A diferencia del clima de expectación generado durante el cambio de régimen en el año 2000, después de las elecciones presidenciales de 2006 la sociedad mexicana se vio inmersa en un complejo proceso de polarización que evidenció la fragilidad institucional del país. Prácticas cuyo fin había sido anunciado, dieron muestra de su persistencia. La impunidad, la corrupción y el control de instituciones del Estado por parte de grupos de poder ajenos a la dinámica democratizadora permanecen latentes. Sus efectos se hacen sentir en la creciente vulnerabilidad de los más diversos actores sociales que avizoran disminuidos los espacios para la participación, tanto como la capacidad para decidir con libertad sobre su presente y futuro.

De acuerdo con el análisis de las tendencias de la situación de los derechos humanos, de las cuales se dará cuenta a continuación, resulta evidente que el funcionamiento de las instituciones políticas mexicanas durante 2007 no ofrece sustento a la difundida idea del “tránsito a la democracia”. Quienes siguen ofertando dicha visión mantienen viva la promesa de que, a pesar de los magros avances, arribaremos a un régimen más justo, mientras que las condiciones reales de las personas están aún a gran distancia de ser justas y dignas.

Múltiples factores impiden al Estado garantizar la vigencia de los derechos humanos de la población. Así sucede en el ámbito de la procuración y administración de justicia; del mismo modo, los derechos de quienes residen o transitan por México son puestos en entredicho mediante la ejecución de inadecuadas políticas públicas en materia de seguridad o políticas de población y lo mismo acontece en relación con las dificultades para el acceso universal a servicios públicos eficientes y confiables, como la salud y la educación.

El fin del sistema de partido único no ha significado el fin de la dominancia de fuertes grupos de interés, pues se mantienen los privilegios construidos a lo largo de los regímenes priístas. La única novedad es el ingreso de otros actores a las disputas por el control de los privilegios, incluyendo entre ellos a algunos grupos delictivos.

Aun cuando es cierto que el desmantelamiento de las redes tejidas a lo largo del siglo pasado no podía realizarse de modo acelerado, los mecanismos y las condiciones para que tal cosa sucediera no han sido empleados debidamente. Las elecciones, que podrían ofrecer la posibilidad de construir nuevas relaciones entre el gobierno y los ciudadanos, se han visto desprestigiadas por las circunstancias relacionadas con el proceso electoral de 2006.

Pero la fragilidad democrática (o la ausencia de democracia, más allá de las formas) es también evidente en la inexistencia de adecuados mecanismos que permitan a la ciudadanía supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de la clase política, lo que favorece en gran medida el uso de las instituciones en favor de intereses particulares.

La injerencia de poderosos grupos de interés, correspondiente con la debilidad institucional y la cuestionada legitimidad de los grupos políticos, constituye el principal obstáculo para que el Estado pueda respetar y garantizar los derechos humanos en el país. Vigorosos intereses económicos y políticos atentan contra las aspiraciones profundas de la población. La incapacidad para construir acuerdos y condiciones que beneficien a las personas, principalmente a los más pobres, es el resultado de un pasado que en realidad permanece, reforzado con nuevos actores. A siete años del cambio de partido en Los Pinos, muchas estructuras contribuyen a mantener vigente un estado de privilegios e impunidad. En particular, dos políticas de Estado impiden la garantía del respeto y el cumplimiento de los derechos humanos en el país: la continuidad económica que profundiza la desigualdad social y la falta de claridad en la política gubernamental en materia de derechos humanos, específicamente en los temas de seguridad e impunidad.

Continuidad en la desigualdad

La falta de estrategias adecuadas para la solución de los problemas del país, así como la indeterminación y la ausencia de compromisos claros en materia de derechos humanos han caracterizado el primer año de la administración de Felipe Calderón.

En el ámbito de la economía se ha dado continuidad a la apertura indiscriminada, a pesar de los efectos adversos que la aplicación de estas políticas ha tenido en la población. Se ha beneficiado a las élites económicas, en tanto que la desigualdad sigue siendo uno de los rasgos más notables de la sociedad.

A más de dos décadas de ingreso a la dinámica globalizadora en la economía y a más de una década de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el prometido arribo a las ventajas de la economía globalizada parece estar demasiado lejos. A los cuestionables resultados en cuanto a la creación y distribución de la riqueza a lo largo de estos años, se añade el acelerado deterioro ambiental y la voraz explotación de los recursos naturales; lo que pone en riesgo, en el mediano plazo, la viabilidad del modelo económico.

Consecuencia notable de la apertura económica es la persistencia del alto grado de desigualdad. Al analizar la forma en que se ha desarrollado el proceso de liberalización económica, el Banco Mundial indica que aun cuando éste implica la existencia de ganadores y perdedores, en el caso mexicano un reducido número de miembros de la élite económica ha resultado sumamente favorecido, en tanto que el resto ha resultado perdedor. En este proceso también resultan afectadas las empresas pequeñas y medianas que deben hacer frente a los altos costos de los insumos.[1]

La concentración de la riqueza es altamente notable, incluso resulta escandalosa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su apología de la globalización señala que durante los últimos 12 años el coeficiente de Gini ha disminuido,[2] lo que significaría que ha mejorado la distribución del ingreso. Sin embargo, esta cifra no refleja de modo adecuado el grado de concentración de la riqueza al no considerar debidamente los activos de los más ricos, quienes aparecen en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. A pesar de las cifras que sostienen el optimismo gubernamental, en México 20 familias concentran diez por ciento del producto interno bruto. Por otra parte, esta concentración, según el estudio ya citado del Banco Mundial, más que a la innovación y al esfuerzo competitivo de los multimillonarios se debe a conexiones políticas y al acceso privilegiado a los mercados.

Instrumento claro de las políticas de apertura e integración económicas, el TLCAN está a gran distancia de haber generado condiciones justas y dignas para los más pobres en México. Entre los principales efectos adversos del acuerdo comercial se encuentra el incremento de las desigualdades: el acceso inequitativo a los beneficios en función de los niveles de educación -responsabilidad de políticas gubernamentales que hacen de este derecho una mercancía más y botín intercambiable por favores-, el crecimiento desigual de los estados del norte frente a los del sur, los privilegios de los grandes corporativos frente a los obstáculos para el funcionamiento de las empresas pequeñas y medianas, las facilidades para la agroindustria de exportación en comparación con el abandono de la agricultura de subsistencia, la diferencia de grado entre la pobreza rural y la urbana (2.5 veces mayor en las áreas rurales), el despojo y la explotación que la actual estructura social ocasiona a los pueblos indígenas. En síntesis: dos países en uno, de cuya existencia ha sido un signo claro la polarización acentuada tras las elecciones presidenciales de 2006.

Dos países en uno: el de las víctimas de la desigualdad que se ven forzadas a emigrar para subsistir y el de quienes se ven obligados a permanecer en el territorio o a transitar por él. La dignidad humana a merced de las fuerzas del mercado, los derechos convertidos en mercancía. Frente a la proclamada fatalidad del mercado, la sociedad está llamada a gestionar medidas que permitan dar un rumbo humano a la economía.

Seguridad e impunidad

Ante la debilidad del Estado, incapaz de orientar la economía, sometido a los intereses de grupos que disputan el poder y dada la ineficacia para garantizar los derechos de la sociedad, la seguridad pública ha resultado un discurso particularmente útil a la administración encabezada por Felipe Calderón.

En el actual régimen, los esfuerzos gubernamentales han sido concentrados en el llamado “combate contra la violencia y el crimen organizado”. Al reducir la compleja problemática nacional a una lucha entre buenos y malos, entre el Estado y la delincuencia organizada, se ha dejado de lado aspectos fundamentales que deben ser atendidos con la misma o con mayor prioridad. Desafortunadamente, en nombre de nuestro futuro se hipoteca el presente, sobre todo de quienes están al margen de los beneficios del actual modelo económico. No es otra la conclusión a la que llegamos tras saber que para enfrentar al crimen organizado y recuperar para el estado el monopolio de la violencia se actuará con toda la fuerza en una “batalla larga y difícil, que tomará mucho tiempo, implicará enormes recursos económicos y, por desgracia, también costará vidas humanas”.[3]

Aun cuando el estado, al poseer el monopolio de la violencia legítima, representa un punto límite para garantizar el control social, la convivencia social no puede girar en torno a ese limite, sobre todo en una sociedad que aspira a ser democrática. La estrategia represiva frente a la delincuencia reduce el problema a una visión que privilegia el mantenimiento del orden social pese a que éste ha propiciado durante muchos años desigualdad, injusticia y exclusión. La política de seguridad soslaya, además, el respeto a los derechos humanos. En correspondencia con esta estrategia, las reformas para modificar el sistema de justicia resultan preocupantes en cuanto favorecen un clima de mayor vulnerabilidad en materia de derechos humanos.

A lo largo de 2007 diversos hechos relacionados con las Fuerzas Armadas, actor fundamental de las políticas de seguridad pública, han confirmado los temores expresados por diversas organizaciones civiles. Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, sigue resultando altamente preocupante que se continúe ampliando la intervención de las fuerzas armadas en cuatro aspectos: a) la seguridad pública, b) el combate al tráfico de drogas, c) la lucha contra el terrorismo y d) la contención de movimientos sociales e insurgentes.

Sin embargo, estos hechos no están aislados de las tendencias históricas que en diversas regiones del mundo han llevado a consolidar el papel creciente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. La modificación de la estructura legal administrativa que en México faculta al ejército para intervenir en tareas que competen a la policía, se realiza actualmente en el marco de los tratados de integración comercial de América del Norte. Este empeño responde en gran parte a la tendencia que apunta a consolidar la hegemonía militar estadounidense, de tal modo que se pueda garantizar las condiciones de estabilidad política y social hemisféricas que dinamicen la economía, aseguren el control sobre los recursos energéticos y garanticen condiciones propicias para la inversión.

Efectos claros de los cambios estructurales en la economía han sido soslayados al momento de diseñar las políticas públicas. Esto adquiere particular relevancia en el ámbito de los derechos humanos. La precarización de las condiciones de vida, el desempleo, la migración, la inestabilidad laboral, la desregulación de las condiciones laborales, el alto índice de informalidad, el crecimiento de los índices delictivos, la falta de voluntad y la incapacidad para garantizar los derechos de la población en temas como la salud, la educación, la autodeterminación y la defensa de recursos y modos de vida de las comunidades están vinculados necesariamente al modelo económico vigente. Por otro lado, frente a estos efectos, las políticas sociales que tendrían que estar dirigidas a garantizar el goce de  derechos han sido concebidas, desde hace ya varias décadas, como problemas de asistencia y no como una cuestión de derechos humanos.

Simultáneamente, en el terreno de lo social han emergido nuevas solidaridades o nuevos modos de vinculación que reestructuran y reorganizan el tejido social. Los actores marginados a causa de la rearticulación de las funciones estatales, han encontrado vías de integración en los espacios de marginalidad cuyos canales van desde la clandestinidad, incluso fuera del marco de la ley, hasta la organización en movimientos sociales urbanos o rurales para demandar legítimamente servicios de salud, vivienda, respeto a su entorno, entre otros.

Sin embargo, la sociedad está bajo amenaza, no sólo por la presión de grupos que para defender sus intereses apuestan a mantener la complicidad con las instancias gubernamentales, sino también por las dinámicas desintegradoras experimentadas en amplios sectores de la población.

Frente a las situaciones aquí presentadas, tenemos en conjunto un cuadro que pone de manifiesto las tendencias del gobierno de Felipe Calderón y confirman que el Estado mexicano no ha sido responsable en relación con su función de proteger y garantizar los derechos humanos de toda la población. Sea por omisión, sea por complicidad con los grupos cuyos intereses han ocupado un lugar prioritario en la agenda nacional, en  derechos humanos se ha guardado un silencio preocupante. Un sigilo permanente que ha favorecido la persistencia de prácticas que crecieron al amparo de los regímenes anteriores. Pero desde el ámbito gubernamental no solo se ha guardado silencio en relación con el tema: de distintas maneras se ha buscado disuadir a quienes con sus palabras o con sus acciones han propugnado por un país más justo para todos y todas.

A 20 años de su fundación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), como obra de la Compañía de Jesús, reafirma su compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos de la población mexicana. En particular, ratifica su opción fundamental por los grupos más vulnerables, a través de proveer servicios profesionales de defensa integral, análisis y monitoreo mediático, difusión de la situación de derechos humanos en México y denuncia nacional e internacional. Asimismo, respondiendo a la urgencia de difundir a la población la importancia de generar una cultura de respeto a los derechos humanos, el Centro Prodh afianza su oferta educativa en materia de derechos humanos a individuos y organizaciones sociales de todo el país.

El contexto nacional en materia de derechos humanos, que será descrito en el presente Informe, demanda de la ciudadanía un constante ejercicio de monitoreo social y un análisis profundo sobre las reformas y las políticas públicas venideras para garantizar el cumplimiento de los derechos que con tanto esfuerzo la sociedad mexicana ha conseguido a lo largo de los años. El Centro Prodh inscribe su labor en dicha tarea y trabaja arduamente por la defensa y el respeto de los derechos humanos de la población mexicana en general y por la consecución de una sociedad más justa, equitativa y democrática para todas y todos.

Mtro. Luis Arriaga Valenzuela, S.J.