En materia de derechos humanos México vive un momento muy importante en su historia contemporánea. Después de un periodo de crecimiento y consolidación en las instituciones civiles y públicas de derechos humanos, se llegó a un punto en el que  incluso el anterior gobierno federal se apropió del concepto para promoverse en espacios internacionales con un éxito importante que le llevó a obtener la presidencia del consejo de derechos humanos de la ONU.

Lamentablemente esta situación no tuvo los efectos internos positivos que habría cabido esperar. Lo cierto es que el anterior periodo gubernamental dejó un saldo negativo en la materia, especialmente hacia el final del sexenio. Por esta razón creemos que es importante, a unos meses de este doble inicio, valorar los hechos más significativos de nuestro presente, en contraste con los antecedentes más relevantes.

Así, el presente número de De Fondho presenta los elementos y las tendencias que consideramos importantes para el trabajo de derechos humanos en México, aquí y ahora. Siendo el universo de los derechos humanos tan amplio, hemos optado por realizar una segmentación temática que agrupe sujetos y derechos desde una perspectiva integral.

Especialmente relevante nos parece señalar el evidente retroceso en el cumplimiento de los derechos civiles y políticos que parecían haber avanzado en los últimos años. Algunos de los hechos graves que advertimos son:

1.       La inexistencia de una política de derechos humanos por parte del actual gobierno federal. 

2. Los graves riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos y los comunicadores.
3. La vulnerabilidad de quienes prestan su solidaridad
   a los migrantes en tránsito, generalmente mujeres con familiares migrantes.

4.       La situación de vulnerabilidad a que se están viendo sometidos los policías en el marco de la guerra contra
el narcotráfico.

Al mismo tiempo tratamos de exponer a nuestros lectores la perspectiva del trabajo que el Centro Prodh desarrolla en relación con una realidad compleja, en la que interactuamos con una sociedad que demanda cada vez más el respeto a sus derechos por parte de un estado que se muestra reacio a asumir sus compromisos.

La intención de este texto es la de ofrecer a nuestros lectores una prospección de lo que consideramos que se puede esperar para el presente año en materia de derechos humanos, tomando en cuenta el hecho de que está iniciando también un nuevo sexenio.

Un posible referente en este sentido es el año 2001, cuando México
 –al darse por primera vez la alternancia en el gobierno federal– vivía una situación inédita en su historia que generó muchas expectativas en la sociedad civil. La realidad, sin embargo, fue sumamente decepcionante. En términos generales podemos afirmar que “el sexenio de la alternancia que usó el discurso de los derechos humanos como una de sus principales divisas durante la campaña electoral del año 2000, deja un saldo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, muchas de ellas con respaldo legal… [1] ”.

Esta situación se fue agudizando de manera paulatina con el avance del sexenio. De tal manera que para entender de manera amplia el discurso y los mecanismos de acción actuales en relación a los derechos fundamentales, es útil remontarnos al último tramo del sexenio anterior.

Conforme se acercaba el cambio de gobierno, tanto el tono del discurso como la acción represiva ante los movimientos sociales se fueron endureciendo. Especialmente entre 2004 y 2006 se pudo observar un incremento en la represión a movimientos sociales en Guadalajara, Lázaro Cárdenas, San Salvador Atenco y Oaxaca. En este último caso, desarrollado a partir del mes de junio, se presentaron 23 muertos durante 2006, de los cuales la procuraduría estatal sólo reconoció 11 y la CNDH a 20.

De manera paralela a esto hubo un incremento notable en las ejecuciones por parte de la delincuencia organizada que pasaron de 1304 ejecuciones en el 2004 a 2005 ejecuciones en el 2006 [2] , lo que significa un incremento de 801 muertes. Esto a pesar de que fue anunciada, especialmente a partir del 2005, una intensificación en la militarización de la lucha contra la delincuencia organizada con el operativo México Seguro, que sin embargo no logró contener
la expansión del crimen organizado ni la espectacularidad de
sus acciones.

En el campo político, el 2 de julio de 2006 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en medio de un clima de mutua descalificación entre los principales contendientes. La polarización que sigue a la jornada electoral lleva al país a un escenario de alta confrontación política que deviene en la descalificación por parte de un sector muy amplio de la sociedad al triunfo de Felipe Calderón. Se llevan a cabo importantes movilizaciones por el respeto al voto en todo el país y en la ciudad de México un plantón en Paseo de la Reforma genera una polémica en torno al derecho de libre tránsito en la que la CDHDF emite un extrañamiento al GDF por medio de una recomendación por no “liberar el tránsito” en el paseo de la Reforma [3] .

En términos económicos, la inflación se mantuvo en 4.05%, cercana a las estimaciones oficiales, aunque cabe señalar que los alimentos, bebidas, educación y esparcimiento tuvieron incrementos por arriba de la inflación [4] . Por otra parte se reportó un desempleo abierto de cerca de 4% según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [5] . Pero esta cifra es engañosa porque no refleja la calidad del empleo que hace que otro 7% de la población sufra subempleo visible, es decir que trabajen menos de lo que necesitan, así como tampoco el empleo informal en el que participa cerca del 28% de la Población Económicamente Activa (PEA) lo que refleja un alto grado de incertidumbre económica para las personas en su vida cotidiana. Estas cifras se traducen en un insuficiente incumplimiento del derecho
al trabajo.

Finalmente cabe señalar que durante el 2006, México se consolidó como el país más peligroso de la región para los periodistas, ya que acumuló 10 asesinatos en ese periodo. Según datos oficiales de la CNDH, esta cifra se elevó a 27 durante todo el sexenio anterior. En el caso de los defensores de derechos humanos, la CIDH presentó un extenso informe en el que documentó su “profunda preocupación” por el alarmante índice de agresiones a defensores en toda América Latina, pero especialmente en México. 

Desde el inicio mismo del sexenio actual, el nuevo gobierno federal se encontró en medio de una crisis política sin precedentes, al ser cuestionada su legitimidad política por parte de un sector importante de la población. Ante ese escenario tomó la decisión de establecer un pacto con dos actores que consideramos que serán clave en el sexenio: las fuerzas armadas y los medios electrónicos de comunicación. En esta lógica se organizó la ceremonia mediática de toma de posesión transmitida el 1^ro de diciembre durante la madrugada. En ese acto quedan claros los factores de legitimidad del actual gobierno: fuerza pública y control de la opinión pública.

Al mismo tiempo parece claro que no existe una intención oficial de impulsar a los derechos humanos, ni siquiera como un discurso al exterior del país, como ocurrió en el sexenio de Fox. Desde el mes de enero se vieron signos preocupantes en este sentido con un desliz por parte de la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, María del Carmen Díez Hidalgo, cuando descalificó a la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), al considerar que no es un organismo "reconocido" o con la "respetabilidad de organizaciones no gubernamentales tipo Amnistía Internacional" [6] .

Posteriormente esta tendencia se fue confirmando con distintos hechos. Uno de ellos fueron las afirmaciones de Amnistía Internacional en febrero, considerando “vergonzoso y escandaloso el sistema de justicia [7] ” de México, en el marco de una visita para presentar un informe sobre justicia penal y seguridad pública en la que manifestó no haber hallado interés en las autoridades en los contenidos del informe. En el mes de abril realizó una visita oficial a México Florentín Menéndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para México, quien señaló graves rezagos en el respeto a los derechos humanos
en México [8] .

Finalmente diversas organizaciones nacionales han denunciado “un claro retroceso en materia de derechos humanos en México”, luego de recibir un trato inequitativo en la primera reunión de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, en la que fueron citados una hora después de los funcionarios públicos [9] , bajando claramente el perfil de su participación con relación al sexenio anterior. Estos hechos apuntan a la ausencia de una política oficial en la materia. 

Estrategias de seguridad pública y vulneración de los derechos a la vida, a la integridad, a la seguridad y  al libre tránsito

En esta perspectiva ubicamos graves riesgos para el respeto a los derechos humanos que ahondan la vulnerabilidad de nuestros grupos destinatarios. Esto, derivado de una estrategia de seguridad pública que involucra a los tres poderes de la unión y que continúa las líneas de acción trazadas en el año anterior sin realizar un balance crítico que permita realizar ajustes e involucrar a los distintos sectores sociales en la solución de un grave problema nacional.

En el caso del ejecutivo federal, la estrategia ha implicado repetir el esquema del programa México Seguro, el cual implica la centralización del combate a la delincuencia organizada con la creación de la policía federal única y el involucramiento de las fuerzas armadas en una escala cada vez mayor en tareas que corresponden al ámbito civil. Se ha implementado un operativo permanente en diversos estados del país que ha derivado en un escalamiento en el conflicto con la delincuencia organizada al interior del país que ha tenido como consecuencia directa 979 ejecuciones en el actual sexenio, hasta el 24 de abril de 2007 [10] . Las cosas han llegado a tal grado que el lunes 16 de abril de 2007 se instaura el record de ejecuciones con 22 en un solo día [11] .

Es importante resaltar que la militarización de las fuerzas de seguridad pública tiene un sustento legal bastante cuestionable en términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Además se han dado incidentes como el caso Albano Ramírez en el que el abuso policial llega al asesinato, o el de Ernestina Ascensión, que ha evidenciado las dificultades para acceder al derecho a la verdad y a la justicia, además de cuestionar severamente la voluntad oficial y los mecanismos para investigar presuntos delitos por parte
de militares.

En el caso del poder judicial, en enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la obtención de pruebas obtenidas por medio de cateos sin orden judicial en caso de que exista flagrancia. Resulta especialmente preocupante la decisión de la Corte por la existencia de la figura conocida como flagrancia equiparada, que permite detener a alguien –dependiendo del ámbito de competencia– entre 48 y 72 después de ocurrido el delito. En el ámbito legislativo, esta tendencia podría ser reforzada de aprobarse la reforma penal propuesta por el ejecutivo, la cual propone legitimar las excepcionalidades y fortalecer la militarización a pesar del fracaso de la estrategia.

Por otra parte cabe señalar que este endurecimiento y tendencia a la centralización de las acciones no sólo están ubicadas en el nivel federal, sino que se reproducen tanto a nivel estatal como municipal. Un ejemplo claro de ello son las acciones realizadas por parte del Gobierno del Distrito Federal (GDF) en el barrio de Tepito y en Iztapalapa, que según una evaluación inicial por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) fueron realizadas de manera “ilegal porque se procede de una manera que no cubre las formalidades” [12] , vulnerando el estado de derecho y poniendo en riesgo a terceros.

Otro hecho preocupante es que pareciera que todos los ámbitos y niveles de gobierno están convalidando, de hecho, la guerra abierta declarada por Calderón [13] . En este sentido percibimos el riesgo de que esta política implique un retroceso en las libertades democráticas aún mayor al que se vive actualmente. En especial si lo sumamos a una nueva tendencia paralela a esta confrontación de alta intensidad que se generaliza en el país, en la que los grupos de la delincuencia organizada comienzan a filtrar evidencias de su colusión con sectores políticos, lo cual ahonda la confusión social vulnerando la de por sí escasa confianza de la ciudadanía en los funcionarios públicos [14] , en detrimento del derecho a la justicia y a la seguridad. 

Mientras esto sucede se configura una tendencia discriminatoria, relacionada con la militarización de la seguridad pública y que ha sido un signo claro del estilo de Calderón. Uno de sus primeros actos de gobierno fue el anuncio de mejoras en las condiciones laborales de los militares, lo que si bien ocurrió hasta febrero, constituyó un paso claro en favor de los elementos que están siendo colocados en la línea de batalla contra el crimen organizado. Sin embargo, en el caso de los policías el trato ha sido diametralmente opuesto.

Más allá del hecho de que en el marco de los operativos se haya asegurado a varios batallones enteros de policías locales por su presunta colusión con el crimen organizado, lo cierto es que no se han atacado los aspectos estructurales que los hacen propicios a esas prácticas. Según el estudio Expectativas Salariales en México [15]
a principios de 2006 se consideraba que en promedio un policía debería de ganar 6,324 pesos mensuales, en contraste con los 3,486.75 pesos mensuales que en promedio percibían.

Esto nos coloca ante un escenario en el que las policías son marginalizadas, lo cual en lugar de fortalecer sus condiciones para combatir al crimen, los convierte en un nuevo grupo vulnerable.
No sólo por el hecho de que los policías representan cerca de 11% de las ejecuciones [16] en promedio, sino porque se da un deterioro paulatino en sus condiciones de trabajo. En este contexto han comenzado a surgir grupos de policías que se organizan y movilizan para exigir reivindicaciones laborales y un mayor apoyo que garantice su integridad física. Tenemos noticias de que esto ha sucedido en los estados de México [17] , Nayarit [18] y Oaxaca [19] Cabe señalar que la evolución que se de en este nuevo foco de atención resultará fundamental para el mejoramiento de los niveles de seguridad ciudadana en México.

Incremento en los riesgos para comunicadores

En ocasiones anteriores el Centro Prodh informó acerca del constante riesgo enfrentado durante la pasada administración por los comunicadores al ejercer su derecho a la libertad de expresión. A cuatro meses del inicio del nuevo gobierno no hay muchas esperanzas de mejoría, especialmente después de que organismos como la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) han coincidido en que México es el país más peligroso de América latina para los periodistas y el segundo más peligroso del mundo, solo después de Irak.

El caso de Rodolfo Rincón Taracena, quien desapareció desde el 20 de enero de 2007, es el primero de esta naturaleza en el actual sexenio. Aparentemente su desaparición está relacionada con una serie de reportajes que realizó sobre narcomenudeo y corrupción de autoridades locales en Tabasco. El caso está a cargo de la procuraduría estatal –instancia involucrada en las investigaciones que realizaba el reportero–, que durante la indagatoria ha sido acusada de hostigar y tratar de inculpar a compañeros de Rodolfo [20] .

Entre los casos más recientes de ataques contra periodistas, cabe señalar el caso de Amado Ramírez, corresponsal de la cadena Televisa en Acapulco, el de 6 abril de 2007 al salir de su programa de radio. Al día siguiente, su compañero de programa Misael Habana, corresponsal del periódico La Jornada, recibió amenazas [21] . Aparentemente el caso también estaría relacionado con
el narcotráfico.

Finalmente es importante mencionar el secuestro del director del periódico Interdiario ocurrido el lunes 16 de abril en el estado de Sonora, cuyo cuerpo fue encontrado en el estado de Chihuahua una semana después. Asimismo, el martes 17 de abril por la noche estalló una granada en las oficinas del periódico Cambio Sonora, en el estado de Sonora. Estos casos evidencian la agudización de los ataques continuos contra periodistas y la creciente impunidad ante ello.

El presente gobierno ha iniciado con poco interés en el esclarecimiento de los ataques contra periodistas registrados durante la anterior administración. Aunque se han dado algunos avances en el terreno legislativo con la despenalización de los delitos de opinión a nivel federal, lo cierto es que la vulnerabilidad de los periodistas tiende a incrementarse mientras transcurre el tiempo sin que las distintas autoridades de gobierno asuman su responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos en general y de los comunicadores en particular.

Situación de los defensores de derechos humanos

En el caso de los defensores de derechos humanos existe una situación de vulnerabilidad que se ha visto agudizada por alguna mercadotecnia política que ha sembrado la percepción de que la defensa de derechos humanos implica la defensa de delincuentes. En este rubro cabe destacar la preocupación expresada por el presidente de la CIDH Florentín Menéndez, quien en abril, durante su visita oficial a México, señaló que a nivel hemisférico se han incrementado los riesgos, apuntando “la falta de investigación seria de las denuncias que involucran a los defensores en algunos casos, así como la lentitud de la administración de justicia en otros, sumadas al desconocimiento por parte de los estados en relación a que los activistas enfrentan obstáculos en el ejercicio de sus actividades y que, como consecuencia, requieren de una protección especial, son todos factores que dan lugar a la impunidad de los agresores” [22] .

A nivel nacional esta vulnerabilidad se expresa en la poca certeza que se ha dado a la resolución de homicidios o agresiones en contra de defensores de derechos humanos. En este sentido son paradigmáticos los casos de Digna Ochoa –recientemente reabierto a petición de los familiares de la abogada– o el de Griselda Tirado. Asimismo, casos como el de Oaxaca donde en el marco del conflicto social iniciado en junio del 2006, demuestran la vulnerabilidad de las organizaciones civiles ante la impunidad con que medios oficialistas descalifican su trabajo, o ante la inacción por parte de los organismos oficiales de derechos humanos que implica complicidad con los violadores de derechos humanos [23] .

Mención aparte merece un fenómeno relativamente reciente en el contexto del cual están surgiendo organismos “defensores de derechos humanos” apócrifos. Uno de estos casos se dio en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, aparentemente en colusión con una banda de robacoches [24] . Cuando eran detenidos, un abogado se presentaba como defensor intimidando a las autoridades. El otro caso fue en Querétaro, en donde incluso fue encontrada una oficina y vehículos con logotipos de la comisión estatal de derechos humanos [25] .

Criminalización de los movimientos sociales

En un contexto de baja credibilidad hacia la clase política, los elementos anteriores contribuyen a la creación de un ambiente de temor y excepción social que rompe el tejido social y aísla a los ciudadanos, otorgando facultades extraordinarias al ejecutivo con el pretexto de la inseguridad pública. Esto permite vulnerar las garantías individuales, especialmente la de libre tránsito, lo que se suele dar en dos contextos. Uno de ellos son los retenes instalados en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, en donde se han señalado varios casos de excesos e incluso muertes no aclaradas [26] .

Pero en otras ocasiones estas estructuras son usadas políticamente para atacar las alternativas civiles y comunitarias de gestión pública y consolidar modelos centralizados de operación policíaca. A su vez, son utilizadas indistintamente para atacar al crimen organizado –con poca efectividad-- o a los movimientos sociales que cuestionan la legitimidad del régimen. Esto no sólo ocurre a nivel federal, sino estatal y municipal. En este sentido  persiste la impunidad por parte de los agentes del estado en los conflictos señalados, mientras que los miembros de los movimientos sociales han sido condenados duramente. Un ejemplo paradigmático de esto es el caso de Atenco, donde se ha condenado a varios líderes a 67 años equiparando un hecho político a uno delincuencial. Al mismo tiempo persiste la inacción oficial para castigar a los policías que cometieron violaciones sexuales.

Otro signo relevante en este sentido fue la detención, a principios del sexenio, del vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio Sosa, mientras se dirigía a una reunión de negociación con la Secretaría de Gobernación [27] , tras lo cual fue trasladado a una cárcel de alta seguridad. En este mismo sentido apunta el exceso en el uso de la fuerza pública que se ha dado en algunos casos recientes a nivel municipal [28] .

Delitos del Pasado: delitos olvidados

En el caso del derecho a la verdad, relacionado con los delitos vinculados a la llamada guerra sucia ya en nuestro balance sexenal [29] habíamos hablado del estrepitoso fracaso de la FEMOSPP y de la impunidad que se ha tendido sobre la mayor parte de las averiguaciones previas relacionadas con esta situación paradigmática. A finales de noviembre del 2006 se emitió el acuerdo para desaparecer la FEMOSPP sin importar las averiguaciones pendientes y sin ofrecer a los familiares e interesados ningún tipo de explicación.

Las perspectivas no resultan optimistas, pues a la fecha no se tiene claro cual será el destino de la investigación y el trabajo realizado por la fiscalía. Se sabe que los expedientes han sido canalizados a la Coordinación General de Investigaciones, instancia que suele conocer de delitos de índole financiera, pero no se ha hecho público el procedimiento por medio del cual el actual gobierno atenderá estas denuncias ni la instancia responsable de desahogarlos.

Consideramos que existe la evidente intención de dar carpetazo al asunto. En esa medida, esta situación continúa resultando paradigmática del estado de los derechos humanos en México, dado que el nivel de cumplimiento del derecho a la verdad puede arrojarnos signos claros de la tendencia de un gobierno a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

El caso de los grupos indígenas

En el caso de los pueblos indígenas no consideramos que se vaya a dar un cambio en el proceso de despojo de su tierra y territorio a través de reformas legislativas que permiten comercializar y patentar los recursos naturales, mientras no se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, lo que implica el grave incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como señala Magdalena Gómez, “Es grave observar cómo se han trivializado no sólo los movimientos, sino la importancia de los pueblos mismos como titulares de derechos” [30] .

Cabe destacar en este apartado la inconveniencia del nombramiento del nuevo titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Luis H. Álvarez. Si bien en el sexenio anterior había parecido un buen signo su nombramiento como Comisionado para la Paz en Chiapas, su desempeño resulto completamente negativo pues las únicas acciones que desempeñó fueron de corte asistencialista, con la clara intención de minar las bases políticas del EZLN, de quien supuestamente era interlocutor.

También es importante señalar que existen factores diferenciados que afectan los derechos indígenas según sus especificidades geográficas y culturales. En el caso de los grupos indígenas del sur, resulta preocupante, en el contexto de lo señalado en el primer párrafo de este apartado, la reactivación de los proyectos económicos relacionados con el Plan Puebla Panamá y que fueron anunciados en la reciente cumbre de Campeche por parte de Calderón.