Recomendaciones

Recomendaciones

Las acciones de gobierno de Felipe Calderón durante los primeros 14 meses de su gestión han dejado al descubierto sus prioridades. Fundamentalmente, se ha dado continuidad a políticas económicas que ofrecen promesas vanas, en tanto que cancelan en los hechos la vigencia de los derechos económicos y sociales. Al mismo tiempo, se perpetúa el violento -y a menudo deliberadamente espectacular- enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y sus “enemigos”. En este cuadro, se reduce continuamente el espacio para el ejercicio efectivo de la ciudadanía.

En materia de derechos humanos, la actual administración carece de una verdadera política de Estado que permita avanzar en el cumplimiento de las obligaciones que México ha contraído mediante la firma y ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Pese a todo, sabiendo que ninguna situación es irreversible, al menos mientras los ciudadanos no renunciemos al ejercicio de nuestros derechos derechos, el Centro Prodh plantea las siguientes recomendaciones, sobre los temas abordados en este informe.

Sobre las políticas públicas relativas a la seguridad interna

Asegurar la justicia integral en los casos mencionados en el presente informe, lo cual implica: la ubicación y sanción de los responsables directos e indirectos de las violaciones a derechos humanos cometidas durante, el esclarecimiento de los hechos, la reparación integral del daño causado a las víctimas y la adopción de medidas de no repetición.
Efectuar un proceso de desmilitarización de los cuerpos de la Policía de Seguridad Pública y la Procuraduría de la República y establecer mecanismos de control ciudadano sobre estos.
Legislar y reglamentar, teniendo en cuenta los estándares internacionales en la materia, los principios y normas a los que debe sujetarse el uso de la fuerza. Es preciso instrumentar, además, programas de capacitación constante en la materia a fin de garantizar que abusos como los cometidos en Atenco, Oaxaca, Guadalajara y Las Truchas no vuelvan a suceder.

Sobre el sistema
de justicia penal

Impulsar una reforma integral al sistema de justicia penal que verdaderamente incorpore los estándares internacionales de debido proceso, sin excepciones y sin discriminación alguna; en consecuencia, transitar hacia un sistema marcadamente acusatorio, adversarial y oral, plenamente respetuoso del principio de presunción de inocencia.

Sobre la impunidad en los delitos del pasado

Garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas y sus familiares, manteniendo con seriedad y eficacia las investigaciones ministeriales y creando una comisión de esclarecimiento histórico que siente las bases para el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.
Tomar medidas de no repetición para evitar que este tipo de hechos vuelva a acontecer. Por tal razón, se debe realizar una investigación seria y eficaz sobre las desapariciones denunciadas en 2007.

Sobre los recursos naturales de pueblos y comunidades

Garantizar la participación de las poblaciones afectadas en la toma de decisiones sobre las políticas públicas y los proyectos que les afectan. Debe asegurarse el respecto al derecho a acceder a la información pública, a la consulta, a la participación y al medio ambiente sano, en un marco de diálogo transparente. No deben pasarse por alto las implicaciones sociales y ambientales de cada proyecto o programa.
En particular, debe garantizarse el diálogo y el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales, en la resolución de los conflictos que hoy en día enfrentan comunidades y pueblos como El Cajón, Zihuatanejo y Xoxocotla.

Sobre la situación de migrantes en México

Eliminar del discurso oficial los términos que fomenten el rechazo, la xenofobia o la criminalización de los migrantes y de los defensores y defensoras de sus derechos humanos.
Derogar de la Ley General de Población el artículo 138, o reformarlo de manera que no se encuadren en delitos las personas que prestan ayuda a las y los migrantes sin que exista una actividad ilícita de por medio.
Garantizar a las y los migrantes indocumentados el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda y demás derechos consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Investigar y sancionar conforme a derecho a las autoridades involucradas en ilícitos en contra de migrantes, facilitando las condiciones precisas para que las denuncias correspondientes se presente e indaguen exhaustivamente.

Sobre la situación de defensoras y defensores

Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) y a “garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración” (Art. 12.2). En este sentido, es urgente la adopción de políticas públicas que prevengan los ataques contra defensores y defensoras, a la vez que permitan reaccionar frente a situaciones de emergencia.
En los casos paradigmáticos mencionados en este informe, es preciso una investigación exhaustiva de los hostigamientos perpetrados en contra de defensores y defensoras. En casos como el del homicidio del joven ambientalista tlahuica Aldo Zamora, debe garantizarse justicia integral para su familia, así como la adopción de medidas tendentes a proteger la integridad de los defensores comunitarios de los bosques y a prevenir y sancionar la tala clandestina.

Recomendaciones
Las acciones de gobierno de Felipe Calderón durante los primeros 14 meses de su gestión han dejado al descubierto sus prioridades. Fundamentalmente, se ha dado continuidad a políticas económicas que ofrecen promesas vanas, en tanto que cancelan en los hechos la vigencia de los derechos económicos y sociales. Al mismo tiempo, se perpetúa el violento -y a menudo deliberadamente espectacular- enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y sus “enemigos”. En este cuadro, se reduce continuamente el espacio para el ejercicio efectivo de la ciudadanía. En materia de derechos humanos, la actual administración carece de una verdadera política de Estado que permita avanzar en el cumplimiento de las obligaciones que México ha contraído mediante la firma y ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pese a todo, sabiendo que ninguna situación es irreversible, al menos mientras los ciudadanos no renunciemos al ejercicio de nuestros derechos derechos, el Centro Prodh plantea las siguientes recomendaciones, sobre los temas abordados en este informe.

	Sobre las políticas públicas relativas a la seguridad interna	Asegurar la justicia integral en los casos mencionados en el presente informe, lo cual implica: la ubicación y sanción de los responsables directos e indirectos de las violaciones a derechos humanos cometidas durante, el esclarecimiento de los hechos, la reparación integral del daño causado a las víctimas y la adopción de medidas de no repetición. Efectuar un proceso de desmilitarización de los cuerpos de la Policía de Seguridad Pública y la Procuraduría de la República y establecer mecanismos de control ciudadano sobre estos. Legislar y reglamentar, teniendo en cuenta los estándares internacionales en la materia, los principios y normas a los que debe sujetarse el uso de la fuerza. Es preciso instrumentar, además, programas de capacitación constante en la materia a fin de garantizar que abusos como los cometidos en Atenco, Oaxaca, Guadalajara y Las Truchas no vuelvan a suceder.

	Sobre el sistema de justicia penal	Impulsar una reforma integral al sistema de justicia penal que verdaderamente incorpore los estándares internacionales de debido proceso, sin excepciones y sin discriminación alguna; en consecuencia, transitar hacia un sistema marcadamente acusatorio, adversarial y oral, plenamente respetuoso del principio de presunción de inocencia.

	Sobre la impunidad en los delitos del pasado	Garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas y sus familiares, manteniendo con seriedad y eficacia las investigaciones ministeriales y creando una comisión de esclarecimiento histórico que siente las bases para el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. Tomar medidas de no repetición para evitar que este tipo de hechos vuelva a acontecer. Por tal razón, se debe realizar una investigación seria y eficaz sobre las desapariciones denunciadas en 2007.

	Sobre los recursos naturales de pueblos y comunidades	Garantizar la participación de las poblaciones afectadas en la toma de decisiones sobre las políticas públicas y los proyectos que les afectan. Debe asegurarse el respecto al derecho a acceder a la información pública, a la consulta, a la participación y al medio ambiente sano, en un marco de diálogo transparente. No deben pasarse por alto las implicaciones sociales y ambientales de cada proyecto o programa. En particular, debe garantizarse el diálogo y el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales, en la resolución de los conflictos que hoy en día enfrentan comunidades y pueblos como El Cajón, Zihuatanejo y Xoxocotla.

	Sobre la situación de migrantes en México	Eliminar del discurso oficial los términos que fomenten el rechazo, la xenofobia o la criminalización de los migrantes y de los defensores y defensoras de sus derechos humanos. Derogar de la Ley General de Población el artículo 138, o reformarlo de manera que no se encuadren en delitos las personas que prestan ayuda a las y los migrantes sin que exista una actividad ilícita de por medio. Garantizar a las y los migrantes indocumentados el derecho a la salud, a la alimentación, a la vivienda y demás derechos consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos. Investigar y sancionar conforme a derecho a las autoridades involucradas en ilícitos en contra de migrantes, facilitando las condiciones precisas para que las denuncias correspondientes se presente e indaguen exhaustivamente.

	Sobre la situación de defensoras y defensores	Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) y a “garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración” (Art. 12.2). En este sentido, es urgente la adopción de políticas públicas que prevengan los ataques contra defensores y defensoras, a la vez que permitan reaccionar frente a situaciones de emergencia. En los casos paradigmáticos mencionados en este informe, es preciso una investigación exhaustiva de los hostigamientos perpetrados en contra de defensores y defensoras. En casos como el del homicidio del joven ambientalista tlahuica Aldo Zamora, debe garantizarse justicia integral para su familia, así como la adopción de medidas tendentes a proteger la integridad de los defensores comunitarios de los bosques y a prevenir y sancionar la tala clandestina.