Debido a su importancia la migración es un tema que está en la agenda del gobierno mexicano, de la sociedad civil y de los medios de comunicación de manera permanente. Después del fracaso de la administración foxista al no obtener una reforma migratoria integral con los Estados Unidos, las esperanzas que se fincaron en la administración de Felipe Calderón fueron prácticamente pocas y a más de un año de la toma de posesión del actual presidente no ha habido cambios positivos.

Desde el ámbito gubernamental el tema migratorio ha sido abordado en diversas ocasiones, tanto en el ámbito local como en el internacional, sin embargo la exigencia mostrada en el discurso contrasta con la tibia actuación de las autoridades mexicanas frente a los abusos cometidos contra los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en contra de las y los migrantes, sobre todo centroamericanos, que cruzan el país para llegar a la frontera norte. En el Mensaje a la Nación, con motivo de su Primer Informe de actividades, Felipe Calderón afirmó que “la acción del Gobierno en favor de nuestros paisanos migrantes se guía por principios, por la defensa y protección de sus derechos, por la prevención para detectar medidas que puedan afectar a nuestra gente”, es decir, una lista de buenos deseos, marcada a la vez por la ignorancia total sobre la situación de migrantes de otros países, en tránsito por México hacia Estados Unidos.

Con el fracaso de la apertura económica ha llegado, junto a la destrucción de la empresa (pequeña y mediana) y el campo, la emigración forzada interna generada por la falta de empleos, los bajos salarios y las nulas alternativas realmente eficaces para garantizar la subsistencia en los lugares de origen.[1] Diariamente un gran número de personas abandona pueblos y ciudades para emprender una difícil y larga travesía. Algunas engrosarán los cinturones de miseria en las grandes ciudades del país,[2] otras arribarán a países en donde existan condiciones que permitan alcanzar un nivel de vida más digno. Pero no importa el destino: contingentes de mano de obra barata, con alto grado de vulnerabilidad, quedan a merced de empleadores y mafias que los usan como moneda de cambio para tiempos electorales.

Entre tanto, ¿qué sucede con las tierras abandonadas por la emigración campesina? No es difícil saberlo: debilitada la cohesión social, enormes extensiones de tierra quedan en manos de agroindustriales, mineras y empresas dedicadas a la biotecnología.

Alrededor de 500 mil mexicanos sin documentar ingresan cada año a Estados Unidos.[3] Sin embargo, éste no es el único flujo migratorio que atraviesa el territorio nacional; diariamente cientos de centroamericanos se internan al país con el objetivo de llegar a Estados Unidos.[4] Miles de personas transitan diariamente, de sur a norte, con la intención de cruzar la frontera de México con Estados Unidos, sin que todas lleguen a lograrlo, sea por tener algún accidente, sea por ser extorsionadas o detenidas por migración, sea incluso por haber muerto en el camino.

Diversos actores políticos y sociales han llamado a establecer políticas migratorias nuevas. Sin embargo, hasta hoy, desde el ámbito gubernamental no se ha realizado ningún esfuerzo tendiente a crear una política migratoria integral que favorezca el respeto de los derechos humanos de los y las migrantes. La relación con nuestro vecino del norte es un factor importante que lo ha impedido, otro es la poca o nula voluntad del Ejecutivo federal para impulsarla. [5]

Es importante notar que en México no se observan a cabalidad los tratados internacionales relativos a los y las migrantes suscritos por el gobierno mexicano,[6] un ejemplo es la Convención Internacional para la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Dicha Convención irónicamente fue impulsada por la delegación mexicana quien adoptó un papel de liderazgo durante su redacción, sin embargo a pesar de haber firmado este instrumento el 22 de mayo de 1991, fue ratificado hasta ocho años después, es decir en 1999. Además a la fecha México no ha reconocido la competencia del Comité para recibir y examinar quejas individuales relacionadas con violaciones a los derechos individuales reconocidos en la Convención, lo cual ha impedido que personas cuyos derechos han sido violados por la trasgresión a este instrumento no tengan una manera efectiva de hacerlos valer. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha urgido al gobierno mexicano a través del Comité de Naciones Unidas para los Trabajadores Migratorios y sus Familiares a aceptar esa competencia.[7]

Migración Centroamericana en México

La migración tiene muchos focos rojos, para quienes migran y para quienes reciben migrantes. México se caracteriza por ser un país que expulsa, recibe y sirve de paso a migrantes; situación que se ha agravado en los últimos años de la mano con la apertura de mercados y las crisis económicas. En México, país de transito para las personas que buscan llegar a Estados Unidos, se han concentrado diversas fuerzas y actores que han permitido que hoy por hoy nuestro territorio sea “un infierno” (así lo afirman ellos y ellas) para quienes lo atraviesan. Autoridades locales, estatales y federales coludidas con mafias, medios de comunicación que distorsionan la información para asimilar migración a delincuencia y un lenguaje gubernamental y mediático que diariamente fomenta la xenofobia de los mexicanos hacía los migrantes: la invisibilidad de estas complicidades es el principal causante de este infierno.

La migración masiva de centroamericanos está controlada por grupos delictivos organizados, conformados por polleros, asaltantes, elementos de seguridad privada, pandillas (maras), autoridades de los tres niveles de gobierno y particulares. Desde que las y los migrantes se internan al país por la frontera sur reciben tratos degradantes,[8] las autoridades han establecido retenes en los que constantemente son detenidos los vehículos para solicitar, a discreción, papeles a quien consideren sospechoso, violando el derecho de libre transito y la garantía constitucional de no ser molestado en su persona sino mediante mandamiento escrito de la autoridad competente;[9] en el caso de los migrantes las únicas autoridades facultadas para verificar el estatuto migratorio son los agentes de migración y la PFP,[10] no obstante autoridades diferentes a ellas detienen a personas que aparentan ser extranjeras y les exigen demostrar su calidad migratoria con el fin de extorsionar a quienes se internan de manera irregular en el país.

La internación en el país sin los documentos apropiados constituye violaciones a la ley de carácter administrativo, no obstante hay supuestos en que estas faltas son sancionadas como ilícitos. De acuerdo con los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 de la Ley General de Población quienes se internan de manera indocumentada al país son castigados con penas privativas de la libertad, dependiendo de la falta en que incurran, Cuando los migrantes no pueden acreditar su legal estancia en el territorio son asegurados en las llamadas estaciones migratorias, las cuales, a pesar de la negativa de las propias autoridades a llamarles por su nombre, son en realidad centros de detención, lugares donde se les priva de la libertad en condiciones de hacinamiento y poca higiene por incurrir en una falta administrativa. Esta situación ha sido documentada por organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema.[11]

Uno de los principales medios que las personas que migran emplean para atravesar el país son los trenes que van de frontera a frontera. Ahí son objetos de violaciones a derechos humanos, ya sea por la acción o por la omisión de las autoridades. Prostitución, lesiones, extorsión, secuestro, trata de personas, homicidio, violencia, corrupción y narcotráfico convergen en las vías del tren y alimentan a una mafia actualmente fuera de control. Quienes se suben al tren, a “la bestia”,[12] saben que no es seguro que alcancen su destino, peor aún, saben que no es seguro que bajen con vida. Para quien sube por primera vez son muchas las advertencias: subirse con seguridad y aferrarse al tubo del que se sujeta para evitar una caída mortal, una vez arriba, acomodarse de tal manera que disminuya el riesgo de caerse; se sabe que son los polleros, incluso los propios maquinistas, quienes rentan espacios en el tren a un precio variable en razón de la seguridad que represente el espacio. Los menos afortunados, generalmente quienes tienen menos dinero, tienen que amarrarse al tren, o no dormir, para evitar caer, lo que sería fatal. La ley del más fuerte se impone cuando está en juego la vida o la integridad física. Cientos de personas han sido mutiladas al caer del tren o al ser empujadas a las vías.

Las pandillas que viajan en el tren asaltan a los migrantes, los secuestran, violan a las mujeres y quienes intentan defenderlas a menudo son heridos o arrojados a las vías. Los polleros también abusan sexualmente de sus clientes durante el trayecto, ya porque así fue el trato desde el principio, ya porque el pollero decidió incluirlo a última hora como parte del pago. También se tiene conocimiento de casos en que los maquinistas violan a las mujeres que viajan solas.

No siempre el trayecto se hace viajando en tren, hay tramos muy grandes que los migrantes deben transitar a pie. Se ven obligados a viajar durante días o semanas, al cabo de los cuales las plantas de los pies terminan destrozadas, se sufre deshidratación y se agravan algunas enfermedades que no han sido tratadas adecuadamente. Frente a esta situación el papel de los albergues ha sido determinante para socorrer a las personas que llegan en muy mal estado de salud e incluso mutilados. A lo largo de varios estados de la República existen lugares creados para albergar a migrantes que transitan por el país; en su mayoría los albergues tienen vínculos con iglesias y son sostenidos con donaciones de la comunidad. De esta manera los albergues suplen la falta de voluntad del estado mexicano para cumplir sus obligaciones, contraídas constitucionalmente al haber firmado acuerdos internacionales por los que se comprometió a proteger los derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio, independientemente de la nacionalidad y situación migratoria.

A la par de los albergues, los migrantes encuentran ayuda en personas que no son ajenas al éxodo de quienes pasan por sus comunidades y se ofrecen a compartir un poco de comida, vestido y, en algunos casos, techo. Estas acciones, que muestran profundo sentido humanitario, han sido puestas bajo sospecha a últimas fechas: se discute hasta qué punto la ayuda humanitaria se puede considerar como un ilícito. Así de absurdas son las discusiones en este país, como absurdas son las estrategias que obligan a la gente a abandonarlo todo para malbaratar su trabajo.

Está discusión se concreta y surge del artículo 138 de la Ley General de Población,[13] que equipara el acto de albergar a alguien con el tráfico de personas, ya que si bien se hace una distinción en el supuesto jurídico entre quienes albergan por haber decidido no dejar en el desamparo a migrantes y quienes lo hacen expresamente para traficar personas, al hablar de “proposito de tráfico” en la practica ha sido común que personas que prestan ayuda humanitaria sean denunciados como traficantes de personas. Lamentablemente dicho supuesto jurídico ha frenado ya la ayuda de una comunidad entera,[14] situación de la que damos cuenta en el capítulo que trata sobre defensoras y defensores de derechos humanos. De no revertirse la situación y de no reformarse la Ley General de Población, nos pone frente a la posibilidad de negar a los migrantes su condición de seres humanos a través de la privación de ayuda humanitaria en nombre del cumplimiento de la ley. Diversas organizaciones constituidas en el Foro Migraciones presentaron en el año 2006 al Comité de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares el Documento elaborado por el Foro Migraciones en seguimiento de la lista de temas correspondientes al Informe Inicial de México, donde hacen énfasis en la necesidad de incluir dentro del artículo 138 el “componente de ganancia ilícita que es un requisito del delito de tráfico” para diferenciar la ayuda humanitaria que prestan organizaciones, albergues y particulares.

Malos tratos a migrantes: doble cara del estado mexicano

El hecho de que los migrantes centroamericanos tengan una situación migratoria irregular no exime al Estado mexicano de su obligación de garantizar los derechos básicos que permiten ejercer el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, y a la educación -por mencionar algunos- porque esa limitación a los derechos vulneraría su carácter universal y constituiría discriminación. Con base en las constantes demandas al Estado mexicano la Secretaría de Gobernación creó el Grupo Beta,[15] cuyo objetivo es la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria. Sin embargo durante 2007 se consolidó la tendencia a privilegiar un enfoque persecutorio en materia de políticas migratorias.

Se ha destinado una gran cantidad de recursos oficiales a la construcción y remodelación de las estaciones migratorias, sin embargo siguen existiendo multiples quejas sobre hacinamiento y tratos inhumanos y degradantes al interior de las mismas, al mismo tiempo se ha presentado una propuesta que impide a organizaciones y abogados prestar apoyo en el interior de dichas estaciones, con lo que se deja en estado de indefensión a los migrantes durante el procedimiento que se lleva a cabo para acreditar su estancia legal en el país. Al privilegiar este enfoque el gobierno federal fortalece a los grupos delictivos dedicados a la trata de personas, debido a la mayor vulnerabilidad a la que están expuestos los migrantes y por la marginalización de quienes cumplen con la labor de defenderlos.

La tendencia gubernamental a adoptar un enfoque persecutorio es también muestra clara de los efectos nocivos de las políticas del estado mexicano en materia de derechos humanos hacia las poblaciones más vulnerables. Fronteras con Justicia, ONG con sede en Saltillo, Coahuila, al sistematizar los testimonios de migrantes ha señalado que existen más violaciones a derechos humanos que migrantes, debido al hecho de que las violaciones, incluyendo actos de extorsión por policías, violación, asalto, robo, etcétera, ocurren de manera tan extendida que la mayoría de los migrantes, al llegar a Saltillo, ya han padecido numerosas violaciones.[16]

Sin embargo, a pesar de la falta de protección a los migrantes que se encuentran dentro de su territorio, el Estado mexicano ha utilizado el derecho internacional para abogar por los derechos humanos de migrantes mexicanos en los Estados Unidos. El siguiente ejemplo es ilustrativo de la divergencia entre las actividades a nivel internacional y las políticas internas en materia de derechos de los migrantes.

En 2002 México solicitó una opinión consultiva a la Corte IDH en torno a los derechos de migrantes indocumentados. Dicha solicitud surgió como respuesta a un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en ese mismo año había sostenido que un trabajador mexicano indocumentado en los Estados Unidos, que fue despedido ilegalmente por haber organizado actividades sindicales en la fábrica donde trabajaba, no tenía derecho a recibir su sueldo perdido, lo que en la ley estadounidense está previsto para trabajadores que se encuentran en una situación similar.[17] Frente a este fallo México planteó la siguiente pregunta a la Corte para obtener una interpretación definitiva de los derechos de los migrantes indocumentados en las Américas:

¿Puede un Estado americano, en relación con su legislación laboral, establecer un trato perjudicialmente distinto para los trabajadores migratorios indocumentados en cuanto al goce de sus derechos laborales respecto de los residentes legales o los ciudadanos…?[18]

En sus argumentos ante la Corte, México sostuvo que la discriminación basada en la condición migratoria constituía una violación de los derechos humanos de los migrantes con respecto a varios derechos fundamentales.

La Corte IDH le dio la razón al gobierno mexicano, sosteniendo que:

Una persona que ingresa a un Estado y entabla relaciones laborales, adquiere sus derechos humanos laborales en ese Estado de empleo, independientemente de su situación migratoria, puesto que el respeto y garantía del goce y ejercicio de esos derechos deben realizarse sin discriminación alguna.[19]

Salta a la vista la incongruencia radical entre los argumentos de México, presentados ante una instancia internacional, y sus políticas internas respecto de los derechos de los migrantes.

El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en sus observaciones y recomendaciones al Estado mexicano en diciembre de 2006 observó con preocupación que en México, entre numerosos aspectos problemáticos del marco legal en torno a los migrantes:

El Ejecutivo tiene la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente”[20]

Los artículos 118 a 125 de la Ley General de Población, [...] establecen que las infracciones de carácter migratorio pueden constituir un delito sujeto a procedimiento penal[21]

Los trabajadores agrícolas de temporada [...] son sujetos a condiciones laborales injustas, incluso largas jornadas de trabajo y salarios bajos y no pagados a tiempo [y] malos tratos efectuados por sus empleadores.[22]

Lejos de implementar la norma de no discriminación que los representantes del gobierno respaldaron ante la Corte IDH en el contexto de un trabajador despedido por actividades sindicales en los Estados Unidos, el artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo le niega a cualquier extranjero la facultad de formar parte de la directiva de un sindicato.

Mientras el gobierno en turno aboga ante la comunidad internacional a favor de la igualdad de todo trabajador, sin importar su condición migratoria, las propias leyes mexicanas niegan a los extranjeros derechos básicos. Aun más, el mero hecho de ser indocumentado se considera un delito en México, sancionado con penas de hasta diez años de prisión previstos en la Ley General de Población. Esto sin mencionar “la práctica de malos tratos, extorsiones y robos cometidos por funcionarios públicos y empleados de seguridad privada contra trabajadores migratorios y sus familiares, incluyendo niños y mujeres, especialmente los que carecen de documentos migratorios”,[23] los cuales suelen permanecer en la impunidad.

El Centro Prodh advierte que las graves violaciones a derechos humanos de las y los migrantes que cruzan el país cometidas o permitidas por el Estado mexicano en este primer año de la administración de Felipe Calderon, y que señalan el rumbo hacia los próximos años, hacen divergente su actuación en los ámbitos internacional e interno, lo que nos recuerda la verdad encerrada en la metáfora empleada por Irene Khan en su pasada visita a México: la de una política “esquizofrénica” en materia de derechos humanos.
[1]     Si bien no son éstas las únicas causas, sí forman parte de las principales que ocasionan el mayor número de emigrantes económicos.
[2]     En México, la migración neta del campo a la ciudad, de 1990 a 2000, fue de 4.2 millones de personas, según cálculos de la Comisión Económica para América Latina. Cfr. David Márquez Ayala, “Reporte económico”, La Jornada, 31 de diciembre de 2007.
[3]     Según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2006 emigraron 400 mil mexicanos; al inicio de 2007 calculó que la emigración aumentaría 40% durante el año.
[4]     Según el Instituto Nacional de Migración (INM), en el periodo enero-diciembre de 2006 se rechazó a 4,054 extranjeros, 12,739 menos en relación al mismo periodo del año anterior; fueron asegurados 182,705 extranjeros en el territorio nacional, 57,564 menos en relación al mismo periodo de 2005; se devolvieron 179,345 extranjeros, 52,812 menos en relación al mismo periodo del año anterior.
[5]     Hay que recordar que la relación vecinal México-Estados Unidos ha sido llamada el “nexo migratorio más importante del mundo”
[6]     Los tratados y declaraciones internacionales que se violan de manera constante en detrimento de personas migrantes son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo para Prevenir, Suprimir y Sancionar el Tráfico de Personas, especialmente de mujeres y niños, Protocolo contra el Trafico de Migrantes por Tierra, Mar y Aire de la Convención contra el Crimen Transnacional, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, el Convenio para la Represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, las  Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad, el Convenio 143 sobre los Trabajadores Migrantes de la OIT, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley, la Carta de la OEA y sus Protocolos, la Convención de Asilo, la Convención sobre Condición de Extranjeros, la Convención sobre Asilo Político, la Convención sobre Asilo Territorial, la Convención sobre Asilo Diplomático, la Declaración de Cartagena, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, la Convención sobre Nacionalidad de la Mujer, la Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos Civiles de la Mujer, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Convenio Interamericano sobre conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, el Protocolo Adicional sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con discapacidad y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Además de las recomendaciones y observaciones generales expresadas por los relatores de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana y Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana.
[7]     Este Comité también ha urgido al Estado Mexicano a retirar una reserva impuesta al artículo 22 párrafo 4 de la Convención, así como a la necesidad de que se formule una ley de migración acorde a la situación migratoria que atraviesa el país. El gobierno mexicano, debido a que el artículo 33 de la Constitución indica que el Ejecutivo tiene la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio, inmediatamente y sin juicio, a todo extranjero cuya presencia considere inconveniente, no garantiza el derecho de los interesados a exponer las razones que les asisten para oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a la autoridad competente.
[8]     Incluso antes de salir de su país reciben un trato indigno al ser detenidos en retenes dentro de su propio país y exigirles un pago para seguir adelante. Se han reportado casos en que aún sin salir del lugar de origen los futuros migrantes pierden todo el dinero que llevaban para sufragar sus gastos a manos de policías que los extorsionan a cambio de dejarles continuar su camino al norte.
[9]     Según el artículo 14: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
[10]    Artículo 191 del Reglamento de la Ley General de Población.
[11]    Como la Investigación realizada por Sin Fronteras Situación de los derechos humanos de la población migrante en las estaciones migratorias de la Ciudad de México y de Tapachula, Chiapas, 2005-2006.
[12]    Como es llamado por las personas que migran.
[13]    “Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, a quien por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve a mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.
      Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otros u otro introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de tráfico los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria”.
[14]    Nos referimos a la comunidad El Ahorcado, municipio Pedro Escobedo, Querétaro, atemorizada tras la detención de Concepción Moreno Arteaga.
[15]    Desafortunadamente los grupos Beta no han sido suficientes para la demanda de migrantes que necesitan ser auxiliados en el territorio, de la misma forma se ha generado la necesidad de estos grupos en lugares que no son frontera pero que presentan flujos migratorios importantes necesitados de primeros auxilios y de alimentación básica, como Tultitlán, donde se han presentado mutilaciones y muertes de migrantes.
[16]    Cfr. Fronteras con Justicia, A.C. y Humanidad sin Fronteras, A.C., Informe Institucional: Por los caminos de la esperanza, 24 de mayo de 2007, página 50.
[17]    Cfr. Hoffman Plastic Compounds, Inc. v. NLRB, 535 U.S. 137, 2002.
[18]    Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Ser. A No. 18, 2003, párrafo 4.
[19]    Id., párrafo 133.
[20]          Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares: México, Doc. ONU CMW/C/MEX/CO/1, 2006, párrafo 12.
[21]    Id., párrafo 14.
[22]    Id., párrafo 37.
[23]    Id., párrafo 29.