La escasa atención prestada por el gobierno calderonista al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en las décadas pasadas constituye una muestra clara del desdén gubernamental frente a los temas sustantivos en la agenda de derechos humanos.

Después del año 2000 el proceso de apertura política se ha estancado debido en parte a que persisten  prácticas autoritarias que perpetúan la impunidad. Acteal, Aguas Blancas, El Charco, Guadalajara, Ciudad Juárez, Atenco y Oaxaca comparten una manera de recordarnos que el pasado no se ha ido, que la impunidad está presente todavía en el México del supuesto tránsito a la democracia.

En el México actual, además de la vulnerabilidad que enfrentamos debido a los desajustes provocados por los derroteros inciertos de la política económica, cotidianamente vivimos en la incertidumbre debido a la persistencia de prácticas que, aunque se nos diga que han sido superadas, forman parte de nuestro presente. Tal es el caso de la falta de mecanismos que pongan límites a la intervención arbitraria de los más diversos poderes, gubernamentales o no, lo que perpetúa la impunidad. Sin su erradicación, sin la adopción de las medidas necesarias para que estas prácticas no se repitan, se propicia que graves violaciones a derechos humanos sean cometidas.

Caso emblemático de impunidad, ausencia de investigación y falta de sanción a los responsables, el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en décadas recientes continúa siendo uno de los grandes pendientes. Al no haber ni justicia, ni verdad, ni mucho menos reparación, se pierde la posibilidad de erradicar para siempre los crímenes de lesa humanidad. Revertir esta situación es indispensable para avanzar hacia la consolidación democrática; sin un compromiso creíble para resolverlos, la transición mexicana no dejará de ser un buen deseo. Doña Rosario Ibarra lo expresa con precisión: “¿Democracia con desaparecidos... cuál democracia?”.[1]

Alcanzar justicia, verdad y reparación para las víctimas de los crímenes cometidos durante el pasado autoritario ha sido una de las demandas fundamentales del movimiento de derechos humanos en América Latina. Esta exigencia adquiere relevancia en contextos de cambio de régimen. Afrontar las secuelas del largo periodo autoritario, y transitar así hacia un régimen democrático, fue una de las expectativas que se consideraron posibles tras las elecciones del año 2000. Se pensó que el nuevo gobierno no príista podría realizar investigaciones serias sobre los hechos, sancionar a los responsables, reparar el daño integralmente a las víctimas, sobrevivientes y familiares, y tomar medidas de no repetición.

Sin embargo, el tema fue uno de los muchos pendientes legados por el gobierno de Vicente Fox. El cierre de la Fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado (Femospp), creada en 2001, fue la muestra contundente de que el nuevo régimen no estaba en condiciones de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas. Durante su existencia, la Fiscalía trajo pocos avances sustantivos en el esclarecimiento de los crímenes del pasado, así como en lo tocante a su sanción y a la adopción de medidas de no repetición. Diversas organizaciones de víctimas y de derechos humanos así lo evidenciamos en el balance titulado Compromisos quebrantados, justicia aplazada.[2] En dicho documento, concluimos que la obligación del Estado mexicano de garantizar justicia y verdad no había sido satisfecha y que para que esto ocurriera, eran precisas acciones concretas por parte de cada uno de los poderes del Estado. Entre las acciones necesarias señalamos la necesidad de conservar una Fiscalía Especial para la investigación de los delitos —previa evaluación y depuración de la Femospp― y la creación de una comisión de esclarecimiento histórico capaz de sentar las bases para el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.

No obstante, a finales de noviembre de 2006 el entonces Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, emitió un acuerdo por el que la Femospp fue desaparecida y la información que había recabado, dispersada. No importó para ello que existieran averiguaciones previas y procesos penales en curso, ni que el derecho colectivo a la verdad estuviese incumplido;[3] menos aún que, como trascendió en la prensa, casi 90% de las averiguaciones abiertas estuvieran sin resolver.[4] La decisión fue refrendada por su sucesor, Eduardo Medina Mora, en marzo de 2007, ya bajo la administración del nuevo presidente, Felipe Calderón.

Es claro que el gobierno calderonista ha optado por perpetuar la impunidad y restar importancia al tema, contrariando las recomendaciones que en la materia se han formulado al Estado mexicano:[5] El destino de la información y el trabajo desarrollado por la Femospp quedó bajo la dirección de la Coordinación General de Investigaciones,[6] sin que se expresara una postura clara del gobierno, acorde a la relevancia del tema, sobre la manera en que serían asumidas las tareas. Ninguna acción gubernamental se ha hecho cargo de transformar el actual sistema de procuración de justicia que reiteradamente se muestra incapaz para dar cauce a los casos en los que los propios agentes estatales son señalados como responsables de violaciones a derechos humanos. Antes bien, a inicios del gobierno calderonista observamos con preocupación renovadas complicidades que favorecen la impunidad, como en el caso de la periodista Lydia Cacho.

En este inicio de sexenio la presencia de los temas relativos a la investigación y el procesamiento de los crímenes de Estado cometidos en décadas recientes se ha desdibujado en los medios masivos de comunicación. Esto es palpable cuando se contrasta la situación actual con la observable al comienzo del sexenio foxista. En la opinión pública el tema se ha decantado hacia tres grandes cuestiones: el juicio al ex presidente Luis Echeverría, que se ha dilatado por decisiones judiciales sumamente cuestionables;[7] la revisión de las cuentas del ex Fiscal;[8] y la organización de las víctimas y organizaciones de derechos humanos que mantienen sus exigencias.

En 2007 el Centro Prodh participó en diversas iniciativas relacionadas con organizaciones de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas en la campaña Crímenes de Estado y Desaparición Forzada Nunca Más. Por otra parte, mediante el trabajo jurídico hemos podido constatar la ineficacia de la Coordinación General de Investigaciones. Es preciso mencionar que al crearse la Femospp, el Centro Prodh fue nombrado por familiares de víctimas para participar como coadyuvante en las averiguaciones abiertas para investigar: la desaparición forzada de cinco miembros de la familia Guzmán Cruz entre 1974 y 1976; la desaparición forzada de Alicia de los Ríos en 1978; la ejecución judicial de Diego Lucero en 1972; y la desaparición forzada de David Jiménez Fragoso en 1975. Casos que fueron asumidos para su defensa integral. Hasta hoy, el Centro Prodh continua coadyuvando en las averiguaciones a cargo de la Coordinación General de Investigaciones. Asimismo hemos presentado el caso de la familia Guzmán Cruz a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente se encuentra en trámite de admisibilidad.

Siendo necesario seguir haciendo memoria, en octubre de 2007 suscribimos el convenio Disidencia política y represión en México 1960-1980, con la Universidad Iberoamericana, para que a través del Departamento de Historia se realice la documentación de las historias personales de las víctimas y los sobrevivientes, desde una perspectiva historiográfica.

Por otra parte hemos dado seguimiento a algunos procesos de incidencia en reformas legislativas iniciados por el Centro Prodh en el pasado, como el relativo a la aprobación de una ley para prevenir y sancionar la desaparición forzada en el Estado de Michoacán.

De cara al resto del sexenio prevemos que las dificultades en relación con la investigación y el procesamiento de los crímenes cometidos en décadas recientes persistirán. No hay signos visibles del compromiso del gobierno encabezado por Felipe Calderón que nos lleven a pensar lo contrario. Para el Centro Prodh, del compromiso que el Estado mexicano tenga o no al respecto depende en gran medida la superación de los rasgos autoritarios del sistema político mexicano. Una actuación decidida al respecto contribuirá a que la impunidad deje de ser una realidad que, instalada en la vida cotidiana, imposibilita el tránsito hacia un sistema democrático donde la arbitrariedad, del Estado y de los diversos grupos de interés, no sea la norma.

Finalmente, no podemos dejar de insistir en que la impunidad es un aliciente para que graves violaciones a derechos humanos ocurran de nuevo. Así lo ha señalado la Corte I IDH.[9] Y, lamentablemente, así lo confirma también el presente de nuestro país: durante 2007 se denunciaron varias desapariciones forzadas. La presunta comisión de estos hechos evidencia la necesidad de emprender urgentemente acciones tendientes a la erradicación definitiva de semejantes crímenes atroces, a la vez pone de relieve que no han sido desmontadas las estructuras autoritarias que los permiten: en México, los delitos del pasado son hoy más que nunca un asunto del presente.