La inserción de México en la economía global se ha caracterizado por la falta de transparencia en los acuerdos comerciales firmados, así como por la intervención estatal para privilegiar a unos cuantos y dejar a una buena parte de la población a merced de los intereses corporativos.[1] La economía mexicana sigue siendo poco competitiva al mismo tiempo que los procesos de apertura han abatido los lazos sociales, en todos los niveles, tanto entre el empresariado pequeño y mediano, como entre los trabajadores; la exclusión ha crecido al mismo tiempo que los índices de violencia y delincuencia se mantienen en niveles altos. Seguimos siendo, en el nuevo panorama internacional, un país que ofrece sus recursos: petróleo y gas sin procesar, mano de obra no calificada, tierra para la agricultura de exportación, agua para la industria trasnacional, bosques y minas. Además contamos con un sistema impositivo en el que nuestros impuestos son destinados en una importante proporción a pagar los errores financieros de los gobiernos anteriores. A varias décadas de la persistencia de un modelo que sacrifica la consolidación de procesos sociales (de los cuales un signo eran las prestaciones sociales alcanzadas como esfuerzo de innumerables luchas sociales) con el fin de generar condiciones que debían propiciar la riqueza y su equitativa distribución, nos encontramos con que la riqueza, aun produciéndose, no se distribuye sino que se fuga, en tanto que la sociedad va siendo despojada de sus derechos. La conversión de los recursos en mercancía ha impulsado agresivas estrategias que han favorecido el despojo a las comunidades, la alteración de formas tradicionales de vida, la imposición de modelos de organización ajenos a las decisiones de los grupos vulnerados, el silencio de las voces que reclaman el derecho a determinar su propio presente y futuro y desplazamientos forzados en nombre de beneficios que, paradójicamente, nunca lo son para los principales afectados y, en la mayoría de los casos, alcanzan exclusivamente a los grupos favorecidos por las instancias gubernamentales. En el Encuentro de Pueblos Indígenas de América, realizado en Vícam, Sonora, más de 500 delegados relataron sus innumerables luchas por la autonomía, por los bosques, el agua, la tierra, sus espacios sagrados y el territorio. Desde Canadá hasta Paraguay la historia se repite: la voracidad trasnacional en alianza con el despotismo de los estados que amenaza la vida de los pueblos. Relatos de despojos, contaminación, destrucción, desalojos. La causa en todas las regiones es la misma: la privatización de los recursos para explotarlos; bajo argumentos como: construcción de campos de golf, pistas para esquiar, minas, hoteles, zonas residenciales exclusivas, el progreso e, incluso, la protección ambiental. Más grave resulta la legalización de este despojo. De la cual hemos dado cuenta en nuestro balance sexenal.[2] En este informe presentamos tres casos que ejemplifican el tipo de afectaciones a los derechos humanos económicos, sociales y culturales de comunidades enteras. Presa el Cajón: desarrollo contra equilibrio localLa Comisión Mundial de Represas señaló en su informe final que las presas pueden jugar un papel importante en la satisfacción de las necesidades humanas,[3] sin embargo en los últimos 50 años se han destacado los problemas generados por las presas y sus impactos sociales y ambientales, de tal manera que éste es uno de los asuntos más controvertidos en materia de desarrollo sustentable. Indicó también que en demasiados casos la obtención de los beneficios se ha logrado pagando un precio caro e inaceptable, y frecuentemente innecesario, especialmente en términos sociales y ambientales. Los costos han sido cargados a las personas desplazadas, a las comunidades que se encuentran río abajo, a los contribuyentes y al ambiente. Y, como si esto fuera poco, la falta de equidad en la distribución de los beneficios ha puesto en tela de juicio el valor de muchas represas a la hora de satisfacer las necesidades de agua y energía para el desarrollo. La situación de los habitantes de El Ciruelo, desalojados por el embalse de la presa El Cajón, es testimonio de las afectaciones en nombre del desarrollo. En junio de 2003, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó la construcción de la presa El Cajón. Ubicada en el río Santiago, es uno de los 27 proyectos del Sistema Hidrológico que, al ser concluido, generará 4,300 megavatios, según información de la CFE en su página web.[4] Para su construcción fueron expropiadas las tierras pertenecientes a los municipios de Jala, La Yesca y Santa María del Oro, en el estado de Nayarit y una parte del municipio de Hostotipaquillo, Jalisco. Una superficie de 3,942 hectáreas fue inundada. Los terrenos afectados pertenecen a cuatro ejidos, una comunidad indígena y 36 pequeñas propiedades.
Los pobladores afectados señalan que la CFE se comprometió a pagar la totalidad de las indemnizaciones, lo que incluye el pago por las tierras, una cantidad adicional por otros bienes, la reubicación de poblados y la construcción de obras sociales. En el proyecto de reubicación se preveía la edificación de varios servicios públicos y la construcción de viviendas para las familias afectadas. Ante estas promesas la mayoría aceptó la construcción de la presa sin presentar resistencia. Sin embargo, algunas familias del poblado El Ciruelo[5] se opusieron al proyecto pues consideraban que la indemnización ofrecida por la CFE estaba por debajo del valor real de sus propiedades; además el proyecto de reubicación no garantizaba a la comunidad ninguna condición para conservar el estilo de vida construido a lo largo de varias generaciones. En el lugar se había desarrollado una actividad económica que tenía como pilares la ganadería de autoconsumo y la comercialización de nueve especies endémicas de ciruela. Los afectados sabían que la expropiación, además de implicar el traslado físico y el abandono de las propiedades, provocaría la destrucción de las fuentes de subsistencia: los ciruelos, cuya producción estaba garantizada por los muchos años dedicados a su cultivo. El ofrecimiento de la CFE no contemplaba el precio, ni las acciones necesarias para garantizar el modo de vida desarrollado por los campesinos; al menos durante el tiempo necesario para que los ciruelos, plantados en las nuevas tierras (si es que tal cosa era posible), alcanzaran la producción lograda en las tierras que serían inundadas. Los habitantes se opusieron. Su situación no resultaba novedosa. En muchos otros casos, según el informe de la Comisión Mundial de Represas, la indemnización con frecuencia ha sido insuficiente, cuando ésta ha llegado, porque también a muchos se les ha negado; de igual manera en la construcción de grandes presas rara vez se restituye a los afectados sus medios de subsistencia. Generalmente los programas de reasentamiento se centran en el traslado físico y no en la restitución del equilibrio que garantizaba la vida en las comunidades. No obstante la oposición la CFE realizó el plan de reubicación, para lo cual construyó, en la ladera de uno de los cerros que rodean el río Santiago, un complejo habitacional horizontal con casas de cemento, una iglesia y un jardín de niños; así como una carretera para facilitar el traslado dentro de la localidad. Mientras se levantaba la presa, quienes se oponían a su construcción tramitaron un recurso de amparo para que la obra fuera suspendida en razón de los daños ambientales, económicos y sociales. El 24 de julio de 2006, pese a la oposición, con la participación del entonces presidente Vicente Fox, se inició el embalse de la presa, por lo que los pobladores de El Ciruelo se vieron forzados a abandonar sus casas y trasladarse al asentamiento construido por la CFE. Catorce familias fueron desalojadas sin haber recibido una indemnización justa. En agosto de 2007 los afectados de El Ciruelo señalaron que aún no recibían una indemnización justa por la expropiación de los bienes señalados a continuación, a pesar de que las leyes mexicanas condicionan la ocupación de los predios objeto de expropiación al pago o depósito de la indemnización:[6]
La pérdida de los bienes, fruto del trabajo a lo largo de varias generaciones, se ha agravado debido a que, conforme ha pasado el tiempo, se ha constatado un detrimento importante en la calidad de vida:
Por estos motivos, señalan los afectados, muchas familias que formaban parte de la comunidad han emigrado por la falta de fuentes que les suministren recursos económicos. El Ciruelo estaba habitado por 58 familias, después de la construcción de la presa emigraron 11 de ellas. Los afectados también señalan que algunos meses después del embalse no tenían servicio de luz doméstica. Ésta llegó hace pocos meses, a costos muy altos. Según Valentina García Delgado es una paradoja: pagar la luz además de haber sido desalojados para la construcción de una obra que en nada les beneficia. En este caso la CFE ha violado los derechos humanos de los pobladores de El Ciruelo al no haber realizado un pago justo por los bienes expropiados. Ha violentado el derecho a la propiedad sobre las tierras de cultivo, los bienes diferentes a la tierra y los ciruelos. Y si bien algunos de los pobladores habitan actualmente en las viviendas construidas por la CFE, éstas no ofrecen las condiciones necesarias para seguir gozando de las mismas condiciones de vida anteriores a la ejecución del proyecto. Al realizar la reubicación no se ha garantizado el derecho a una vivienda digna. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de la ONU ha manifestado en la Observación Géneral Número 7 al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que “el Estado garantizará que a los afectados por un desalojo se les otorgue una nueva vivienda y reasentamiento o acceso a tierras productivas según proceda”. Tampoco se ha garantizado el derecho que tienen las personas a elegir libremente los medios para asegurar las fuentes de trabajo que permitan el sustento. Pero, más allá de una serie de derechos aislados, con la construcción de El Cajón quedan en evidencia los problemas relacionados con la incapacidad del Estado para garantizar condiciones de vida digna sin imponer un modelo único, sea éste el desarrollo, la generación de riqueza material o el progreso. Los beneficios, concebidos desde una óptica gubernamental, entran en conflicto con los beneficios construidos a través de procesos históricos y sociales por las comunidades. De tal manera que con la imposición de los llamados proyectos de desarrollo solamente se producen beneficios para pocos, mientras que los afectados son obligados a aceptar un modelo de vida ajeno que rompe los lazos comunitarios, aumenta la desigualdad y vulnera los derechos de los afectados. De esta manera la presa El Cajón es un caso representativo de las contradicciones inherentes a la construcción de megaproyectos, concebidos dentro de una lógica impositiva que vulnera los derechos de las comunidades en nombre del desarrollo. Los pueblos del sur de Morelos: sustentabilidad frente a desarrollo inmobiliarioUna de las mayores problemáticas por las que atraviesan diversas regiones del mundo es la escasez de agua. En México, con mayor frecuencia ha habido situaciones de agitación social en demanda de abastecimiento de agua de calidad para consumo humano o agrícola; ha habido también movilizaciones para defender el agua y garantizar el consumo de las próximas generaciones. El caso de Xoxocotla, en Morelos, es ejemplo de las crecientes movilizaciones en las zonas semiurbanas que luchan para evitar la ejecución de una política pública de vivienda popular, una de cuyas características es la urbanización masiva de regiones cercanas a las grandes ciudades, concebida sin una perspectiva sustentable en relación con el abastecimiento de agua. Al sur de Morelos, en los municipios Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Tlaltizapán los habitantes sufren agudamente, desde hace varios años, problemas de desabasto de agua debido a las deficiencias del sistema de distribución: una tubería instalada hace ya muchos años y que conduce el agua desde el manantial Chihuahuita a doce comunidades, donde periódicamente son elegidos quienes se harán cargo de la administración del agua. En el municipio de Tepetzingo, cerca de los manantiales Chihuahuita, El Salto y El Zapote se autorizó la construcción de más de 1,200 viviendas. Los manantiales abastecen a las comunidades Temimilcingo, Acamilpa, Pueblo Nuevo, San Miguel Treinta, Santa Rosa Treinta, El Mirador, Tetelpa, Xoxocotla, Otilio Montaño, Benito Juárez y parte de la cabecera municipal de Emiliano Zapata. AbasteceN también de agua para riego a Santa Rosa Treinta, San Miguel Treinta, Huatecalco, Pueblo Nuevo, Acamilpa y Zacatepec. Desde 2005 representantes de estos pueblos han realizado todo tipo de trámites para denunciar las probables deficiencias legales de los permisos otorgados por la anterior administración para la construcción de la unidad habitacional La Ciénega de Tepetzingo, impulsada por la Promotora Tepetzingo, debido a que este proyecto hará que la población incremente 400%. De modo que la situación, ya grave, de desabasto se agudizará. Entre los trámites realizados están denuncias penales ante el Ministerio Público, denuncias populares ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Auditoría Superior Gubernamental. Cansados por no obtener una respuesta, el 24 de julio de 2006, habitantes de estos pueblos realizaron una manifestación en Emiliano Zapata. Como resultado de las negociaciones el gobierno estatal se comprometió a detener la construcción de la unidad habitacional por las irregularidades existentes en los permisos otorgados a la inmobiliaria. La suspensión, sin embargo, duró apenas tres meses: los constructores regularizaron su situación y continuaron con la edificación. En abril de 2007 los pueblos realizaron una vez más una manifestación en la presidencia municipal de Emiliano Zapata, tras la cual acordaron con el presidente municipal la cancelación de las obras del complejo habitacional debido a la omisión de pagos de derechos por parte de la constructora. La suspensión duró un mes. El 29 de mayo los pobladores acudieron al Congreso del Estado, pero aun cuando el asunto se discutió y se nombró una comisión de legisladores que dio la razón a los denunciantes, las obras continuaron. Ante la falta de resultados, los pueblos, reunidos en Asamblea, decidieron cerrar la autopista del Sol el 4 de junio, pero la comunidad de Xoxocotla se adelantó y el 2 de junio alrededor de tres mil personas marcharon sobre la autopista, por lo cual la policía estatal intervino haciendo uso excesivo de la fuerza pública e hiriendo a una mujer de 78 años. Los manifestantes respondieron la agresión. Al final de la jornada el saldo fue de 12 personas detenidas y enviadas al penal de Atlacholoaya acusadas del delito de ataques a las vías generales de comunicación. El 6 de junio fueron liberados por el Ministerio Público seis de los detenidos, dentro del plazo de 48 horas. El 8 de junio la comisión negociadora del gobierno de Morelos, encabezada por el secretario de gobierno Sergio Álvarez Mata, y la comisión designada por 36 representantes de 12 pueblos indígenas afectados realizaron una primera mesa de diálogo en la que se demandó la liberación de las seis personas que continuaban presas y la apertura de las carreteras que aún se mantenían cerradas. Fruto de este primer encuentro, el 9 de junio las seis personas acusadas de robo, ultrajes a la autoridad y lesiones, detenidas en el penal de Atlacholoaya, fueron liberadas por la decisión judicial de no sujetarlas a proceso penal al no encontrar elementos jurídicos para hacerlo. El mismo día las comunidades liberaron las carreteras que mantenían obstruidas, con excepción de las carreteras Xoxocotla-Zacatepec y San Miguel Treinta-Santa Rosa Treinta. El 11 de junio se reanudó la mesa de diálogo, encabezada por Sergio Álvarez Mata, acompañado por diversos funcionarios locales y un representante de la Comisión Nacional del Agua (CNA), con el fin de buscar alternativas a la principal demanda de los pueblos del sur de Morelos: la cancelación de las licencias de construcción de los proyectos inmobiliarios. Se acordó entablar mesas de análisis técnico para valorar la posibilidad de declarar las zonas aledañas al manantial Chihuahuita, sus afluentes y su zona de influencia como áreas naturales protegidas. El gobierno del estado se comprometió a realizar las gestiones necesarias ante el ayuntamiento de Emiliano Zapata y la Constructora Urbasol, para suspender indefinidamente las obras de construcción hasta la conclusión de las mesas de análisis técnico. Por su parte los representantes de los pueblos se comprometieron a consultar con sus comunidades la posibilidad de liberar las carreteras que permanecían bloqueadas. Éstas fueron liberadas posteriormente. Se comenzó a realizar las mesas técnicas de análisis, en las que intervinieron académicos y especialistas, para analizar las demandas de los afectados:
Sin embargo, cuando apenas se había realizado una de las mesas, el gobierno estatal suspendió el diálogo argumentando que esperaría el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), donde los pobladores tenían interpuesta una demanda de nulidad en contra de la licencia de construcción otorgada por el municipio de Tepetzingo para la construcción del complejo habitacional La Ciénega . El 21 de agosto el TCA concedió la suspensión provisional del desarrollo habitacional. A pesar de la decisión tomada por el gobierno del estado las obras están detenidas temporalmente. La oposición de los pueblos a la edificación del complejo habitacional se convirtió en un movimiento social amplio que aglutinó a diversas voces que también han sufrido el despojo y la enajenación de sus recursos naturales. Es el caso del Área Natural Protegida El Texcal, bajo amenaza debida al incontrolado crecimiento urbano que ha arrasado cientos de hectáreas de selva baja caducifolia. La destrucción coincide con el otorgamiento de una de las más importantes concesiones para la sustracción de aguas subterráneas, por parte de la CNA, a la empresa Coca-Cola, con el beneplácito del gobierno estatal y la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA). Es también el caso de Alpuyeca, donde se asienta el mayor basurero de Morelos y un confinamiento clandestino de askareles. Al Frente de Pueblos por la Defensa del Agua se han unido también el grupo ciudadano que en Cuautla ha denunciado la construcción de la gasolinera Milenium 3000 en tierras del acuífero Cuautla-Yautepec y el movimiento de pobladores de Xochitepec, Jiutepec y Cuernavaca en contra de la construcción de unidades habitacionales. En este contexto, el 28 y 29 de julio las organizaciones y movimientos sociales realizaron, en Xoxocotla, el Primer Congreso de los Pueblos de Morelos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire. Los temas abordados fueron: la defensa del agua, urbanización, autonomía de los pueblos, basura, bosques, áreas naturales protegidas y tierra. Los resolutivos fueron encaminados a conformar un Consejo de Pueblos integrado por representantes sin militancia partidista, a demandar la inmediata cancelación de todas las concesiones y permisos que atenten contra la salud y el medio ambiente de los morelenses, a la declaratoria inmediata de los cuatro acuíferos de Morelos como zonas de veda para la extracción especulativa y comercial, a la solicitud al Congreso del Estado para la creación de una nueva Ley de Protección Socioambiental que reconozca el derecho de los ciudadanos y los pueblos a contar con información adecuada y oportuna en torno a las empresas en operación y los proyectos de desarrollo, y a la solicitud de que el gobierno estatal se comprometiera a no criminalizar a ninguno de los participantes del movimiento en defensa de los recursos naturales.[7] La movilización de los pueblos de Morelos contra la construcción de unidades habitacionales en la región, es representativa de las confrontaciones sociales derivadas de la ejecución de una política pública de urbanización carente de criterios de sustentabilidad y sostenibilidad que garanticen la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales en el presente y en el futuro. La movilización es también síntoma de la molestia de las comunidades ante el desabasto de agua, tanto para uso doméstico como para uso agrícola, que se agudiza crecientemente sin que hasta la fecha las autoridades a quienes corresponde la administración estatal del agua hayan propuesto alguna solución. Al contrario, han elaborado proyectos de desarrollo urbano que promueven el aumento de la población, lo que incrementará la necesidad de servicios públicos, entre ellos el agua. De aquí que los pueblos de Morelos, tengan razones fundadas para temer que el desabasto de agua se agudice con la construcción de nuevos desarrollos habitacionales, a lo que se suma la falta de plantas para el tratamiento de agua. Pero el caso de los pueblos del sur de Morelos debe leerse también como parte de un movimiento amplio que, en diversas regiones del país, denuncia el saqueo y la explotación de sus recursos naturales para favorecer intereses económicos en detrimento de la población en general y las omisiones y complicidades de los tres niveles de gobierno al otorgar licencias de explotación sin contar con estrictos controles ambientales. De acuerdo con la Observación General Número 15 del PIDESC, el derecho al agua implica la disposición de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. La sobreexplotación de mantos acuíferos pone en riesgo tanto la disponibilidad como la accesibilidad del recurso porque disminuye la posibilidad de abastecerse de agua continua y suficiente. Al permitir la sobreexplotación, el Estado viola la obligación establecida en la Observación, relacionada con la sustentabilidad de la utilización del recurso: “los Estados Partes deben adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por que las generaciones presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre”.[8] Entre las estrategias pertinentes al respecto, la Observación señala la reducción de la disminución de recursos hídricos por extracción, desvío o contención, así como la vigilancia sobre las reservas de agua. La actual problemática de los pueblos de Morelos se encuadra dentro de los presupuestos delineados por la Observación Número 15. Corresponde al Estado garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la subsistencia de los pueblos indígenas; también los Estados deben prestar atención especial a las personas y grupos que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este derecho. En el caso aquí presentado, consideramos que el acceso de poblaciones rurales a sus fuentes tradicionales de agua se encuentra bajo la amenaza de un modelo de desarrollo inmobiliario favorecido por la negligencia de las autoridades gubernamentales. La presión ejercida por los pueblos del sur de Morelos se hace necesaria para recordar que son los mismos habitantes de estas zonas quienes deben planificar, ejercer y controlar su acceso al agua. Es necesario el diálogo, ni duda cabe, pero éste debe partir del reconocimiento del derecho que asiste a los propios pobladores. La bahía de Zihuatanejo: la primacía de lo económico sobre lo ambientalComo en muchas partes del mundo, en México ha sido una constante que se privilegie cuestiones económicas sobre cuestiones ambientales. A pesar de las catástrofes ambientales, cada vez más frecuentes, existen gobiernos que no toman en serio la influencia del deterioro ambiental en la calidad de vida de las personas. El caso de la bahía de Zihuatanejo es uno, entre muchos en que los intereses económicos, unidos a la corrupción de diversas autoridades, pueden desembocar en una catástrofe natural irreversible. En los últimos años en la bahía de Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, se ha incrementado la contaminación de sus aguas, básicamente a causa de la descarga de aguas residuales del municipio. Desde la década de los setenta una parte del sistema de drenaje público municipal desemboca directamente en la bahía a través del canal La Boquita, situado en la playa principal, sin contar previamente con ningún tipo de tratamiento para su vertimiento.[9] En 2003, la Profepa hizo pública una opinión respecto de la contaminación del agua en la bahía de Zihuatanejo, a través del Director General de Zona Federal Marítimo Terrestre e Impacto Ambiental de la Profepa, José Iturriaga de la Fuente: “la Bahía de Zihuatanejo tiene problemas por sus plantas de tratamiento de aguas residuales que no se dan abasto y parte del agua que descargan no cumple las normas para aguas de uso recreativo, y eso provoca un alto índice de enfermedades”.[10] Diversos estudios científicos y técnicos, así como señalamientos de diversas autoridades, han constatado que la calidad de las aguas residuales vertidas por las plantas de tratamiento del municipio a la bahía incumplen, y con frecuencia rebasan, los límites máximos permisibles para aguas de uso recreativo por contacto primario y para protección de la vida acuática en ambientes marinos,[11] establecidas por las disposiciones jurídicas aplicables.[12] Autoridades federales han reiterado la necesidad de instalar y operar de manera eficiente los sistemas de tratamiento que permitan mejorar la calidad del agua que se vierte sobre la bahía, sin embargo se ha hecho caso omiso de estas recomendaciones, el gobierno federal no ha hecho nada para que dichas indicaciones se cumplan. Otros problemas aumentan sistemáticamente, de manera directa e indirecta, la contaminación de la bahía. La proyección de Ixtapa-Zihuatanejo como destino turístico, iniciada desde hace más de tres décadas, ha traído como consecuencia una serie de acciones fundamentalmente urbanísticas, tanto por parte de particulares como de entidades y funcionarios públicos, que han ocasionado una serie de impactos ambientales negativos y que constituyen delitos ambientales, así como una flagrante violación al derecho al agua y a la salud de los pobladores y de los usuarios de las playas. El 24 de marzo de 1992 la Inmobiliaria Punta del Mar, S.A. de C. V., presentó a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, la Manifestación de Impacto Ambiental referida al proyecto Puerto Mío para la construcción de un desarrollo turístico, inmobiliario y náutico de alto nivel en la bahía de Zihuatanejo, en un área total de 5.58 hectáreas, consistente en tres hoteles, condominios, villas, área comercial, marina para más de 100 posiciones totales, servicios generales, clínica spa, alberca, canchas de tenis, tres restaurantes, centros nocturnos y áreas verdes. Este desarrollo fue construido por abajo del nivel de las tuberías del sistema de drenaje público; por lo tanto requiere de la infraestructura necesaria para hacer llegar a este último las aguas residuales generadas en dicho desarrollo. Debido a esto los dueños del desarrollo optaron por descargar las aguas residuales directamente a la bahía de Zihuatanejo. Dicho desarrollo turístico cuenta con una gasolinera dentro de la bahía, en el lugar conocido como Playa del Almacén; aquí se abastece de combustible a las embarcaciones. La gasolinera fue construida sin contar con autorización en materia de impacto ambiental, la autorización concedida sólo era para el desarrollo náutico turístico y fue otorgada el 14 de abril de 1994; sin embargo su construcción inició antes de 1991, de conformidad con las declaraciones hechas por directivos y representantes de la Inmobiliaria Punta del Mar, S.A. de C.V. La gasolinera de Puerto Mío funciona actualmente dañando la calidad del agua de la bahía por la fuga de sustancias peligrosas (hidrocarburos), ya que al cargar directamente el combustible a las embarcaciones parte de la gasolina cae al mar; hecho que implica un riesgo para los recursos naturales, la flora y la fauna acuáticas, los ecosistemas marinos y la salud humana. Adicionalmente, como parte de las obras que conforman el desarrollo náutico Puerto Mío, dentro de la bahía de Zihuatanejo se encuentra una escollera de aproximadamente 72 metros que forma parte de la infraestructura requerida para la construcción de un muelle para cruceros. Punta del Mar inició la construcción de esta obra de manera ilegal ya que no contaba con las autorizaciones pertinentes, incluida la Manifestación de Impacto Ambiental. La construcción de la escollera fue iniciada mucho tiempo antes de la solicitud de la autorización en materia de impacto ambiental. El 23 de noviembre de 1999 el Instituto Nacional de Ecología resolvió no autorizar la continuación de las obras y actividades de enrocamiento para la prolongación de la escollera del proyecto Puerto Mío y ordenó su desmantelamiento. Sin embargo la inmobiliaria presentó un recurso contra esta resolución, de manera que el 18 de abril de 2000 fue autorizada nuevamente la construcción del enrocado. La escollera se construyó para impedir que el oleaje entre con fuerza a la bahía, consiguiendo una zona de calma que protege a las embarcaciones de la fuerza de la marea. Pero al mismo tiempo que el enrocado protege a las embarcaciones, impide el recambio de agua y la libre circulación de las corrientes marinas y de la arena, en otras palabras, impide que las corrientes marinas limpien de manera natural las aguas de la bahía y ocasiona el estancamiento del agua, lo que incrementa los niveles de contaminación. Recientemente la sociedad civil de Zihuatanejo se ha enterado —sobre todo por los medios de comunicación― de que el Ayuntamiento proyecta construir un muelle de cruceros en la bahía. Algunos grupos ecologistas denunciaron que se trataba del mismo proyecto que había sido autorizado en 1994, sin embargo el presidente municipal de Zihuatanejo, en declaraciones a la prensa, ha sostenido que este proyecto es una iniciativa municipal nueva, gestionada por él mismo ante la Federación. En 1996 diversas organizaciones interpusieron una denuncia ante la Profepa, la cual dio por concluido el asunto al ordenar a la CAPAZ llevar a cabo medidas de corrección de las descargas e iniciar diversos procedimientos administrativos contra la Inmobiliaria Punta del Mar. Estas medidas aún no han sido cumplidas. El Centro Prodh asumió el caso en 2003 lanzando una campaña conjunta de difusión con la Red de Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), emprendiendo, al mismo tiempo, acciones jurídicas destinadas a señalar a los responsables de la contaminación de la bahía y a presionar a las autoridades competentes para que detengan la contaminación, sean reparados los daños y se limpie la bahía. Entre estas acciones, en 2003 se interpuso una denuncia penal por delitos ambientales, la cual se encuentra en reserva en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra el Medio Ambiente y Leyes Especiales, de la Procuraduría General de la República (PGR). En 2004 se interpuso una queja ante la CNDH, la cual se declaró incompetente para conocer del asunto, y en vía de orientación sugirió continuar con los trámites administrativos ante la Profepa. En 2005 se presentó un amparo contra la certificación que permite a Puerto Mío desarrollar actividades de puerto, sin embargo fue sobreseído por la autoridad federal al argumentar falta de personalidad jurídica de los agraviados. En 2006 el caso fue presentado ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA). Éste emitió recomendaciones a las autoridades involucradas. En 2007, ante la falta de respuesta de las autoridades involucradas, el caso fue presentado una vez más ante el TLA. Desafortunadamente, ninguno de estos recursos ha sido efectivo para hacer valer los derechos de los habitantes de la bahía. Algunos recursos han sido sobreseídos por las autoridades sin haber estudiado el fondo del asunto; esto indica la negligencia de las autoridades para cumplir con sus obligaciones legales, como ocurre actualmente con la averiguación previa que integra la PGR, que, a más de dos años, no se ha traducido en una investigación exhaustiva de los hechos. La contaminación en la bahía de Zihuatanejo es el producto de la corrupción y de la rapacidad de los inversionistas, del silencio y la apatía de la población, pero, sobre todo, de la poca transparencia y de la inexistencia de un sistema de rendición de cuentas que obligue a las autoridades a atender esta problemática. Estas condiciones favorecen situaciones en las que existen claras violaciones de derechos políticos, como el caso de la bahía caracterizado por la falta de mecanismos para la participación de la sociedad con respecto a la toma de decisiones y la escasa rendición de cuentas. Ocasionan también afectaciones relacionadas con el derecho a un ambiente sano y el derecho al trabajo en el caso de los lancheros y pescadores que ven alteradas sus fuentes tradicionales de subsistencia. La contaminación de la bahía de Zihuatanejo evidencia la existencia de problemas administrativos, complicidades y negligencia de las autoridades que se traducen en violaciones a derechos humanos de la población de Zihuatanejo; la violación al derecho humano a un ambiente sano[13], la ausencia de espacios para la participación de la población en la toma de decisiones sobre el modelo de desarrollo, tanto en la planeación de infraestructura urbana que corresponde al municipio, como en lo que corresponde a las políticas de turismo sobre las que el municipio carece de competencia. Las autoridades municipales han mostrado no estar interesadas en mejorar la calidad del agua de la bahía, ni en disminuir de manera urgente la contaminación que desde hace años afecta las aguas de Zihuatanejo. Tampoco se ha otorgado ninguna información confiable y directa a los habitantes, quienes muchas veces se han enterado de situaciones que les afectan, a través de los medios de comunicación, o han tenido que recurrir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Sin embargo la actitud no ha sido diferente por parte de las autoridades estatales o federales. Al no cumplir con sus obligaciones fundamentales en materia de protección al ambiente, el Estado mexicano falta a sus responsabilidades en relación con lo dispuesto en diversos instrumentos de protección a los derechos humanos. A manera de ejemplo recordamos criterios de la CIDH que han llamado la atención sobre el hecho de que el respeto a la dignidad inherente de la personas es el principio en el que se basan las protecciones fundamentales del derecho a la vida y a la preservación del bienestar físico; en este sentido, condiciones de grave contaminación ambiental, que pueden causar serias enfermedades físicas , discapacidades y sufrimientos a la población local, son incompatibles con el derecho de todo ser humano a ser respetado. Para garantizar esta protección es imperativo que la población tenga acceso a la información, participe en los procesos pertinentes de decisión y cuente con recursos judiciales. Debe destacarse que las normas de derechos humanos no se oponen a los beneficios que toda iniciativa pueda contener, sin embargo se exige que éstas respeten y garanticen los derechos humanos de las poblaciones para que vivan en un medio saludable y puedan gestionar responsablemente sus ecosistemas y recursos naturales.[14]
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