lldefonso Zamora es Presidente de Bienes Comunales de San Juán Atzingo, municipio de Ocuilan, Estado de México y desde 1988 ha tenido una actividad constante en defensa de los bosques del pueblo tlahuica.

El 15 de mayo de 2007 los hijos y hermanos del Sr. Zamora fueron emboscados por cuatro personas cuando se dirigían a un poblado vecino. El paso de la carretera les fue cerrado y fueron obligados a descender de su vehículo, tras lo cual sus hijos Aldo y Misael Zamora fueron heridos con arma de fuego. El primero de ellos falleció inmediatamente y el segundo sufrió heridas graves. Los testigos identificaron plenamente a los homicidas. De inmediato fueron presentadas las denuncias y liberadas las órdenes de aprehensión que, sin embargo, no fueron cumplimentadas. El día 26 de mayo, durante un acto religioso en memoria de Aldo Zamora, el ayuntamiento de Ocuilan fue baleado y el presidente municipal Félix Linares denunció que una semana antes del atentado había recibido amenazas de los grupos de taladores clandestinos de la región.

Concepción Moreno Arteaga –madre soltera de 47 años– es originaria de El Ahorcado y una mujer destacada en la comunidad por ayudar de manera desinteresada a los migrantes. La tarde del 9 de marzo de 2005 se disponía a dar de comer a seis migrantes hondureños que habían llegado esa tarde a su puerta, cuando cuatro elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) descendieron de un vehículo y –amenazando con sus armas de fuego a los presentes– obligaron a los migrantes a entrar al domicilio.

Una vez adentro de la casa los elementos de la AFI continuaron golpeando a los migrantes, obligándolos a recostarse en el suelo mientras les pateaban en el vientre y los costados. Después de allanar los cuartos de la vivienda y registrar las pertenencias de la familia Moreno, los agentes de la AFI ordenaron a los hondureños subir a la camioneta, llevándose consigo también a la señora Concepción. Más tarde, en su parte informativo los agentes asentaron que la habían detenido por encontrarla en “flagrante comisión de delito” ya que estaba “alimentando a un grupo de extranjeros”.

Concepción Moreno fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación acusada de ser cómplice de un pollero. Fue consignada ante el Juzgado Cuarto de Distrito en la Ciudad de Querétaro por el delito de violación a la Ley General de Población, previsto en el artículo 138 párrafo segundo de esa ley. El Juez dictó en su contra auto de formal prisión y fue remitida al Centro de Readaptación Social Femenil de San José El Alto. El 31 de octubre de 2005 fue sentenciada a 6 años de cárcel. La resolución fue confirmada en la apelación.

El 7 de mayo el Centro Prodh, en representación de la Sra. Moreno, interpuso un amparo directo. El 23 de agosto de 2007, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Estado de Querétaro concedió la razón a la defensa de Concepción Moreno: considerando que las pruebas de cargo en contra de Doña Conchi presentaban vicios de forma y fondo que les restaban validez, dicho Tribunal otorgó la protección de la justicia federal y ordenó la emisión de una nueva sentencia.

Tras esta resolución, el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito dictó nueva sentencia en la que determinó absolver en apelación a Concepción y ordenar su inmediata liberación. Consecuentemente, después de casi dos años y medio de prisión, el viernes 31 de agosto Doña Conchi recuperó su libertad para regresar a su familia y a su comunidad de origen. Cabe señalar que ninguna de las autoridades responsables del proceso han sido sancionadas por su irregular actuación. Tampoco se ha ofrecido a Doña Conchi una reparación del daño por el tiempo que pasó en prisión injustamente.

Lydia Cacho Ribeiro, periodista y defensora de los derechos humanos,.presidenta de la organización Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM), ha publicado información relacionada con abusos contra mujeres, niños y niñas. En 2005 publicó Los demonios del edén, libro en el que denuncia la participación de importantes empresarios en una red de pornografía infantil. Kamel Naccif, uno de los empresarios mencionados en el libro, presentó una querella por difamación contra ella en Puebla y la PGJ del Estado abrió una investigación. A consecuencia de todo ello, un juez dictó una orden de detención contra Lydia Cacho.

El 16 de diciembre de 2006 fue detenida por la policía en su casa de la ciudad de Cancún. Los policías la trasladaron 1.500 kilómetros hasta la ciudad de Puebla. Estuvo detenida durante 30 horas, por cargos de difamación, antes de ser puesta en libertad bajo fianza. El caso se hizo famoso por la filtración a la prensa de de llamadas entre el empresario y el gobernador, en donde con lenguaje soez se vanagloriaban de haberle “dado unos coscorrones” a la “pinche vieja”.

Diversos organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales denunciaron que su detención constituyó acoso judicial, al amenazar su derecho a la libertad de expresión y hacerla más vulnerable a las amenazas y las intimidaciones relacionadas con su trabajo de defensa de los derechos humanos.

A raíz de esta situación, el Congreso de la Unión solicitó a la Corte investigar el caso. En agosto de 2006 una primera comisión investigadora determinó que no existían elementos suficientes para demostrar el concierto entre el gobernador, funcionarios de su gobierno y el empresario para afectar los derechos de la periodista. Sin embargo, el pleno de la Corte rechazó este dictamen y votó por ampliar la investigación. En mayo de 2007 y después de un rispido careo entre Cacho y Sucar, en donde este último asumió actitudes amenazantes, Cacho denunció un atentado a su automóvil. En junio, cuando ya estaba lista la nueva investigación, la Corte decidió aplazar su análisis hasta definir los lineamientos para sus investigaciones. Al ser aprobados estos, se limitó el alcance de la actuación de la Corte a una descripción de hechos sin recomendación de castigo.

Finalmente el 25 de noviembre fueron presentados los resultados de la investigación, en los cuales se confirmaba la connivencia entre autoridades poblanas encabezadas por el gobernador Mario Marín para vulnerar las garantías individuales de la periodista. Al día siguiente se dio una primera votación por medio de la cual la mayoría de ministros descartó ampliar la investigación en torno a las redes de pederastía denunciadas por la periodista por considerar que no eran el objeto de la investigación. El día 28 de noviembre, en una votación dividida que generó gran inconformidad en amplios sectores de la sociedad, los ministros determinaron que no se habían violado las garantías individuales de Lydia Cacho. En relación al caso siguen abiertos los procesos de juicio político contra Mario Marín, como los procesos ordinarios presentados por la periodista.

Pavel González 19 de abril 2004

A partir del segundo semestre se denunció la violación de niños en escuelas privadas en el estado de Oaxaca. El caso permite presumir la existencia de una red de pederastia que goza de la protección de agentes oficiales.

Los padres de los menores denunciaron que sus hijos presentaban síntomas que especialistas atribuyeron a violación sexual, pero además señalaban que dichos actos habían sido filmados, por lo cual presumen la existencia de una red que comercia con dichas imágenes.

En enero de 2007, después de que la Arquidiócesis de México informará que había una estrategia de defensa legal por parte del Arzobispo Rivera, el mismo Nicolás Aguilar dio una entrevista radiofónica donde afirmó que “no fueron 90 niños” y que vivía sin problemas de conciencia. La entrevista fue concedida “en algún lugar de Puebla”.

En febrero, el senado aprobó una reforma que endurece los castigos contra pederastas, lo cual despertó la inconformidad de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que consideró que con dicho ordenamiento se invadía la esfera de competencia de la iglesia católica. A finales de marzo, la parte acusadora informó que el cardenal Rivera tenía 90 días para declarar ante un delegado del juez de los Ángeles.

El 16 de julio se anunció un acuerdo entre las víctimas y la diócesis de Los Ángeles para indemnizar a más de 500 víctimas con un monto toral de 660 millones de dólares. Con dicho arregló se cerró el caso contra el cardenal Mahoney, pero no así el del cardenal Rivera. Entre las víctimas indemnizadas figuraban dos mexicanos, uno de ellos Joaquín Aguilar, principal impugnador del cardenal Rivera.

El miércoles 8 de agosto, el cardenal Rivera fue sometido a interrogatorio por la defensa de Joaquín Aguilar bajo la jurisdicción de la Corte de Los Ángeles. Dos días después fue interrogado el obispo de Puebla Rodrigo Aguilar. El 13 de septiembre compareció en Los Ángeles el cardenal Mahoney en el juicio contra Rivera. Finalmente el 16 de octubre la Corte de Los Ángeles rechazó juzgar a Rivera por no tener jurisdicción sobre los hechos.El 17 de noviembre se deshechó una segunda demanda interpuesta por otro caso.

El caso también generó una serie de protestas en contra del cardenal Rivera en la catedral de México en la que algunas personas portaban pancartas instándolo a asumir su responsabilidad en el caso. El 8 de octubre, Rivera tuvo un altercado con manifestantes que lo increparon a la salida de la catedral. Ellos lo acusaron de quererlos atropellar y él de violentarlo. El 18 de noviembre, mientras se celebraba la Asamblea General de la Convención Nacional Democrática las campanas de la catedral fueron tocadas durante doce minutos. Numerosos manifestantes ingresaron al templo y se generó un escándalo de acusaciones múltiples que hasta hoy persiste y que obligó a colocar una vigilancia muy estrecha en el recinto.