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Teodoro, Rodolfo y los derechos familiares

Ante la incapacidad del Estado Mexicano para asumir la responsabilidad, que tiene en las violaciones de que fueron objeto los dos ecologistas, recurrir a una instancia de corte regional es un indicador de que el ejercicio de los derechos humanos en nuestro país dista mucho del discurso que sostiene el gobierno federal.

Por ello, es indudable que la noticia de Admisibilidad del caso de los ecologistas de Guerrero por la Comisión abre la posibilidad de hacer justicia plena en un hecho en el que no solamente se vieron afectados los derechos civiles y políticos. Con esta oportunidad jurídica se deberán sancionar y reparar todas las violaciones a los derechos humanos que se cometieron con Teodoro Cabrera, Rodolfo Montiel y sus familias.

Para los campesinos ecologistas y sus familias, la justicia no ha resuelto los sucesos vividos durante los días que transcurrieron entre el 2 de mayo de 1999 y el 7 de noviembre del 2001. Cuando el Ejecutivo Federal les otorga la libertad bajo el argumento de la que “la sanción impuesta es incompatible con su estado de salud y constitución física”, deja sin reconocer que el derecho a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la justicia, a defender el medio ambiente, a la libertad personal y a un proyecto de vida, fueron violados. Además, ante el hecho de no haberse realizado la reparación del daño material y moral, la investigación y la respectiva sanción de los responsables, el establecimiento de medidas de no repetición de los hechos por parte de elementos del Ejército Mexicano y el reconocimiento total de su inocencia, estas violaciones continúan vigentes, aunadas a las que afectaron a todos los integrantes de sus familias.

El Estado Mexicano continúa sin asumir (y por lo tanto responsabilizarse) que el deteriorado estado de salud de los ecologistas es consecuencia de la tortura de la que fueron objeto. Pero, ¿cuáles fueron las repercusiones para los integrantes de sus respectivas familias a partir de que fueron detenidos?...¿qué implicaciones tuvo su ausencia en cada uno de sus familiares?...¿cómo se vieron afectadas las vidas de sus hijos y esposas?...

Para Rodolfo Montiel, la reflexión de lo sucedido lo hace pensar en el caso particular de cada uno de sus seis hijos y de su esposa Ubalda:

Ante los acontecimientos, la familia tuvo que dejar su casa e instalarse en otro lugar, pues ello implicaba tener mejor acceso a donde él se encontraba y un sitio donde era más fácil obtener recursos para poder subsistir. Durante ese tiempo, Ubalda trabajó para poder mantener a la familia, vendiendo pan y mangos de madera para hacha que ella hacía. La preocupación y carga moral y económica que Ubalda tuvo que soportar, se suman a la no fácil tarea de adaptarse a un lugar diferente a su comunidad originaria y a las consecuencias en su estado de salud, ya que a partir de entonces enfermó y aún no se recupera completamente. Este tipo de estados de indefensión provocados por un evento como el conocido, muestra el grado de vulnerabilidad que se tiene por carecer de toda forma de seguridad social y económica.

Posterior a su arresto y encarcelamiento, Rodolfo considera que los hijos más afectados fueron los tres mayores. Su hija mayor, que en ese entonces tenía 17 ó 18 años, se fue de su casa para casarse. Según testimonio del propio Rodolfo, él siente que su ausencia apresuró, de alguna manera, esa decisión.

Al asumir la responsabilidad económica de la familia, su segundo hijo, que en ese tiempo era propietario de una motoneta de tres ruedas con la cual realizaba servicio de transporte en la comunidad, tuvo que venderla y emigrar a los Estados Unidos. Nunca pudo contar con un empleo que le permitiera enfrentar de mejor manera la situación familiar.

Su tercer hija, dice Rodolfo, es quien resultó más perjudicada por su ausencia, ya que tuvo que abandonar la escuela debido al cambio de residencia que la familia tuvo que hacer y a la problemática económica. En ese sentido, el derecho al acceso a la educación de la niña fue definitivamente afectado. La ahora joven estaba por terminar la primaria (5to grado); posteriormente, su madre trató de que regresara a estudiar pero ya no fue posible. Al verse rezagada ya no pudo volver a adaptarse con sus nuevos compañeros pues ya era más grande. Finalmente también emigró a los Estados Unidos.

Para los tres más pequeños, de 10, 9 y 6 años (por esa fecha), Rodolfo piensa que, por sus edades, enfrentaron la situación y vieron afectadas sus vidas de manera diferente a los mayores, pues señala lo difícil que fue para Ubalda el educar y mantener a los hijos pequeños sin el apoyo de su marido.

En el caso de la familia de Teodoro, sus integrantes se vieron afectados de diferente manera. La situación de su encarcelamiento repercutió de otra forma a su esposa e hijo, no por ello su experiencia fue menos difícil. Con solo un hijo ya mayor, que en aquel tiempo tenía 23 ó 24 años, él no era su principal preocupación, sino su esposa Ventura, quien enfermó y hasta el momento, tiene un precario estado de salud.

A la fecha, al no reconocer la inocencia de los ecologistas y por lo tanto, al no haberse hecho plena justicia para Teodoro y Rodolfo y sus respectivas familias, continúan desplazados de sus lugares de origen, situándolos en un estado de exilio, ya que no existen las condiciones reales de seguridad que permitan su reincorporación a su hogar y comunidad.

Todos estos hechos, nos ofrecen una evidente muestra de que la afectación que se ocasionó en los familiares directos de las víctimas en la salud, la alimentación, la vivienda, la educación y en general en la calidad de vida, son elementos que de ninguna manera deben quedar sin considerarse en la búsqueda de plena justicia para todos y todas. Es por ello que los agentes del Estado, responsables directos de las violaciones a los derechos fundamentales de estos dos hombres y sus familiares, deben responder plenamente.

M. Patricia Fernández Salazar
Programa de Monitoreo y Análisis


	*01 de abril de 2004*		Número 2