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En efecto, tras el análisis teórico, arropado con datos sociológicos, económicos y jurídicos —en el que prevalecen los sustantivos sobre los adjetivos― el argumento definitivo en cada caso —en tanto que apela a la dignidad humana― está en lo sucedido a las víctimas concretas de carne y hueso. Si aceptamos, siguiendo el pensamiento de Luigi Ferragioli, que los poderes públicos sólo se justifican si están en función del respeto a los derechos fundamentales, el análisis de la política pública de derechos humanos tendría un objeto difícilmente abarcable en un trabajo de este tipo; de ahí la pertinencia de haberse restringido a temas nodales a partir de la propia experiencia de defensa que realiza el Centro Prodh. En el mismo sentido, si bien el estudio constituye un llamado a todos los poderes públicos, y documenta violaciones por parte de autoridades de distinto orden, como es el caso de los poderes Judicial y Legislativo federales, es innegable que el Ejecutivo Federal, concretamente el presidente de la República, marca una pauta muy significativa en cuanto al lugar que le reconoce a los derechos del hombre y de la mujer. De ahí que el análisis se centre en el periodo transcurrido desde el inicio de esta administración. Así, podemos advertir que difícilmente ocurrirían casos como la tala inmoderada y la consiguiente depredación del Corredor biológico Ajusco-Chichinautzin que afecta a las presentes y futuras generaciones del Valle de México acompañadas de la persecución de los comuneros que la defienden, que ha llegado al homicidio y lesiones de miembros de la familia Zamora, si el Ejecutivo ya hubiera mandado un mensaje político inequívoco, seguido de medidas jurídicas contundentes, para frenar la impunidad con que actúan depredadores de este tipo en distintos puntos del país. De igual forma, la lectura de este documento hace inevitable constatar que el lenguaje bélico utilizado por el presidente Calderón a propósito de su política antinarcóticos es, de suyo, violatorio de derechos humanos: los soldados que acribillaron a la familia Esparza Galaviz, en Sinaloa, se consideraban en guerra, como observa Hobbes en el Leviatán, “en la guerra, la espada del vencedor no distingue entre inocentes y culpables”. Los casos documentados sobre uso indebido de la fuerza por parte de las mas diversas autoridades ejecutivas ponen de manifiesto que numerosa autoridades no están capacitadas para ejercer los poderes y manejar las herramientas más básicos que les ha confiado el Estado. Este solo dato muestra un enorme déficit en el Estado de derecho en nuestro país. Lo menos que se pudiera esperar es que el gobierno federal fuese un modelo de buenas prácticas, pero el registro que aquí se hace sobre su intervención en los casos de Atenco y Oaxaca, principalmente, permiten constatar que el alto nivel de pertrechamiento de sus agentes no se traduce en un estándar igualmente alto en el apego a los principios que deben regir su actuación. Frente a la ausencia de mensajes positivos para construir un Estado de derecho a partir del respeto a los derechos humanos, el silencio persistente del Ejecutivo que el centro Prodh hace notar en torno a los crímenes llamados del pasado llega todos los días, ofrece oxígeno a la impunidad y contribuye a generar nuevas violaciones masivas a los derechos humanos, con lo que se hace inocultable que esos crímenes, lejos de ser cosa del pasado, como lo sugiere el mutis oficial, son de aquellas cuestiones del presente que inciden definitivamente para orientar el país hacia un futuro democrático o uno autoritario. Al mostrar mi agradecimiento por darme la palabra, manifiesto también mi satisfacción porque este documento no se limita a hacer un recuento de violaciones a derechos humanos con el simple propósito de exigir al régimen. Por el contrario, el estudio parte del supuesto implícito de que lo que distingue a los gobiernos es su respuesta a dichas violaciones en términos de medidas de prevención, investigación, sanción y reparación. En este sentido, de aquí se desprenden cambios estructurales que, de adoptarse, irían dejando sin materia el hoy obligado trabajo de denuncia. Ojalá que el régimen se legitime en el ejercicio del poder por esta vía, y no se vea obligado a mantener el mismo recurriendo al uso político de las facultades inquisitorias que se mantuvieron en la reforma penal en curso. Mtro. Miguel Sarre Miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas |
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