivos
de las comunidades y pueblos indígenas, tomando
en cuenta los usos tradicionales de la tierra y las
formas consuetudinarias de solución de conflictos
y litigios”. (82, 93 y 83)
7. “El gobierno debe proceder con urgencia a
desmantelar, desarmar y sancionar a grupos paramilitares
o civiles armados que operan en regiones indígenas”.
De la misma manera, “cuando así lo demanden
las comunidades indígenas, el ejército
deberá ser replegado de las inmediaciones de
las comunidades indígenas y su presencia y
actividades en zonas indígenas deberán
ser estrictamente compatibles con sus deberes constitucionales”.
98 y 99
El Centro Prodh considera pertinente añadir
tres aspectos más a los elaborados por el Relator
Especial:
1.
1. Lo referente a la necesidad de consultar a los
pueblos y comunidades indígenas y a considerar
sus necesidades e intereses cada vez que diseñe
una medida administrativa o legislativa susceptible
de afectarlos. Dicha frase se deriva del registro
de un aumento de casos en los que el gobierno mexicano
implementa proyectos de desarrollo, tales como las
presas hidroeléctricas, sin considerar la situación
económica, social y cultural de los habitantes,
indígenas y/o campesinos, así como de
sus necesidades.
2. 2. La relativa a que el poder judicial federal
y estatal deberán abstenerse de utilizar el
sistema de justicia para criminalizar o penalizar
la legítima protesta o disidencia social.
3. 3. Y una última, tendiente a diseñar,
en consulta y participación de los pueblos
y comunidades indígenas, un modelo de desarrollo
–distinto al neoliberal- que tienda a la inclusión
y abierta participación de los pueblos, con
el fin de mejorar su nivel de vida y de contar con
oportunidades para un desarrollo integral.
Sin duda, las recomendaciones emitidas por el Relator
Especial constituyen acciones que requieren de un
verdadero compromiso y voluntad del Estado mexicano
para lograr su cumplimiento total, las cuales necesariamente
comprenden cambios estructurales que tiendan a generar
los cimientos de una nueva relación entre el
Estado y los pueblos indígenas, e implicará
también, asumir de manera responsable los compromisos
asumidos con la comunidad internacional.
En la respuesta emitida por el Gobierno mexicano al
informe del Relator Especial, fechado en marzo de
2004, se reconoce el rezago histórico y se
detallan algunos rubros en los que se señala
que ha sido la falta de recursos o la complejidad
la que ha impedido contar con los medios o encontrar
una solución. Sin embargo, consideramos que
no son suficientes estos argumentos para explicar
el escaso avance en la materia. Asimismo, hemos observado
que en problemas o situaciones concretas en los que
se vulneran los derechos de los indígenas,
existe una falta de disposición y conocimiento
para enfrentar dicha situación, impregnada
en algunas ocasiones por prejuicios de corte discriminatorio.
No obstante, saludamos el compromiso manifiesto por
parte del Gobierno para atender la situación
expuesta por el Relator Especial y esperamos que las
acciones a emprender, señaladas en dicha respuesta,
se concreten en la mejora de los pueblos y comunidades
indígenas, y del país en general.
II.
Informe del Comité Tripartido de Expertos,
de la Organización Internacional del Trabajo.
La
reforma constitucional en materia indígena
publicada en el 2001, trajo consigo la realización
de una serie de acciones de inconformidad. Las más
de 300 controversias constitucionales presentadas
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
fue sólo una de estas acciones. Ante la evidente
falta de consulta de pueblos indígenas del
país, para la elaboración de los contenidos
de la reforma, también fueron presentadas,
ante la Organización Internacional del Trabajo,
dos reclamaciones por violaciones cometidas al Convenio
169 de la OIT.
El
Sindicato Independiente de Trabajadores del diario
La Jornada, el Sindicato de Trabajadores de Universidad
Nacional Autónoma de México, y el Sindicato
de Académicos del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, fueron los sindicatos reclamantes ante
OIT, así como las organizaciones: Asamblea
Nacional Indígena Plural por la Autonomía
y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez.
Después
de dos años y medio de haber interpuesto las
reclamaciones, el Comité Tripartito de Expertos
designado para el estudio de las mismas emitió,
el pasado mes de abril, las recomendaciones correspondientes.
En
las reclamaciones presentadas se alegaron dos situaciones:
a) la violación al artículo 6 del Convenio
169 de la OIT, por la falta de consulta a los pueblos
indígenas del país durante el proceso
legislativo de reforma a la constitución y
b) la violación al convenio 169 en sus partes
medulares relativas a la discriminación, tierra
y territorio, justicia, y además esterilizaciones
forzadas de mujeres indígenas y trabajadores
migrantes indígenas, entre otras.
Respecto
de las reclamaciones formuladas por la violación
al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, el
Comité recomendó al Estado mexicano:
1.
Que, al desarrollar, precisar, o implementar reformas
constitucionales o medidas legislativas o administrativas,
sean de nivel federal o estatal, haga lo necesario
para que se aplique plenamente el artículo
6 en el proceso de adopción de tales medidas
y que al aplicar dicho artículo :
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| de
memoria... |
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1 MAYO
• La cancillería mexicana
anunció el retiro de su embajadora en Cuba, así
como la expulsión del embajador cubano en el
país.
• Representantes del Comité
de Enlace instaron a una reunión urgente con
la Secretaría de Gobernación a fin pedir
condiciones para restablecer un diálogo constructivo,
en torno a las propuestas de reformas en materia de
derechos humanos.
3 MAYO
• Los dirigentes sindicales de Euzkadi llegaron
a Alemania para ventilar la situación en que
se encuentra su querella contra la firma internacional
de llantas, Continental.
• Los partidos del PRI, PRD,
PVEM y Convergencia aprobaron la procedencia de juicio
político contra el gobernador, Sergio Estrada
Cajigal, en Morelos.
4 MAYO
• En el marco de la celebración del Día
Mundial de la Libertad de Prensa, la ONU, el Centro
de Periodismo y Ética Pública y la asociación
Libertad de Información México A C (LIMAC)
se pronunciaron por la emisión de normatividad
que proteja los derechos de los periodistas.
• México fue reelecto
como miembro de la Comisión de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, para un nuevo periodo de tres años.
• El Centro Prodh pide la liberación
del Dr. Roney Mendoza, detenido arbitrariamente en Chiapas.
5 MAYO
• Policías estatales y municipales desalojaron
a unas familias que tenían invadido un predio
en Guerrero La acción dejó 25 precaristas
detenidos y más de 30 lesionados.
6 MAYO
• La Policía Municipal de Ciudad Juárez
localizó a Nancy Venegas Chávez, de 35
años, quien estaba reportada como desaparecida.
Nancy señala que estuvo secuestrada en una casa
en la que fue golpeada y atacada sexualmente, y que
en ese sitio había otras mujeres en las mismas
condiciones.
8 MAYO
• El visitador de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco, Víctor Hugo Saldaña,
desapareció en el municipio de Autlán
de Navarro.
11 MAYO
• Pacientes que padecen SIDA interpusieron ante
la Comisión Estatal de Derechos Humanos una queja
contra el Instituto de Salud de Chiapas por presunta
negligencia médica y abandono de enfermos.
12 MAYO
• Organizaciones civiles manifes-taron al secretario
de gobernación su inconformidad con la iniciativa
de decreto presidencial en materia de Derechos Humanos,
debido a que no incluyó los resultados de la
mesa de trabajo y negociación que sostenían
las agrupaciones desde hace más de año
y medio con esa dependencia.
• Policías de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, golpearon, robaron y humillaron
al periodista Manuel de la Cruz, corresponsal de Televisa
Radio.
• El editor de la revista Mundo
Político, Leodegario Aguilera, fue plagiado por
hombres que vestían uniformes de la Policía
Judicial del estado en Acapulco, Guerrero.
• La CNDH confrontó
nuevamente el Ejecutivo Federal y a la comisionada Guadalupe
Morfín por las investigaciones de los asesinatos
y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.
13 MAYO
• La CNDH envió una recomendación
al titular de la Profepa, José Luis Luege Tamargo,
para que atienda una queja que presentaron campesinos
de Tabasco contra Pemex, al negarse a indemnizarlos
por los daños que la paraestatal causó
a sus tierras de cultivo.
14 MAYO
• Conmutan pena de muerte por cadena perpetua
al mexicano Osvaldo Torres.
15 MAYO
• Organizaciones de derechos humanos acordaron
con la Secretaría de Gobernación la aplicación
de garantías de interlocución, para asegurar
un diálogo respetuoso que privilegie la transparencia
en la actuación de las partes que intervienen
en la construcción de una política gubernamental
en materia de derechos humanos.
• Desestima la Corte Interamericana
de Derechos Humanos la propuesta de reforma penal del
Ejecutivo Federal.
16 MAYO
• La CNDH emitió una recomendación
dirigida al Instituto Mexicano del Seguro Social, por
un caso de negligencia médica e inadecuada prestación
del servicio público de salud que se otorgó
a la señora Guadalupe González Villegas,
quien falleció debido a las complicaciones producidas
por una operación quirúrgica a la que
fue sometida.
17 MAYO
• La CNDH emitió otra recomendación
al Instituto Mexicano del Seguro Social, por la deficiente
e inadecuada atención médica proporcionada
al menor Luis Jacobo Moreno Marín, quien tras
una operación de amígdalas presentó
muerte cerebral, lo que ocasionó su deceso.
• Comenzó el juicio
en el Bush trata de declarar a Greenpeace Organización
Criminal en Estados Unidos.
18 MAYO
• Recomienda Guadalupe Morfín a Soberanes
leer con más tiempo el informe que le envió
19 MAYO
• Efectivos de la Agencia Federal de Investigación
golpearon a dos fabricantes y comerciantes, cuando éstos
se negaron a ser extorsionados en un retén que
los elementos de la Procuraduría General de la
República mantienen cerca de la caseta de cobro
de la autopista México-Puebla.
20 MAYO
• Al menos una docena de lesionados y ocho detenidos
fue el saldo de un nuevo enfrentamiento en Xalatlaco,
Estado de México, cuando comuneros exigieron
a los cuerpos policiacos retirarse del predio en disputa.
• La ausencia de supervisión
del Estado y de las autoridades competentes provoca
abusos y discriminación laboral en contra de
las mujeres en las empresas maquiladoras de la frontera
norte con México, denuncia la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
• El presidente Vicente Fox
hizo llegar al Congreso de la Unión su iniciativa
de reformas constitucionales en materia de derechos
humanos.
• La Organización Internacional
del Trabajo difundió un informe sobre la situación
de los derechos laborales en el mundo, en el que establece
que persisten las violaciones a la libertad sindical
y de asociación, las cuales revisten diversas
formas, incluso el asesinato de trabajadores, la violencia,
el encarcelamiento y la negativa a conceder a las organizaciones
su derecho de existir.
21 MAYO
• Contra la ley, juez federal podría autorizar
la extradición de vascos.
Liberan al Dr. Roney Mendoza, en Chiapas.
22 MAYO
• En Colima fueron agredidos los periodistas Max
Cortez De Radio Variedades, Mario y Edgar Badillo de
El Diario de Colima, así como la mamá
de Max Cortez que fue golpeada y al hermano en muletas
que convalecía de fractura en cadera. •
Los agresores eran un grupo de jóvenes
comandados por Samuel Rodríguez Moreno sobrino
de el exgobernador Fernando Moreno Peña, quienes
los amenazaron por su trabajo periodístico.
23 MAYO
• Tres bombas estallaron en las sucursales de
tres bancos de Morelos. En el lugar de los hechos se
encontró un supuesto comunicado del llamado "Comando
Jaramillista Morelense 23 de mayo (CJM23 de Mayo)",
que se atribuía la realización de los
estallidos.
24 MAYO
• La CNDH presentó una recomendación
a la Secretaría de Marina en la que señala
que Oficiales de la Armada de México ejercieron
"acciones represivas", de "abuso
del poder" y "contrarias a las garantías
fundamentales" en contra de personal civil.
• Vecinos de la colonia Nuevo
México localizaron en un barranco el cuerpo sin
vida de otra mujer joven.
25 MAYO
• Durante la tercera sesión del Foro Permanente
para las Cuestiones Indígenas de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), Marcelino Díaz de Jesús,
presidente del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas,
solicitó en nombre de la Asamblea Nacional Indígena
Plural por la Autonomía y de la agrupación
Land is Life que se analice la posibilidad de realizar
modificaciones en los procedimientos de las instituciones
de la ONU para facilitar que los pueblos indios puedan
presentar directamente reclamaciones y realizar otros
procedimientos.
• Con violencia, la Policía
Ministerial de Guerrero desaloja a normalistas que protestaban
por la reducción de la matrícula.
26
MAYO
• Las desapariciones y asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez y Chihuahua son una de las principales
cuestiones en materia de derechos humanos que debe resolver
México, según se afirma en el informe
anual elaborado por Amnistía Internacional.
Inició el proceso para separar del cargo al alcalde
priista de Tlalnepantla, Morelos, Elías Osorio
Torres.
• Entró en vigor la
llamada "ley mordaza" en Chiapas que prevé
penas de nueve años de prisión y multas
hasta por mil días de salario mínimo a
quien incurra en los delitos de calumnia y difamación.
•
La Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales
y Políticos del Pasado analiza, a partir de declaraciones
del secretario de la Defensa Nacional, Clemente Ricardo
Vega, la viabilidad de proponer una ley de amnistía
respecto de lo sucedido desde 1968 y hasta los años
80, periodo de la llamada guerra sucia.
• Organizaciones sociales vinculadas
a la lucha de género y contra el libre comercio
realizaron un foro sobre el modelo económico
global y las resistencias locales, y buscarán
que las conclusiones sean recibidas por los jefes de
Estado y de gobierno que participarán en la tercera
cumbre Unión Europea Americana Latina y el caribe.
28 MAYO
• Inicia la tercera cumbre
América Latina y el Caribe-Unión Europea
en Guadalajara, Jalisco.
• El Congreso de Chiapas informó
que el próximo martes daría entrada a
un oficio que envió la CNDH sobre un presunto
desacato que habría cometido su similar estatal,
e insinuó que podrían separar de su cargo
al ombudsman chiapaneco e incluso inhabilitarlo para
ocupar cargos públicos.
29 MAYO
• La reforma a fondo de la ONU fue sacada de la
declaración final de la tercera cumbre de América
Latina, el Caribe y la Unión Europea por decisión
del canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez.
• El gobierno mexicano anunció
que solicitará formalmente ser aceptado como
miembro asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur).
• Matan agentes de la AFI a
un comerciante durante un operativo.
30 MAYO
• La Federación Internacional de los Derechos
Humanos (FIDH) hizo un llamado a los jefes de Estado
de la Unión Europea, América Latina y
el Caribe reunidos en la cumbre de Guadalajara, para
garantizar la seguridad de los defensores de derechos
humanos.
31 MAYO
• Provocadores infiltrados en una
manifestación pacífica desataron la violencia
en el centro de Guadalajara, los consignados como presuntos
responsables de los hechos denuncian ser golpeados y
vejados por la policía del estado. |
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a)
siente criterios claros de representatividad.
b) tome en cuenta (en la medida de lo posible) las propuestas
de los reclamantes en cuanto a las características
que ha de tener una consulta para ser efectiva.
c) determine un mecanismo de consulta con la finalidad
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca
de las medidas propuestas, independientemente de que se
logre o no.
d)
tome en cuenta, al determinar los mecanismos de consulta,
los valores, concepciones, tiempos y sistemas de referencia
e incluso formas de concebir la consulta de los pueblos
indígenas.
Con
relación a las reclamaciones hechas por la violación
de partes medulares del Convenio, se recomendó
al Estado mexicano:
1.
Que al lanzar diferentes planes y programas de desarrollo
para los pueblos, los haga asegurándose de que
los mismos se inscriben en el marco de una acción
coordinada y sistemática y con plena participación
de los pueblos indígenas.
2.
Busque soluciones adecuadas a la problemática de
la tierra, en este caso en específico se solicitó
al Estado mexicano que informe a la OIT sobre:
a)
El funcionamiento, en la práctica, de los procedimientos
para solucionar las reivindicaciones de tierras de los
pueblos.
b) La manera en que se reconocen, en dichos procedimientos,
los derechos de propiedad y posesión de las tierras
ocupadas tradicionalmente por los pueblos interesados.
c) Las medidas adoptadas para salvaguardar el derecho
de los pueblos a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales
y de subsistencia.
Las
recomendaciones emitidas han sido adoptadas por el Consejo
de Administración de la OIT y el seguimiento en
el cumplimiento de las mismas, por parte del Estado Mexicano,
estará a cargo de la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
Parte
importante de esta resolución emitida por la OIT,
es también la relativa al estudio que la Comisión
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones,
hará sobre la compatibilidad de las reformas constitucionales
aprobadas en el 2001 y el Convenio 169 de la OIT.
Para
la OIT, los foros realizados en la Cámara de Senadores
del Congreso de la Unión, redujeron sustancialmente
las posibilidades de que los pueblos indígenas
de manera real pudieran influir en la formulación
del contenido de la reforma, hecho que se relaciona con
la brevedad del procedimiento legislativo. Además
de que la reforma aprobada no fuera aceptada por la mayoría
de los estados de población indígena.
Con
esta resolución de la OIT, que si bien no revierte
lo ya establecido en la Constitución en materia
indígena, y que fue objeto de impugnación
debido a su incompatibilidad con lo establecido en los
Acuerdos de San Andrés, Ley COCOPA y Convenio 169
de la OIT, se obtiene la posibilidad de que a futuro,
cuando el Estado mexicano pretenda realizar una reforma
legislativa o tomar alguna medida administrativa que involucre
a los Pueblos Indígenas, lo haga en consulta con
los mismos, estableciendo con ellos los mecanismos de
la consulta y tomando en cuenta los valores, concepciones,
tiempos y sistemas de los propios pueblos y no así
los tiempos e intereses políticos que puedan existir
en medidas de tal trascendencia nacional.
Finalmente
cabe señalar que las recomendaciones emitidas deben
ser consideradas como un precedente importante, pero no
exhaustivo en la materia, las bases sentadas sobre el
derecho a la consulta de los pueblos indígenas,
contemplado en el artículo 6 del Convenio 169,
constituyen el mínimo a lo cual están obligados
todos los Estados. Se espera que el gobierno mexicano
acepte las recomendaciones emitidas y las implemente,
pues sólo así, en los concretos, podremos
hablar de verdaderos avances y voluntad para atender las
demandas de los pueblos indígenas.
Claudia Ordóñez
Aurora De La Riva
Programa de Defensa Integral
| Construyendo
alternativas para la seguridad pùblica |
Reseña
del Seminario sobre Seguridad Pública y Derechos Humanos
(6, 7, 8 de mayo
de 2004)
Después de veinte años de crecimiento sostenido de
la inseguridad pública en México, los gobiernos no han
logrado construir políticas integrales, democráticas
y eficaces para enfrentarla. Parte de lo anterior ha
sido posible, en parte, debido a que la sociedad civil
no ha ejercido un contrapeso significativo frente a
esas instituciones. A pesar de la apatía generalizada,
desde los años noventa un reducido sector académico
y algunas organizaciones de la sociedad civil defensoras
de los derechos humanos hemos venido incrementando nuestra
capacidad para entender la compleja serie de fenómenos
asociados a la inseguridad, aumentado así sus labores
de escrutinio hacia las autoridades responsables. Sin
embargo, esos esfuerzos se han diluido en un entorno
donde el discurso oficial autoritario y la demanda social
de mano dura asfixian las alternativas al endurecimiento
y las propuestas que ponen en el centro a los derechos
humanos.
Por lo anterior,
no es razonable una expectativa de cambios profundos
en el paradigma convencional autoritario de la seguridad,
aún si el mismo continúa fracasando, sin cambios igualmente
de fondo en la capacidad de la sociedad civil para empujar
hacia la adopción de paradigmas democráticos.
La construcción de
dicha capacidad fue parte fundamental e inspiradora
del primer seminario-taller entre el sector académico,
organizaciones civiles y organismos públicos de derechos
humanos, denominado Seguridad pública, prevención del delito y derechos
humanos: Construyendo alternativas desde la sociedad
civil y organismos públicos de derechos humanos.
Convocado por el Instituto para la Seguridad y la
Democracia, A.C. (Insyde), Fundar-Centro de Análisis
e Investigación, el Centro de Derechos Humanos
“Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C., la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Todos los Derechos para Todos, el Seminario sirvió como inicio de un proceso sostenido
de colaboración en la temática entre organizaciones
civiles, organismos públicos de derechos humanos y representantes
del sector académico.
Durante el encuentro
se realizó un ejercicio participativo en el que la experiencia
y el conocimiento de todos los asistentes ofrecieron
insumos para la elaboración de un diagnóstico compartido,
así como herramientas para mejorar la calidad en la
interpretación de los problemas asociados a la temática,
la eficacia en el escrutinio y control sobre las autoridades
responsables y las posibilidades de elaborar, en el
contexto específico de cada actor, propuestas por igual
consistentes y factibles.
Articulación tripartita
Por parte de la comunidad
académica se abordaron los siguientes temas: “Seguridad
Pública, mapa normativo y de actores” (a cargo de Gabriela
Pérez y Juan Salgado, Fundar), “Seguridad Pública y
Justicia Penal” (a cargo de Carlos Ríos Espinosa, Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal), “Modelos
de interpretación sobre la prevención del delito”, (por
Luis González Placencia, Instituto de la Judicatura
Federal), “Comunidades Seguras: bases teóricas y metodología
del modelo” (a cargo de Nelia Tello, Estudios de Opinión
y participación Social), “La reforma policial democrática”
(por Ernesto López Portillo, Insyde), “Policía y derechos
humanos” (a cargo de Elena Azaola, Ciesas), “Rendición
de cuentas de la policía (por Rob Varenik, Insyde).
Por parte de las
organizaciones civiles y los organismos públicos de
derechos humanos, el Seminario ofreció una amplia gama
de puntos de vista respecto de problemáticas locales
e internacionales.
Por un lado, la Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos", presentó una reflexión
acerca de la percepción de las organizaciones locales
en el país en materia de seguridad pública, mientras
el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
(Guerrero)., compartió una experiencia de la policía
comunitaria. Igualmente, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las
Casas” (Chis.) y el Centro de Derechos Humanos “Miguel
Agustín Pro Juárez” trataron acerca de la discriminación
por parte de los cuerpos policíacos en Chiapas. Por
otra parte, el Frente Cívico Sinaloense dio a conocer
parte de su experiencia con policías locales en el estado
de Sinaloa. En cuanto a la situación en el Distrito
Federal, se tocaron diversos aspectos de la Seguridad
Pública, desde el punto de vista legal con la Ley de
Convivencia Social recién presentada (Centro de Derechos
Humanos “Fray Francisco de Vitoria”), hasta el tema
de las detenciones arbitrarias (Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal)
Por otro lado, el encuentro fue enriquecido por los
novedosos análisis de la ONG brasileña Viva Río
acerca de la formulación concreta de políticas de seguridad
pública en la Ciudad de Río de Janeiro, así como la
presentación de los Estudios realizados por el Centro
de Estudios Legales y Sociales de Buenos Aires (Arg.)
para fortalecer y asegurar la Incidencia de la Sociedad
Civil en materia de políticas públicas respecto del
tema.
Principales problemáticas
Los
principales problemas señalados en este Seminario atañen
a la normatividad, al funcionamiento del cuerpo policiaco
así como la difícil interlocución entre sociedad civil
y autoridad.
En primer término, el marco legal en materia
de Seguridad Pública se encuentra rebasado por la realidad
social. Al respecto, se destaca la complejidad del entramado
de funciones que corresponden a los distintos poderes
y niveles de gobierno. Por otra parte, las reformas
actualmente planteadas por el Ejecutivo Federal para
el sistema de Seguridad Pública no contemplan definiciones
claras de las funciones específicas de diversos órganos.
A nivel del D.F., la Ley de Convivencia Cívica aprobada
por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el
mes pasado, tiene un contenido violatorio de los derechos
fundamentales al tipificar conductas antes no criminalizadas
en base a conceptos de orden moral.
Por otra parte, desde sus orígenes, el mandato
de la policía en México ha sido proteger al Estado,
sin que prevalezca una vocación de servicio que consista
en proteger al ciudadano. La policía se enfrenta hoy
en día a los siguientes fenómenos: corrupción institucionalizada
(fabricación de delitos, detenciones arbitrarias, abusos
de autoridad, entre otros); percepción por parte de
la sociedad civil que esta institución es juez y parte
en el problema de la inseguridad; ausencia de un sistema
de rendición de cuentas; carencia de un registro de
sus propias prácticas; inexistencia de un diagnóstico
serio sobre los problemas que aquellas conllevan; distorsión
del concepto de los Derechos Humanos por parte de los
integrantes de las fuerzas policíacas; bajos niveles
de educación; precarias condiciones laborales.
Finalmente, las repetidas violaciones de
derechos humanos por parte de las autoridades (respecto
del derecho a la libertad e integridad personal, al
debido proceso y la no discriminación) constituyen para
las organizaciones civiles crueles muestras de la falta
de voluntad política por parte de las autoridades para
materializar propuestas acorde al respeto de los derechos
humanos en relación a la seguridad pública.
Papel de la sociedad civil
Hasta
la fecha, la sociedad civil no está considerada como
interlocutora viable en el debate de la Seguridad Pública,
tanto a nivel local y nacional como internacional. A
fin de revertir esta situación, será necesario que la
sociedad civil se capacite en el tema y logre priorizar
las propuestas en sus agendas, creando así nuevas estrategias
de incidencia. Por otro lado, es apremiante la necesidad
de construir alianzas sociales entre organizaciones,
académicos, sindicatos, medios de comunicación, sectores
privados, entre otros, para fortalecer el debate sobre
estos temas.
Agenda de trabajo
A partir de estas observaciones construidas en conjunto
en este Seminario, se identificaron las siguientes acciones
que se deberán atender de manera colegiada, entre Sociedad
Civil, Sector Académico y Organismos Públicos de Derechos
Humanos:
- Redefinir
los conceptos básicos respecto de la seguridad pública
y en torno a ella (Seguridad Humana, Seguridad Ciudadana,
etc.).
- Darle
un giro estructural al sistema de Seguridad Pública
para que éste responda a las necesidades ciudadanas.
- Definir
las características de un modelo democrático de
policía.
- Analizar
a fondo el surgimiento de sistemas paralelos al
sistema formal de justicia, en el que se trata de
hacer frente a la incapacidad del Estado de responder
a las exigencias en materia de justicia.
- Mejorar la vinculación social entre sociedad civil y policía
Del contenido del Seminario se elaborará
un informe final que será coeditado y publicado.
| La
cláusula democrática y los Derechos
Humanos en las relaciones
con la Unión Europea |
En
la Declaración de Guadalajara, resultado de la III Cumbre
América Latina y el Caribe-Unión Europea, llevado a
cabo en Guadalajara del 28 al 29 de mayo, los Jefes
de Estado y de Gobierno señalaron de nuevo su compromiso
con la “promoción y protección de todos los derechos
humanos”, así como el de “combatir todas las amenazas
que atentan contra el pleno disfrute de todos los derechos
humanos.”
Al
mismo tiempo, la Unión Europea contiene en los acuerdos
que firma con terceros países, incluyendo el Acuerdo
de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación
entre la Unión Europea (UE) y México (el Acuerdo Global),
una cláusula democrática que, en el caso del Artículo
1 del Acuerdo Global con México, dice a la letra:
“El
respeto a los principios democráticos y a los derechos
humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas
internas e internacionales de las Partes y constituye
un elemento esencial del presente Acuerdo”.
No
obstante este gran discurso en materia de derechos humanos,
nuestras experiencias, en particular sobre el uso de
la cláusula democrática, demuestran las limitaciones
de la cláusula cuando no existen mecanismos concretos
que aseguren su operatividad y señalan el riesgo de
que la cláusula democrática solamente sea usada por
los Estados, igual que el texto de la Declaración, como
ejemplo de su respeto por los derechos humanos sin tomar
acciones concretas a favor de los mismos.
Enfoque
sobre la cláusula democrática
Desde
que empezaron las negociaciones sobre el Acuerdo Global,
y sobre lo que es conocido como el Tratado de Libre
Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM), en
1997, organizaciones mexicanas y europeas, incluyendo
el Centro Prodh, hemos trabajado en propuestas sobre
la cláusula democrática.
Nosotros
reconocemos que lo que le da exigibilidad y fuerza jurídica
a la cláusula democrática es la condición de “elemento
esencial del acuerdo”, es decir, no solamente es inherente
al mismo en tanto que pilar del acuerdo, sino que debe
ser proyectado y desarrollado en su implementación.
La
UE reconoce que existe una dimensión positiva de la
cláusula, es decir, una disposición para realizar acciones
afirmativas en torno a los derechos humanos. Sin embargo,
la interpretación más frecuente de la cláusula es negativa,
es decir, se utiliza para imponer sanciones a gobiernos
que han cometido graves y persistentes violaciones a
los derechos humanos civiles y políticos.
Por
estas razones, promovemos una dimensión positiva de
la cláusula democrática, que se vería reflejado en acciones
de los gobiernos para garantizar, respetar, promover
y proteger a los derechos humanos y no solamente en
denuncias y “castigos” a los países en casos de violaciones
de los derechos humanos en lo general.
Al
mismo tiempo, en el marco de la liberalización económica,
reflejada en la creación de acuerdos comerciales y de
inversión como el TLCUEM y los Acuerdos de Protección
y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRIS), las empresas
transnacionales han surgido como nuevos actores que
afectan a los derechos humanos. En el caso de México,
desde que entró en vigor el Acuerdo Global, en 2000,
ha habido una creciente penetración de capital europeo
en México que no tiene ningún tipo de restricción pero
sí la libertad de atropellar las leyes domésticas en
materia de derechos humanos, medio ambiente y trabajo.
En
este sentido, es importante enfatizar que los Estados
tienen la responsabilidad de procurar que las empresas
que tienen su sede en su territorio y están bajo su
protección, no contribuyan a la violación de los derechos
humanos en terceros países; responsabilidad que no asumen
hasta el momento. Al mismo tiempo, la rendición de cuentas
de los Estados acerca de lo que hacen para vigilar el
desempeño y las operaciones de las empresas transnacionales
en su propio territorio no se registra detalladamente
en ninguna instancia de derechos humanos. Las empresas
transnacionales mismas también demuestran una reticencia
a asumir cualquier responsabilidad vinculante sobre
el disfrute de los derechos humanos en los países donde
operan. Estas responsabilidades de los Estados y de
las empresas transnacionales recientemente han sido
reflejadas en las “Normas sobre las responsabilidades
de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales
en la esfera de derechos humanos,” aprobadas por
la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de la ONU en agosto de 2003.
[1]
Por
estas razones, más allá del uso de la cláusula democrática
como un mecanismo de denuncia para casos y situaciones
de violaciones de derechos humanos en lo general, argumentamos
la necesidad de promover una dimensión positiva de
la cláusula democrática en el reclamo de los derechos
humanos, fundamentalmente en el marco del impacto del
Acuerdo Global, el TLCUEM, y los Acuerdos de Protección
y Promoción Recíproca para las Inversiones (APPRIS)
sobre los derechos humanos.
En
una resolución de la Subcomisión de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos de la ONU se expresa “la necesidad
de reafirmar el carácter central y la primacía de
las obligaciones de los derechos humanos en todos
los sectores de la gestión pública y el desarrollo,
inclusive las políticas, acuerdos y prácticas internacionales
y regionales en materia de comercio, inversión y finanzas.”
[2] Esto implica que en el contexto de los compromisos
que han asumido los Estados en materia comercial, su
responsabilidad principal es promover
y proteger los derechos humanos y no los derechos mercantiles.
Como se ha evidenciado en este documento, aun con la
cláusula democrática, lo anterior no ha sido cumplido
por los Estados parte del Acuerdo Global entre la Unión
Europea y México.
Desde
una perspectiva de derechos humanos, la inclusión de
una cláusula democrática en los Acuerdos con la Unión
Europea puede servir como una herramienta para avanzar
en el respecto, promoción y protección de los derechos
humanos, particularmente en el contexto de las relaciones
comerciales y de inversión entre los Estados parte.
Sin
embargo, sin incluir mecanismos concretos para hacer
operativo y legalmente vinculante el contenido de la
cláusula y de asegurar una dimensión positiva de la
misma, esto puede reducirse a solamente una expresión
de buenas intenciones de los Estados parte y algunos
proyectos de cooperación sobre derechos humanos, y su
alcance se limitará a la posibilidad de tomar medidas
negativas- la reducción de la cooperación, el aplazamiento
de reuniones del Consejo Conjunto, incluso sanciones
comerciales,- en casos de violaciones de derechos humanos
por parte de los Estados. Peor aun, sin estos mecanismos,
los Estados podrán seguir usando la cláusula democrática
en sus discursos como ejemplo de su respeto a los derechos
humanos, mientras que en la práctica, como veremos en
los casos detallados en el siguiente artículo y como
se hizo ver en las acciones de represión y violencia
en contra de los manifestantes en Guadalajara, siguen
permitiendo y cometiendo violaciones a los derechos
humanos.
Maureen
Meyer
Área de Relaciones Internacionales
| Violaciones
a Derechos Humanos
por empresas europeas
en
México |
En el Centro Prodh hemos iniciado un monitoreo de las violaciones
a los derechos humanos por parte de empresas trasnacionales
y comerciales, cuya operación está originando y/o agravando
severos casos de violaciones a los derechos humanos individuales
y colectivos en el ámbito de los derechos laborales, medio
ambientales, de salud, alimentación, derechos a la tierra
y territorio de los Pueblos indios, derecho a la información
oportuna y veraz, a la consulta y participación en la decisión
de políticas públicas que atañen a los pueblos, entre otras
violaciones.
En este articulo nos referiremos centralmente en la actuación
de empresas trasnacionales cuyo origen del capital pertenece
a los países que integran la Unión Europea, en el marco
del tratado de libre comercio que nuestro país firmó con
aquellos, además de contextualizar esta información en el
reciente Encuentro Social “Entrelazando Alternativas”, donde
el monitoreo a las empresas trasnacionales es uno de los
puntos del Plan de Acción de la sociedad civil. Cabe resaltar
que en el caso donde no se precisan los datos del origen
de las empresas, la información consultada ha manejado hipotéticamente
su origen europeo. De cualquier manera, se insertan dentro
del campo de violaciones a derechos humanos por parte de
empresas.
En cada uno de los casos que se presentan, el Estado mexicano
ha incumplido con su obligación de proteger los derechos
humanos de toda persona, individual y colectiva, por parte
de terceros al no sancionar a las empresas que violan
tales derechos y omitir a su vez la generación de condiciones
legislativas o administrativas que impidan que las empresas
continúen violando más derechos humanos, tanto de sus
propios empleados como de las comunidades donde se asientan
y operan.
Asimismo, encontraremos en algunos de los casos mostrados
las potenciales violaciones que pueden generarse a propósito
de la privatización de servicios. En esta ocasión hablamos
del sector energético (existe un amplio interés de las
corporaciones europeas sobre la energía eléctrica), cuya
trascendencia sobre la observancia de los derechos fundamentales
de la población es muy importante en tanto que las privatizaciones
de servicios encaminados a satisfacer los derechos humanos
(salud, vivienda adecuada, educación, etc.) están arriesgando
tanto la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad
y calidad de tales servicios para cumplir con su función
de garantizar todos los derechos humanos.
[1]
Derechos
de los Pueblos Indios
| Derechos
violados/violaciones |
responsables |
hechos |
| Tierra,
participación, consulta, Información,
Vida
digna
Alimentación
(potencial)
Medio
ambiente |
Interconexión
eléctrica
Autoridades
municipales
CFE
Gobierno
del estado |
La
Parota, Gro. Comuneros de Los Guajes y el Chamizal,
quienes se resisten a ser desplazados por el proyecto
de la hidroeléctrica “La Parota”, por parte de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien no
ha dado información a los campesinos y la autoridad
municipal da por hecho el proyecto, sin tomar en
cuenta la opinión de los campesinos. Al parecer
está enmarcado en el Plan Puebla Panamá. Ambos municipios,
ubicados en los márgenes del río Papagayo, están
amenazados con su desaparición.
Viven
en la marginación y abandono de las autoridades
de ambos municipios y carecen de servicios indispensables
como agua, drenaje, pavimentación y transporte.
Incluso el presidente municipal de San Marcos, el
panista Fernando Sotelo del Carmen, les ha negado
las obras a los habitantes de El Chamizal porque
“no tiene caso invertir cuando el pueblo desaparecerá
por la presa”.
En
la comunidad de Los Guajes, la CFE ha declarado
que son “tierras improductivas”, no obstante que
las familias siembran para autoconsumo, así como
ganadería en pequeña escala, dado que consumen iguana,
armadillos y conejos.
Los
ejidos y comunidades en resistencia, frente al intento
de la CFE por construir sobre sus pueblos y sus
tierras una hidroeléctrica que llaman "La Parota",
que cubriría 17,300 hectáreas, inundaría 22 pueblos
y desplazaría a 25 mil comuneros y ejidatarios,
reiteran su oposición a dicho proyecto y manifiestan
su negativa argumentando:
•
deterioro social, desplazamiento de grupos humanos
por la construcción de las grandes presas, violación
de los derechos humanos de los desplazados, destrucción
de cuencas hidrológicas: rompimiento del equilibrio
ecológico, desertificación río abajo, los proyectos
neoliberales de interconexión energética significan
la generación de electricidad para venta a las trasnacionales;
deterioro social y ambiental: afectación a toda
la población. |
Ámbito
laboral
| Derechos
violados/
violaciones |
responsables |
hechos
|
| Justicia
laboral,
Estabilidad
en el empleo.
Libertad
de asociación para la defensa de derechos. |
Michelín
(francesa)
JFCA/STPS |
DF
y Puebla, marzo. En el 2000, tras la compra
de Uniroyal, la empresa Michelín comenzó a recortar
personal sindicalizado, con liquidaciones por debajo
de lo estipulado. Los trabajadores acudieron a la
representación de la OCDE en marzo pasado. Sus demandas
de reinstalación se encuentran en litigio todavía
y no hay avances. Los recortes de personal fueron
argumentados con el pretexto de un cierre de la
planta, pero sólo fue simulación dado que siguen
fabricando las mismas llantas Uniroyal.
|
|
Justicia
laboral
Libertad
sindical |
Continental
Tire
(alemana)
JFCA/STPS |
Marzo.
A pesar de haber ganado legalmente el reconocimiento
a la huelga que mantienen los trabajadores
de Euzkadi desde hace dos años, la empresa
Continental Tire no ha querido reconocerla. La STPS
ha tomado una actitud omisa frente a este incumplimiento
de la sentencia vs Continental, lo que ha provocado
que las violaciones a los derechos humanos laborales
y sindicales de los trabajadores continúen violándose. |
|
Derechos
humanos laborales:
Despidos
injustificados, falta de salarios justo, etc. |
Banco
de Bilbao Viscaya Argentaria (española)
Secretaría
del Trabajo y Previsión Social |
Condiciones
laborales. Los trabajadores que laboran en el sector
de la Banca —que al inicio de la década de los años
ochenta poseían uno de los mejores niveles salariales
y de prestaciones— han visto caer verticalmente
esas conquistas, al tiempo que los capitales europeos
han exigido una política de despidos y liquidaciones
como condición previa para comprar los bancos. Por
si fuera poco, los costos del "rescate"
del sistema financiero mexicano después de la crisis
de 1994 ("efecto tequila") han costado
a la población mexicana más de 100 mil millones
de dólares (20 % del PIB anual). A partir de la
crisis económica de 1994 y la venta de los activos
de la banca mexicana, el sistema bancario obtiene
la mayor parte de sus utilidades no del otorgamiento
de créditos para financiar la actividad productiva,
sino de los recursos que recibe del Estado mexicano
como pago de los intereses del "rescate financiero"
realizado por el gobierno anterior. Así, en los
pasados 9 años, el sistema financiero recibió 28
mil millones de dólares sólo por intereses. Según
el Banco de México, los bancos extranjeros instalados
en el país cobran comisiones por servicios hasta
10 veces superiores a las transacciones similares
que efectúan en los países donde radica su casa
matriz.
BBVA
recientemente elevó a 98 % el control del capital
de Bancomer, el principal banco del país, Detrás
de esa operación están las jugosas comisiones que
podría obtener por la transferencia de las remesas
de los latinoamericanos que habitan en Estados Unidos,
que representan más de 15 mil millones de dólares
por año.
[2] |
Medio
ambiente y salud
| Derechos
violados / violaciones |
responsables |
hechos
|
| Medio
ambiente sano,
Salud,
Información
Falta
de acciones afirmativas encaminadas a proteger y
respetar derechos humanos. |
Metrogas,
(española)
GDF,
delegaciones |
DF.
De acuerdo con el especialista Iván Restrepo, los
accidentes ocasionados por la empresa Metrogas,
revelan la falta de políticas preventivas sobre
posibles daños a la población por las obras subterráneas
que debieran estar supervisadas por las autoridades
del GDF y delegaciones. No existen datos confiables
sobre los depósitos subterráneos de combustible
de las gasolineras, longitud de tuberías y depósitos
de hidrocarburos de Pemex, ni sobre el cableado
de fibra óptica telefónica o de t.v. No existe la
información necesaria y priva la descoordinación
entre las autoridades centrales, las delegaciones
y las compañías que excavan. La ciudadanía no está
informada de los riesgos que enfrenta. La falta
de coordinación y autoridad se traduce en indefensión
de los habitantes. |
|
Medio
ambiente, salud, omisión gubernamental. |
Nukay
(canadiense)
Semarnat
Secretaría
de Energía |
Eduardo
Neri, Gro., febrero. La empresa minera canadiense
Nukay ha derramado agua con cianuro en una barranca
aledaña a la comunidad, además de contaminar los
mantos acuíferos y provocar la muerte de animales.
Además, por las labores de la minera se ha provocado
deforestación y tala inmoderada. De acuerdo con
la denuncia, se ha recurrido en reiteradas ocasiones
a las autoridades federales y de Guerrero, pero
no se ha intervenido. |
Acceso
a servicios, como garantía de vigencia de derechos humanos
| Derechos
violados/violaciones |
responsables
|
hechos
|
| Políticas
de privatización ponen o pueden poner en riesgo
el acceso a servicios que garantizan derechos humanos.
(Obligación
de garantizar). |
Iberdrola
(española)
CFE
Secretaría
de Energía |
Tampico,
Tamps. La empresa española de energía Iberdrola
contrató a la mexicana ICA Fluor Daniel para
la construcción de la planta de generación eléctrica
Altamira V, cuya producción será vendida a la CFE
bajo el programa de productor independiente de energía
a partir de noviembre de 2006, cuando concluyan
los trabajos.
De
acuerdo con informes del corporativo Ingenieros
Civiles Asociados (ICA), el contrato firmado asciende
a 570 millones de dólares, que incluye el valor
del predio, costo financiero, costo de equipo de
generación de energía, así como costo de ingeniería,
procuración y construcción de la planta.
La
planta a construir en el puerto tamaulipeco será
de ciclo combinado (sus turbinas consumirán lo mismo
gas natural que diesel), tendrá una capacidad de
generación de mil 180 megavatios y proveerá de energía
a la región industrial del norte de México.
De
acuerdo con los reportes financieros 2003 de la
española, sus operaciones en México se consolidaron
como las que mayor aportaciones realizaron al negocio,
con una participación de 56.7 por ciento y aportaciones
de 552.5 millones de euros.
Iberdrola
cuenta con activos superiores a 13 mil millones
de dólares. En España y América Latina brinda servicios
a 13 millones de clientes. Sólo en México cuenta
con plantas de generación eléctrica en Monterrey
y Altamira.
ICA
informó que la construcción del proyecto llevará
36 meses y una vez en operación ''estabilizará la
red eléctrica del área'' norte del país, donde la
actividad industrial ''continúa expandiéndose fuertemente''.
|
| Políticas
de privatización ponen o pueden poner en riesgo
el acceso a servicios que garantizan derechos humanos.
(Obligación
de garantizar). |
Electricité
de France
(francesa)
CFE
Secretaría
de Energía |
“Legalidad”
de contratos energéticos.
En
México, en el inicio del año 2004 se lleva a cabo
una controversia sobre la legalidad de algun | | |
