Las violaciones a la libertad de expresión son prácticas graves y sistemáticas que debieron haber sido erradicadas hace ya mucho tiempo, sin embargo, el ejercicio de este derecho, implica la disrupción de intereses económicos y políticos de diversos y poderosos sectores de la sociedad.  En México, durante el gobierno en curso, se han registrado una buena cantidad de ataques contra periodistas, los cuales no pueden ser considerados como casos aislados de violencia social, ya que constituyen una práctica continua y sistemática, que en algunos casos [1] se traduce en represión por parte del Estado; a esto se suma la incapacidad del mismo de cumplir su obligación de garantizar protección a los periodistas que denuncian temas como el narcotráfico, corrupción de autoridades, crimen organizado y acciones ilegales por parte de gobiernos locales, entre otros, como lo han apuntado organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y organizaciones dedicadas a la protección de las y los periodistas.

Es importante destacar que si bien muchas de estas violaciones son presuntamente cometidas por particulares o actores no estatales (crimen organizado, cárteles de narcotráfico, etcétera) y que el trabajo de este Centro como defensor de derechos humanos está orientado, principalmente, a la rendición de cuentas y responsabilidad del Estado hacia el respeto y vigencia de los derechos humanos, es imposible soslayar el hecho de que es el Estado mismo, como hemos mencionado, quien ha fallado en la protección de los periodistas y por ende se convierte en responsable de las agresiones, ya que no ha podido garantizar la seguridad del gremio, así como de la sociedad en su conjunto, a este respecto.

Libertad de expresión y el derecho a tener acceso a la información

La libertad de expresión es un derecho consagrado en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, así como en otros pactos y convenios importantes. El derecho a la libertad de expresión así como el derecho a estar informado son esenciales para el desarrollo de una democracia. Los ciudadanos deben tener acceso a información clara y pronta para ser capaces de monitorear adecuadamente el actuar del gobierno. Los periodistas, actualmente están jugando un rol importante en México en cuanto al ejercicio de estos derechos se refiere, a través de sus publicaciones, acerca de actos corruptos u omisiones por parte de agentes estatales. Parece ser que esta es precisamente la razón por la cual son de los grupos más afectados por la represión y actos violentos.

La disputa por el poder en las altas esferas del sistema mexicano se basa, entre otros factores, en información: en tener la información, en el momento exacto, en el lugar exacto. El acceso a dicha información facilita el acceso a otras áreas de poder: económico, político, social… la información, constituye, de alguna manera, la base del poder; cuando la información no es accesible para todos los ciudadanos, se convierte en un artículo suntuoso, esto es, solamente se puede tener acceso a ella si el interesado tiene contactos, una posición de poder, etcétera. Para ser capaces de jugar en el campo político necesitamos información; para analizar la realidad social en la que vivimos, necesitamos información. Así pues, la información es un elemento fundamental de una verdadera democracia, en la que la participación de la sociedad en los procesos del país, esté garantizada a través del acceso oportuno, pronto y confiable a la información, complementado así, el derecho a la información de la sociedad en su conjunto. Los periodistas están en el foco de esta situación. Su materia prima de trabajo es la información y como tal, se ha convertido en una cuestión de riesgo denunciar y ventilar información que no conviene a intereses encontrados o en disputa.

Derechos violados, individuales y colectivos

Es importante destacar que en los actos en contra de las y los periodistas, en los que se viola el derecho a la libertad de expresión, se violan consecuentemente un conjunto de derechos que el Estado no reconoce públicamente y que por tanto, no se asegura su investigación durante las diligencias ministeriales. Los derechos involucrados en las agresiones a periodistas [2] , son el derecho a la vida, derecho a la justicia, derecho a la integridad personal y/o comunitaria, derecho a la libertad, derecho a la seguridad personal, derecho a la vida privada, derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Cuando se cometen diversas violaciones de derechos humanos, no es posible desvincularlos entre sí, esto es que la violación de un derecho implica la violación de otros derechos. Así pues, es importante también puntualizar, que cuando se ataca a un periodista y por tanto, se cometen violaciones de derechos humanos, no solamente se trata de violaciones contra un individuo. Así como los derechos están interconectados y son integrales, también las afectaciones y consecuencias de dichas violaciones son amplias y trascienden al individuo agredido en cuestión; en este sentido, consideramos, que cuando se ataca a un periodista, se ataca a la sociedad en su conjunto. Se vulnera el derecho de la sociedad de estar informada, se violan así, derechos culturales de la comunidad.

Recomendaciones nacionales e internacionales

México ha recibido varias recomendaciones desde el ámbito internacional con respecto a las violaciones a la libertad de expresión. Una de ellas, muy concreta, se encuentra en el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. En el apartado referente a “Otros derechos civiles”, relata que “La libertad de expresión forma parte de las concepciones democráticas y libertarias reconocidas en los principales instrumentos que rigen la vida y las relaciones de la comunidad internacional. De acuerdo con varios de éstos, la libertad de expresión comprende ‘la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.’” [3]

En la parte 2.3.1.2 Necesidad de revisar la normatividad sobre derechos y protección de los periodistas menciona que “El periodismo es una de las principales manifestaciones de la libertad de expresión, y por lo tanto es obligación del Estado garantizar a los comunicadores de todos los medios un ejercicio profesional digno y seguro. Sin embargo, no existe en México una normatividad federal en ese sentido, por lo cual la labor de los periodistas se ve amenazada y la libertad de expresión, lesionada.” Y sigue, en el apartado de Agresiones contra periodistas, “Los relatores especiales, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han dado cuenta anualmente de numerosas denuncias por homicidios de periodistas, ataques a la integridad personal de éstos, torturas, amenazas y todo tipo de delitos en que las víctimas han sido comunicadores sociales. El gobierno mexicano ha proporcionado generalmente la información que se le ha requerido, pero la mayoría de las veces no se descubre a los culpables o no se pueden aplicar sanciones por diversas razones. Sobre el particular, el Relator Especial de Naciones Unidas manifiesta: ‘Preocupa al Relator Especial observar que los periodistas víctimas de ataques fueron en su mayoría aquellos que expresaron públicamente relaciones del narcotráfico con agentes oficiales y denunciaron abusos del poder de agentes del Estado.’” [4]

El Diagnóstico consta de las siguientes propuestas normativas [5] :

-         Incluir dentro de la legislación reglamentaria del artículo 6° constitucional, la protección del secreto profesional de las fuentes de información de os periodistas, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia.

-         Modificar la legislación que imponen sanciones penales en los casos de ataques a la vida privada, injurias (en algunas legislaciones estatales [6] ), calumnias y difamación cometida en agravio de servidores públicos, para establecer responsabilidades puramente civiles.

-         Reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para establecer, en lugar de una ley federal una ley general. [7]

-         Regular los supuestos y las modalidades en que se deba otorgar protección especial a periodistas y comunicadores en general.

-         Establecer un protocolo para la adecuada investigación de hechos de hostigamiento, amenaza y otros delitos cometidos contra periodistas y comunicadores.

-         Adoptar medidas de toda índole para que el Estado mexicano garantice la protección a los periodistas y utilice todos los medios a su alcance para evitar la impunidad en los casos en que sean atacados de cualquier forma. Igualmente, prevenga todo acoso por parte de los agentes del Estado con motivo del ejercicio de las libertades constitucionales de los periodistas, evite que sean atacados físicamente y, en su caso, persiga legalmente y sancione a los culpables.

Por otro lado, en el contexto nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su Programa de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos humanos, ha emitido en total tres recomendaciones en el año 2005, referentes a ataques contra periodistas. También ha contabilizado datos sobre agresiones y entre los mismos tenemos que en el sexenio de Fox es en el que más quejas se han recibido por ataques a periodistas, sin que éstas necesariamente resulten en una recomendación. Las cifras son: 88 quejas en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 157 denuncias en el gobierno de Ernesto Zedillo y un total de 169 quejas en lo que va (2000-2005) del sexenio de Vicente Fox. Sin afán de ser alarmistas, podemos observar que las quejas han aumentado considerablemente.

Datos y estadísticas

En México

En lo que va del período de Vicente Fox, la Sociedad Internacional de Prensa (SIP) y otras organizaciones internacionales han registrado 15 homicidios en contra de periodistas. De acuerdo con el Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión y Opinión, México, junto con Brasil, Perú y Filipinas son lugares peligrosos para la prensa. “Casi todos los periodistas asesinados en dichos países estaban investigando corrupción y supuesto manejo inadecuado de recursos… la seguridad de la prensa sigue siendo un grave problema… los periodistas fueron asesinados por sus actividades de investigación relacionadas con cuestiones económicas y sociales. La mayor parte de las veces dichos crímenes no son adecuadamente castigados; por el contrario, en muchos casos hay fuertes sospechas de que haya autoridades involucradas”. [8]

El Informe Anual 2004 del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, subraya el hecho de que en México, a pesar de que se han reportado avances con relación a dos casos, también registra asesinatos, secuestros, intimidaciones, amenazas a comunicadores sociales y destrucción material de instalaciones de medios de comunicación. [9]  

El Relator de la OEA informó sobre diez casos de agresiones a periodistas y la represión ligada a la Ley contra Difamación en Chiapas [10] . En 2004 reporta tres homicidios y doce agresiones. A pesar de que en 2003 el Relator no da números exactos, se reportó que en el estado de Guerrero hubo agresiones contra periodistas que se encontraban investigando y publicando información sobre violaciones a derechos humanos y sobre retenes irregulares de cuerpos militares. También menciona que en el estado de Chihuahua, periodistas que han estado escribiendo acerca de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, han sido intimidados y amenazados. En el Reporte de 2001, aparecen un homicidio y tres agresiones. A pesar de que las cifras difieren de una fuente a otra, es claro que las agresiones contra periodistas no han cesado durante este período gubernamental. 

Por otro lado, tenemos el caso de La Jornada San Luis, brazo del periódico nacional La Jornada, contra quien se ha orquestado un boicot abiertamente declarado por parte del gobernador panista Marcelo De los Santos Fraga, quien ante las investigaciones llevadas a cabo por el periódico al respecto de las actividades de la Minera San Xavier [11] comenzó una campaña de descrédito primero, hasta llegar al punto de negarle información y dejar de reconocer a este medio impreso como tal, al no recibir publicidad, información ni trato institucional. [12] Este caso es importante no solamente por la clara violación a la libertad de expresión que el gobierno potosino, a través de De los Santos, está llevando a cabo, sino por la clara mezcla de intereses a los que responde dicha agresión. 

Históricamente hablando, el período presidencial que registró más homicidios de periodistas fue de 1988 a 1994 (bajo la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari) sumando 46. Hubo 121 homicidios cometidos contra periodistas de 1970 (bajo Luis Echeverría) a 2000 (bajo Ernesto Zedillo). Con relación a otras agresiones, amenazas, secuestro, intimidación, hubo 126 en 2001, 100 en 2002 y 76 en 2003, así como una desaparición forzada [13] .

Anders Kompass, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, recientemente declaró que “desde el punto de vista internacional, el periodismo mexicano y el derecho a la información se encuentran bajo un serio riesgo dados los continuos asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas”. También apuntó que la libertad de prensa y la libertad de practicar el periodismo son tan importantes que el Estado tiene la obligación de no solamente investigar y clarificar los hechos, sino también de crear un contexto más seguro que incluyera escoltas y alguna clase de protección [14] . 

Haciendo un balance general, podemos decir que los periodistas atacados se encontraban investigando narcotráfico, corrupción, enriquecimiento ilícito, cuerpos policíacos, y en algunos casos, los nexos sospechosos entre todos ellos, especialmente a nivel local (ver la tabla para más detalles). Las autoridades declaran que casi todos los crímenes están relacionados con el narcotráfico o bien se alude a situaciones personales, que sugieren crímenes pasionales, entre otros; sin embargo, como se expuso anteriormente, también se encuentran agresiones relacionadas a investigaciones de prácticas corruptas por parte de autoridades, especialmente locales.

La situación de México en el contexto regional

De acuerdo con la Asociación Interamericana de Prensa (AIP, www.impunidad.org), con la SIP y otras organizaciones, en un período de seis meses (de octubre de 2004 a abril de 2005 se han registrado tres asesinatos de periodistas en México, uno en Nicaragua, dos en Colombia, dos en Haití y uno en Ecuador. En el período previo, de octubre de 2003 a octubre de 2004, se registran tres asesinatos de periodistas en México, tres en Colombia, dos en Brasil. De octubre de 1999 a octubre de 2000, cuatro asesinatos en México y nueve en Colombia. De acuerdo con los Informes de la OEA, el año pasado hubo tres asesinatos en México, dos en Brasil, dos en Nicaragua y tres en Perú. Es importante remarcar que si bien las estadísticas varían entre sí, son una muestra clara de los altos niveles de agresión contra periodistas en México desde 2000.

Preocupaciones desde las organizaciones de la sociedad civil

Para el Centro Prodh, esta situación es preocupante, no solamente porque estas agresiones constituyen un atentado para toda la sociedad, sino porque nos habla de la situación de la democracia en nuestro país. Estas agresiones contra periodistas y por lo tanto contra la libertad de expresión nos hablan de que en México no podemos hablar libremente ni ser críticos sin tener la total seguridad de no ser atacados o molestados. En un momento en el que los gobernadores y las autoridades presumen estar preocupados por la situación de los derechos humanos y la implementación de políticas públicas para legislar acerca de este tema, la realidad nos muestra otra cara, otra situación muy seria.

Por esta razón, el Centro Prodh está apoyando a varias organizaciones en las campañas contra las violaciones previamente descritas. Una de esas campañas, Ni uno más, comenzó el pasado 3 de mayo en el contexto del día mundial de la libertad de prensa. Algunas organizaciones que están llevando a cabo esta campaña son el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), entre otras. La declaración de la campaña subraya cuestiones importantes como la libertad de expresión, seguridad para periodistas, considerar los crímenes contra los periodistas como crímenes contra la sociedad, respeto del secreto profesional, no impunidad para periodistas, compromiso ético, derecho a disentir, dignidad profesional, entre otros puntos importantes.

Esta declaración se dirige a la sociedad civil, al presidente Vicente Fox, legisladores estatales y federales, gobernadores y los medios de comunicación, entre otros actores sociales importantes. La campaña también es apoyada por 160 periodistas mexicanos y estadounidenses (ver http://www.cepet.org/libex/text17.htm para más información).

Conclusiones

Como podemos ver, a través de las estadísticas y los datos, es posible afirmar que el Estado ha fallado en ofrecer protección real a periodistas, quienes han tratado de denunciar actos corruptos e ilegales cometidos por autoridades y crimen organizado. Los ataques constantes contra periodistas nos hacen ver que en México falta mucho camino por recorrer para que los valores democráticos sean cabalmente protegidos.

Hace poco tiempo, al salir de su cargo, Santiago Creel declaró [15] que se iba contento de su gestión, con las manos limpias de corrupción y con cero represión. Las cifras nos demuestran lo contrario. La realidad nos muestra, desde que comenzó el gobierno del cambio, que la administración foxista no ha tenido la capacidad suficiente para ofrecer protección y justicia a los periodistas y por tanto a la sociedad. 

Tampoco hemos percibido ni tenido noticia de la implementación de políticas públicas en el sentido que el Diagnóstico anteriormente referido recomienda. Incluso, en el Programa Nacional de Derechos Humanos, supuesto segundo paso del Diagnóstico, no se incluye una estrategia verdadera y realista de creación de políticas públicas a propósito del tema. Es fundamental que los gobiernos, tanto federales como locales, se aboquen a la construcción de dichas políticas y que éstas sean viables y aplicadas a todo lo ancho del país.

Los periodistas deben tener el derecho a informar y la sociedad debe tener el derecho a ser informada para ser capaz de monitorear las actividades del Estado. Esto debe ser sin amenazas ni miedo por la seguridad propia. Solamente cuando estos actos violentos se detengan, podremos continuar construyendo una democracia completa en México.

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C.

Ciudad de México a 17 de junio de 2005
Anexo

Casos de agresiones a periodistas durante el período del presidente Vicente Fox [16] ^{/ [17]}

No.	Caso	Lugar y fecha	Medio de comunicación y ciudad	Investigación en curso en el momento de la agresión	Tipo de agresión	Derecho(s) violado(s) [18]
1	Pablo Pineda Gaucín	Abril 9, 2000	La Opinión – Matamoros, Tamaulipas		Asesinato	Derecho a la vida
2	Jose Ramírez Puente	Abril 18, 2000	Radio Net – Ciudad Juárez, Chihuahua		Asesinato	Derecho a la vida
3	Luis Roberto Cruz Martínez	Febrero 1, 2000	Multicosas – Reynosa, Tamaulipas		Asesinato	Derecho a la vida
4	Hugo Sánchez Eustaquio	Julio 19, 2000	La Verdad – Atizapan de Zaragoza, Estado de México		Secuestro y asesinato	Derecho a la vida Derecho a la integridad personal Derecho a la justicia Derecho a la libertad
5	Jose Luis Ortega Mata	Febrero 19, 2001	Semanario de Ojinata – Chihuahua	Narcotráfico en la región	Asesinato	Derecho a la vida
6	Fabián Antonio Santiago Hernández	Noviembre 1, 2001	El Liberal del Sur – Coatzacoalcos, Veracruz	Supuesto enriquecimiento ilícito	Ataque, amenaza con arma de fuego	Derecho a la integridad personal Derecho a la seguridad personal
7	Sergio Aguayo	Noviembre 6, 2001	Libro “La Charola”	Acusación contra servicios de inteligencia mexicana de estar involucrados en asesinatos políticos	Amenaza de muerte	Derecho a la integridad personal Derecho a la seguridad personal
8	Francisco Guerrero	Noviembre, 2001	La Jornada – Morelos	Documentos referentes a la supuesta existencia de un plan del gobierno de Morelos para observar a miembros de los partidos de oposición y a organizaciones no gubernamentales.	Amenazas a él y su familia	Derecho a la integridad personal Derecho a la seguridad personal
9	Saúl Antonio Martínez Gutierrez	Marzo 24, 2001	El Imparcial – Matamoros, Tamaulipas		Asesinato	Derecho a la vida
10	Félix Fernández García [19]	Enero 18, 2002	Director de la Revista Nueva Opción - Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas		Asesinato	Derecho a la vida
11	Adriana Mújica Murias§	Agosto 21, 2002		Cubría una manifestación del Frente Cívico Pro-Casino de La Selva, en Morelos.	Detención arbitraria y maltrato por parte de una servidora pública.	Derecho a la integridad personal Derecho a la libertad Derecho a la justicia Derecho a la seguridad personal
12	José Miranda Virgen	Octubre 16, 2002	El sur de Veracruz – Veracruz	Críticas hacia las autoridades locales	Presunto asesinato Explosión de gas en su casa, supuestamente intencional	Derecho a la integridad personal Derecho a la vida Derecho a tener/mantener propiedades
13	Roberto Javier Mora García*	Marzo 19, 2004	El Mañana – Nuevo Laredo, Tamaulipas	Crimen organizado. Denunció vínculos entre corporaciones policíacas, narcotráfico y autoridades locales.	Asesinato Apuñalado frente a su casa	Derecho a la vida
14	Jorge Fernández Menéndez§	Marzo, 29 y 30 2004	Milenio Diario	Opinión sobre el atentado que sufrió el entonces gobernador de Oaxaca José Murat.	Descalificaciones, agresiones y ofensas; calumnia y difamación, toda vez que se pagó una inserción en otro periódico para negar lo que el periodista había escrito.	Derecho a la integridad personal
15	Hermann Bellinghausen	Abril 13, 2004	La Jornada, corresponsalía en San Cristóbal de las Casas, Chiapas	Comúnmente reporta y hace corresponsalía de temas vinculados al EZLN	Espionaje, presunta siembra de amapolas en su domicilio, intimidación.	Derecho a la integridad personal Derecho a la vida privada Derecho a la seguridad personal Derecho a la integridad comunitaria
16	Manuel de la Cruz	Mayo 12, 2004	Televisa radio, corresponsal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas		Detención arbitraria (por parte de policías vestidos de civil), robo por un total de 6mil pesos, golpes (ahora ya también por policías uniformados), ofensas, intento de ataque sexual en su modalidad de sexo oral.	Derecho a la integridad personal Derecho a la libertad Derecho a la seguridad personal Derecho a tener/mantener propiedades Derecho a la
17	Leopoldo Mendívil§	Julio – Agosto 2004	La Crónica de Hoy	Artículo sobre las autoridades estatales.	Ataques a su moral y vida privada, inhibición de su trabajo periodístico.	Derecho a la integridad personal Derecho a la seguridad personal Derecho a la vida privada
18	Francisco Arratia Saldierna*	Agosto 31, 2004	El Imparcial, El Regional – Matamoros Mercurio, El Cinco – Ciudad Victoria Tamaulipas	Corrupción, crimen organizado y educación	Tortura por golpes, lo que lo llevó a un ataque cardíaco.	Derecho a la integridad personal Derecho a la vida Derecho a la seguridad personal Derecho a la libertad
19	Francisco Javier Ortiz Franco*	Junio 22, 2004	Zeta – Baja California	Narcotráfico y corrupción	Asesinato Un hombre encapuchado no identificado, le disparó cuatro veces frente a sus dos hijos (tercer ataque contra periodistas del semanario Zeta)	Derecho a la vida Derecho a la integridad comunitaria (familiar)
20	Leodegario Aguilera Lucas	Septiembre 8, 2004	Editor de la Revista Mundo Político – Guerrero	Investigaciones sobre propiedades del gobernador del Estado de Guerrero.	Secuestro Asesinato Disparos e incineración (sin embargo, la familia y periodistas guerrerenses, lo consideran todavía como desaparecido)	Derecho a la integridad personal Derecho a la libertad Derecho a la seguridad personal
21	Gregorio Rodriguez Hernández	Noviembre 28, 2004	El Debate – Escuinapa, Sinaloa	Fotografió supuestos narcotraficantes	Asesinato Llevado a cabo mientras cenaba con sus hijos	Derecho a la vida Derecho a la integridad comunitaria (familiar)
22	Irene Medrano Villanueva	Enero 12, 2004	El Sol – Culiacán, Sinaloa	Prostitución infantil	Amenazas telefónicas, intimidación, daño a su automóvil	Derecho a la integridad personal Derecho a la seguridad personal Derecho a tener/mantener propiedades
23	Gerardo Ponce de León Moreno	Julio 12, 2004	Critica – Hermosillo, Sonora	Política local, seguridad y corrupción	Intento de incendio en su casa; intimidación, notas anónimas con amenazas relacionadas con su trabajo	Derecho a la integridad personal Derecho a la seguridad personal Derecho a tener/mantener propiedades
24	Martín Serrano Herrera	Mayo 22, 2004	Diario Tribuna – Jalapa, Veracruz	Escribió una serie de artículos en los que evidenciaba los vínculos entre funcionarios públicos de Veracruz y supuestos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.	Agresión física	Derecho a la integridad personal Derecho a la seguridad personal
25	Maximiliano Cortez Zepeda	Mayo 23, 2004	Radio Variedades – Colima		Atacado por 20 hombres jóvenes, supuestamente liderados por un familiar del antiguo gobernador del Estado de Colima.	Derecho a la integridad personal Derecho a la seguridad personal Derecho a la justicia
26	Mario Solís Espinoza	Mayo 23, 2004	Diario de Colima		Atacado por 20 hombres jóvenes, supuestamente liderados por un familiar del antiguo gobernador del Estado de Colima.	Derecho a la integridad personal Derecho a la seguridad personal Derecho a la justicia
27	Edgar Badilio Mena	Mayo 23, 2004	Diario de Colima		Atacado por 20 hombres jóvenes, supuestamente liderados por un familiar del antiguo gobernador del Estado de Colima.	Derecho a la integridad personal Derecho a la seguridad personal Derecho a la justicia
28	Álvaro Delgado	Junio, 2004	Proceso – México	Investigaciones acerca de la infiltración de grupos de extrema derecha en las esferas del poder	Amenazas electrónicas	Derecho a la integridad personal Derecho a la seguridad personal
29	*	Septiembre 9 y 11, 2004	Frontera de Tijuana – Baja California		Destrucción, disparos, afectación a la entrada principal y dos ventanas de las instalaciones del periódico	Derecho a tener/mantener propiedades Derecho a la integridad comunitaria
30	Alfredo Jiménez Mota	Abril 2, 2005	El Imparcial – Hermosillo, Sonora	Efectuaría una entrevista cuando desapareció.	Desaparición	Derecho a la libertad Derecho a la seguridad personal
31	Pedro Pérez Natividad [20]	Mayo 11, 2005	Director de Primera Hora – Ciudad Victoria, Tamaulipas		Ataque con bomba molotov	Derecho a la integridad personal Derecho a la seguridad personal
32	Guadalupe García Escamilla	Abril 16, 2005	XHNOE Stereo 91, Nuevo Laredo Tamaulipas		Asesinato, ataque con arma de fuego; murió en el hospital	Derecho a la vida
33	Raúl Gibb Guerrero	Abril 6, 2005	Director de La Opinión – Poza Rica, Veracruz		Un año antes había sido víctima de intimidaciones e intento de soborno Asesinato	Derecho a la integridad personal Derecho a la seguridad personal Derecho a la vida